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Martes, 04 Mayo 2021 12:06

El Gobierno, ante su crisis más grave - Por Carlos Pagni - (Video)

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La disputa por las tarifas dinamitó la política económica; los riesgos que enfrenta Guzmán para continuar en el poder; Cristina Kirchner, alarmada por el panorama electoral; Alberto Fernández, más débil que nunca 

 


A continuación, sus principales conceptos

Habría que empezar diciendo que este martes la Corte Suprema va a dar a conocer su pronunciamiento respecto del conflicto por la apertura de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, que se plantea entre el gobierno porteño y el gobierno nacional. Va a ser un fallo que ya tiene cuatro votos: el de Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Todos emitieron su voto a favor de la Ciudad menos Elena Highton de Nolasco, que no votó porque considera que la Corte no tiene competencia en el asunto.

Esta novedad, importantísima la semana pasada, pasa a ser una anécdota porque queda perdida como un dato en medio de la crisis que está atravesando el Gobierno. Es una crisis en materia económica y, sobre todo, una crisis de poder. Es la crisis más importante que enfrenta hasta ahora Alberto Fernández. Porque en el drama entre Martín Guzmán y Federico Basualdo se cruzan muchos problemas, muchas fisuras que tiene este oficialismo. Entre el ministro de Economía y el subsecretario de Política Eléctrica de la Secretaría de Energía, un subordinado suyo, al que quisieron desplazar y no pudieron.

Esta crisis es importante porque aparecen dos preguntas centrales, que se hace el propio oficialismo: “¿Qué queremos?”. Sobre todo en materia de política económica. Es decir, el intento frustrado de desplazamiento de Basualdo pone de manifiesto y condensa un enorme problema que viene teniendo este Gobierno desde comienzos del año, mucho más a medida que se acercan las elecciones, que es una discusión más o menos larvada, que ahora queda expuesta, respecto de qué quiere para la economía.

La segunda pregunta es política. “¿Qué somos?”. Algo que también se pregunta el oficialismo y que está detrás de este problema. “¿Somos una coalición diversa donde intervienen distintos actores, en la que, como diría el ministro Guzmán, se sintetizan distintos conceptos? ¿O esto es kirchnerismo enmascarado con otros elementos, es decir, un grupo donde el centro de gravedad, la única voz, la única disposición de una estrategia está en la calle Uruguay y Juncal de la Recoleta, donde ahora está reunida con su equipo íntimo Cristina Kirchner?”.

Hay una discusión sobre la estrategia económica. El concepto central de Guzmán, si uno tuviera que sintetizar mucho, es un concepto que logró imponer dentro del Gobierno cuando el dólar estuvo por tocar los 200 pesos: “Acá sobran pesos”. Y este exceso de pesos genera distintas desviaciones. Entre otras, es uno de los factores de la alta inflación. Y, además, genera presiones sobre el tipo de cambio porque la gente huye del peso e intenta refugiarse en el dólar.

¿Por qué sobran pesos? Porque hay demasiada emisión de moneda. ¿Y por qué hay demasiada emisión de moneda? Porque hay un enorme déficit fiscal que no es susceptible de ser financiado con más impuestos, ni en el mercado de deuda local o internacional. Por lo tanto, la única forma que tiene el Gobierno de financiar ese déficit es emitiendo moneda. Para dejar de emitir moneda y que no haya presiones sobre el dólar, ni haya una inflación tan desbocada, lo que debe hacerse, sostiene Guzmán, es achicar el déficit. Y, como todos los gobiernos, cuando mira el problema fiscal se encuentra con la cuestión energética, porque uno de los rubros más importantes del déficit fiscal es el subsidio para la tarifa de luz y gas y, subrayo este concepto, en el Área Metropolitana.

Por lo tanto, si Guzmán quiere reducir el déficit para resolver aquellos otros problemas, no tiene otro remedio que reducir los subsidios; y reducirlos significa aumentar las tarifas. Es decir, está frente el mismo problema con que se encontró Mauricio Macri y sus ministros de Economía en la gestión anterior. Y, en el fondo, también ante un problema con el que ya se encontraba el kirchnerismo en la otra etapa, y que no lograba resolver.

Esto es importante de destacar. Desde hace muchísimo tiempo en la Argentina no hay política energética, hay política fiscal, en todo caso política monetaria, que define, como consecuencia, una política energética. O, dicho de otra manera, la energía se ha transformado en un problema macroeconómico.

Guzmán diseña esta estrategia, elabora el Presupuesto, y en él decide que debe haber un aumento de tarifas del 35%, o una quita de subsidios del 35%, para que haya un equilibrio y se pueda llegar a un déficit de 4.5 del producto, que es el que está en esa ley. Dicho esto, con un énfasis especial: para aclarar esta discusión que hay hoy en el oficialismo, ese presupuesto con el 35% de recorte en los subsidios (que además está explicitado ese programa en un estudio sobre tarifas que está en el site del Ministerio de Economía) fue votado por todo el oficialismo, incluidos Cristina y Máximo Kirchner. Por supuesto que ahora está en discusión, con el argumento de que nadie preveía la extensión de la pandemia.

Hacia fin de año, Cristina Kirchner se reunió con Guzmán y le dijo: “Mirá, si vos estás ahí es porque yo gano elecciones. Y para ganarlas no debe haber un aumento de tarifas superior al 9% en todo el año”. Muy probablemente, la vicepresidenta tenía en ese momento en la cabeza una cantidad de datos que son los que vuelven, desde el punto de vista político, y sobre todo de la urgencia electoral, muy razonable su planteo.

¿Cuáles son esos datos? Dilma Rousseff cayó arrastrada por un problema de tarifas en Brasil. Tarifas de combustible que impactaron en el transporte y desataron las movilizaciones en San Pablo que terminaron con el impeachment que la sacó del poder.

Cuando uno mira lo que sucedió en Chile, ese gran levantamiento solo suspendido por la pandemia tenía que ver con tarifas, con el costo de los servicios públicos. Si uno mira las encuestas e indaga por qué a Macri le fue mal, por qué perdió las elecciones, hay veinte formas de decir que se debió al ajuste, pero la forma en la que aparece en las encuestas es “por las tarifas”. Si uno mira Ecuador o Colombia son países que han estado con grandes cimbronazos el año pasado por problemas con tarifas energéticas. Entonces, hay todo un recorrido que la inspira a Cristina Kirchner a decir: “Esto es un cable de alta tensión que no quiero tocar en un momento en que tengo que ganar las elecciones y en un momento complicado por la pandemia, la recesión y la alta inflación”.

Hay una historia en el kirchnerismo con el tema de las tarifas. Hay que recordar aquellas conferencias de prensa de Julio De Vido segmentando barrialmente los aumentos, que después quedaban en la nada o porque alguna cautelar lo impedía o porque el propio Gobierno iba para atrás por miedo a esa noticia en la tapa de los diarios.

Probablemente Guzmán no pensó en todo esto y no pensó en algo más: uno de los temas de la vida pública y de la gestión del Estado que más obsesionan a Cristina Kirchner es el de la energía. Ahí quiere gobernar y para eso cuenta con dos alfiles, uno es Federico Bernal, titular del Enargas, y el otro es Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, a quien quisieron echar. Martín Guzmán organizó muchas veces reuniones con ambos, donde le explicaron al ministro que no se podía aumentar más del 9% por año. Esto desbarataba su política económica y, mientras Guzmán se incomodaba, Alberto Fernández se alineaba con Bernal y con Basualdo y no con su ministro de Economía. Cuando empezó a participar Axel Kicillof de estas reuniones, como gobernador de la provincia de Buenos Aires y titular político del conurbano -donde el tema tarifario más pesa, igual que en la Capital Federal-, Guzmán las suspendió.

Esta discusión se volvió más grave porque el ministro de Economía necesita dar alguna señal de que se cumple su programa mientras está negociando con el Grupo de los 7, los países más importantes de la tierra, alguna forma de zafar del pago que tiene que hacer al Club de París en mayo y de los dos pagos que quedan para el resto del año con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En esa discusión sus interlocutores le piden alguna señal de que su programa y su presupuesto se cumplen. Con esta preocupación llegó a ver a Alberto Fernández y a Santiago Cafiero el viernes pasado y les dijo las dificultades que tenía con el subsecretario Basualdo, que depende de Energía, un área que, a su vez, responde al propio Guzmán. Alberto Fernández lo escuchó y le dio el visto bueno para echar a Basualdo. Pero, tanto Guzmán como el Presidente cometieron un gran error: le dieron la instrucción de comunicarlo al secretario de Energía, Darío Martínez, un exdiputado neuquino que depende únicamente de Máximo Kirchner. ¿Cómo transmitió Martínez a Basualdo que se tenía que ir? Como lo diría alguien que no tiene ganas de decírselo. De manera muy imprecisa y desganada.

Lo más interesante de todo esto es que, cuando empieza a circular la noticia de que Basualdo se había ido, sin que firmara la renuncia y con un comunicado rarísimo, off the record, que salió del Ministerio de Economía que decía “se va por incompetente”, muchos periodistas se comunicaron con Alberto Fernández para chequear la información. El Presidente confirmó la novedad y aseguró la salida de Basualdo. Es decir, no solo se trataba de una decisión tomada, sino ratificada y comunicada por el Presidente.

Al rato, La Cámpora emitió otro comunicado, también sin firma, diciendo dos cosas: primero, Basualdo no se va, y segundo, va a haber un único aumento, de un 9% de la electricidad. Hoy esto quedó ratificado. ¿Qué quiere decir este comunicado de La Cámpora? Que quedó dinamitada la política económica y el programa presupuestario de Guzmán, quien dice que su presupuesto supone una quita de subsidios, que equivaldría a un aumento de tarifas, en su última versión, de dos subas del 9%. Eso ya no es así. Como el presupuesto es el plan económico, nos quedamos sin plan económico. Es muy importante porque no solamente el presupuesto es el mensaje que tiene el Gobierno para comunicarnos a todos hacia adónde va la economía en un momento muy angustiante, con alta inflación, desempleo, caída del nivel de actividad. Además, es la plataforma con la cual el Gobierno pretende negociar con el FMI y con el Club de París, ahora y después de las elecciones. Por eso desde el FMI se hacen la pregunta: ¿del poder que tenía Guzmán, queda algo? Todo parece indicar que queda muy poco.

Todavía queda otro aumento pendiente a discutir que es el del gas, que depende de Federico Bernal. Probablemente sea un promedio del 7% para los domiciliarios y de 4% para las pymes. También por debajo de lo que pretende Guzmán, pero en línea con lo que se acordó en las audiencias que se celebran para aprobar aumentos de tarifas.

Está en cuestión cuál es la política económica en medio de una crisis. No nos debe sorprender, y acá es raro que Guzmán no advierta estos datos, porque este problema empezó hace tiempo, tal vez el día en que el bloque peronista del Senado Nacional, sin consultar al ministro de Economía, formuló su propia estrategia para negociar con el Fondo, pidiendo 20 años de gracia y una tasa de interés que no puede pasar de tal nivel, que después fue ratificada por Cristina y Máximo Kirchner. Lo hicieron saber faltándole el respeto a Guzmán y generándole una dificultad en la negociación, del mismo modo que cuando, sabiendo que él se iba a encontrar con Kristalina Georgieva, la directora del Fondo, denunciaron penalmente a los funcionarios del gobierno de Macri que negociaron con el FMI, lo que supone denunciar a las autoridades de ese organismo, que habían suscrito el acuerdo. Esta historia termina el 20 de diciembre cuando, en La Plata, Cristina Kirchner dijo que habían llegado al poder no solamente porque volvió Sergio Massa y se logró la unidad, sino porque la gente había votado la política económica de Axel Kicillof. Es decir, la suya. Y esa política no coincide con la de Martín Guzmán.

Queda de manifiesto un problema muy importante para el oficialismo y, por derivación, para todos, que es que el kirchnerismo de esta nueva etapa es un pez fuera del agua porque es un populismo que debe seguir un programa de austeridad; es decir, es un populismo que debe incorporar un concepto muy desagradable para los gobiernos con impulsos demagógicos: el de la restricción presupuestaria que señala que todo no se puede. Dicho en los términos del exsenador platense Juan Amondarain, “es un distribucionismo sin plata”.

Ese es el problema, aunque pareciera que Cristina no lo registra porque este lunes emitió un hilo de Twitter muy interesante acerca del discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el Estado de la Nación. Allí elogia, un poco sardónicamente, como le gusta a ella, al norteamericano porque lanza una política hiperkeynesiana, basada en el gasto público y con un gran plan de infraestructura.

Repite ella la idea que ya había desarrollado el presidente del Partido Solidario, el diputado Carlos Heller, diciendo que hay un giro en Estados Unidos y que se trata del final de la era Reagan, algo que sostienen muchos analistas que miran a Biden.

Lo que hay que avisarles es que el mandatario demócrata sí tiene plata y crédito para eso. Según los números del Fondo, la economía estadounidense cayó 3,5% del producto, pero este año –para la misma entidad- crecerá 6,3%. Es decir, recupera lo que cayó y mejora en 2,8 puntos ese piso. En cambio, según el FMI, la economía argentina cayó 10 puntos y, con suerte, este año rebotará 5,8%. Es decir, quedará 4,2 puntos porcentuales por debajo del piso. No se recupera lo que caímos el año pasado, que fue a la vez una estribación de un deterioro que viene sucediendo desde mucho tiempo antes, por una crisis que se inició el 24 de abril de 2018. Compararse con Biden es verse en un espejo equivocado.

Más allá de la discusión que hay en el propio partido demócrata respecto de este programa de Biden, con voces como la del exsecretario del Tesoro Larry Summers, quien advirtió que hay que tener cuidado con la inflación.

Acá hay un dilema difícil de resolver, que es que esta cuestión tarifaria se recorta sobre un telón de fondo problemático por otras razones; entre ellas, la inflación. El estudio Proficio, dirigido por Alejandro Henke, hizo un trabajo comparando la historia del salario en el último año con la de la inflación. El aumento promedio de los salarios, según las paritarias que se van celebrando, es del 29%, lo cual contrasta con una inflación del 43% de marzo a marzo. ¿Qué quiere decir esto? Al Gobierno le está sucediendo lo peor que le puede suceder en un año electoral: una caída del salario real imposible de ser revertida. Por eso, Cristina advierte que, si a este escenario se le agrega un aumento de tarifas, se perdería la elección.

Por otro lado, la consultora Fixer está mirando cómo se deteriora la imagen del Gobierno y la de Alberto Fernández en la provincia de Buenos Aires. Incluso entre los jóvenes, que siempre han sido prácticamente un monopolio del kirchnerismo, y los sectores con menores ingresos. Esto es algo que también mira Cristina porque es un problema electoral que se da en el Área Metropolitana, más precisamente en el conurbano, que es para donde gobierna esta administración y hacia donde dirige sus medidas. Allí reinan Cristina y Máximo, quien ahora va a ser presidente del Partido Justicialista.

La política tarifaria que se está discutiendo tiene que ver solamente con dos empresas: Edenor y Edesur. En San Antonio de Areco se paga $ 4000 por lo que en Recoleta cuesta 700, y las cooperativas que ofrecen servicios eléctricos en el interior han tenido aumentos que rondan el 15 y el 20%, no 9% en un año. Entonces, estamos hablando centralmente de un problema electoral.

Cristina dice que, si Alberto Fernández y Martín Guzmán no entienden esto, entonces no son solidarios con su carrera y su responsabilidad electoral. Además, supone que tampoco son solidarios con su problema judicial, el cual se deriva del electoral. Ella necesita ganar las elecciones porque necesita cambiar la Corte Suprema de Justicia y modificar otras instancias de la Justicia. Así es como la cuestión de las tarifas es un problema más serio en el que convergen demasiadas variables.

La otra pregunta que se hacen en el oficialismo ya no es “¿qué quieren?” sino “¿qué son?”: ¿Son una coalición donde opina Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, o es kirchnerismo enmascarado? ¿Decide solo Cristina y, el resto, como suele hacer ella, es llevado por arrastre, no por persuasión? Acá aparece de nuevo el problema gravísimo de diseño que tiene el oficialismo: es que manda el segundo. El expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, un maestro, dice que el poder puede estar afuera (como sucede con Lula da Silva respecto de Dilma Rousseff). Normalmente está arriba. Pero nunca puede estar abajo.

Esto mismo se reproduce en el Ministerio de Economía, donde el subsecretario de Energía, Federico Basualdo, le da instrucciones a Guzmán. Así, esta crisis comenzó con que se iba Basualdo y terminó con que no se va Guzmán, mensaje que dio la Casa de Gobierno, entre otras cosas, para que el ministro no se le vaya. Alberto Fernández concluyó el fin de semana de la peor manera: no pudo echar a un subsecretario.

En la carta que Cristina compartió el 26 de octubre, el día antes de que se cumplieran los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, dijo: “Como se han quedado sin la excusa de las formas, tuvieron que pasar a un segundo guion: ‘Alberto no gobierna’, ‘la que decide todo es Cristina’, ‘rencorosa’ y ‘vengativa’, que solo quiere solucionar sus ‘problemas judiciales’. Si algo tengo claro es que el sistema de decisión en el Poder Ejecutivo hace imposible que no sea el Presidente el que tome las decisiones de gobierno. Es el que saca, pone o mantiene funcionarios. Es el que fija las políticas públicas. Podrá gustarte o no quién esté en la Casa Rosada. Puede ser Menem, De La Rúa, Duhalde o Kirchner. Pero no es fácticamente posible que prime la opinión de cualquier otra persona que no sea la del Presidente a la hora de las decisiones”. Nos engañó. Acaba de demostrarse que uno puede no lograr sacar a un funcionario si uno es el Presidente. Es la rareza de este diseño de oficialismo, que lleva en sí –inevitablemente- la condena de la incertidumbre. No se sabe hacia dónde va porque no está claro quién gobierna o hacia dónde se gobierna. Y este es un problema enorme cuando se requieren inversiones.

El mensaje central del kirchnerismo es hoy que se cumple el objetivo político principal: un solo aumento del 9%. Guzmán quedó desautorizado en un aspecto sustancial de su política económica. En este contexto, hubo una conversación complicadísima entre Alberto y Cristina durante el fin de semana. Están tan graves las cosas que Cristina pidió orden, calma y paz, sobre todo, por la guerra de declaraciones que hubo entre unos y otros.

Alberto Fernández no sabe qué hacer y, entonces, empieza a decir que Basualdo se va a ir, pero con el tiempo. Con lo cual no sólo se degrada a sí mismo, porque no lo puede echar, sino que también degrada a Basualdo. A su vez, tiene que aclarar que Guzmán no se va, aunque, razonablemente, tendría que irse.

Hay, además, una guerra off the record por la prensa. Es muy llamativa una nota que publicó Jaime Rosemberg en LA NACION con declaraciones atribuidas a alguien que está al lado del Presidente. No se sabe quién es. Pero la gente de Cristina en La Cámpora, no sé si la propia Cristina, sospecha de Santiago Cafiero. No sabemos si es así. Las declaraciones afirman que el kirchnerismo no puede ganar una elección, que si no los hubieran llamado a ellos estarían en la derrota y, además, hacen un recordatorio de los casos de corrupción de Cristina y Néstor, desde la Casa Rosada. Cuando uno comenta esto con gente de La Cámpora dicen: “Que se acuerde Alberto Fernández que la tarjeta de crédito se la pagaba Cristóbal López”.

En este nivel de conflicto están dentro de la coalición gobernante, que parece no ser una coalición. En un escenario así, Massa tiene que elegir entre papá y mamá; es decir, el aumento de tarifas para Vila y Manzano, dueños de Edenor, o el alineamiento con Cristina y Máximo. Eligió por mamá, y deja trascender que está a favor de Basualdo. Obviamente, Kicillof también respaldó a Basualdo. Y este lunes empezó a circular sospechosamente por los medios Augusto Costa, el ministro de Producción de la Provincia, que -muchos creen- quiere reemplazar a Guzmán.

Nos van a decir que la guerra no sigue, pero sigue. ¿Por qué? Porque hay dos versiones acerca de todo. La Casa Rosada dice que a Basualdo se le pidió la renuncia y que se va a ir; mientras que en la casa de Cristina dicen que nunca se le pidió la renuncia y que no se va. En la Casa Rosada dicen que estaba todo acordado y que se ejecutó mal; y en lo de Cristina dicen que nada estaba acordado, porque ella hubiera puesto el grito en el cielo si querían sacar al subsecretario y cambiar la política energética.

Hay otra discusión sobre quién quiere y quién no quiere segmentar las tarifas. Esta es una discusión importante porque, de los que pagaron el impuesto a la riqueza, muchos están subsidiados en la energía. Es el disparate de este falso progresismo. Se subsidia a todo el mundo. Aún a los ricos.

Desde ya que Basualdo quedó deteriorado, más allá de que hoy cualquiera se puede ir en el Gobierno, hasta Alberto Fernández, menos él, menos Basualdo.

Guzmán también quedó deteriorado. Tal se debería ir. ¿Por qué? Porque cualquiera que conozca la entretela emocional de este oficialismo y que conozca cómo funciona la cabeza de Cristina Kirchner, de su hijo, de La Cámpora y de los que controlan las palancas del poder sabe que entró en la trituradora. Que de ahora en adelante no le van a conceder un solo éxito. Y el indicio primero de ese problema es que en todos los diarios está filtrada por gente de Cristina la idea de que Guzmán se va a ir cuando ellos quieran. Ahí empezó la degradación del ministro de Economía. Y avanzó en otro round: desde La Cámpora le piden, en público, la reposición del IFE, que es otro desafío al programa fiscal. De todos modos, Guzmán sabrá cuidar sus intereses. Por su parte, Alberto Fernández quedó aislado, sin poder. Para decirlo en los términos de la carta de Cristina: quedó títere.

El problema sigue siendo electoral, sigue estando en la provincia de Buenos Aires y hace juego con otro drama: la falta de vacunas. Es una escasez derivada de una crisis internacional, donde hay un problema principal que no se está mirando con la debida atención. Estos son los números: 3400 muertos por día, 373.000 casos por día; estoy hablando de India, la farmacia del mundo, el lugar donde se fabrican más vacunas a escala internacional. En India, está vacunado el 9.8% de la población. Por ese motivo el gobierno indio decidió dejar de exportar vacunas, agravando el problema de la falta de dosis. Hay un segundo problema: AstraZeneca no cumplió los suministros comprometidos con Europa, que estuvo a punto de llevar a la firma a los tribunales, aunque nadie quiere pelearse hoy con un laboratorio por la dependencia con la entrega de vacunas. Ese conflicto produce un problema adicional sobre esta escasez.

En el centro de todo esto está la enorme contrariedad del gobierno argentino. El canciller, Felipe Solá, dijo que el problema tiene un nombre: AstraZeneca. No. El nombre es Hugo Sigman, que tenía un acuerdo con AstraZeneca y convenció al Gobierno, a Fernández y a Ginés González García de que había que abrazarse a esa opción. No funcionó porque falló el envasado de las vacunas. Hoy, el embajador del Reino Unido, Mark Kent, debe estar de fiesta porque hizo que Carla Vizzotti y Cecilia Nicolini vayan a su casa a pedir si se pueden envasar en la Argentina las vacunas de AstraZeneca. Sigman dijo que no se puede. Cabe destacar que esto no se negocia en Londres en penumbras. El Reino Unido prefiere que se debata de manera bien visible en Buenos Aires.

Ante este problema que se genera por la adhesión a Hugo Sigman, aparece organizando una alianza con los rusos, que producen la vacuna Sputnik, para envasar y fabricarla en la Argentina, Marcelo Figueiras, un hombre muy ligado a Massa, “Wado” De Pedro y Máximo Kirchner, quienes están desesperados por las vacunas. Otros actores de la industria farmacéutica no toleran que se les meta Figueiras por la ventana, que ya tiene una competencia con Sigman en otros negocios. Aparece, entonces, otro laboratorio ofreciendo fabricar vacunas para envasarlas rápido, cosa que Sigman decía que no se podía hacer. Se trata del laboratorio Sinergium, que pertenece a las familias Bagó, Sielecki y, vaya casualidad, Sigman. Quiere decir que Sigman aparece sugiriendo a Alberto Fernández que, si no le compran AstraZeneca, le compren Sinopharm. Pero que, por favor, no arregle con Figueiras. Esta es la pelea de negocios que hay detrás de la falta de vacunas. Y este es el problema que hace temer más al Gobierno por lo que sería un aumento de tarifas.

El aumento de tarifas llega igual por otro lado. Un fallo, este viernes, le dio la razón a Telecom (del grupo Clarín) y rechazó la idea de que las telecomunicaciones son un servicio público, como había dispuesto Alberto Fernández por un decreto. Hay otros esperando un fallo similar, como Claro, y el grupo Telecentro, de Alberto Pierri. El mismo tribunal es probable que se pronuncie en la misma dirección; pero por ahora vale solo para Telecom. Así, se liberan las tarifas del cable, del celular, de la telefonía fija y de Internet.

Esto expresa otra obsesión del Gobierno: la telefonía y las comunicaciones. En el contexto de esta noticia, en España, dos grupos argentinos negocian la compra de Telefónica de Uruguay, subsidiaria de Telefónica de España, que sería la prueba de amor que pidió Telefónica Internacional para vender Telefónica Argentina. Estas compañías son Supercanal, liderado por Facundo Prado; y otro grupo perteneciente a los hermanos Raúl y Alejandro Olmos, que están muy ligados al sindicalismo y al kirchnerismo. Los Olmos, que -aparentemente- le deben dinero a la AFIP, y que tienen además otras deudas, presentaron una oferta extremadamente elevada, que fue respaldada por el banco UBS y por Credit Suisse (allí está Andrea Camp, la dueña de todos los secretos bancarios del kirchnerismo). Ofrecieron 500 millones de dólares por Telefónica de Uruguay y 1600 millones por todo el paquete: la Argentina y Uruguay. La operación es gestionada por un intermediario: el chileno Iván Canales, expresidente de Bonafide. Como no se explica de dónde viene toda esa plata, que para los expertos supera en mucho el valor de esas empresas, las versiones siguen insistiendo en que, detrás de todo esto, está Máximo Kirchner. Sin embargo, desde el entorno del diputado dicen que no tienen relación con los Olmos. Señalan que pueden parecer cercanos por una afinidad conceptual o ideológica, pero que Máximo Kirchner y los hermanos se vieron sólo una vez el año pasado. Este es un signo de interrogación. Queda pendiente.

La Justicia vuelve a liberar la tarifa de la telefonía, la de Internet y la del celular. Mientras tanto, Alberto Fernández intenta -con palabras- disimular su peor crisis.

Carlos Pagni

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