Mariano Spezzapria

Mariano Spezzapria

La grave situación que atraviesa de Santa Cruz está destinada a ser el centro de la agenda pública durante un buen rato, por razones políticas, económicas y de relación entre el Gobierno nacional y la provincia patagónica. O lo que es lo mismo, entre el macrismo y el kirchnerismo, las dos fuerzas que convierten su antagonismo en una confrontación que tiene una notoria proyección electoral.

 

La salida de Carrió del escenario electoral bonaerense, con el que coqueteó en los últimos meses, se convirtió en el primer gran ordenador de la grilla de candidatos que los votantes de la Provincia encontrarán en el cuarto oscuro en las primarias de agosto y los comicios generales de octubre. Por eso el anuncio de “Lilita” no debe interpretarse solamente en clave interna de Cambiemos.

 

La próxima elección en la provincia de Buenos Aires es motivo de desvelo en el Gobierno y también en las fuerzas de oposición. Y no es para menos, porque se pondrán en juego tanto la gobernabilidad de Cambiemos como los liderazgos que puedan emerger en el fragmentado arco peronista. Por eso los nombres que están en danza son los de primeras figuras políticas del país.

 

 “Nunca más a la interrupción del orden democrático”. La exhortación fue colocada en un cartel detrás del cual posó para la foto una veintena de diputados de Cambiemos, en las horas previas a las marchas por el 24 de marzo que fueron muy críticas del Gobierno nacional. La frase reflejó el estado de ánimo que invade a la alianza oficialista, que se siente bajo asedio de la oposición.

 

Aunque este mismo miércoles se verá una marcha importante entre el Congreso y la Plaza de Mayo, donde los gremios docentes dejarán en claro que se oponen a la política educativa del presidente Macri, el conflicto que deja sin clases a millones de alumnos primarios y secundarios en distintos puntos del país –con su foco más dañino en esta Provincia- entrará en un impasse.

 

Los ideólogos del Gobierno acuñaron en los últimos días un pensamiento que repiten como un mantra las principales figuras del PRO, tanto en las reuniones a puertas cerradas como en los discursos públicos. Se trata de un concepto según el cual “el cambio es incómodo”, ya que viene a remover estructuras anquilosadas tanto en el terreno de la política como en materia económica.

En el imaginario kirchnerista, esa será una devolución de gentilezas porque su jefa tiene que presentarse a declarar, el mismo martes por la mañana, ante el juez federal Bonadio en la causa “Los Sauces”, que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero por parte de la familia Kirchner cuando estuvo en el poder. Esa citación viene envuelta en rumores de todo tipo.

 

El segundo discurso de Macri ante la Asamblea Legislativa, desde que asumió como Presidente, dejó a un lado cierta candidez inaugural de su gestión y reflejó una idea que viene madurando en el Gobierno: la necesidad de meterse de lleno en el barro de la política, aunque sea riesgoso, para confrontar con los que se oponen al cambio. En sus propias palabras, los que “nunca lo quisieron”.

 

Endurecerse para que no se genere un clima de ingobernabilidad. Esa fue la decisión que adoptó el Gobierno nacional –en coordinación con la Provincia y la capital- para hacerle frente a la embestida sindical, tanto en el sector de los docentes como en la rama industrial, que ya tienen convocados paros y marchas para la semana próxima, en una escalada que podría continuar.

 

En un escenario de conflicto sindical y dificultades económicas

 

El costo político que pagó el Gobierno fue muy caro en la semana que pasó. No sólo porque debió dar marcha atrás con varias decisiones, como el polémico acuerdo por el Correo, el mal cálculo de las jubilaciones y la avanzada contra la jueza Highton, sino especialmente porque en el terreno de lo simbólico, comenzó a resquebrajarse la idea de que se trata de una administración eficiente.

 

La polémica abierta por el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri por una deuda que el holding mantenía desde la época en la que operó el Correo, amenaza con convertirse en el tema central del debate político en el inicio del año electoral. Se trata de un asunto con implicancias institucionales, a tal punto que el presidente Macri y su ministro Aguad acaban de ser imputados por la Justicia.

 

El inicio del “mini Davos” dejó mucha tela para cortar. Como suele suceder en este tipo de foros, lo más jugoso no estuvo en los discursos formales de los protagonistas -el Presidente, sus ministros y poderosos empresarios que llegaron al país invitados especialmente- sino en el detrás de escena, entre las ponencias, donde los comentarios políticos y económicos estuvieron a la orden del día.

 

Los números que maneja el Gobierno para 2017, de acuerdo a lo previsto en el proyecto de Presupuesto Nacional que empezó a discutir el Congreso, permiten sacar dos conclusiones de orden político y económico: la primera es que el oficialismo postergará su objetivo de reducir el déficit fiscal a causa del año electoral. La segunda es que no quiere frenar la posible reactivación.

 

Señales de Macri, a la espera de la reactivación El ministro Aranguren tomó nota. Fue en el inicio de la audiencia pública por la suba del gas.

 

 “Ojalá que Dios no me mande nunca a ese Senado”. La plegaria política fue expresada en público por Elisa Carrió, en medio de la reunión de la comisión de Relaciones Exteriores que debatió el traspié del presidente Macri y de la Cancillería respecto de la soberanía de las Islas Malvinas. Los diputados que la escucharon no pudieron evitar las conjeturas sobre el sentido de esas palabras.

 

En un país presidencialista como la Argentina, el estilo de conducción de quien ejerce la primera magistratura suele ser determinante.

 

El regreso de las estadísticas oficiales sobre la pobreza confirmó que la Argentina padece un problema estructural.

 

La diputada exhibió una manzana a mano alzada y elevó el tono de voz hasta alcanzar un tono agudo e intenso. Con esa simple acción, le alcanzó para romper la monotonía de una sesión en la que las formas predominaban sobre el fondo del debate político.

No fue un acto más el que encabezó ayer Margarita Stolbizer. Y no lo fue solamente porque presentó su libro “Yo acuso”, en el que abunda sobre el sistema de corrupción que montó el kirchnerismo en el poder. Sobre todo, el lanzamiento realizado en el Palacio San Miguel porteño cristalizó el ascenso político que experimentó este año la diputada nacional por la Provincia.

 

Una protesta visible, callejera, ruidosa y otra intramuros, silenciosa, de perfil bajo, debió soportar el gobierno en los últimos días. La primera llegó a modo de advertencia de sectores sindicales y políticos que no disimulan su malestar con el presidente Macri. La segunda se corporizó en las quejas de los empresarios que no sienten que la economía esté en camino de la reactivación.

 

El gobierno sostiene que ya hay indicadores que anticipan una reactivación. La oposición, en cambio, es mucho menos optimista. Los gremios, directamente, aseguran que el macrismo profundizó los problemas que dejó el kirchnerismo. La economía es hoy el principal motivo de discusión política en la Argentina.

 

Más allá de lo que dijo o lo que dejó de decir, la irrupción de Mauricio Macri en la discusión pública sobre la marcha de su propia gestión fue sintomática en los últimos días. En una serie de entrevistas televisivas que le aseguraron llegada a una audiencia masiva y por ende repercusión garantizada, el Presidente desplegó una estrategia tendiente a la recreación de expectativas.

 

La alianza entre el gobierno y el campo es uno de los hechos más relevantes de la Argentina actual. Esa sociedad, que no se verifica sólo en términos económicos sino también políticos, quedó de manifiesto con la presencia de Mauricio Macri en la apertura de la tradicional exposición de Palermo, donde el Presidente y la dirigencia rural proyectaron un futuro mancomunado.

 

Tarde, pero seguro. Esa parece ser hoy la consigna aplicada por jueces, fiscales, camaristas y cortesanos para abordar los casos de corrupción que ya son considerados, a esta altura, como algunos de los más resonantes de la historia. Ayer mismo tuvo que ir a los tribunales una ex presidenta, al tiempo que un ex jefe de Gabinete era señalado por un narco.

Desde mañana, la Corte Suprema de Justicia empezará a transitar un sendero estrecho en procura de resolver algo que el Gobierno no supo hacer: congeniar la necesidad fiscal del Estado de aliviar la pesada carga que representan los subsidios al sector energético, con la reacción popular, ya que a muchos les cuesta demasiado pagar las nuevas tarifas. La tarea del tribunal no parece nada sencilla.

No son lo mismo y se nota a la distancia. Algunos estuvieron junto a Cristina Kirchner hasta el último minuto. Otros, menos orgánicos, la enfrentaron cuando vieron que su liderazgo entraba en fase de decadencia. Pero si bien aún tienen facturas que pasarse por su comportamiento en la era K, ahora los empieza a unificar un sesgo de cuestionamiento hacia el gobierno de Mauricio Macri.

En sólo siete meses, Mauricio Macri comprobó lo difícil que es gobernar la Argentina. El Presidente sufre en carne propia los desaguisados de la gestión anterior, que dejó la economía con respirador artificial y la política detonada por la intolerancia, lo que se desparramó sobre la sociedad con los efectos ya conocidos. Semejante cuadro no ofrece respiro ni margen para la improvisación.

 

Cuando el PRO empezó a explorar la idea de aliarse con el radicalismo para consolidar el proyecto presidencial de Mauricio Macri, lo hizo bajo una premisa que inicialmente parecía soberbia, aunque ahora va adquiriendo otro significado. Esa idea fue simple pero contundente: los partidos políticos que dominaron el siglo XX serán superados por nuevas fuerzas surgidas en el siglo XXI.

Un ministro le echó la culpa de la inflación a otro ministro. Un diputado quiso golpear a otro diputado. Un juez y un fiscal llamaron a una conferencia de prensa y un superior les negó el lugar para realizarla. Los tres hechos ocurrieron en los últimos días y fueron una muestra del clima que se respira en los poderes del Estado, donde nadie luce satisfecho con la cruda realidad nacional.

 

Mientras sigan conociéndose detalles de los vínculos de personajes importantes del kirchnerismo con el tristemente célebre monasterio de General Rodríguez, al peronismo le será imposible iniciar un proceso de renovación interna.

Las fotografías se suceden: Macri con Hollande, con Angela Merkel, con Obama. El Presidente busca reinsertar a la Argentina en el mundo, tras los años de aislamiento K. Trata de convencer a las potencias mundiales de que el país está apto para recibir inversiones. Aunque para ello deba apelar a sus propias esperanzas sobre la estabilidad política y económica nacional.

Un acuerdo con el Frente Renovador massista y el Bloque Justicialista escindido del FpV kirchnerista le permitió ayer a la alianza gubernamental Cambiemos avanzar con un dictamen de mayoría para el proyecto de “ley ómnibus”, que incluye el pago de la sentencias favorables a los jubilados, el blanqueo de capitales y el acuerdo de coparticipación con las Provincias.

Unos y otros se acusan de algo que no ocurrió y que difícilmente vaya a ocurrir. Están jugando a la política, de la cual no se pueden despegar incluso en los años que no son electorales.

El entreverado debate por la ley antidespidos, cuya resolución comenzará a conocerse hoy en la Cámara de Diputados, puso sobre el tapete un asunto de fondo para el futuro inmediato del país: la interacción entre el Gobierno y el Congreso, en una etapa en la que el oficialismo no tiene mayorías propias. Por lo visto hasta el momento, esa relación quedaría entre algodones.

Los radicales están preocupados. Saben que después del veto presidencial a la ley antidespidos, al gobierno del que forman parte le aguarda una cuesta empinada por transitar, tanto en el Congreso como en la relación con los sindicatos y las fuerzas políticas de oposición. Por eso, empezaron a definir una estrategia tendiente a buscar acuerdos estables de gobernabilidad.

Mejor que explicar es hacer. Una idea simple y efectiva, pero que a veces los gobiernos pierden de vista cuando los tecnócratas le ganan terreno a los realizadores.

El Presidente tiene un problema. O muchos, depende de cómo se lo mire. Pero el principal inconveniente que se le presenta por estos días a su joven gestión es el estado de desbande en el que se encuentra el peronismo. Las idas y vueltas en el Congreso con la ley antidespidos y la multitudinaria marcha de los sindicatos no hacen más que expresar la atomización del justicialismo.

La política argentina está enredada. El gobierno quedó encerrado en el debate por los despidos, en buena medida porque anticipó el veto a una ley que todavía no existe.

 “En tres meses, estaremos en el uno por ciento mensual”. Elisa Carrió se paró frente a los micrófonos y buscó llevar tranquilidad en uno de los asuntos que desvelan a los argentinos: la inflación.

En el Gobierno hubo unos cuantos funcionarios que se pusieron nerviosos. También se alteraron los ánimos entre la dirigencia partidaria de Cambiemos. Ese clima político se respiraba además entre los opositores más acérrimos a la gestión presidencial. Todo les hacía pensar, a ambos sectores, que la CGT se encaminaba a un paro general y que el país entraría en zona de turbulencia.

 

Un reclamo profundo, surgido de las entrañas de la sociedad, saldrá a la superficie esta semana para interpelar a gobernantes, dirigentes políticos y miembros del poder judicial.

 

Cuando la mayoría de los sectores políticos y sociales, incluidos algunos miembros del propio gobierno, pensaban que la Argentina se encaminaba hacia otro fin de año tumultuoso, debido al impacto de algunas medidas económicas y a las tensiones con sectores de oposición, las fichas empezaron a acomodarse de una forma impensada pocas semanas atrás.

 

El gobierno de Cambiemos ya consumió el 20% de su mandato de cuatro años y no pudo articular todavía una política de largo plazo.

 

 “Si no hacemos acuerdos cuando somos minoría, nos quedamos en el testimonio”. La frase pertenece a un encumbrado dirigente del PRO en el Congreso, que defiende las frecuentes negociaciones del partido oficialista con el Frente Renovador massista y con el peronismo no kirchnerista, incluso cuando eso provoca el enojo de los socios radicales y de Elisa Carrió.

 

La discusión parlamentaria de proyectos económicos de relevancia, como el Presupuesto para 2017 y la participación privada en la obra pública que propuso el Gobierno, dejó una inquietud flotando en el ambiente político: que el “fantasma de los años pares” no vuelva a precipitar un ajuste de las cuentas públicas, como sucede este 2016, tras los dispendios de un año electoral.

 

 “Nosotros tenemos que hacer exactamente lo contrario de lo que hizo el kirchnerismo”. La frase fue atribuida a uno de los principales funcionarios del gobierno, que intentaba explicar a un grupo de legisladores de Cambiemos la lógica política que guiaría del oficialismo.

 

La política es una expresión de la voluntad. Entre tantas definiciones posibles para la actividad, esa sería la única capaz de justificar que aquí en la Argentina se haya interpretado, en sectores tan disímiles como el macrismo o el kirchnerismo (el actual gobierno y el anterior), que la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos se debió a una reacción popular contra el establishment político, económico e intelectual.

 

El Presidente recibió el apoyo de gobernadores opositores al proyecto que debate el Senado

 

No es que haya perdido el control de la situación, pero algunos hechos ocurridos en los últimos días pusieron al gobierno en la necesidad de replantear el escenario que preveía para fin de año.

 

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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