Domingo, 24 Junio 2018 00:00

Con sordina, reflotan la mesa de los acuerdos - Por Ignacio Zuleta

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Anticipos. El país llegó antes de lo previsto al momento de las grandes decisiones. Se prevén nuevos trueques para designaciones y leyes importantes. Los temores por el despertar de una cláusula dormida.

 

El país llegó antes de lo esperado al momento de las grandes decisiones. Estamos ya casi después del Mundial. La corrida que terminó con el acuerdo del FMI y el entuerto político del aborto precipitaron, antes de tiempo, el reordenamiento de las fuerzas que ya compiten por el gobierno mirando a las elecciones de 2019. Como en los momentos liminares de una crisis política, vuelven a chocar las necesidades de la gobernabilidad - que comprometen a oficialismo y oposición - con la lucha agónica por el poder. La línea de división es el momento cuando la responsabilidad empieza a comprometer al interés.

Cuando lo que es bueno para el conjunto, no es necesariamente bueno para los jugadores. Ahí está el encanto canalla de la política, ese punto de cruce (el point de capitoné, como dicen los franceses) entre la teoría y la práctica, entre la ideología y el negocio. Lo que domina en la coyuntura es siempre primero la necesidad. Eso explica que oficialismo y oposición se dediquen en estas horas a acumular artillería para la gran batalla que se viene. Por ejemplo, el reparto de las rentas que lloverán por el acuerdo con el FMI, un alivio colectivo que requiere de nuevos acuerdos, para que unos y otros puedan aprovechar los recursos, que allanarán el empedrado camino hasta las elecciones. Hay señales preliminares, como la firma del dictamen de la ley Corta de Medios que se acordó – como había adelantado este diario – el martes. Va al recinto el 4 de julio. O la citación a audiencia pública, para el 31 del mes próximo, de Inés Weinberg de Roca, candidata del Gobierno a la Procuración de la Nación. No es un canje por un camarista electoral, juran.

Primer canje post- FMI: examen a Dujovne a cambio de matar sesión especial

El primer ademán es un reparto de roles más adecuado a los intereses de cada cual, después de la novela de la ley de tarifas vetada, que dejó al peronismo abrazado en un mismo signo, votando un proyecto que se agotaba en el “mensaje” al Gobierno, pero que fracturó la alianza de los gobernadores peronistas y los legisladores que les responden en el Congreso.

El Gobierno no salió mejor, porque aquella saga le terminó costando la cabeza al ministro mágico de Energía. Más importante es que sea el primer round de una revisión integral de la política de tarifas, que equivale a renegociar todos los compromisos con el sector empresario que produce los recursos, con los generadores y los vendedores. Una revolución, si se imagina el grado de compromiso que el Gobierno tenía con el plan Aranguren.

Este nuevo reparto de roles generó el primer acuerdo de la nueva era, que hizo fracasar la sesión especial que habían convocado el cristinismo y la izquierda, para tratar una minuta de rechazos a la política económica del Gobierno, que la anterior administración hubiera calificado de destituyente.

Esa sesión especial del martes se cayó porque el peronismo moderado que se sindica en los bloques del Frente Renovador y el Justicialismo, lo negoció con el Gobierno.

La prenda de cambio fue el compromiso del oficialismo para que Nicolás Dujovne y Emilio Basavilbaso rindan examen ante la Comisión de Seguimiento de la Deuda, que conduce el formoseño José Mayans. Este senador hizo un paso al costado y dejó que la citación la firmase el salteño Juan Kosiner, jefe del bloque justicialista. El pacto lo conversaron, bajo la carpa generacional que los cobija, los diputados Nicolás Massot y Diego Bossio.

El canje es útil para las dos partes. El Gobierno logra que la visita de sus funcionarios tenga una agenda negociada, y el peronismo moderado encuentra una oportunidad para despegarse del cristinismo que, entiende, lo condena a hacer seguidismo de una opción hoy perdedora en las urnas. Sólo si se despegan del cristinismo pueden tener la oportunidad de general una chance competitiva el año que viene.

El Gobierno también gana, porque admite como interlocutores, de nuevo, a los moderados, del ala Pichetto y de los gobernadores, para rechazar el reclamo cristinista de que el acuerdo con el FMI sea discutido por el Congreso. Esa pretensión era el eje de la convocatoria opositora para el martes, justo el Día del FMI. El argumento de este sector es que la sede y el momento de debate del acuerdo ocurrirá cuando se discuta el presupuesto 2019, que el Gobierno quiere que sea preparado por el Ejecutivo y los gobernadores antes de su presentación en el Congreso.

El acuerdo FMI puede traer cambios de la ley financiera

La cita a Dujovne tiene más ingredientes que pueden ampliar la competencia del Congreso en el tratamiento del acuerdo con el FMI y eso, desde la óptica de la oposición, hace necesario el acuerdo de las partes para cumplir con el memorándum financiero. El planteo que le han llevado al nuevo súper ministro es que el plan para desactivar la bomba de las Lebacs implica una recompra por parte del Tesoro del pasivo del Tesoro, consistente en las letras intransferibles emitidas a favor del BCRA, en oportunidad del uso de activos de reserva para cancelar deudas.

A los efectos de fondear esta recompra, habría una emisión o serie de emisiones por parte del Tesoro, exclusivamente con tal fin. El BCRA utilizaría dichos fondos para rescatar/recomprar/desarmar Lebac. Los artículos 65 y 66° de la ley de administración financiera autorizan ese tipo de operaciones “en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”.

Hasta que no se conozca si ese canje se hace con mejoramiento de monto, tasa o plazo, el acuerdo está bajo vigilancia judicial. Un documento reservado de la oposición habla de la posibilidad de que se plantee en la Justicia una acción declarativa de certeza para preguntar sobre la legalidad de ese canje.

El atajo, a negociar, es retocar la ley de administración financiera. Cuando en la Argentina las restricciones arrinconan a los políticos, la salida siempre es la abolición de las restricciones. Esto es política líquida siglo XXI. Para Basavilbaso también hay preguntas en la minuta de la Comisión de la Deuda, porque en el punto 9 del memorándum con el FMI se habla del tratamiento que se le dará al Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSeS en el nuevo programa.

Dice ese documento: “Las autoridades y el staff del FMI acordaron una misión de asistencia técnica del FMI para fines de 2018, que recopilará la información necesaria y asesorará a las autoridades sobre el registro correcto de la operación de nacionalización, y los cambios subsiguientes en el sistema de pensiones, que sean consistentes con principios estadísticos sólidos como los incorporados en el Manual de Estadísticas Públicas del FMI”. El peronismo moderado quiere que le amplíen el sentido de estas oscuras palabras.

La inflación dispara revalúo de balances y amenaza la coparticipación de Ganancias

En el debate que se viene, las fuerzas acumulan no sólo artillería. También amenazas, como la que acaricia, calladito, el Gobierno. Se trata de una cláusula escondida de la ley de reforma fiscal de diciembre pasado que activa, en el caso de que la inflación suba por encima de determinado porcentaje, la posibilidad de que las empresas revalúen sus balances. Esto implica que podrán pagar menos por el impuesto a las Ganancias.

Esa ley previó que el revalúo de balances por inflación que pedía la comunidad negocios ocurriese por una sola vez con el pago de un impuesto también único.

Produjo una sensible baja en la recaudación del tributo de las empresas, que durante años debieron pagar por ganancias ficticias. La norma, que en estas horas estudian con celo renovado los contadores de las empresas, agregó una cláusula que se dispara automáticamente para que ese revalúo se repita en los ejercicios siguientes, si la inflación acumulada superaba determinado porcentaje.

El artículo 65° de la ley 27430 dice que ““El procedimiento dispuesto en el presente artículo resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios, a que se refiere el segundo párrafo del artículo 89, acumulado en los treinta y seis (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al ciento por ciento (100%).

Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer y segundo ejercicio a partir de su vigencia, el procedimiento será aplicable en caso de que la variación acumulada en el índice de precios, calculada desde el inicio del primero de ellos y hasta el cierre de cada ejercicio, supere un tercio (1/3) o dos tercios (2/3), respectivamente, el porcentaje indicado en el párrafo anterior.” El índice que se aplica es el IPIM (Índice de Precios Internos al por Mayor), que este mes dio el 7,5% respecto del mes anterior, tiene una variación anual ya del 37,7% y un acumulado en el año del 22%.

Esto hace presumible que la aplicación automática de la cláusula castigue a la baja la recaudación de Ganancias. Ese tributo es, después del IVA, el que más aporta a la coparticipación entre la Nación y las provincias. El Gobierno nacional está en mejores condiciones de enfrentar la baja por el auxilio del FMI.

Las provincias deberán endurecer sus posiciones en el acuerdo por el nuevo presupuesto, porque son más vulnerables ante la aplicación de esta cláusula votada cuando nadie creía, ni oficialismo ni oposición, que la inflación sería tan alta.

En la coyuntura de los acuerdos, se abre otra pelea: empresarios pagarán menos impuestos, que se las arreglen ellos con los gobernadores. Algo parecido ocurrió a finales de 2016, cuando la reducción de ese tributo enfrentó a los gobernadores con los jubilados.

Ignacio Zuleta

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