Miércoles, 02 Octubre 2019 00:00

Evidencias de un descalabro general - Por Eduardo van der Kooy

Escrito por 
Valora este artículo
(3 votos)

La Corte Suprema sacó un fallo oportunista para satisfacer a los mandatarios peronistas.

 

Alberto Fernández, el candidato kirchnerista, rogó este martes a los pilotos de Aerolíneas Argentinas que levanten la huelga programada para el fin de semana. Hace semanas había pronunciado también un mensaje pacificador hacia los movimientos sociales. Siete de ellos, identificados con la izquierda, le advirtieron el lunes que seguirán con los piquetes cada vez que haya un motivo. O incluso, cuando no los haya.

Resulta paradójico, aunque jamás sorprendente en la Argentina, que un candidato de la oposición deba ocuparse de la disciplina social. Los resultados de las PASO parecieran haber dejado huérfano de esa facultad al gobierno de Mauricio Macri. En verdad, se trata de un desafío ante el cual nunca desarrolló una política convincente. Ni siquiera en sus mejores épocas.

El problema es que Alberto, sumido en plena campaña, dispara en pos de sus objetivos políticos ciertas promesas temerarias. Dijo a los piqueteros que si en octubre se convierte en presidente no tendrían motivos para protestar. Les dio la razón a los gremios aeronáuticos por sus demandas salariales, aunque pidió dejar de lado las medidas de fuerza. También afirmó que Aerolíneas Argentinas volverá a ponerse de pie y que se ocupará del abandono de los trabajadores en que, a juicio suyo, incurrió el Presidente.

Debería cuidarse más el candidato K, tal vez, para no repetir el error cometido en su momento por Macri que ahora lo deja indefenso. El mandatario, entre tantas, hizo dos promesas fatales. Sostuvo que el final de su gobierno debería ser juzgado por los niveles de pobreza. El Indec acaba de comunicar que en el primer semestre de este año trepó al 35,4%. Cinco puntos por encima del 2015. También había asegurado que la inflación de la gestión de Cristina Fernández (estimada en 27% anual, porque no existía medición oficial) era la más clara demostración de incompetencia. Es probable que en diciembre el ingeniero continúe -o se retire del poder- con un 55% en el alza de los precios.

Los equívocos gruesos de Macri y el afán de Alberto por dibujar un futuro venturoso –si gana- podrían desembocar en conclusiones similares: un mal diagnóstico de la realidad; una subestimación de la profundidad estructural de la crisis nacional; una excesiva desaprensión de ellos ante el facilismo que plantea la campaña.

También, endilgar dichas responsabilidades sólo al Presidente y al principal postulante de la oposición sería caer en una arbitrariedad. Hay un sistema político e institucional que, en su conjunto, exhibe demasiadas evidencias de descalabro. Aflora en el cinismo de la conducta de los gobernadores. También en la banalidad con que la Corte Suprema aborda asuntos de elevadísima sensibilidad que se derraman sobre la crisis. Tres de los cinco jueces (Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti) saldaron con oportunismo en favor de 15 gobernadores un pleito con el Gobierno por la rebaja del IVA y del Impuesto a las Ganancias que implicaría una reducción de los fondos coparticipables a las provincias. Elena Highton no sufragó, como suele hacerlo en casos como este. Carlos Rosenkrantz, según sucede desde que fue ungido jefe del máximo Tribunal en sustitución de Lorenzetti, votó en disidencia.

El desenlace podría representar, tal vez, la última señal del naufragio de la política oficial con el Poder Judicial. Más de 150 pliegos de jueces a designar han sido bloqueados por el kirchnerismo en el Congreso. En particular, desnudaría además la impericia en el vínculo con la Corte Suprema. Una situación que viene de arrastre. Sobre todo desde que se consolidó en el cuerpo una mayoría peronista (Lorenzetti, Maqueda, Rosatti).

Hubo, a raíz de la presentación de los gobernadores, una gestión desde el poder para encontrar alguna salida consensuada. Pero al Gobierno, después de la derrota, le falta talla. Los jueces piensan, por otra parte, en el tiempo que podría venir desde diciembre. Tal tiempo, podría estar signado por la alianza entre Alberto y los mandatarios del PJ. Como forma de establecer un equilibrio de fuerzas con aquello que representan Cristina Fernández y el kirchnerismo. La mayoría peronista de la Corte no tiene –ni desea tener- nada que ver con ellos.

Con su resolución, la Corte obliga al Estado a enfrentar el costo económico total de las medidas de alivio que anunció Macri tras su derrota en las PASO. La suba del mínimo no imponible de Ganancias y la reducción a cero por ciento del IVA a los alimentos de la canasta básica. Un monto total estimado de $ 60 mil millones. La mitad hubiera correspondido a los gobernadores.

La Corte habría podido tomarse un tiempo más antes de decidir. Por lo menos intentar alguna audiencia de mediación como supo hacerlo en otros casos de diferencias económicas entre la Nación y las provincias. Pero optó por el atajo sin medir consecuencias en plena crisis. Contó con el amparo legal de que aquellas decisiones de Macri fueron adoptadas por decreto.

Tampoco se podría dejar de auscultar el comportamiento de los gobernadores. Hasta las PASO actuaron, con vaivenes, como un soporte del Gobierno. Tuvieron su recompensa. Hasta septiembre percibieron $ 100 mil millones adicionales de los $ 125 mil millones que recaudarían durante 2019 de las arcas nacionales.

Fueron los propios mandatarios, en medio del flagelo de la alta inflación, quienes con recurrencia plantearon como recurso la quita del IVA a los alimentos básicos. También espolearon la necesidad, como sancionó el Congreso, de prorrogar la ley de emergencia alimentaria. Siempre y cuando, está visto, sus recursos no resultaran afectados. Asoma clara la visión de esa clase dirigente: el equilibrio fiscal, que todos declaman, sería responsabilidad única del Poder Ejecutivo. Curiosa interpretación de federalismo.

Algunos de aquellos gobernadores atraviesan en sus provincias situaciones difíciles que tienen problemas para explicar. Chubut, beneficiada también por el fallo de la Corte, es una de ellas. Mariano Arcioni mantiene desde hace semanas un conflicto con los docentes y empleados estatales. Convalidó antes de su reelección en junio una paritaria que ahora no está en condiciones de pagar. Los demandantes levantaron un bloqueo a los playones de YPF cuando el combustible empezaba a escasear. En las últimas horas Arcioni realizó una contraoferta salarial que la dirigencia de ATECH (Asociación de Trabajadores Estatales de Chubut), consideró insuficiente. El próximo viernes decidirán cómo sigue la protesta.

El gobernador, frente al desmadre, contó con el blindaje que le ofreció su socio principal, Sergio Massa, y el kirchnerismo. No dudó pese a todo –igual que otros mandatarios del PJ- en utilizar la semana pasada el avión oficial de la provincia para trasladarse a Mendoza. Allí Alberto realizó una cumbre para su cosecha interna. De paso, para apoyar la candidatura a gobernadora de la senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti. La mujer fue vapuleada el domingo por el candidato de Cambiemos, el intendente Rodolfo Suárez. Discípulo del actual mandatario, Alfredo Cornejo. Titular, además, del radicalismo.

El Gobierno asegura que, pese al fallo desfavorable de la Corte, cumplirá con las medidas anunciadas. Aunque ello implique desajustes en la macroeconomía y, previsiblemente, una profundización de la crisis. De la cual ni gobernadores, ni los jueces, serían ajenos.

Eduardo van der Kooy
Dibujo de Hermenegildo Sábat

Visto 229 veces

Fundado el 4 de agosto de 2003

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…