Jueves, 18 Julio 2019 00:00

Guerra en la Justicia: otra polarización bien fundada - Por Marcos Novaro

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¿Qué parte de nuestro sistema judicial está enfermo, el que trabaja la causa de los cuadernos o el que controlan jueces como Ramos Padilla, De Lazzari y Carzoglio?

 

No hay mucho espacio para terceras posiciones en una batalla que definirá el futuro de nuestro sistema institucional. En la que las cosas tienen que empeorar antes de poder mejorar. En los últimos días, la pelea electoral y, en particular la madre de las batallas, la elección bonaerense, volvió a desbordar sobre el terreno de la imparcialidad de los jueces y sus procedimientos, del uso político de las causas de corrupción y espionaje, y el papel de los medios de comunicación en todo ese entuerto.

Eduardo De Lazzari, presidente de la Corte Suprema bonaerense y representante estelar del establishment judicial de esa provincia, gestado a lo largo de tres décadas de gobiernos peronistas, le saltó a la yugular a María Eugenia Vidal, con el apoyo de la Asociación de Magistrados del distrito, Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

De Lazzari habló de abusos con los testigos protegidos y arrepentidos, interferencias de los medios y causas armadas. La misma cantinela que usan los Fernández cada vez que quieren deslegitimar las investigaciones de corrupción. La preocupación del bonaerense no se enfocó solo en lo que hace Comodoro Py con esos instrumentos, sino en el “contagio” a la provincia, y en particular apuntó a dos casos que desvelan a sus amigos: la investigación contra Pablo Moyano en la que el barra “Bebote” Álvarez está por ser admitido como arrepentido por el juez que reemplazó al “amigo de la casa” Luis Carzoglio, para De Lazzari la fiel expresión de lo que la Justicia no debería jamás hacer, y la causa de Ramos Padilla contra Stornelli, expresión de lo que sí habría que hacer, y donde es interrogado el periodista Daniel Santoro.

Si no hubiera ley del arrepentido, De Lazzari tiene razón, nada de esto hubiera sucedido. No habría ninguna guerra judicial abierta ni ningún escándalo que lamentar. La familia judicial viviría con mucha más calma y “normalidad”, simplemente porque el sistema tradicional de impunidad para funcionarios, sindicalistas y empresarios corruptos seguiría funcionando tan bien como bajo el kirchnerismo. Como el kirchnerismo se aseguró que sucediera desde que selló a cal y canto su sistema de protección en la Justicia Federal y la SIDE. Después de que Néstor Kirchner y Alberto Fernández, sí, el “35 años profesor de derecho penal”, despidieran al molesto Gustavo Béliz y eliminaran de la agenda de gobierno la reforma judicial, que ellos mismos habían promovido para simular interés en la transparencia durante la campaña de 2003.

En efecto, la ley del arrepentido de 2016 cambió todo. Porque le dio a jueces y fiscales un instrumento inéditamente poderoso para avanzar contra los pactos de silencio que protegen a las organizaciones mafiosas. Y esa nueva arma partió aguas. A unos, los llevó a hacer mejor que antes su trabajo, dejar atrás años de ambigüedades y desidia; y a otros los puso a la defensiva y los incitó a contraatacar. Fuera porque estaban irreversiblemente comprometidos con las redes de corrupción y no podían imaginar para sí otro rol que el que venían cumpliendo. O por estar políticamente comprometidos con los políticos corruptos. O por una mezcla de las dos cosas.

Como fuera, lo cierto es que la ley del arrepentido abrió una transición en nuestro sistema judicial. Y como suele suceder, las transiciones son conflictivas. En ellas, ya no rigen las reglas de juego tradicionales, pero tampoco rigen aún las nuevas, nadie sabe bien a qué atenerse y las ocasiones para choques entre unas y otras reglas se multiplican. En eso estamos desde hace un par de años y es lógico y esperable que ante una elección decisiva como la que tenemos delante, los defensores del orden tradicional y los del cambio se esmeren en defender sus posiciones.

Dado este marco, se entiende mejor lo que el juez De Lazzari nos está diciendo. Nos invita a que aprovechemos la oportunidad para hacer que todo vuelva a la normalidad. Y reivindica el sutil savoir faire que no está escrito en ningún lado, pero todos reconocían como regla efectiva, porque era la que valía. De cuyo conocimiento se valió él para hacer una rutilante carrera de 30 años hasta la cúspide del sistema, sin tener jamás que dar la cara públicamente por nada (¿alguien había escuchado antes su nombre?, ¿no es extraordinario que llegara a donde está sin que el público supiera de él? ¡Eso es un sistema que funciona! ¡Eso es poder!), porque todo se arreglaba entre amigos, con criterios conocidos y seguros, para los entendidos. “Que el despelote que es Comodoro Py no nos contamine, que nuestra querida provincia siga siendo un oasis de paz y tranquilidad”, ese es su mensaje.

Y es lógico que el mensaje haya sido bien decodificado por todos quienes dependen de restablecer el statu quo, y ellos a su vez nos estén invitando a “volver a la normalidad”. “Voy a erradicar la venganza”, nos dice el Alberto, el profesor de Derecho, su forma de mentar el final que le tiene preparado a esa porción del sistema judicial que se atrevió a hacer por una vez su trabajo, pero que él y los suyos llaman “lawfare”, Guerra Judicial.


Marcos Novaro

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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