Viernes, 15 Febrero 2019 00:00

Macri se prepara para recurrir a los decretos que hagan falta - Por Fernando Laborda

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La suspensión de las sesiones extraordinarias del Congreso ante la falta de consenso entre los distintos actores políticos anticipa la parálisis parlamentaria que podría signar a 2019.

 

El presidente Mauricio Macri fue notificado por algunos de sus interlocutores en el Poder Legislativo que la labor parlamentaria en este año electoral podría ser prácticamente nula. Es más, un activo vocero de la oposición en el Congreso de buen diálogo con el oficialismo les transmitió a allegados al primer mandatario que Macri debería darse por satisfecho si en el próximo período ordinario de sesiones, que comenzará en marzo, se sancionaban la ley de presupuesto para 2020 y la norma sobre financiamiento de las campañas políticas, un tema que preocupa a casi todos los dirigentes en vísperas de las elecciones.

Ante a este panorama, funcionarios del gobierno nacional admiten que el Presidente tendría resuelto recurrir toda vez que sea necesario a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) como antídoto frente a la oposición a sus propuestas o la simple modorra de parlamentarios que estarán más ocupados en sus campañas proselitistas o en buscarse un nuevo destino para cuando dejen de ser senadores o diputados en diciembre próximo.

Macri ya ha probado esa receta, siempre controvertida. Y muchas veces, con suerte. A principios del año pasado, emitió el Decreto 27/2018, que apuntó a la desburocratización y la simplificación de trámites administrativos en una enorme cantidad de áreas del Estado nacional. Es cierto que ese decreto ómnibus desató un fuerte rechazo de la oposición, pero también derivó en un acuerdo para que el Congreso consensuara la sanción de tres leyes que sustituyeron al decreto presidencial.

En enero último, el Presidente firmó otro DNU no menos polémico, que impuso la extinción de dominio, para acelerar la recuperación de bienes sustraídos en casos de corrupción y de narcotráfico, entre otros delitos. Fue una clara reacción ante una cuestión muy demandada por la opinión pública, que los legisladores venían demorando por demasiado tiempo. "Su aprobación era urgente y los proyectos que están en el Congreso se hallan estancados hace años. Los argentinos ya esperamos demasiado y la Justicia necesita este mecanismo ya mismo", advirtió en ese momento Macri.

Una vez más, el más reciente decreto presidencial cosechó críticas entre dirigentes de la oposición y también entre especialistas en derecho constitucional. Para algunos de ellos, la extinción de dominio no es otra cosa que un decomiso y un decomiso constituye una sanción de tipo penal. El inciso 3 del artículo 99 de la Constitución nacional veda la posibilidad de que el Poder Ejecutivo emita decretos de necesidad y urgencia en materia penal. También impide los DNU sobre cuestiones tributarias, electorales y del régimen de los partidos políticos.

Claro que el decreto sobre extinción de dominio fue también una jugada política del Gobierno, tendiente a devolver la pelota al campo rival en un tema trascendente para la ciudadanía como la lucha contra la corrupción. Lo dio a entender el propio ministro del Interior, Rogelio Frigerio, cuando admitió que el Gobierno vería con agrado que el Congreso debata el tema y sancione una ley.

Como todo DNU, el de extinción de dominio deberá ser considerado por la Comisión Bicameral de Decretos de Necesidad y Urgencia y luego por las dos cámaras legislativas. Pero para que el decreto pierda vigencia deberá ser rechazado tanto por Diputados como por el Senado. Se trata de una condición que, tiempo atrás, logró imponer Néstor Kirchner mediante una controvertida ley, de la que hoy puede beneficiarse el macrismo.

De ahí que no se descarte la posibilidad de que los DNU se conviertan en un recurso aún más habitual para el gobierno de Macri en este año electoral que podría estar signado por la inercia legislativa. Y una de las obsesiones del Presidente pasaría por acelerar la desburocratización administrativa, fundamentalmente en materia de comercio exterior. Obviamente, mediante un DNU.

Fernando Laborda

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