Jueves, 16 Mayo 2019 00:00

El viraje de los Tribunales comenzó en los pasillos - Por Nicolás Wiñazki

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A la jugada de la Corte Suprema para beneficiar a Cristina se agregan movimientos en los juzgados federales y el surgimiento de una nueva agrupación de jueces y fiscales K.

 

No fue sorpresivo el oficio, en carácter de “urgente”, con el que los cuatro jueces de la mayoría peronista de la Corte Suprema le pidieron este martes al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que le envíe “los autos principales” de la causa por posibles irregularidades en los contratos que Lázaro Báez ganó para hacer obra pública en Santa Cruz. Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner había sondeado a algunos de los miembros del TOF 2 para conocer si se incluirían a último momento novedades judiciales que podrían retrasar el juicio. A partir de ese momento, el escrito sobre el recurso en queja que Cristina había presentado ante el máximo tribunal, en el que enumeraba pruebas que supuestamente faltó incorporar en ese proceso, generándole una probable afectación en sus derechos, comenzó a pasar muy rápido entre los despachos de los cortesanos. Esa velocidad súbita se podía chequear por el sistema informático interno del Poder Judicial. Quienes trabajan en esta cuestión sospecharon que podía pasar lo que finalmente pasó.

La mayoría “peronista” de la Corte Suprema resolvió hacer lugar al pedido de la ex presidenta, con un agregado: para estudiar el caso pidieron el expediente original de la causa “obra pública”, sin el cual no se podría dar inicio al primer juicio oral de una serie de al menos tres que tendrían en el corto plazo a Cristina como principal acusada.

Solo uno de los miembros de la Corte Suprema votó en contra de esa maniobra que podría dilatarlo todo. Es Carlos Rozenkrantz. El resto de sus colegas apoyó la solicitud K, a último momento: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda impulsaron esta medida inédita.

Este ejemplo, de fuerte impacto político y judicial, es solo uno de los muchos que se sucedieron en los últimos días que vinculan a un plan K para para avanzar sobre los tribunales e intentar frenar los juicios sobre corrupción que atormentan a sus procesados o presos con prisión preventiva.

Las acciones desplegadas por los operadores judiciales del kirchnerismo fueron variables que trabajaron sobre distintos escenarios, pero en el mismo contexto y en sintonía cronológica.

La última vez que Cristina habló largo y fuerte sobre la Justicia en la Cámara alta fue cuando hizo referencia al caso “D’Alessio”. En un discurso enérgico, dio detalles que nadie conocía sobre la supuesta red de espionaje que habría liderado el falso abogado Marcelo D’Alessio, ex funcionario del organismo estatal Enarsa durante tres años durante la gestión K.

La legisladora y probable candidata a Presidenta habló en el Senado de lo que se había encontrado en el allanamiento a la casa de D’Alessio. Dio detalles que solo debería conocer el juez que instruye esa causa, Alejo Ramos Padilla. Por ejemplo, contó que se habían descubierto en ese procedimiento sobre el potencial espía varias carpetas de Inteligencia escritas en inglés. Cristina dijo de forma casi explícita que consideraba que esa causa debería ser investigada por la Corte Suprema.

Uno de los miembros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, sorprendió cuando en una entrevista con el periodista Edi Zunino afirmó que el fiscal del caso Cuadernos, Carlos Stornelli, investigado por Ramos Padilla, debía presentarse a declarar en indagatoria, algo que no hizo todavía: “Son las reglas, si uno no respeta las reglas, no puede pedir que el resto las respete”, marcó Rosatti.

Tiene derecho a hacerlo.

Ocurre que en su propia historia judicial se encuentra un ejemplo que lo emparenta más con Stornelli que con la acción de ser un imputado ejemplar ante una investigación en curso.

En septiembre del 2005, el ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner, Rosatti, logró retrasar una declaración indagatoria en un caso por posibles deficiencias en el estado de las cárceles argentinos. El juez que lo había convocado en calidad en imputado era Claudio Bonadio. Rosatti lo recusó argumentando que no era imparcial, debido a que él le había pedido un juicio político.

Bonadio fue apartado de la instrucción del expediente.

Rosatti también está imputado en otro caso que investiga beneficios que logró obtener una de las empresas de Cristóbal López, Alcalis de la Patagonia. A ese expediente lo tramita el juez Julián Ercolini.

Los operadores K en la Justicia, subidos a esa declaración de Rosatti, y también a la ayuda que la Corte Suprema le había dado al juzgado de Dolores de Ramos Padilla, que había solicitado más personal y un auto para trabajar con mayor eficacia, apuntaron entonces a la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, que debía decidir sobre un pedido de Stornelli quien cree, igual que el fiscal del caso “D’Alessio”, Juan Pablo Curi, y que el fiscal ante ese tribunal de alzada de la ciudad costera, Juan Manuel Pettigiani, que la causa de posible espionaje debe tramitarse en los tribunales federales de Comodoro Py.

La Cámara finalmente falló en coincidencia con los deseos del kirchnerismo: ratificó en forma provisoria a Ramos Padilla al frente de esa instrucción.

Los querellantes que se presentaron en el juzgado de Dolores son todos procesados K, ex presos K, abogados de ex funcionarios de Cristina que son investigados en otros casos de corrupción.

Ramos Padilla no solo investiga a D’Alessio: el caso Ciccone, el caso de La Ruta del Dinero K, los posibles desmanejos en el puerto de Necochea, la Mafia de los Contenedores, el caso efedrina y su vinculación con Aníbal Fernández, las declaraciones del arrepentido Leonardo Fariña, y hasta la actuación del ministro de Justicia, Germán Garavano, en varios de expedientes, están bajo sospecha de haber sido manipulados por el poder macrista a través del quizás espía D’Alessio.

Desde la Corte, no solo Rosatti dio señales a favor de Ramos Padilla.

El 2 de mayo pasado, el diario Página/12 publicó una nota con el título “Lorenzetti cree que D’Alessio y su banda lo espiaron”. El contenido del artículo, que cita fuentes off the record, no fue desmentido.

En Dolores, y en la Cámara de Mar del Plata, esta nota fue leída como un apoyo implícito de Lorenzetti al juez Ramos Padilla. El magistrado dice que en la pesquisa de la supuesta mega red de Inteligencia del singular D’Alessio está imputada la principal enemiga de Lorenzetti: Elisa Carrió.

El martes, además de lograr que cuatro de cinco jueces de la Corte Suprema aprobasen el oficio que podría dilatar el juicio sobre “obra pública”, Cristina había intentado ralentizar ese mismo proceso con una presentación que hizo ante el Tribunal Oral Federal 2. Su abogado, Beraldi, solicitó que tanto el caso “obra pública” como “Hotesur” y “Los Sauces” (en todos está la ex presidenta como principal acusada, pero en dos de esos juicios también están procesados sus hijos, Florencia y Máximo) se unifiquen bajo un solo tribunal oral.

De lograrlo, los tres juicios se hubiesen retrasado aún más. Ese pedido fue rechazado por los jueces del TOF 2.

Semanas atrás, el Poder Judicial había también dado muestras de que algo estaba pasando respecto a la ex presidenta Cristina Kirchner. Los tribunales orales que debían juzgar públicamente a la ex presidenta por los casos “Los Sauces” y “Hotesur” se declararon, de modo sorpresivo, como “incompetentes” para tratar esos expedientes en su tramo judicial final.

Salvo excepciones entre algunos de sus magistrados, y sus fiscales, como Diego Velasco, del TOF 5, que investiga “Los Sauces”, el resto de los jueces dio señales inequívocas de que preferían no avanzar sobre las acusaciones de la ex presidenta que podría volver a serlo.

La Cámara de Casación Penal resolvió que los casos “Los Sauces” y “Hotesur” serán tratados por el TOF 5, y el de “obra pública” por el TOF 2. Ahora, gracias al oficio de la Corte, éste último podría suspender el inicio del juicio contra Cristina.

Si eso pasara, la situación iría en contrario a los deseos del fiscal del tribunal, Diego Luciani, y de al menos dos de sus jueces, supo Clarín en base a fuentes judiciales que conocen la trastienda de esta trama.

Semanas atrás, los diputados K iniciaron también una embestida contra los investigadores de su jefa política.

El jefe de la bancada kirchnerista de Diputados, Agustín Rossi, trabaja para conformar la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público Fiscal. Quiere que los legisladores de ambas cámaras del Congreso investiguen la actuación del fiscal del caso que más preocupa a la familia Kirchner, llamado “Cuadernos de las Coimas”. Se trata de Stornelli, el hombre que logró que más de treinta procesados en esa causa pidan colaborar con la Justicia bajo la figura de la Ley del Arrepentido.

La ex Procuradora de la Nación Alejandra Gils Carbó, fundadora de la agrupación K en el Poder Judicial llamada “Justicia Legítima”, fundó y dio a conocer, en estos últimos días, una nueva organización que nucleará, una vez más, a fiscales afines a la militancia kirchnerista. El nuevo espacio judicial K se llama “Foro Interamericano de Fiscales por una Legalidad Emancipatoria (FISLEM)”.

En declaraciones a una web militante, El Destape, Gils Carbó explicó que “en el mundo en las dos últimas décadas hubo grandes cambios en el escenario mundial. La profundización de la pobreza, la concentración económica que favorece la impunidad y de una economía ilegítima offshore. La justicia no se aggiornó”.

Mientras tanto, voceros de Cristina, como el columnista de Página/12 Mempo Giardinelli, el ex juez Eugenio Zaffaroni, o el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, empezaron a instalar una idea polémica que Cristina quiere imponer si es de nuevo Presidenta: reformar la Constitución Nacional para abolir el Poder Judicial que actúa hoy, o poner “en comisión” a todos los jueces en funciones.

Quizás ahora se entienda por qué Cristina Kirchner le dedica tantos párrafos en su libro, “Sinceramente”, a explicar cuestiones de casos de posible corrupción durante su gestión que evitó contar ante los jueces y fiscales que la llamaron a indagatoria, el acto de defensa de los imputados en un juicio de instrucción.

Por ejemplo, hay varias páginas de “Sinceramente” en la que relata su versión para dejar asentado la transparencia que hubo en el crecimiento de su patrimonio, cuestionado por la Justicia. Por ejemplo, narra cómo hizo su fortuna junto a su esposo, y se ocupa en remarcar, específicamente, entre otras cosas, el porqué del resultado que figuraba en el “rubro 4.6” de la primera declaración jurada de Néstor Kirchner como Presidente de la Nación. En ese ítem, se computan los “Depósitos y dinero en efectivo”. Escribió Cristina: “… en la columna correspondiente a tipo de cuenta, depósitos a plazo fijo en dólares americanos, figuraba la suma de… US$ 4.387.674”.

Jamás se había preocupado en dar respuestas a las dudas sobre su patrimonio tan creciente.


Nicolás Wiñazki

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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