Jueves, 21 Enero 2021 13:53

El país de los planes sociales: la mitad de los argentinos recibe al menos uno - Por Diego Cabot

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Es posible que la política social argentina jamás se haya propuesto construir un laberinto borgeano. Pero, como con tantas cosas que no se ha planteado como objetivo, con el mundo de los planes sociales ha logrado la más perfecta creación. 

Vericuetos intrincados, pasillos burocráticos inentendibles, centenares de miles de millones de pesos distribuidos sin transparencia y superposición de programas que llegan por diferentes caminos a las mismas personas. Y como en todo buen laberinto, la Argentina no ha podido encontrar la salida al dilema de los planes sociales. Más aún, parece más empeñada en construir nuevas opciones que en encontrar la puerta de escape. 

Sólo para empezar a despuntar la madeja. El 55% de las personas que habitan la Argentina estuvo alcanzada por alguna cobertura de programas sociales de transferencias de ingresos y asistencia alimentaria. Ese número era 32,9 en 2010 y de 40,3% cinco años después. Mauricio Macri dejó la presidencia con un 43,8% y Alberto Fernández lo llevó, en plena pandemia, a 55%.

Si en vez de contar personas se miran los hogares, la situación es alarmante. En los últimos 10 años, se duplicó el número alcanzado por ayuda alimentaria. En 2010, un 24,4% de los hogares recibía algún auxilio estatal. Este año, ese indicador ya está en 47,4%, prácticamente el doble.

Pero permita el lector una apertura de ese número. Al hacer zoom en ese porcentaje, es atendible que el 83,% de la población de nivel socioeconómico muy bajo tenga asistencia alimentaria así como el 68,3% del nivel bajo. Ahora bien, según los datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la democracia argentina ya ha logrado que el 43,7% de los sectores medios bajos sean socorridos por el Estado con alimentos. Y como frutilla del postre, el 11,8% de la población con nivel socioeconómico medio alto también recibe alimentos o dinero para comprarlos. La política parece resuelta a darle de comer en la boca a cada vez más gente antes que proponer un país en el que la mayoría se procure su alimento.

La mayoría de esos más de 22 millones de habitantes del país que recibe un programa alimentario percibe otros montos como, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), que alcanza a 4 millones de madres. En ese hogar podría haber, además, un cobro por el Plan Potenciar Trabajo, que tiene una meta en el Presupuesto 2021 de 870.000 beneficiarios y que, según datos del Presupuesto Nacional, reservó para este año 101.000 millones de pesos, algo así como 276 millones de pesos diarios. O si el lector prefiere, 11,5 millones de pesos por hora.

También se podría sumar el Plan Progresar, si el beneficiario se anota en un programa de educación superior y que el año 2019, antes de la pandemia, tenía 578.000 becas.

Pero si hay hijos menores de seis años, ese hogar tendrá la Tarjeta Alimentar, el único y millonario aporte de la ya desarticulada y olvidada Mesa del Hambre, que distribuyó alrededor de 300 millones de pesos por día, repartidos en 1.567.751 créditos prepagos que se acreditan todos los terceros viernes de cada mes. De acuerdo a la cantidad de menores ($4000 por un hijo y $6000 por dos o más) será el importe a consumir, y con ellos se podrá comprar cualquier producto de supermercado menos bebidas alcohólicas.

Superposición de planes

¿Eso es todo? Pues no. También podría estar anotado en el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que consiste en "la promoción y el fortalecimiento del acceso a la canasta básica de alimentos". Traducido: entrega de alimentos supuestamente muy saludables desde la seguridad nutricional, como harina de trigo, harina de maíz, pastas secas, panificados envasados del tipo galletitas dulces y saladas, tomates en lata, azúcar y yerba.

Hay más. Si se toma el ejemplo de una persona que vive en La Matanza, por caso, bien podría sumar beneficios provinciales y municipales. De acuerdo a un trabajo de Idesa, instituto de investigación que dirige Jorge Colina, aquel beneficiario con domicilio más allá de la General Paz podría verse cubierto por el Programa de Fortalecimiento a la Red de Espacios Comunitarios, un sistema provincial que apunta a reforzar las prestaciones alimentarias de 1000 organizaciones de la sociedad civil como merenderos o comedores. "La logística consiste en la entrega de una tarjeta de débito asociada a una caja de ahorro abierta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a nombre del responsable del supuesto ámbito social", explica Colina.

Si en el hogar hay menores podría la familia inscribirse en el programa Un Vaso de Leche por Día, una creación del gobierno de María Eugenia Vidal que requiere que los municipios releven y empadronen a los niños con deficiencias alimentarias básicas para que el gobierno provincial envíe el equivalente a un vaso de leche por día para cada niño anotado.

Si en ese núcleo hay integrantes de la tercera edad, se suma el programa provincial Hogares Adultos Mayores, que también prevé la entrega de bolsones alimentarios supuestamente sanos y adecuados para esa población. En general, consiste en carbohidratos de digestión rápida y se utilizan como canal de distribución clientelar los centros de jubilados o los lugares de día para adultos mayores.

Finalmente, existe el Plan Alimentos Especiales, para “contribuir y garantizar la seguridad alimentaria a personas en condiciones de vulnerabilidad social con necesidades especiales como lo podrían representar celíacos, inmunosuprimidos y personas padecientes de VIH/SIDA”. Este, a su vez, se subdivide en dos programas: PAAC (Programa de asistencia alimentaria al paciente celíaco) y PAAI (Programa de asistencia alimentaria a inmunodeprimidos). “La ayuda concreta es un monto de dinero entregado el primer día hábil del mes, a través de la acreditación en una caja de ahorro con tarjeta de débito del Banco de la Provincia de Buenos Aires”, consigna el documento de Idesa.

La gama de posibilidades de acceso a laberintos asistenciales parece no terminar. Como se dijo, si el hogar relevado se localiza en La Matanza, también se puede golpear la puerta del municipio. Allí, y según la página de Desarrollo Social de la intendencia, funciona el Programa Municipal de Servicios Alimentarios mediante el que se apunta a “los barrios más distantes y más vulnerables con tres planes de acceso a alimentos. El eufemismo planes significa tres tipos de bolsones con cantidades diferentes de los mismos alimentos, en general los carbohidratos tradicionales en estas ayudas, como harinas, pastas secas y galletitas. El ´plan´ asignado es según cantidad de miembros de cada familia beneficiaria, y las entregas mensuales tienen una particularidad: no se realizan en las delegaciones municipales sino en las ´organizaciones de la sociedad civil´”. Un festín para punteros que son quienes confeccionan las listas de los beneficiarios.

Para los niños de La Matanza, existe el Programa de Desarrollo Infantil, que distribuye bolsones a instituciones que supuestamente “favorecen el desarrollo de una niñez radiante y feliz”. Se utilizan, en general, merenderos y comedores específicos para chicos y guarderías comunitarias.

Los mayores tienen lo suyo en La Matanza. Para esa franja se creó el programa municipal Vale Vida Tercera Edad. “En sintonía con la provincia, pero en forma independiente, el municipio ejecuta un programa alimentario destinado a mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad social. Con continuidad del sistema eufemístico planes, se entregan bolsones con alimentos supuestamente saludables para la tercera edad, que, al igual que la provincia, consiste básicamente en carbohidratos. El canal clientelar en este caso también son los centros de jubilados, centros de día para la tercera edad, etcétera”, sostiene el documento de Idesa.

Para terminar la cadena alimentaria, La Matanza creó el programa Más Vida. La intendencia reconoce que administra fondos enviados por el gobierno provincial y tiene como objeto acompañar alimentariamente a la población materno infantil en riesgo, a través del refuerzo nutricional de mujeres embarazadas y niños. En general, consiste básicamente en el reparto de leche y huevos, y representaría la continuidad del histórico plan “manzaneras”, implementado en los 90 durante la gobernación de Eduardo Duhalde.

En épocas de pandemia, a ese núcleo familiar seguramente también le llegó el IFE, el ingreso de emergencia con el que el Gobierno socorrió a 8,9 millones de argentinos en medio de la crisis por el coronavirus.

Laberinto sin salida

Es posible que jamás la política hubiese querido emular a Jorge Luis Borges. Más aún, hace pocas semanas, el kirchnerismo quitó una frase del Centro Cultural Néstor Kirchner: "Nadie es la Patria, pero todos lo somos". Un pasaje del poema Oda escrita en 1966 se convirtió en una polémica entre el oficialismo y la oposición.

Pero que no tema el genial escritor. La política construyó el más notable laberinto que se pueda imaginar en materia de planes sociales. Sedimentó, además, un Estado que tiene 3,7 millones de empleados públicos. Según un trabajo de Roberto Cachanosky realizado en 2019, también le pone dinero en el bolsillo todos los meses a 19,5 millones de personas entre planes sociales, jubilaciones, pensiones, seguros de capacitación y desempleo y, por supuesto, empleados estatales o de empresas oficiales. Casi la mitad del país pasa por ventanilla.

En 2020, esos prácticamente 20 millones seguramente se hicieron más, aunque no se sabe cuánto. El IFE sumó 8,9 millones y el pago de salarios al sector privado, ATP, benefició a 328.000 empresas que ingresaron en al menos una oportunidad, con alrededor de 3,07 millones de empleados. También, la mencionada Tarjeta Alimentar, con 1,5 millones más. Claro que, como se explicó, muchos de estos beneficiarios ya estaban en aquel total.

Para completar el relevamiento, se debería golpear la puerta de cada una de las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires y los casi 1300 municipios. Aparecerán miles de planes sociales, la gran mayoría con escaso control, con funciones similares y beneficiarios que se repiten en muchos de ellos. Una verdadera bacanal para la política clientelar; una urdimbre sobre la que se teje gran parte de la política de la Argentina.

No hay caso, por más que aquella frase desaparezca de un muro, Borges tiene un enorme homenaje de la democracia argentina, construido por cada uno de los gobiernos que pasaron por la Casa Rosada. Desde Raúl Alfonsín con las primeras 700.000 cajas del Programa Alimentario Nacional (PAN) hasta estos millones casi 40 años después. Por eso, Borges puede estar tranquilo, no sólo que nadie ve la salida al laberinto, sino que hay un marcado empeño por agregar, a cada paso, un vericueto más.

Diego Cabot

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