Domingo, 27 Enero 2019 00:00

Kirchnerismo sin disfraz - Por Eduardo van der Kooy

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“Isidro, el pedigüeño”. Así llamaban al ex secretario de CFK cuando pedía aportes de dinero a las empresas

 

Una serie de episodios expone los rasgos crónicos del kirchnerismo. Esa faceta que suele espantar a demasiados. Primero están las novedades que siguen aflorando en el escándalo por los cuadernos de las coimas. Cerrarían el escape a Cristina Fernández en el intento por invocar ignorancia sobre la matriz de corrupción que heredó de Néstor Kirchner y mantuvo inmutable ocho años.

La semana pasada se agregó el controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Mauricio Macri sobre el régimen de extinción de dominio. Es decir, el deseo de recuperar bienes vinculados a la corrupción y el narcotráfico. El cristinismo se blanqueó como víctima presunta de aquella iniciativa. ¿Tendría acaso algo que esconder o temer? El súmmum del nudismo kirchnerista devino de la caótica situación política en Venezuela. Su aislamiento interno resultó notable. Quedó como la única voz que resumió aquella crisis en “el intento de un golpe de Estado”. Ni una palabra sobre Nicolás Maduro, sobre los centenares de muertos que viene acumulando el régimen después de cada protesta (26, estos días), sobre la fuga al exilio de 3.000.000 de venezolanos, el 10% de su población. Tampoco sobre los 288 presos políticos. Como dijo con lucidez la doctora Claudia Hilb sobre Cuba y la postura cínica del progresismo, a este también ahora sólo le cabe el silencio en relación a Venezuela.

Claudio Bonadio está intentando desovillar otra madeja que proviene de los cuadernos de las coimas. Se fue armando desde que resolvió la detención de Juan Manuel Campillo, ex ministro de Economía de Santa Cruz. A él llegó por la primera declaración de Carolina Pochetti, viuda del secretario privado del ex presidente Kirchner, el ya fallecido Daniel Muñoz. El jueves lo hizo pidiendo ser arrepentida. Por la misma vía cayó otro colaborador histórico del matrimonio, Isidro Bounine. Que habría sido contactado y untado con US$ 200 mil para ayudar a resguardar la enorme fortuna acumulada por Muñoz en Estados Unidos.

El juez está tratando de interpretar el verdadero papel de Bounine en la trama delictiva de la década pasada. El hombre nació, como todos, a la sombra de Kirchner. Aunque luego se convirtió en colaborador dilecto de Cristina. Renunció formalmente en diciembre del 2011. Pero siguió junto a ella durante todo el segundo mandato. Está corroborado en el análisis de varios celulares que utilizaba.

Existe algo más que el magistrado conoce por mentas. Que Bounine nunca confesó. El colaborador de Cristina concurría personalmente a dos grandes empresas, una radicada en la Ciudad y otra en Buenos Aires, a reclamar aportes de dinero. Nunca aclaraba para qué ni quién los necesitaba. Invocaba órdenes superiores. Tampoco los pasaba a recoger. Enviaba a distintos mensajeros. Uno de los dueños de una de las empresas figura en los cuadernos de Oscar Centeno y se acogió a la figura del arrepentido. La otra empresa ni siquiera tiene registro en el amplio listado de allanamientos (más de 70) que Bonadío dispuso en las últimas semanas. Cada vez que Bounine se hacía presente en una de aquellas firmas uno de sus gerentes solía advertir con ironía: “Llegó el pedigüeño”.

El caso de la corrupción kirchnerista descubre muchas oscuridades en escalones inferiores del poder. La circulación de dinero negro, el acopio de fortunas clandestinas no habría correspondido únicamente a ministros, secretarios y subsecretarios. También tuvieron una participación activa los hombres que sin oropeles circundaron a Kirchner y a Cristina. Que se sepa, al menos diez personas. Dentro de las cuales Muñoz sobresalió con nitidez.

Todos, sin excepciones, tuvieron en esos años un monumental crecimiento de sus patrimonios personales. Dos de ellos, Daniel Álvarez y Fabián Gutiérrez, fueron detenidos por Bonadio en la causa de los cuadernos. Pero luego liberados por decisión de la Cámara Federal. Aquellos dos tuvieron causas por enriquecimiento ilícito. A Gutiérrez se le investigó un incremento económico del 800%. Muñoz también pasó por el mismo brete. Igual que Bounine. Pero terminaron siendo sobreseídos. En los cuatro casos por el propio Bonadio. Curioso cómo al magistrado se le escaparon esas liebres.

Bonadio y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo suponen estar en el tramo final de la investigación. Aunque con frecuencia descubren nuevas pistas y se topan con sorpresas. Pero exhiben la voluntad de comenzar a cerrar ese círculo enorme. El dilema sería cómo. El juez parece convencido de que un primer tramo, que involucra a Cristina como presunta jefa de una asociación ilícita, podría elevarse a juicio oral y público en mayo. Sería el sexto para la ex presidenta en medio de la campaña electoral. Pero cavila todavía sobre si no será conveniente unificar los tramos. También el que involucra a los empresarios. Para cubrirse de cualquier acusación de parcialidad. Para que no se le endilgue saña con los políticos y quizá contemplación con los poderosos hombres de negocios.

El Gobierno no desea demasiadas dilaciones. Porque se aferra a la corrupción y a la inseguridad para tapizar el camino de la campaña. Sabe que, con la economía, que registró su octavo mes consecutivo de caída, no estará en condiciones de hacer una diferencia para imponer la reelección de Macri. Aquel objetivo apuró el DNU presidencial sobre la extinción de dominio. La maniobra tiene dos miradas: jurídica y política.

En el primer caso, el DNU exhibe flancos débiles. El primero de ellos, el decomiso de bienes sin sentencia. Para muchos especialistas un ítem de inconstitucionalidad. Un conflicto potencial para el Estado. Si hubiera un error en la apropiación, aunque luego fuera corregida, cabría una demanda legítima por daños y perjuicios. Desde lo más alto del Poder Judicial se apuntan otros defectos. La creación de una fiscalía especializada mediante un procedimiento de facto. Como supo hacer la ex procuradora, Alejandra Gils Carbó. Los jueces y fiscales admiten que la lentitud de las causas demora la confiscación de bienes de la corrupción o el narco. Pero señalan que, aun así, se han conseguido metas. Sólo por vinculación con el tráfico de drogas el Estado recuperó US$ 600 millones.

Desde otro costado, el Gobierno aspira a condicionar a la oposición. Los DNU tendrán vigencia mientras Diputados y el Senado no los rechacen. Con una de las Cámaras que no lo haga mantendrá valor. La ley de extinción lleva dos años y medio en el Congreso sin resultados. Se aprobó un proyecto en Diputados en 2016 con el impulso del Frente Renovador y Cambiemos. Pero fue modificado en el Senado mediante una alianza entre el PJ y el kirchnerismo. Desde entonces sobrevoló la sospecha sobre un pacto de impunidad. Ahora el próximo tratamiento del DNU forzará las posturas del PJ y el FR. Se sabe que el kirchnerismo votará en contra. Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, no descartó que si existe consenso aquel DNU pueda convertirse en un nuevo proyecto. Pero el pejotismo, en plena avanzada electoral, estará obligado a distanciarse de los K.

Esa distancia, como pocas veces, se hizo ostensible con la crisis inmensa que conmueve a Venezuela. Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto repudiaron a Maduro y reconocieron al opositor Juan Guaidó como mandatario paralelo. Se trata del titular del Parlamento. El bloque de diputados del FpV, que comanda Agustín Rossi, se limitó a denunciar un golpe de Estado. Quizás no reparó en que son los militares los que gobiernan hace dos décadas. Lo dijo Maduro cuando recibió el respaldo de las Fuerzas Armadas a su administración “cívico-militar”. (sic).

Los kirchneristas instaron a buscar una solución basada “en el diálogo y la paz, libre de violencia”. La misma invocación que repite el papa Francisco, después de su frustrada mediación. O que enarbola el ex premier español, José Luis Rodríguez Zapatero. También fracasado en la búsqueda de un acuerdo. Ese papel resolvieron asumirlo ahora México y Uruguay.

La proclama kirchnerista sincera su hipocresía. La violencia no parece ser en Venezuela un patrimonio de cualquiera. Responde, sobre todo, al poder militar al que defiende. El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) denuncia que en 2018 se computaron 7.523 casos de muertes por resistencia a la autoridad. La tasa de asesinatos generales asciende a 89 por cada 100 mil habitantes. Tampoco las organizaciones de derechos humanos de nuestro país se expresan sobre esa tragedia.

El kirchnerismo suele poseer un reflejo primario y enmohecido para adoptar posiciones en estas instancias límite. Otea primero la reacción de Estados Unidos para ir en la dirección contraria. Pobre secuela setentista. Allí se ancla sin considerar otras cosas. La problemática migratoria en la región que golpea sobre todo a Colombia y Brasil. El último atentado del Ejercito Nacional de Liberación (ENL) en Bogotá que dejó 21 muertos y habría sido financiado desde Caracas. O la fuga de médicos cubanos que llegaron como parte de un acuerdo con La Habana, de fuerte presencia en el régimen chavista. Desean dejar Venezuela por la violencia y la retención de sus ganancias y bienes en esa nación.

La declaración kirchnerista no pudo haber nacido sin el aval de Cristina. La última vez que la ex presidenta habló sobre Venezuela fue en septiembre de 2017. Antes de las legislativas que perdió. Dijo que en ese país, como en la Argentina, no hay estado de derecho. Fue una formalidad. Ahora sigue en silencio. El plan para hacer creer, falsamente, que ya no es quien fue.

Eduardo van der Kooy

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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