Lunes, 16 Julio 2018 00:00

Presiones cruzadas entre el Gobierno y las provincias por el costo del ajuste - Por Mariano Spezzapria

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Macri quiere que la mitad del recorte lo hagan los gobernadores. El PJ apunta a Vidal y a Larreta. Todo al compás del déficit para el que hay un solo financiador: el FMI

 

En el interior del país, a Horacio Rodríguez Larreta lo llaman irónicamente “el príncipe de Dubái”. No es que comparen al alcalde porteño con un emir del Golfo Pérsico, sino que grafican de ese modo la riqueza presupuestaria de la ciudad de Buenos Aires en comparación con las provincias argentinas. Pretenden, con esa mezcla de humor e intencionalidad política, argumentar que la capital federal debe absorber una parte significativa del ajuste que ensaya el Gobierno nacional.

La mira de los gobernadores y legisladores del interior está enfocada de ese modo no sólo por la histórica demanda federal frente al centralismo porteño, sino también porque la capital es el distrito de origen del macrismo, su base política. De ahí que se considere que si la Casa Rosada reclama un fuerte recorte de gastos de cara a 2019, entonces el achique “debe empezar por casa”. Y la casa del PRO, de acuerdo a ese pensamiento, se extiende a la provincia de Buenos Aires, lo cual es totalmente inexacto porque la Provincia es discriminada con perjuicio evidente en la distribución de los fondos que le corresponden.

En números, la pretensión de los gobernadores del interior –no de todos, pero sí de un bloque homogéneo con el que negocia la Casa Rosada- es que la capital y Buenos Aires se hagan cargo de al menos $ 80.000 millones de los $ 150.000 millones de ajuste que reclama la administración del presidente Mauricio Macri al conjunto de las provincias. Una suma idéntica correría por cuenta de la Nación, que acaba de implementar un primer recorte de $20.000 millones como señal al FMI.

PRESIÓN DEL PJ

Vidal y Larreta se enfrentan, en este marco, a una fuerte presión política para que la Nación les traspase las empresas de distribución eléctrica Edenor y Edesur, y la de aguas Aysa. Ambos resisten esa avanzada, que no debería atribuirse solamente a los gobernadores del PJ. De hecho, no falta quien sospeche que las demandas que inicialmente agitó el cordobés Juan Schiaretti fueron conversadas con un ministro nacional.

Por caso, de los $ 70.000 millones que el año pasado destinó el Estado nacional a subsidios al transporte público –colectivos, trenes-, $ 66.000 millones se aplicaron al área metropolitana, conocida como AMBA. La consecuencia de ese direccionamiento presupuestario es notoria: las tarifas son más caras en el interior del país. Por este ítem podría pasar, entonces, la mayor parte de la transferencia de responsabilidad que la Nación hará a la Provincia y la capital en 2019.

En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, se aguarda el traspaso de la Justicia nacional a la órbita local, lo que implicaría un presupuesto adicional para el distrito de $ 5.000 millones. El supuesto federalismo renovado del interior frente a la emergencia presupuestaria, tiene sin embargo algunos baches políticos: hace un año que el Congreso nacional no trata el traspaso de esos juzgados, pese a que ya lo aprobó la Legislatura porteña. Ahora sería de esperar que saquen del cajón ese proyecto.

EL REPORTE DEL FONDO

La difusión del reporte que los técnicos del Fondo Monetario le hicieron al directorio de la entidad sobre el caso argentino dejó un par de evidencias: 1- Efectivamente el Gobierno analizó la posibilidad de frenar la rebaja de las retenciones a la soja; 2 – La demanda de suspender el pacto fiscal (que incluyó una reducción gradual de impuestos como Ingresos Brutos) no surgió de las provincias sino del FMI, que básicamente le advierte al Gobierno que se necesita recaudar más.

El presidente Macri mantiene, por ahora, la palabra que empeñó con las entidades del campo argentino desde el momento fundacional de Cambiemos. Y en el caso de Ingresos Brutos, piensa que su reposición sería una mala señal para los inversores. Pero la necesidad tiene cara de hereje y los gobernadores ya hicieron llegar a la Casa Rosada el mensaje de que si se les va a reclamar que acompañen en el ajuste, al menos que les permitan recaudar “como lo aconseja el propio FMI”.

¿Pero qué implicaría para las provincias acompañar el ajuste? En principio, recortar el gasto salarial y de bienes y servicios hasta el 1,2% del PBI. Y adaptarse a un tope de aumento de sólo el 8% para los empleados públicos. Claro que con esas pautas en el horizonte, empieza a registrarse una disputa por el costo político del recorte. Incluso algunos gobernadores, como el pampeano Carlos Verna y el puntano Alberto Rodríguez Saá, no acompañarían el Presupuesto de 2019.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Para que esa postura no se desparrame entre los gobernadores, el presidente Macri tendría previsto convocar al diálogo político de forma oficial el próximo miércoles, en una conferencia de prensa que dará en la quinta de Olivos. La preocupación en el Gabinete porque los mandatarios provinciales no le hagan el vacío a la Rosada es tan ostensible que se anunció la conferencia con varios días de anticipación, pese a que usualmente se convocan durante la jornada anterior.

La conferencia anticipada despertó nuevos rumores de cambios en el Gabinete, en coincidencia con el diagnóstico que hacen los principales operadores del mercado sobre la gestión de Cambiemos, a la que consideran carente de “política profesional”. Esto es, de funcionarios con la muñeca y los contactos necesarios como para garantizar el cumplimiento del acuerdo con el FMI y la reducción del déficit fiscal. Pero no habría que esperar que el Presidente les otorgue la razón.

El mensaje de Macri tendrá lugar tres días antes de que llegue al país la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, quien pasará el próximo fin de semana en los encuentros organizados en el marco del G20 para el análisis de las finanzas a escala global. Pero que aprovechará el viaje para reunirse a solas con el Presidente argentino y con los funcionarios que llevan el comando de la economía, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; y el titular del Banco Central, Luis Caputo.

PLANTEOS RADICALES

Macri le dijo a los radicales que cenaron con él en Olivos –Alfredo Cornejo, Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Mario Negri, entre otros- que la economía se va a estabilizar en dos meses y que luego comenzará a bajar la tasa de interés, que ahora está por encima del 40% para contener el dólar. En ese diagnóstico, el Presidente también estimó que el nivel de actividad dará señales de vida en el último trimestre del año, a contramano de lo que proyecta la mayoría de los economistas.

Más que quejarse por las actitudes de Elisa Carrió, la dirigencia radical se aseguró en la cena con Macri dejar de enterarse por los diarios de las negociaciones por el Presupuesto 2019 con los gobernadores y legisladores del PJ y de otros espacios opositores, como el massismo. La UCR tiene un equipo de economistas propio y aspira a influir en la toma de decisiones, porque no sólo debe gobernar en tres provincias sino en cientos de municipios a los que impactará el ajuste fiscal.

Macri no tiene margen para dejar de escuchar a sus socios políticos. Una encuesta de la consultora Synopis reflejó que la imagen del Gobierno sigue baja (28,8% positiva, 48,5% negativa) y que la mayoría de los argentinos dejó de tener expectativas en el rumbo económico. El mal humor colectivo obligó a Cambiemos a suspender los timbreos y el Presidente apela a las video-llamadas para mantener el “contacto directo” con los ciudadanos, pero no se expone a espacios abiertos.

El peronismo no ha propuesto una alternativa para superar la crisis sin financiación externa y se levantan voces contra el Fondo Monetario Internacional, pero falta aclarar que otro financiador hay en el mundo dispuesto a prestar 50 mil millones de dólares imprescindibles para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones.

Mariano Spezzapria
Twitter:@mnspezzapria

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