Miércoles, 10 Octubre 2018 00:00

Una escalada que anticipa la campaña electoral - Por Joaquín Morales Solá

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Cuando se cumplían los primeros siete días hábiles de estabilidad del mercado cambiario, después de varios meses de volatilidad, estalló la crisis por el aumento retroactivo de la tarifa del gas.

 

El gobierno de Mauricio Macri celebraba ayer que el dólar se depreció en los últimos días un 11 por ciento. El peso argentino y el real brasileño son las únicas monedas emergentes que se revaluaron en los días reciente. La moneda brasileña lo hizo a un ritmo del 7 por ciento por el efecto Bolsonaro. El dólar en la Argentina comenzó un proceso de depreciación luego de una devaluación del 110 por ciento desde abril pasado. Pero ninguna fiesta es completa para Macri: justo ahora comenzó una crisis política, promovida al principio por el cristinismo, por un inesperado aumento en la tarifa del gas. El resto del peronismo no tardó en sumarse a la escalada que inició Cristina Kirchner cuando difundió la resolución del secretario de Energía, Javier Iguacel, sobre el aumento del gas.

La nueva política monetaria significa que el crecimiento de la base monetaria es cero. El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, modificó la política monetaria para secar de pesos la economía y evitar, así, que la moneda argentina se vaya al dólar. Esa política requiere tasas de interés de más del 70 por ciento, que hacen imposible el crédito para el consumo o la producción. Se trata, como aceptan fuentes oficiales, solo de un bypass o de un "puente" hasta la estabilidad definitiva. De hecho, Sandleris se comprometió a ir flexibilizando de a poco el crecimiento de la base monetaria, pero el proceso comenzará en diciembre, cuando el dinero circulante podría aumentar un 6 por ciento. Fuentes oficiales señalaron que la nueva política monetaria es dura, pero destacaron que no había otra opción luego de varios meses de inestabilidad cambiaria. El dólar no es solo la referencia social más importante del estado de la economía, sino un factor decisivo en la formación de precios. La inflación de septiembre, por ejemplo, no sería inferior al 7 por ciento. Una cifra dramática si se la anualiza. Con todo, todavía el pase de la devaluación a la inflación (el pass through) fue menor si se lo compara con otras experiencias históricas, tal vez por efecto de la recesión, que coloca serios límites a los formadores de precios ante la caída del consumo.

Al revés del Fondo Monetario, que prevé para 2019 una caída del 1,6 por ciento del PBI argentino, el gobierno de Macri cree que habrá un crecimiento cero. Eso sucederá porque la comparación del primer trimestre de 2019 con el primer trimestre de este año será muy mala. En los tres primeros meses de este año el país creció al ritmo del 3,5 por ciento, pero ese proceso se frenó abruptamente por los efectos de la sequía, por la suba de las tasas de interés en los Estados Unidos, por la revaluación mundial del dólar y por el severo enfrentamiento de Donald Trump con el líder turco Recep Tayyip Erdogan. Turquía tiene déficits en su economía muy parecidos a los de la Argentina, sobre todo el de cuenta corriente. Para los mercados internacionales, una caída de Turquía es una caída de la Argentina.

El error menos explicable del gobierno argentino es haber subestimado la influencia de los aumentos de los precios de los servicios públicos en la inflación. Y tienen una influencia enorme. Las metas de inflación de Alfonso Prat-Gay no tuvieron en cuenta ese factor clave y, luego, esas metas fueron asumidas como propias por el entonces presidente del Banco Central Federico Sturzenegger. Ese sistema de metas de inflación es la política que se dejó atrás con la llegada de Sandleris al Banco Central. Se la reemplazó por una política monetaria muy restrictiva.

En ese contexto de inflación alta, recesión, caída del salario real y pérdida de puestos de trabajo, Iguacel firmó la resolución que dispone un aumento retroactivo del precio del gas. Significará un costo promedio de 90 pesos mensuales a partir de enero y durante dos años. Es para compensar a las compañías petroleras por la devaluación, según una ley vigente desde 1992. El gas tiene estipulados precios en dólares, desde ya. Iguacel firmó esa resolución después de una muy dura reunión con las petroleras, que llegaron a negarse a seguir entregando gas a las transportadoras que llevan la energía a los hogares y a la industria. ¿Por qué lo hizo ahora? El secretario de Energía firmó la resolución en los últimos días porque a fin de año el aumento hubiera sido mucho más grande, pero se proponía anunciarlo en diciembre, cuando el consumo es mucho menor y cuando, al mismo tiempo, la economía podría estar más estabilizada. Lo madrugó Cristina Kirchner cuando difundió esa resolución en las redes sociales.

La expresidenta no hizo ni una sola autocrítica de su política, que llevó la energía a una situación de increíble fantasía colectiva. Los argentinos creyeron durante más de una década que la energía, que es cara en todo el mundo, podía ser gratis en su país. Como alguien siempre tiene que pagar, era el Estado el que se hacía cargo del precio de ese elemento esencial para la vida cotidiana. Los subsidios a la energía, que beneficiaron más que nada a los sectores medios y altos de la Capital y el conurbano bonaerense, explicaron durante años gran parte del déficit fiscal. Las petroleras cobraban en tiempos de Cristina Kirchner por la valuación del dólar, pero lo hacían directamente de la caja del Estado. La reversión de esa política por parte de Macri fue comprendida en sus pasos iniciales, pero el paso del tiempo y los sucesivos traspiés de la economía terminaron por fatigar a una sociedad que aún recuerda los tiempos en que graduaba la calefacción abriendo la ventana. Sin embargo, la producción nacional de gas se incrementó a partir de la nueva política y ya comenzaron algunas exportaciones de gas a Chile por primera vez desde los tiempos de Néstor Kirchner. El precio del gas a Chile es entre un 10 y un 15 por ciento más caro que el que se cobra en la Argentina.

El peronismo no dejó pasar la oportunidad de unirse a Cristina Kirchner. Ya lo había hecho cuando aprobó una masiva congelación de los precios de las tarifas de los servicios públicos, decisión parlamentaria que también inició Cristina. Macri debió vetar ese proyecto. Tanto los diputados que responden a los gobernadores como los massistas y, obviamente, los kirchneristas presentaron un proyecto para derogar la resolución de Iguacel. Pidieron también al Energas que convoque a una audiencia colectiva para tratar el aumento retroactivo de Iguacel. Pero sucede que ese aumento estaba incluido en las audiencias que ya se realizaron, aunque está claro que la sociedad no se detiene en la letra chica de los contratos que se trataron en las audiencias realizadas.

La actitud del peronismo debe inscribirse necesariamente en su política de dar por iniciada la campaña electoral que terminará en las presidenciales del próximo año. El peronismo racional, si es que existe, debió indagar primero en las razones de una medida sin grandes consecuencias para la economía de los argentinos. Los 90 pesos serán consumidos por la inflación antes de que se lleguen a cobrar. La opción fue descripta en términos alarmantes por una alta fuente oficial. Dijo: "Si no son los usuarios los que pagan esa parte de los contratos, deberá ser el Estado. Si fuera el Estado, no se podrá garantizar el déficit cero para el próximo año. Y sin déficit cero, el Fondo Monetario suspenderá el programa con la Argentina y el envío de fondos. De ahí al default habrá un paso". Ese es el estrecho desfiladero por el que debe caminar toda la dirigencia política argentina, no solo el Gobierno. La fragilidad argentina es una fractura dramáticamente expuesta.

Joaquín Morales Solá

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