Miércoles, 02 Octubre 2019 00:00

La Corte se metió en el proceso electoral - Por Joaquín Morales Solá

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Una vieja intuición política sostiene que el peronismo puede hacer cualquier cosa impunemente. Puede hacer, en síntesis, lo que les está prohibido a los no peronistas.

 

La hipótesis tuvo ayer una prueba nueva con el fallo de la Corte que les dio la razón a 15 provincias (casi todas peronistas, menos Santa Fe) que reclamaron porque Macri dictó dos decretos que benefician a los sectores más pobres de la sociedad y a los trabajadores en blanco.

Una decisión del Gobierno les bajó el IVA a los productos de la canasta básica y la otra redujo el impuesto a las ganancias de los asalariados. Sorprende aún más que esa posición haya sido avalada por el máximo tribunal de justicia del país en medio de un proceso electoral. Una antigua tradición de la Corte (no es una jurisprudencia escrita) señala que los jueces supremos no dictan fallos con efecto electoral en vísperas de elecciones nacionales, sobre todo si estas son presidenciales. Faltan 26 días para la primera vuelta, la única segura, de los cruciales comicios presidenciales.

La posición de los gobernadores es inexplicable. Los beneficiarios de la baja del IVA y del impuesto a las ganancias son todos los argentinos, incluidos los ciudadanos de sus provincias. Los gobernadores se quejan porque esos impuestos son coparticipables y, por lo tanto, la reducción de la recaudación significará también cierta caída en los recursos que recibirán por la coparticipación. Esto es: prefieren tener más dinero ellos, como gobernadores, a que lo tengan las sociedades que gobiernan. Si Perón resucitara los expulsaría a todos del partido que fundó. Si bien los productos de la canasta básica son para todos, lo cierto es que son los sectores más pobres los que más los usan. Y el impuesto a las ganancias ha hecho estragos entre los trabajadores en blanco. Algunos llegaron a pedirles a sus empresas que no les aumenten el salario, porque pagarían un impuesto tan grande a las ganancias que terminarían cobrando menos que lo que ganaban antes del aumento.

Los gobernadores peronistas, los mismos que viajaron a Mendoza hace una semana en una impresionante flota de aviones privados para apoyar a la candidata peronista a gobernadora, aseguraron ante la Corte Suprema que esa pequeña reducción en los recursos de la coparticipación podría impedirles pagar los sueldos de la administración pública. La mayoría de la Corte Suprema les creyó. ¿Cuál hubiera sido la reacción social si semejante posición contra los intereses de la sociedad la planteaban dirigentes políticos no peronistas? Desastrosa para ellos, seguramente.

Hasta septiembre las provincias recibieron 100.000 millones de pesos adicionales del gobierno nacional. Podrían ser 125.000 millones hasta fin de año. Siguen en la cuerda floja de las cuentas fiscales. Se explica: las provincias (y los municipios) han sido los mayores creadores de empleo público de los últimos 15 años.

La decisión del gobierno de Mauricio Macri sucedió luego de una corrida cambiaria (posterior a las primarias del 11 de agosto) y de su previsible consecuencia inflacionaria. No fue una decisión electoral; fue una medida desesperada ante la inestabilidad económica. Debe subrayarse la actitud coherente del gobernador de Córdoba, el peronista Juan Schiaretti, que no se sumó a ese planteo de los otros gobernadores de su partido. Todos los candidatos peronistas propusieron, de manera explícita o implícita, una baja del IVA para la canasta básica y también del impuesto a las ganancias. Las herramientas para hacerlo difieren, pero no la propuesta de fondo. ¿Acaso, la medida es buena si la toma Alberto Fernández o Roberto Lavagna, pero es mala si la aplica Mauricio Macri? ¿Por qué los recursos que respaldan políticamente a los gobernadores son más importantes que un módico alivio para la vida cotidiana de amplios sectores sociales?

Si la posición de los gobernadores es absurda, la de la Corte Suprema es directamente increíble.

La mayoría de los jueces de la Corte (Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti) quebraron la tradición y la coherencia en un mismo acto. Existe, es cierto, una doctrina Lorenzetti, que consiste en aguarle las fiestas electorales a la oposición al peronismo kirchnerista. Sucedió en 2013, cuando menos de 48 horas después de que Sergio Massa ganara la provincia de Buenos Aires y derrumbara definitivamente el proyecto de re-reelección de Cristina Kirchner, la Corte declaró la constitucionalidad de la ley de medios. Cristina ganó en la Corte la batalla política perdida en las elecciones. Ocurrió en 2015, cuando también pocas horas después del triunfo de Macri los jueces supremos obligaron al gobierno nacional a pagarles a tres provincias deudas que reclamaban desde hacía años. Perdida por perdida, Cristina Kirchner firmó un decreto que amplió el beneficio a todas las provincias. Le entregó la herencia a Macri, que la sucedería quince días después. Y volvió a suceder ahora, antes de que pasaran 48 horas del arrasador triunfo de la coalición gobernante en Mendoza.

El argumento principal de la mayoría de la Corte fue que la decisión del Presidente se hizo por decreto. Señalaron que una decisión que modifica la ley de coparticipación debería haber pasado por el Congreso. El argumento no carece de fundamentos. Debe consignarse, no obstante, que el presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, que votó en disidencia, señaló que las provincias tienen derecho a recibir la coparticipación de los fondos ya recaudados por el gobierno federal, no a reclamar por una caída de la recaudación. Si fuera así, como bien lo señaló en un tuit el prestigioso Juan Llach, el fallo "impide en la práctica bajar impuestos coparticipados, salvo que el dinero lo aporte solo la Nación, que no puede hacerlo sin emitir dinero".

De todos modos, y si fuera cierta la posición de la mayoría de la Corte Suprema, lo que correspondía era la declaración de inconstitucionalidad de las decisiones de Macri.

Al revés, esa mayoría considera ilegales tales decisiones, pero, al mismo tiempo, les concede validez cuando le ordena al Poder Ejecutivo que se haga cargo de pagarles a las provincias lo que no recauden por las reducciones impositivas. Es, a todas luces, una decisión política para no ganarse la impopularidad definitiva. La declaración de inconstitucionalidad de las decisiones de Macri por parte de la Corte habría hecho caer en el acto los efectos sociales de las medidas. Pero ¿pueden los jueces dictar sus sentencias con la mirada puesta en las encuestas y justo cuando se está desarrollando un proceso electoral? Claramente, no.

Voceros de la mayoría de la Corte acotaron que de esta manera el gobierno nacional se verá obligado a negociar con las provincias, que es, puntualizaron, lo que debió hacer desde el principio. Hay que llamar a las cosas por su nombre: la Corte Suprema está, entonces, cogobernando el país desde que Macri asumió.

La decisión de la Corte es demasiado vaga: no precisa cómo se resarcirá a las provincias ni cuánto es el monto que el gobierno debe destinar para esa reparación. Reparación que merecen, vale la pena repetirlo, porque el gobierno nacional tomó decisiones para reducir la penuria de amplios sectores sociales. El argumento de que hay perjuicio "cierto e inminente", que hasta podría imposibilitar el pago de salarios, es desmentido por la apelación de la propia provincia que inició el caso (Entre Ríos), que solo anunció que presentará durante el pleito la liquidación para mostrar cuál es el perjuicio. Es decir que todavía no lo sabe. ¿Cómo -o por qué- lo saben ya los jueces de la Corte Suprema?

La sentencia de la Corte Suprema compromete al gobierno de Macri, porque lo obliga en principio a desembolsar millones de pesos adicionales para las provincias. Pero también comprende a un eventual gobierno de Alberto Fernández, porque estas cosas nunca se resuelven en el corto tiempo que falta hasta el 10 de diciembre. Con todo, al que más afecta es al actual presidente, porque es él quien tendrá que comenzar a negociar con las provincias, que se sentarán en la mesa contando ya con una sentencia a favor del tribunal constitucional del país.

La mayoría peronista fue siempre una descripción difícil de creer, aunque los tres miembros de la Corte Suprema que suscribieron la sentencia de ayer tienen historia en el peronismo. A pesar de todo, es más fácil creer en una mayoría antimacrista, espoleada seguramente por un pasado diferente al del Presidente. Ninguno de esos jueces ha hecho el esfuerzo de despegarse de su historia y, mucho menos, de las elecciones presidenciales, lo único realmente inminente.

Joaquín Morales Solá

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