Domingo, 03 Noviembre 2019 00:00

Disparos contra los cuadernos - Por Eduardo van der Kooy

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El kirchnerismo insiste en que el escándalo de las coimas sería una maniobra del espía Jaime Stiusso.

 

Alberto Fernández se encamina a transformar su condición de presidente electo en presidente en ejercicio en medio de dos realidades diferentes. En el plano interno, se reiteran los rasgos crónicos y pobres de la institucionalidad. La excepción, de allí el privilegiado lugar en la vidriera pública, fue la foto de la transición entre Mauricio Macri y su sucesor. En el plano externo, el asunto asoma mucho más intrincado: por la persistente inestabilidad regional, las nuevas cartas de juego entre las principales potencias del mundo y el viraje, luego de cuatro años de Cambiemos en el poder, que augura el Frente de Todos.

Uno de los campos sensibles reside en el Poder Judicial. Alberto F., originario de esa cuna, lo conoce. De allí la decisión de empinar en el ministerio del ramo a la abogada Marcela Losardo. Sería una prolongación imaginaria de su humanidad política. El problema presenta dos facetas. El mal funcionamiento, en promedio, de la Justicia. La necesidad de desintoxicar, en ese ámbito, su relación política crucial con Cristina Fernández​. Del saneamiento dependerá el equilibrio entre el pejotismo, con el cual se arropa el presidente electo, y el kirchnerismo puro, que responde a la ex presidenta.

Cristina recibió después de la victoria dos rápidas y gratas novedades. La Sala I de la Cámara Federal revocó los procesamientos en la causa por sobreprecios en la compra de gas licuado y el expediente por las coimas en los corredores viales. Decisiones con lógica, a juicio de los expertos. En cambio, aquella misma Sala confirmó su procesamiento por la cartelización de la obra pública, en la cual fue acusada por Claudio Bonadio de ser jefa de una asociación ilícita. En suma, achicó de 12 a 10 los procesamientos que pesan sobre ella.

De todas las causas en curso existen tres que preocupan por encima de las restantes. Los Sauces y Hotesur son dos de ellas. No sólo por lo que significan (sospechas de lavado de dinero). Además, porque están implicados sus hijos, Máximo Kirchner, el diputado, y Florencia, enferma y bajo tratamiento en La Habana. La tercera es el escándalo por los cuadernos de las coimas​. Una radiografía de la matriz de corrupción de la “década ganada”.

En torno a ese entuerto también se han producido novedades. Dos días antes de la votación del domingo pasado el fiscal Jorge Di Lello emitió un dictamen contra los arrepentidos en una causa conexa con la de los cuadernos. Refiere al bolsero José López. El dato saliente sería la objeción del fiscal al testimonio de los arrepentidos por no haber sido filmados. Como lo exigiría la ley.

Di Lello es un fiscal de pertenencia peronista. Nada que objetar. Aunque sería también uno de esos funcionarios hábiles para amoldarse ni bien los vientos políticos varían su dirección. El caso de esta causa para embestir contra los cuadernos no es un antecedente excepcional. En diciembre del 2012, en el auge del poder de Cristina, solicitó la elevación a juicio oral de las causas por las escuchas telefónicas que involucraba a Macri. El 3 de diciembre del 2015, siete días antes de la asunción del ingeniero, reclamó su sobreseimiento.

Di Lello, en aquel mismo dictamen de la causa conexa, cuestionó que el escándalo de los cuadernos haya estado fundado por las fotocopias. La misma objeción que hizo el kirchnerismo. Marcó como sospechosa la buena ortografía (relativa) de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, encargado de divulgarlos. Subrayó que su autor había declarado haberlos quemado. Lo cual, con la aparición de seis de los ocho originales, la restaría credibilidad.

Esa conclusión, sin embargo, no puede resultar lineal. Primero: Centeno declaró que había quemado los cuadernos en la declaración indagatoria. Donde le asiste, por ley la facultad de no decir necesariamente toda la verdad. El ex chofer sostuvo que “estaban guardados en algún lugar” cuando el fiscal Carlos Stornelli le tomó testimonio. Dicho pronunciamiento resulta irrefutable.

La otra cuestión atañe a los arrepentidos. Di Lello hizo hincapié en su dictamen sobre la ausencia de las filmaciones. Bonadio y Stornelli aseguran que la ley exige tomar las declaraciones con “todos los recursos tecnológicos” a su alcance. Lo hicieron. Habría que agregar otro par de detalles. Ni uno solo de los abogados defensores de los 31 arrepentidos planteó alguna objeción al juez ni al fiscal. Todos estuvieron presentes en las declaraciones. Lo mismo hicieron delante del pleno de la Cámara Federal. Podrían alegar lo contrario durante el juicio oral. Tendría valor político, aunque no jurídico. El planteo debió haber sido formalizado antes de la elevación de la causa a juicio.

La de Di Lello fue, por otra parte, la primera referencia institucional a la aparición de seis originales de los ocho cuadernos. El kirchnerismo lo había evaluado en su momento como presunta maniobra de campaña para modificar el escenario de las PASO. Si de verdad, aquel hubiera resultado el propósito debieran haber tomado estado público con mayor antelación. Con los resultados a la vista, también hubiera resultado en vano. El bolsillo siguió pesando más que todo.

El kirchnerismo había elucubrado una coartada en torno a los originales. La convicción apuntaba a dos cosas: que los cuadernos originales podían tener una caligrafía distinta a las fotocopias; que en el relato se describirían hechos sin coincidencia temporal. La conjetura trepaba que detrás de la supuesta maniobra estuvo la mano del ex espía Jaime Stiusso. Que Centeno habría sido su herramienta. Pues bien: las primeras pericias de Stornelli indican coincidencia en la caligrafía. La mayoría de los hechos relatados fueron constatados en lugar y fecha (cotejando con los arrepentidos) por Bonadio.

Como broche de ese mar de conjeturas, en medios judiciales circula una versión: Centeno habría solicitado al comienzo US$ 1 millón para entregar los originales. Nadie estuvo dispuesto a abonar semejante disparate. Alguien terminó por entregarlos cuando la causa progresó con las fotocopias, los arrepentidos y las investigaciones.

Tampoco Di Lello es un caso aislado en este tiempo de reacomodamientos judiciales. El juez Rodolfo Canicoba Corral indaga con entusiasmo un supuesto sistema de espionaje en la AFIP para recabar información secreta sobre jueces, periodistas y empresarios. Le apunta a Elisa Carrió que, sin reparos, anunció que en marzo del 2020 renuncia a su banca. Es decir, también a sus fueros. Esa salida podría simplificar el inevitable reseteo que sucederá en Cambiemos cuando a partir de diciembre, pase a la oposición.

Tal vez, Canicoba Corral se esté curando en salud. Más allá del placer que sentiría por el apremio en que ha colocado a Carrió, Alberto F. observa al magistrado como un ejemplo perfecto de lo que no debe ser. Tampoco olvida. El propio Canicoba Corral fue quien en 2010 –acicateado por el cristinismo- procesó a Claudio Moroni por incumplimiento de “los deberes de funcionario público” cuando se desempeñaba como superintendente de Seguros de la Nación. Moroni no es sólo un amigo del presidente electo: está firme en la grilla para integrar el futuro gabinete como ministro de Trabajo.

Alberto F. tiene en esa confección un horizonte complejo. Uno: de la estructuración de su equipo podrá inferirse el grado de autonomía política que tendrá respecto de Cristina. Dos: ese equipo poseerá poco tiempo de adaptación debido a la grave crisis que afronta la Argentina. Tres: el área económica, cuyo único número puesto sería por ahora al del ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, requiere de respuestas internas y externas muy rápidas. Cuatro: las relaciones internacionales, a la luz de la convulsión general, adquieren un nivel de relevancia que, quizás, cuando se lanzó el año electoral no mostraban.

Alberto F. continúa pensando para la cancillería en Felipe Solá. Pero la volatilidad externa produce interrogantes. El diputado sigue como postulante, aunque ciertos planes debieron ser modificados. Solá, dada la pésima relación existente con Brasil de Jair Bolsonaro, suponía que la primera salida al extranjero del presidente electo sería Estados Unidos. Sobre todo, por la necesidad de renegociar la deuda con el FMI. Alberto F. optó por México. Pero Donald Trump le ganó de mano: lo llamó para felicitarlo por el triunfo. Lo instó a trabajar con el FMI. Nada de inocencia.

Las pleitesías tempranas a Washington difícilmente cayeran bien a Cristina y sus fieles. Sergio Massa supo, en su reciente viaje a EE.UU. que Donald Trump desearía una postura condenatoria sobre Venezuela que el presidente electo –por razones internas, antes que por convicción- no está en condiciones de ofrecer. A esas limitaciones se añadieron las revueltas en Ecuador, Bolivia y también Chile. En los dos primeros casos, Washington y Macri fijaron una posición que el futuro oficialismo no desea sostener.

Alberto F. terminó encontrando el atajo de México para marcar un sendero independiente. Equidistante, tal vez, de aquel montón de conflictos. Aunque tampoco incursionó en un terreno despejado. Manuel López Obrador, el mandatario mexicano, acaba de sufrir un grave traspié. El hijo del narco Chapo Guzmán fue liberado por el Ejército después de haber sido detenido. Habían sido tomados de rehenes ocho militares. AMLO convalidó la decisión. Washington puso el grito en el cielo.

Cristina se fue del poder abrazada a Venezuela, Cuba, Rusia y, algo más distante, China. Macri dio prioridad en su arribo a las relaciones con las naciones occidentales. Se alineó detrás de ellas. Ahora despunta una correlación aún difícil de interpretar. Semejante bamboleo cataloga cabalmente a la Argentina frente al mundo.

Eduardo van der Kooy

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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