Sábado, 25 Abril 2020 21:00

Horacio Pietragalla, el funcionario que avanza en silencio para liberar a los presos por corrupción - Por Nicolás Wiñazki

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Presentó siete pedidos, pero por ahora la Justicia se los rechazó. Invocó el riesgo de contagio de coronavirus. En la mayoría de los casos, se trata de presos por corrupción.

 

En las últimas semanas, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, actuó de modo formal ante diferentes juzgados para lograr la liberación de siete presos. Al menos cinco de ellos están o estuvieron detenidos por causas de corrupción. El funcionario actuó en secreto. Logró que la mayoría de esas acciones no trascendieran ante la opinión pública. Salvo su último pedido de liberación. de un preso emblemático: el ex secretario de Transporte K, Ricardo Jaime.

Pietragalla Corti causó estrépito en el poder y en parte de la sociedad cuando se supo que solicitó la libertad de Jaime argumentando que mientras siguiera detenido en la cárcel de Ezeiza corría riesgo de contagiarse de Covid-19. En el mismo escrito que analizó la Cámara de Casación Penal Federal, Pietragalla agregó también que Jaime no debía cumplir la condena de Jaime no estaba firme, por lo cual violaba entonces las normas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Conocido el pedido por Jaime, se desató un escándalo. El Gobierno Nacional, a través de un funcionario del Ministerio de Justicia, intervino ante un tribunal para liberar a uno de los hombres de mayor confianza de los Kirchner que está preso por tres causas de corrupción distintas. Fuentes gubernamentales aseguraron entonces que ni la ministra de Justicia, Marcela Losardo, jefa en los hechos de Pietragalla, ni tampoco el presidente, Alberto Fernández, sabían que su secretario de Derechos Humanos había trabajado en esa cuestión. Al día siguiente, trascendió que Pietragalla Corti, siempre acompañado por el Director Nacional Contra la Violencia Institucional, Mariano Pryzbilski, también había intervenido para buscar la liberación de otro preso ligado a actos de corrupción K, Martin Báez, hijo de Lázaro Báez, ex socio de la vicepresidenta Cristina Fernández.

Clarín puede confirmar que el secretario de Derechos Humanos y su Director Contra la Violencia Institucional pidieron al Poder Judicial por la libertad de cinco presos más. Era información que se desconocía de modo completo. Este diario reconstruyó el accionar de Pietragalla Coti y Pryzbilski gracias a fuentes judiciales, pero también del propio Gobierno. En todos los casos, el funcionario falló. La Justicia rechazó sus planteos con argumentos rotundos.

Entre los siete pedidos de liberación que se ejecutaron desde la Secretaría de Derechos Humanos, cuenta uno que no se hizo por escrito. Una de las juezas que había ordenado la detención del ex piquetero Luis D'Elía recibió un llamado de Pryzbilski, quien haciendo alusión al cargo público que ocupa, presionó para que D'Elía saliese en libertad. Ocurrió, pero no por esa comunicación informal.

La magistrada Sabrina Namer, que había rechazado ya la liberación D'elía que luego se logro por otros medios, recibió la llamada del subalterno de Pietragalla Corti, y luego elevó un escrito a la Secretaría de Derechos Humanos informando sobre la situación, a la que Namer calificó como "llamado inapropiado".

El resto de los presos por los que pidió el secretario de Derechos Humanos están vinculados, en casi todos los casos, a expedientes por corrupción.

Después de que se conocieran solamente dos de las gestiones de Pietragalla Corti al Poder Judicial, el presidente Alberto Fernández lo citó en la Quinta de Olivos. El secretario de Derechos Humanos forma parte de un numeroso grupo de funcionarios que responden a otra jefatura política, la de Cristina Fernández.

Según fuentes oficiales, el cara a cara entre los dos duró pocos minutos.

Pietragalla Corti emitió a las pocas horas un comunicado de prensa subido a la web de su organismo en el que explicó por qué hizo lo que hizo.

Ningún vocero de la Presidencia despegó a la Casa Rosada de las aventuras judiciales de Pietragalla Corti, pero en off the record criticaron su accionar.

El caso es más grave aún de lo que se conocía.

Como se dijo, lo cual fue suficiente para generar un rechazo a la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, la Secretaría de Derechos Humanos solicitó la libertad de Jaime, Báez. Y por la D’Elía, aunque a través de un método calificado por la Justicia como "inapropiado".

Siempre de acuerdo a la información calificado a la que accedió Clarín, el funcionario también actuó en el expediente caratulado "Pereira, Ariel Fernando S/ Fraude a una Administración Pública con la modalidad de delito continuado".

Ariel Pereira es militante del PJ-K, ex concejal de la ciudad de Goya, Corrientes. Fue preso después de que un tribunal lo condenara por haber cobrado un plus de su salario correspondiente a quienes tienen un título universitario. Pereira no lo tenía. La Secretaría de Derechos Humanos consideró que su detención era "política", una especie de revancha impulsada por dirigentes afines a Juntos Por el Cambio.

Pietragalla Corti también se presentó ante la Justicia para lograr la liberación de otra militante de Corrientes afín al "cristinismo", la ex intendente de la localidad de Perugorría, Angelina Lesieux. Fue condenada por haber cometido supuestos actos de corrupción con fondos públicos destinados a la construcción de viviendas. Leiseux, igual que otros presos por los que la Secretaría de Derechos Humanos se presentó en los tribunales, se considera una "presa política".

La Justicia rechazó su arresto domiciliario.

Pietragalla Corti fue eficaz en sus gestiones: todas fracasaron.

Pero existieron.

Pietragalla Corti usó en este expediente los mismos argumentos que en el escrito que presentó ante la Justicia para liberar a Ricardo Jaime. En su escrito elevado a un tribunal correntino, aseguró que Leiseux debía tener una morigeración de su detención debido al peligro de ser contagiada por Coronavirus en la cárcel. E insistió con que su sentencia no estaba firme.

Casi un calco de los fundamentos que la Cámara de Casación Penal rechazó en el caso Jaime.

Primero, porque un informe médico del Servicio Penitenciario Federal (SPF) indica que Jaime no es un detenido con riesgo de contraer Covid-19.

Y después porque la condena de Jaime está firme: "No debe olvidarse que Ricardo Jaime se encuentra cumpliendo una pena, es decir, que su condena está siendo ejecutada; y que, como dijimos, no se verifica en su caso ningún supuesto legal para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria ni tampoco una situación excepcionalísima que permita apartarse de la ley expresa”, redactaron en su fallo los magistrados que rechazaron el pedido de la Secretaría de Derechos Humanos.

Pietragalla Corti también intervino en otro expediente, en un caso cuyo afectado se llama Rubén Ortiz.

Y pidió el arresto domiciliario para Flavia Saganías. La Justicia de Córdoba la condenó a una pena de 23 años de cárcel de cumplimiento inmediato tras comprobar que había sido autoría de los crímenes de privación ilegítima de la libertad, abuso sexual gravemente ultrajante doblemente calificado y homicidio doblemente calificado en grado de tentativa. Ocurre que posteó en su Facebook que su ex marido había abusado de su hija, una acusación que la investigación judicial demostró que era falsa. Debido a ese posteo, la casa del ex esposo de Saganias, de apellido Fernández, fue atacado por supuestos escrachadores de un crimen que no cometió. Destruyeron su casa. Lo ataron a un árbol, fue apuñalado, golpeado y vejado: simularon que lo fusilaban. Fue hospitalizado, pero sobrevivió.

¿Los pedidos de Pietragalla fueron ejecutados por orden de la que él considera es su jefa política, Cristina Fernández?

El Ministerio de Justicia dan por terminado los hechos, pero admiten que la ministra Losardo enfureció por la defensa estatal para Jaime. Siempre de acuerdo a trascendidos.

Pietragalla Corti sostuvo su argumento sobre el posible riesgo de contagio coronavirus que corría Jaime en la pericia de parte de un médico llamado Jorge Rachid. Es un militante del "cristinismo" que también solicitó el arresto domiciliario de Milagro Sala, la dirigente social presa en Jujuy por diferentes desfalcos, y que fue nombrada en el escrito de Pietragalla Corti en el que pidió por Jaime.

Rachid es amigo además de Luis D'Elía. Los tres comparten con Pietragalla Corti las críticas al "estado asesino de Israel" (el secretario de Derechos Humanos describió así a esa Nación en tuits desde su cuenta personal).

Incluso D'Elía y Rachid tienen un amigo en común. Es el iraní Moshen Rabbani, acusado por la Justicia de ser el ideólogo del atentado contra la sede de la AMIA.

Hay fotos que prueban ese vínculo.

Pietragalla Corti, por ahora, seguirá en su cargo.

Nicolás Wiñazki

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