Domingo, 11 Marzo 2018 00:00

Lo peor todavía está pasando - Por Julio Blanck

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En marzo y abril golpearán a pleno las tarifas y la inflación. Macri reacciona con una inesperada agenda progresista.

 

Alberto Abad tiene 73 años. Lleva 35 en el sector público. Fue jefe de la AFIP de cuatro presidentes: Duhalde, Kirchner, Cristina y Macri. Antes, con Menem, fue Síndico General de la Nación entre otros cargos. Ganó un extendido respeto por su eficacia y su integridad. En noviembre le dijo a Macri que quería retirarse. Se irá este 31 de marzo. Lo espera una jubilación de 38.000 pesos por mes. No le alcanzará para pagar los abogados que lo defiendan en las 12 denuncias penales que se lleva sobre la espalda. Así es difícil conseguir que gente idónea y honesta se comprometa con la gestión del Estado.

Los denunciantes de Abad son, entre otros, el diputado camporista Rodolfo Taihlade y el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, fugazmente detenido en diciembre cuando junto con el hijo del fallecido financista Aldo Ducler intentó extorsionar al empresario Sebastián Eskenazi. Pero la caracterización de sus acusadores no exime a Abad del peregrinaje por los tribunales. Ni de los honorarios de sus letrados.

El todavía jefe de la AFIP no llora sobre la leche derramada. A sus amigos atribulados les ha recordado sus dos principios rectores en la gestión. Una frase de Perón: “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. Y un consejo de Eduardo Bauzá, que fue su jefe durante el menemismo: “A tu culo lo cuidás vos solito”.

La independencia de criterio de Abad tarde o temprano le provocó fricciones con los gobiernos que integró. Cuando se hizo imposible la continuidad en tiempos de Cristina renunció y su cargo fue ocupado por Ricardo Echegaray, hoy involucrado en investigaciones por corrupción. Ahora, el gobierno de Macri le organizó una despedida de alfombra roja, foto con el Presidente, con Marcos Peña y con el ministro Nicolás Dujovne. Y con su sucesor, Leandro Cuccioli, 40 años, ingeniero industrial del ITBA, que viene del mundo de los negocios off shore en paraísos fiscales. Todo sea para dar imagen de equipo, aunque a Abad le reprochaban su autonomía.

El jefe de la AFIP fue flexible en casos sensibles, aunque quizás menos de lo que pretendía el Gobierno. Hablamos de las monumentales deudas fiscales del correo privado OCA, detrás del que está Hugo Moyano, y del Grupo Indalo de Cristóbal López, empresario K encarcelado desde diciembre.

La llegada de Cuccioli supone una homogenización en los modos y los tiempos de la AFIP, en línea con las necesidades políticas del Ministerio de Hacienda y la Casa Rosada.

Suceden estas maniobras en el área económica mientras transcurren los que, para altos exponentes del área política del Gobierno y Cambiemos, son “los peores dos meses” desde el comienzo de la gestión. Se refieren al malhumor social que nació con la reforma previsional de diciembre, pero que desde comienzos de este año está alimentado por el impacto del aumento de tarifas y la persistencia de una inflación indeseable.

Esos políticos del oficialismo ruegan reserva de sus nombres, porque no quieren entrar en una escaramuza interna de pésimo augurio para ellos. Y sostienen que si bien lo peor está pasando ahora, después de marzo y abril donde nada podría frenar la mala onda, las cosas mejorarán, habrá retroceso de la inflación y podrá apreciarse mejor el despegue de muchos sectores de la economía.

No quieren lucir menos optimistas que Macri, que el 1° de marzo en el Congreso había anunciado que “lo peor ya pasó”, asegurando que bajan la desocupación y la inflación y que el camino de las transformaciones no tiene retorno.

Hay, de hecho, un repunte que se expresa en el crecimiento moderado de la economía en 2017; en alzas de la construcción, la venta de propiedades, la producción y exportación de autos, una recuperación leve del salario en blanco. Pero las mejoras en la economía no cuentan con una política que las defienda.

No se trata de un problema de comunicación, sino de política. De encontrar los argumentos y los actores idóneos para exponer de manera constante ante la sociedad cuál es el rumbo, cuáles los problemas, cuáles las posibles soluciones en desarrollo.

La cuestión es cómo arbitrar entre el gradualismo y la impaciencia, entre las transformaciones y la necesidad de que sean tolerables socialmente. Y cómo explicarlo y defenderlo.

En su discurso de apertura del año parlamentario, Macri también había afirmado que “estamos obligados a mantener un alto estándar ético”. Y abundó: “nos pusimos límites como nunca antes para garantizar que no estamos acá para beneficiarnos”. En ese rubro el Gobierno está lejos de pasar sus mejores momentos.

Comparado con el latrocinio kirchnerista todo desvío ético del macrismo quedaría reducido a una anécdota. Pero la vara a superar no es la del kirchnerismo sino la que el propio Macri le impuso a su gobierno, como un fuerte valor diferencial frente al pésimo ejemplo del pasado reciente.

En esa pista resbaladiza el Gobierno no deja de darse porrazos. Al despido del subsecretario de la Presidencia, Vicente Díaz Gilligan, por no declarar cuentas en el exterior; se sumó una nueva denuncia en Brasil contra el jefe de Inteligencia, Gustavo Arribas, por fondos del lavado de dinero. Otros casos venían de arrastre, como el del ministro de Finanzas, Luis Caputo, por su participación en sociedades offshore.

Empieza a hacerse costumbre la aparición pública de Marcos Peña para explicar y defender a los funcionarios. Es un desgaste del Jefe de Gabinete con resultado incierto. Demasiado escaldada está la opinión pública por las conductas reprochables de muchos años a esta parte, para creer fácilmente en la condición angelical de los que hoy gobiernan.

Pero hay una dinámica que funciona incluso por debajo de la superficie. El miércoles la Oficina Anticorrupción le sacó tarjeta amarilla al ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, por haber recibido un bono de 500.000 pesos al retirarse como presidente de la Sociedad Rural para asumir la función pública.

Etchevehere había devuelto ese dinero cuando el tema escaló a las redes sociales y los medios. En su descargo sostuvo que antes había preguntado ante ese organismo si era correcto cobrar esa suma. La OA, que conduce Laura Alonso, le recordó en el dictamen final que su actitud “no resultó acorde con las pautas y deberes de comportamiento contenidos en las normas sobre ética pública”. A no asustarse, que el reto no tuvo consecuencias: el expediente fue archivado y Etchevehere sigue en el cargo.

La Oficina Anticorrupción tiene por delante un par de investigaciones que pueden llegar a adquirir alto impacto.

Ya le hizo llegar a la Cancillería un pedido para que la Comisión de Mercados y Valores de los EE.UU. informe sobre la relación del ministro Luis Caputo con fondos de inversión y sociedades offshore radicadas en paraísos fiscales, antes de su ingreso a la función pública, y que no habría declarado en su presentación patrimonial.

Y la más jugosa: en la OA están esperando el descargo de Macri en el voluminoso expediente sobre las negociaciones en el Correo Argentino, que involucran al grupo empresario de su familia. Puede abrirse la Caja de Pandora. O puede no pasar nunca nada.

Con todo, es fácil advertir un cambio de tono en Macri. Caminando por fuera de lo previsible, quizás de forma transitoria porque nadie cambia fácilmente su esencia, está dando golpes de timón para sacar a su gobierno del remolino social y económico que por momentos parece inmovilizarlo.

Abrió las puertas al debate por la ley de aborto seguro, legal y gratuito, que fue apoyado por multitudes en Buenos Aires y el interior del país. Y agregó de su propia cosecha el proyecto de igualdad salarial y laboral para las mujeres.

Esa sorprendente agenda progresista escaló sin orden pero sin pausa. Se agregó la fuerte discusión con los industriales por inversiones, precios y competitividad, en la que respaldó al ministro de Producción, Francisco Cabrera. Y se enhebró la decisión de imponer a los laboratorios una baja del 5% en el precio de los remedios para afiliados al PAMI.

En ese contexto ocurrió la breve detención del empresario Juan Lascurain, ex presidente de la Unión Industrial en tiempos de Cristina. Fue por el escándalo de corrupción en la mina de carbón de Río Turbio durante el kirchnerismo. Lascurain, que preside la cámara de la industria metalúrgica, salió pronto en libertad bajo fianza. Pero un empresario detenido, aun fugazmente, es una señal demasiado fuerte para pasar desapercibida.

No hay modo de sostener que el juez federal Luis Rodríguez y el fiscal Carlos Stornelli pudieran haber actuado por influencias externas a la letra del expediente. Pero a las oficinas de decisión de la Casa Rosada llegaron al menos tres recomendaciones de actuar con energía en casos de corrupción empresaria, para que el Gobierno no quedase ante la opinión pública persiguiendo sólo a los sindicalistas delincuentes.

Uno de esos consejos estuvo contenido en un paper que hizo llegar al Presidente una figura de primerísima línea de Cambiemos, con opiniones acerca de cómo salir del momento depresivo en la relación del Gobierno con la sociedad.

Otra recomendación similar planteó un experimentado hombre del área económica ante quienes mandan en la Jefatura de Gabinete.

Y el tercer aporte llegó de un político de larga trayectoria a quien Macri escucha y respeta, un hombre que hasta aquí ha logrado mantenerse fuera del alcance de los medios y de muchos funcionarios poderosos, que saben que está pero nunca lo ven.

Julio Blanck

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