Martes, 25 Junio 2019 00:00

El buitre que puede terminar contando - Por Ricardo Roa

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El juicio por la estatización K de YPF queda en Estados Unidos. Gana el fondo Burford. Pero saldrían secretos del negociado.

 

No hubo sorpresas. La Corte norteamericana dio luz verde al juicio del fondo buitre Burford contra la Argentina. La sorpresa puede llegar en el juicio si devela cómo se gestó la argentinización a la venezolana de YPF que el matrimonio Kirchner montó en 2008.

YPF es un calco a gran escala de Ciccone. Con Kirchner detrás, la familia Eskenazi compró el 25% de la empresa en dos etapas y sin poner un peso. La plata saldría de las utilidades de la misma YPF, entonces propiedad de la española Repsol. Un negociado de república bananera.

Para adueñarse de YPF, los Eskenazi armaron de apuro dos empresas en España: Petersen Energía y Petersen Inversora. Brufau, presidente de Repsol, explicó que le cedió a los Eskenazi el manejo de la compañía porque “tenían experiencia en mercados regulados”. En realidad, lo que tenían era experiencia y mucha, de negocios con el regulador, Néstor Kirchner. Son dueños del Banco de Santa Cruz que manejó los famosos 600 millones de dólares que Menem le había dado a Kirchner por la privatización de YPF y que, así como llegaron se fueron al exterior.

La muerte de Kirchner frustró la argentinización. Cristina la inició como presidenta. O al menos la avaló. Pero no supo o no quiso seguirla sola y en 2012 decidió reestatizar. En esos cuatro años ocurrió un desastre.

Ella había autorizado a YPF a repartir hasta el 90% de los dividendos: era lo que necesitaban los Eskenazi para rescatar progresivamente las acciones prendadas como garantía. Y a Repsol le dio vía libre para girar sus ganancias a España, lo que estaba vedado para las otras multinacionales.

Descapitalizó así la empresa. Sin plata para invertir y en medio de la crisis del sector energético, la producción y las reservas petroleras cayeron en picada y la Argentina perdió el autoabastecimiento. Cristina cargó o intentó cargarles a los españoles el caos que ella y su esposo habían provocado. Y presentó la argentinización como una gesta antiimperialista que el Congreso aplaudió como al default de Rodríguez Saá.

Brufau embolsó los más de US$ 5.000 millones que Cristina y su ministro Kicillof le ofrecieron como indemnización por el 51%. Obvio, en España fue aclamado como un héroe. El problema fue y es con los Eskenazi, que no recibieron un peso. Sólo Cristina sabe por qué cayeron o los hizo caer en desgracia.

La estatización desplomó el precio de las acciones y gatilló el derecho de los bancos a vender las que habían comprado los Eskenazi y estaban en su poder. Fuera de YPF y sin los dividendos de YPF, los Eskenazi mandaron a la quiebra a Petersen Energía y a Petersen Inversora. Sólo les quedaba un activo: reclamar judicialmente. La ley de privatización de Menem establece que si el Estado quería recuperar el control de YPF debía ofertar la compra de todas las acciones. Y sólo lo hizo con las de Repsol. Secuela del negociado: un reclamo de tres mil millones de dólares. No es sólo una cifra: es corrupción.

Más secuelas: la Argentina no termina de sacarse de encima a los fondos buitre. El juzgado de la quiebra de las empresas Petersen vendió a Burford el derecho a demandar a la Argentina, que ahora arranca en Nueva York. El Gobierno apuesta a bajarlo porque considera que Burford no puede demandar en nombre de Petersen, como lo hace. La otra apuesta es sacar, mediante el discovery process, el velo sobre cómo fue el negociado. Ojalá.


Ricardo Roa

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