Domingo, 20 Enero 2019 00:00

EE.UU. investiga el dinero de los Kirchner - Por Joaquín Morales Solá

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Era un momento extraño. Fiscales y periodistas hablaban aquí de que los Kirchner habían lavado dinero (unos 70 millones de dólares, por ahora) en los Estados Unidos, pero nadie advertía ningún movimiento en los norteamericanos referido a esa cuestión. Era como si se hablara de un paraíso fiscal o de un país caribeño.

 

Se trataba solo de apariencias. Según inmejorables fuentes diplomáticas, una task force de fiscales norteamericanos está trabajando intensamente para establecer qué hicieron los Kirchner en los Estados Unidos con su dinero mal habido.

Es probable que todos los bienes sospechados de haber sido adquiridos en los Estados Unidos con dólares de la corrupción sean incautados hasta que la Justicia de aquí y la de allá determinen si los recursos que se usaron fueron lícitos o ilícitos. De acuerdo con esas fuentes, la Justicia estadounidense comenzó a actuar de oficio no bien tuvo conocimiento de que se había utilizado territorio norteamericano para lavar dinero.

El "imperio" es malísimo cuando se lo alude desde la tribuna, pero es un buen refugio del dinero corrupto a la hora de elegir un lugar seguro. Hay dosis de hipocresía que son intolerables hasta para la política. Ya había sucedido con la boliburguesía venezolana (los empresarios y funcionarios que se enriquecieron durante el régimen de Hugo Chávez), que se instaló en Miami hasta que parte de sus bienes comenzaron a ser incautados por la Justicia norteamericana.

En los últimos días, cobró notoriedad esa debilidad de los Kirchner por invertir a través de testaferros en los Estados Unidos, sobre todo en Miami y Nueva York. La primera parte de esa operación fue comandada directamente por Néstor Kirchner, que le encargó el trasiego del dinero a su entonces secretario privado Daniel Muñoz, quien murió de cáncer seis años después que el expresidente, en 2016. Muñoz había creado con su esposa, Carolina Pochetti, también presa ahora, varias empresas en paraísos fiscales y una amplia estructura de testaferros. Cuando Muñoz murió ya estaba siendo investigado por la Justicia local.

Resulta que Muñoz era un hombre de confianza de Néstor Kirchner, no de la esposa de este. Después de la muerte del expresidente, cuando Cristina Kirchner tomó conocimiento del dinero camuflado que existía en los Estados Unidos, le encomendó a un exsecretario privado suyo, Isidro Bounine, que auditara los bienes que controlaba Muñoz. Bounine es un hombre de formación muy limitada (lo fue todo el entorno de los Kirchner), que recurrió al asesoramiento de un exministro santacruceño de Néstor Kirchner, Juan Manuel Campillo. Campillo, un contador preso por orden del juez Claudio Bonadio y que respondía a Néstor y no a Cristina, es quien contó la historia de Bounine, también preso desde el jueves pasado. Muñoz, Bounine y Campillo fueron los que movieron el dinero corrupto en los Estados Unidos y los que decidieron sobre esas inversiones. Bounine ya había sido investigado por enriquecimiento ilícito, lo que provocó su salida del gobierno en 2011. Pero siguió al lado de Cristina. Los secretarios nunca mueren en el universo kirchnerista.

Dentro de esa oscuridad sobre la que la Justicia está echando luz, hay algunas cosas que sucedieron durante la década kirchnerista que hablan de la desconfianza innata del exmatrimonio presidencial y también de su predisposición a respaldarse en personas sin nivel ni calidad técnica. No estamos hablando de moral, sino del necesario conocimiento técnico para administrar dinero. Hubo, por ejemplo, una madeja de secretarios privados que manejaban cientos de millones de dólares. Muñoz era, al parecer, el testaferro de los bienes en los Estados Unidos. Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina, también investigado por enriquecimiento ilícito, fue quien le pidió a José López, el exsecretario de Obras Públicas, que moviera el dinero que terminó en un convento de General Rodríguez durante una noche inverosímil. López le contó después el juez Bonadio que ese dinero que revoleó era de Cristina, porque Gutiérrez solo hablaba en nombre de ella. Gutiérrez ya había sido denunciado en 2017 por lavado de activos por la Unidad de Información Financiera ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Bounine fue, según las últimas revelaciones, el auditor confiable de lo que hacía el recelado Muñoz en los Estados Unidos. Versiones seguras señalan que la desconfianza de Cristina Kirchner en Muñoz comenzó cuando ella se enteró por un tercero, no por el propio Muñoz, del entramado de lavado de dinero ordenado por Néstor Kirchner en los Estados Unidos.

Se desvanece, así, aunque no fue descartada del todo, la teoría judicial de que Muñoz había acumulado esa fortuna en los Estados Unidos robando pequeños trozos del dinero que recibía en nombre del matrimonio Kirchner. Hasta la reciente aparición de Campillo y Bounine, esa fue la principal teoría de la Justicia argentina. De hecho, casi todos los que contaron el pago y el cobro de coimas durante el kirchnerismo señalaron que le entregaron el dinero a Muñoz. Muñoz, Gutiérrez o Bounine. Ningún valijero testificó hasta ahora que fueron Néstor o Cristina Kirchner quienes recibieron personalmente la plata sucia. El dinero era del poderoso matrimonio, obviamente. O fue así o estuvimos ante un gobierno de secretarios privados en el que los dos presidentes Kirchner ignoraban todo. Imposible. Eso solo lo puede creer el bloque de cemento intelectual que construyó el fanatismo kirchnerista.

Bonadio demora el pedido de desafuero que debe enviarle al Senado para poner presa a Cristina. La prisión preventiva de la expresidenta ya fue resuelta por ese juez y confirmada por la Cámara Federal. Cristina apeló a la Cámara de Casación Penal. El caso lo tiene la sala I de esta Cámara, la última instancia del fuero penal; esa sala está integrada por una mayoría de jueces respetables e independientes. Si Casación confirmara las dos sentencias anteriores, al Senado le sería muy difícil decirles que no a tres instancias judiciales que reclaman la prisión de Cristina. La Corte Suprema de Justicia nunca interviene, además, en las etapas intermedias de los procesos. Es obvio que Bonadio no quiere mandar al Senado un pedido que pueda ser fácilmente rechazado o ignorado. Que, al menos, los senadores tengan que enfrentar el compromiso de pagar un alto precio político por su eventual decisión de seguir protegiendo a la expresidenta.

En el juzgado de Bonadio crece, además, la certeza de que no fueron ciertas las declaraciones de los empresarios que dijeron que debieron pagar coimas para no cerrar sus empresas. También ganaron mucho dinero. En la necesidad de confirmar esa conclusión se respaldaron las decenas de allanamientos que hubo en las últimas horas. Por primera vez, existen testimonios coincidentes de exfuncionarios que dicen haber cobrado coimas en nombre de los Kirchner y empresarios que confirmaron que las pagaron. Los investigadores establecieron también que los empresarios no pagaron los sobornos sacrificando parte de sus ganancias, sino que impusieron sobreprecios a las obras públicas y que se quedaron con parte de los sobreprecios. Están comprometidas casi todas las grandes empresas nacionales de obras públicas, pero también pequeñas compañías que eran subcontratistas en las provincias. Hay también casos de empresas provinciales de obras públicas que eran pymes cuando asumieron los Kirchner y se convirtieron en monumentales empresas cuando ellos se fueron del poder.

El centro de la colosal recaudación ilícita era el Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido. En el disco rígido de la computadora del secretario privado del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina se encontró un registro de los ingresos para la campaña electoral de 2013. En una parte están las iniciales JDV (es decir, Julio De Vido) y en otra las iniciales son MPF (es decir, Ministerio de Planificación Federal). Todo venía del mismo lugar. Algunas cosas las controlaba De Vido. Otros sectores de su ministerio reportaban directamente a los Kirchner, como las secretarías de Ricardo Jaime y José López. Eso no exculpa a De Vido. La renuncia fue siempre un recurso si no le gustaba lo que hacían a su lado.

Los que forzaron las leyes norteamericanas están a un paso de ser sometidos a juicio también en los Estados Unidos, que podrían pedir la extradición de varios. Ciertos delitos se cometieron en jurisdicción de la Justicia norteamericana. Ninguno será extraditado, porque están siendo juzgados aquí, pero el espectáculo de los dos juicios paralelos será más colorido y tendrá más actores. Será también el momento preciso, casi exacto, para denunciar la persecución de un imperio increíble.

Joaquín Morales Solá

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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