Miércoles, 15 Enero 2020 00:00

El Gobierno, entre el gatillo fácil y la nada - Por Eduardo van der Kooy

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La ministra Sabina Frederic se ocupó hasta ahora de derogar protocolos de Patricia Bullrich. Y no tomó ninguna decisión que oriente, por el momento, el rumbo que tomaría su gestión.

 

El Gobierno de Alberto Fernández –sobre todo el kirchnerismo- ha empezado a asomarse en los últimos días a un problema que suele desnudar algunas de sus debilidades conceptuales. Competen, en general, a todas las fuerzas que en la región se definen progresistas. Se trata de la inseguridad. Del manejo de las fuerzas policiales y federales.

La cuestión tiene un impacto superior, incluso, al de los padeceres económicos. Porque el dilema bascula, demasiadas veces, entre vivir o morir. El Presidente ha colocado como epopeya en su agenda el combate contra el hambre. Inobjetable. Cuenta como herramienta con un Estado obeso, burocratizado y corrupto. Pero que, con más y con menos, alcanza a desenvolver su misión.

La lucha contra el delito, en cambio, es un desafío diario que el Gobierno debe delegar en manos de instituciones permanentes. Con un fuerte arraigo cultural interno. Debe intentar conducirlas. Difícilmente logre provocar mutaciones en los años de tránsito en el poder. De hecho, se puede decir que las policias y fuerzas de seguridad –también las FF.AA.- sólo han logrado enterrar en 37 años de democracia los lazos históricos con la última dictadura. Pero mantienen hábitos muy controversiales.

Tal desacople puede explicarse desde el fracaso de la dirigencia civil para ir produciendo cambios de manera progresiva. En ese recorrido caben desde Raúl Alfonsín hasta Mauricio Macri. Sin excepciones. El paisaje lo exhibe: los años de Cambiemos, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como estandarte, pretendieron perfilar una política (sin abrir juicio de valor) que la nueva administración intenta desarmar ladrillo por ladrillo. Sin tratar, siquiera, de evaluar la continuidad de algo. En el medio están las policías y las fuerzas federales.

Ese péndulo, como en la mayoría de las áreas de poder, no sólo responde, en principio, a supuestas miradas diferentes. También, al afán por extraer rédito político. En la problemática de la inseguridad, más que en otras, se descubre la orfandad de planes consensuados. Políticas de estado, se denominan.

Un mes no parece tiempo prudente para un juicio tajante. Pero los primeros pasos de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, estarían encaminados, básicamente, hacia el derogacionismo. La eliminación de normas dictadas por su antecesora. Ninguna decisión que oriente, por el momento, el rumbo que tomaría la cartera a su cargo.

Frederic derogó el uso de las pistolas Taser. Además, el Servicio Cívico Voluntario que nunca se implementó y el llamado protocolo Chocobar. Se trata de la resolución que amparó el accionar del policía bonaerense de ese apellido, que en 2017 mató por la espalda a un joven de 18 años que había apuñalado en La Boca a un turista de Estados Unidos. El kirchnerismo lo enarboló como un supuesto caso de impunidad y “gatillo fácil”. Mucho antes de eso, la Justicia había decidido someterlo a juicio por el delito de “homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber”.

La ministra de Seguridad tuvo por las pistolas Taser un primer encontronazo con Sergio Berni. El ministro de Seguridad de Axel Kicillof en Buenos Aires suele defender su utilización con una interpelación de sentido común. Parecida a la de Bullrich. ¿Es preferible, entonces, habilitar el uso de armas convencionales? ¿Qué hieren y matan? Puede ser que a Berni se le haya ido la mano en la alusión a que Frederic nunca tuvo que actuar en medio de desórdenes. Puede ser, también, que le corresponda una dosis de inconveniente razón. La ministra se nutrió siempre en la academia y el laboratorio.

Alberto Fernández respaldó a Frederic. Dijo que representa con exactitud lo que él mismo piensa en materia de combate contra el delito. Se ignora qué. Se añadiría entonces un inconveniente de comunicación. Berni replicó al Presidente e instaló una intriga de Palacio precoz. Sobre un asunto de alto riesgo –la inseguridad-- y de enunciados aún vaporosos y ambivalentes.

El ministro de Seguridad bonaerense no es un teórico. Sus fundamentos están en el comportamiento público que tuvo como funcionario de Cristina Fernández. Quien lo ungió ahora –como a Frederic- para resguardar a Kicillof del drama que la delincuencia y el narcotráfico representan en Buenos Aires. Berni, en un punto sensible, comenzó a coincidir con la ministra. Opina que la lucha contra el narcotráfico en el mundo, tal como se desarrolla, ha fracasado. Frederic le añade tinte ideológico: cree que se trataría de un nuevo mecanismo de supuesta sujeción ideado por Washington. Otra vez la deconstrucción. ¿Qué estaría cavilando el Gobierno para combatir a los narcos? ¿O repetiría la política laxa y destructiva que signó al anterior kirchnerismo?

La distinción que, en ese terreno, Alberto estaría buscando respecto de Mauricio Macri puede resultar engañosa. Porque el pasado tiempo kirchnerista no resultó ni tan distinto ni tan innovador. Menos aún eficiente. Un ejemplo: luego del crimen de Axel Blumberg en 2004 la administración de Néstor Kirchner endureció penas que consagró el Congreso. Cuando recrudeció el delito en Buenos Aires se recurrió a la saturación policial. Lo mismo sucedió con las bandas narcos en Rosario. Esa vez con gendarmes. Cristina redobló la apuesta. Después de ralear de gendarmes las fronteras del país, que facilitó la penetración del narcotráfico, resolvió cubrirlas con miembros de las Fuerzas Armadas. Tampoco se privó de utilizar a los militares para tareas de inteligencia. Alcanza, para refrescarlo, con la figura del ex jefe del Ejército, César Milani. Recientemente absuelto en dos juicios por crímenes de lesa humanidad.

El kirchnerismo, por lo visto, supo construir su política de seguridad, en apariencia garantista, con mucho relato. Tanto, que a partir del 2008 el Ministerio de Justicia dejó de difundir cifras sobre delincuencia y criminalidad. Ese vacío facilitó su palabra. Pero un informe del 2015 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Narcotráfico resultó lapidario: en la década K la Argentina se convirtió en el tercer proveedor mundial de cocaína y uno de los dos con mayor tasa de robos. Las medidas, pese a eso, surgieron apegadas en general a lo convencional. Trasuntaron improvisación. El mismo temor que circula ahora, bien temprano. Nada de fondo varió en las policías, la Prefectura y la Gendarmería. La novedad indeseada fueron ciertas atribuciones obsequiadas a los militares.

La contradicción entre hechos y palabras tiene un registro contundente estos días. Rosario sufre una ola de crímenes a partir de la asunción del peronista Omar Perotti en reemplazo del socialismo. El gobernador colocó al frente de la seguridad a un experto garantista, Marcelo Saín. Ex titular de la Policía Aeroportuaria durante un tramo del kirchnerismo. El ministro hizo una purga en los mandos policiales, pero no logra frenar aquella ola. Hubo 17 asesinatos en dos semanas.

Pidió entonces al jefe de la Policía provincial, Víctor Sarnaglia, que autorice a sus agentes a portar el arma reglamentaria lista para disparar, con cartucho en la recámara. Quizás también vayan a la ciudad refuerzos de la Gendarmería. Porque, al decir de Sain, “hemos tocado a grupos que manejan negocios enormes”. Cualquier parecido con la época de Bullrich no sería mera casualidad.


Eduardo van der Kooy

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