Lunes, 12 Marzo 2018 00:00

¿Qué Estado quiere Mauricio Macri? ¿Lo está consiguiendo? - Por Marcos Novaro

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El Gobierno trata de cumplir la promesa de mejorar la calidad del gasto público. ¿Es posible romper la inercia que infla las plantillas en el Congreso y en infinidad de organismos? ¿Por qué los ajustes de personal en el Estado suelen hacerse mal?

 

El Gobierno encaró varias batallas simultáneas por mejorar la eficiencia del gasto social y en personal. En todos los casos se enfrenta con resistencias al cambio y también con debilidades de sus propias iniciativas. Por algo fue tan difícil en el pasado reformar el modo en que el Estado gasta su dinero, es decir el de todos nosotros: operan inercias muy poderosas, que terminan convenciendo a los reformistas que mejor dejar las cosas como están.

La más reciente iniciativa es tal vez la más ambiciosa: cambiar los planes sociales para asegurar una formación efectiva a los desempleados que los reciben y sacarlos del circuito que reproduce su condición, en el que participan en primerísimo lugar las llamadas organizaciones sociales. Grupos cuya prosperidad depende de que sus clientes sigan en la condición que están. Y por tanto crean mecanismos reproductores: cooperativas que necesitan permanente subsidio estatal, talleres de formación donde se puede aprender a hacer una silla pero no se aprende a integrarse al resto de la sociedad ni a buscar empleo en el mercado de trabajo. Y por sobre todas las cosas una gimnasia de movilización para conseguir más dinero público, más clientes por más tiempo. Esas organizaciones de desempleados e informales no sacan a mucha gente de la pobreza, lo que hacen es organizarlos y reproducir su condición, y quieren seguir haciéndolo, su propia lógica las lleva a ser básicamente conservadoras.

Obviamente, la CTEP de Juan Grabois, Barrios de Pie y la CCC pusieron el grito en el cielo ante los cambios propuestos: la reforma contradice la Ley de Emergencia Social que el propio Gobierno hizo aprobar en 2016 para salir del paso de la crisis heredada. En ese momento probablemente no se podía hacer otra cosa, pero si ahora Carolina Stanley logra avanzar con este plan más sensato de combate del círculo vicioso de la pobreza, y además el empleo privado crece -condición imprescindible para que cualquier política al respecto funcione- puede que efectivamente el Estado en vez de seguir alimentando el problema lo empiece a combatir.

La dificultad extra que se presenta es que hay más interesados en dejar las cosas como están, o al menos en no colaborar con la solución: muchos intendentes actúan también como jefes de organizaciones de desocupados, quienes reciben planes en sus distritos son sus clientes y mano de obra barata para tareas que los empleados municipales no hacen; además, gremios como el de la construcción suelen ver con malos ojos que las cooperativas dejen de hacer sillas y se conviertan en proveedoras de trabajo y servicios en su actividad. La ministra de Desarrollo Social tendrá que convencerlos para avanzar.

Gabriela Michetti y Emilio Monzó la tienen también difícil en la meta que se propusieron de lograr que el Congreso deje de ser un aguantadero de personal de la política de bajísima o nula utilidad social. Empezaron por lo básico, un control de asistencia biométrico. Algunos empleados fantasmas con mínima dignidad renunciaron sin chistar. Pero la mayoría de los que no cumplen horarios, y de los que no van nunca o casi nunca, optaron por resistir. Con el aval de sus jefes políticos, legisladores de todos los bloques (aquí tampoco rige la grieta) que no aceptan se corte una fuente de financiamiento de la política que consideran un derecho adquirido tan natural como el sol y el aire.

Los números del Congreso argentino son un escándalo. Y no han dejado de empeorar desde la transición democrática. Por una lógica razón: engordan cada vez que hay recambio de bancas, es decir año por medio, cuando los legisladores que se van se hacen nombrar a sí mismos, a sus familiares y exempleados en cargos de planta, para seguir mamando de la teta del presupuesto legislativo. Y no lo hacen nutriendo con su experiencia los recursos técnicos del Parlamento para que pueda legislar mejor; nada de eso, van a parar a alguna oficina ignota donde básicamente no se hace nada.

Así tenemos un Congreso con tantos empleados como el norteamericano, pero que carece de toda destreza para informar técnicamente la tarea legislativa. Por ejemplo, no existe una oficina que estudie el presupuesto, ninguna que analice legislación comparada, ni siquiera un departamento que estudie la aplicación de las normas, su reglamentación por parte del Ejecutivo o cosa parecida; nadie se ocupa de estudiar el régimen federal o las incompatibilidades de las normas de distintos niveles de gobierno. Sí tenemos una Biblioteca del Congreso con tantos empleados como la de Washington, pero que no compra libros, no está on line y atiende cada vez menos consultas.

Claro que el Congreso no es una isla, es más bien la frutilla del postre: problemas semejantes a los que enfrentan Michetti y Monzó se observan en estos días en muchas reparticiones del Ejecutivo, donde continúan los recortes selectivos (el INTI es un ejemplo), pero en ocasiones no con el mejor criterio.

En algunos van acompañados de reducción también de los cargos políticos, y eso parece darle un cariz más justo y equitativo a la poda de personal. Pero lo esencial que determinará si esta va a ser útil no sólo para reducir gastos, sino para que esos organismos funcionen mejor depende de sobre quiénes recae el recorte: ¿quedan afuera los que no trabajan o se hace todo al tun tun, pagan justos por pecadores, y aunque con un poco menos de gente y de gasto en personal que antes seguirá sin haber premio al esfuerzo ni impulso hacía la calidad en la gestión pública?

Seguramente habrá de todo un poco, como siempre. Pero al menos en algunos organismos se observan ya problemas indisimulables en el modo en que se selecciona a los candidatos a quedar afuera: aunque los responsables de hacer la selección se hayan tomado su tiempo para evaluar al personal a sus órdenes, y suponiendo que no primaran en esa evaluación criterios partidistas, nepotistas o cosas por el estilo, cuando tienen que avanzar con la mala nueva necesitan negociar con los sindicatos de la administración, y ahí todo se complica.

Sucede que los gremios suelen defender antes que nada a sus afiliados, no a todos los trabajadores de los organismos en los que actúan. Por lo que tratan de imponer una lógica corporativa frente a la eficientista de las autoridades: "si es afiliado nuestro se queda, aunque sea el peor evaluado y ni vaya a laburar, busquemos a otro para nutrir la lista de los condenados". Esa parece ser la regla de los jefes sindicales.

En ocasiones la competencia entre ATE y UPCN complica aún más las cosas. Como el primer gremio se opone in toto a los recortes suele no participar de ese tipo de tratos, y convoca a protestas implacables contra el ajuste. Como lo están haciendo en estos momentos en el mencionado caso del INTI. Con lo cual le conceden un poder de presión extra a su competidor en la representación gremial: para las autoridades se vuelve aún más necesario llegar a un acuerdo con UPCN, por más disgustos que les traiga, de modo de evitar que más gente se sume a los paros, marchas y piquetes y les bloquee todo el plan de recorte. Así que ahí van, a intercambiar listas, sabiendo que en muchos casos terminarán echando a los pocos que trabajan y hasta podían colaborar en mejorar la calidad de los servicios que brindan esas reparticiones. Y el gremio, claro, sabe cómo aprovechar esta circunstancia al máximo: apenas se entera que se prepara un recorte de contratos su gente recorre las oficinas ofreciéndoles a los contratados afiliarse para quedar fuera de peligro.

Se entiende entonces por qué en general los gobiernos terminan desistiendo, tiran la toalla, contratan personal provisorio que mínimamente les responda y dejan que la "línea" vegete y se reproduzca sin hacer olas, por lo menos sin hacer paros y poner palos en la rueda. Y cuando el mandato llega a su fin tratan de que parte de ese personal provisorio pase a planta, para pagarle el favor y porque a esa altura seguramente es lo que más desean esos empleados, que ya habrán tenido tiempo de degustar las mieles de cobrar sin trabajar.

No son todos, está de más decirlo, hay infinidad de empleados públicos que hacen su esfuerzo todos los días, lo que es doblemente meritorio dado el ambiente en que actúan, los pocos incentivos que reciben, las nulas perspectivas de que serán recompensados por no ir a chantas. Ellos además de los ciudadanos de a pie son los principales damnificados de este sistema perverso que cuesta tanto cambiar.

Marcos Novaro

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