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Lunes, 13 Diciembre 2021 08:31

La Justicia, bajo el mayor asedio K de los últimos años - Por Nicolás Wiñazki

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Luego de la reunión estilo “compadrito” del ministro de la Justicia a la Corte, la ofensiva contra la Justicia bajó a Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe.

 

El ministro de Justicia, Martin Soria, visitó el martes pasado a la Corte Suprema de Justicia. Fue la primera reunión entre el interlocutor oficial del Gobierno con el máximo tribunal. Fue un encuentro singular. Duró media hora. Soria llegó a pedir un café, pero se fue antes de que llegue el mozo.

 

Sentado frente a los cuatro magistrados, el ministro explicó que había tardado en hacer esa primera visita protocolar porque la Corte Suprema estaba presidida por uno de los miembros de la supuesta “mesa judicial de Macri”, es decir, un complot que habría existido entre la Casa Rosada de la anterior gestión y la Justicia para perseguir judicialmente a dirigentes K. Soria se refería a Carlos Rosenkrantz, aunque éste no esté imputado en ninguna causa sobre ese affaire que no está materializado aún en ningún resolución jurídica. Es parte del relato del oficialismo.

Soria gastó veinte minutos más en críticas de ese estilo al tribunal y a otros jueces y fiscales en particular y a la Justicia en general.

Nadie la respondió. Silencio. El presidente del tribunal, Horacio Rosatti, le hizo saber de lo fútil de esas palabras y le sugirió que agendaran un nuevo encuentro para intentar tratar temas que consideran de urgencia como el alarmante nivel de vacantes para ocupar fiscalías, juzgados, Cámaras y Tribunales Orales Federales.

El ministro partió e hizo declaraciones autoelogiándose por su tono desmesurado ante esos magistrados. En rigor, la respuesta que recibió de Rosatti llevaba implícita un mensaje del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. La Justicia puede aceptar interlocución a través de canales oficiales con la Casa Rosada, pero no hará lugar a presiones ni aceptará que funcionarios se involucren en causas en trámite.

La visita de Soria a la Corte Suprema se da un contexto de especial sensibilidad entre el poder K y la Justicia.

Los tribunales federales, magistrados y fiscales de todo el país, coinciden en que el asedio que sufren de parte del poder político K no tiene precedentes.

Quizás se vió algo parecido, con mayor estridencia, cuando el oficialismo votaba en el Congreso leyes sobre remoción de magistrados, la propia “reforma judicial”, o la rebaja de jubilaciones para los funcionarios de la Justicia.

Pero el escenario actual viró hacia una nueva radicalización.

Resultados son resultados: la vicepresidenta logró ser sobreseída en al menos dos juicios por corrupción cuando solo restaba el inicio de las audiencias de los juicios orales y públicos en esos procesos.

Lo logró mediante argucias legales, y con el apoyo esencial de magistrados alineados con la agrupación jurídica K, Justicia Legítima.

Así pasó en lo sobreseimientos que la beneficiaron en los casos conocidos como “Hotesur” y “Los Sauces”, y también en el llamado expediente del “Memorando con Irán” (la denuncia original del fiscal asesinado Alberto Nisman); además de ser también sobreseída en otra causa que no estaba en instancias tan claras como las anterior, el caso “Dólar Futuro”, donde se le permitió hacer descargos furibundos contra los jueces que debían resolver sobre el tema, para colmo, televisados.

El asedio continúa.

Y se expande a todo el país.

Empezó una especie de “vale todo” que contagió a la política K en las provincias.

“Nunca vivimos un acoso de este estilo, yo te voy a contar por qué”, pidió hablar en off the record uno de los más reputados investigadores del poder K, pero también de Mauricio Macri: “Los ataques y las críticas ya son directamente explícitos. Y son realizados ‘en manada’, por varios dirigentes políticos al mismo tiempo. Además, muchos de los que nos atacan son funcionarios que están siendo investigados por nosotros mismos, como el viceministro de Justicia, Juan Martin Mena”. Se trata del ex número dos de la AFI.

El investigador pidió el anonimato para evitar ser denunciado o recusado en el presente o en el futuro en muchas de las causas que tiene bajo su pesquisa.

Los fiscales y los jueces “hablan” sobre sus problemas a través de las asociaciones que los representan.

En las últimas semanas, todas esas asociaciones han emitido comunicados en los últimos días para resaltar presiones cometidas contra sus miembros.

Uno de los casos más escandalosos es el que sufrió la procuradora adjunta de Entre Ríos, al mismo tiempo fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche.

Ella era una de las fiscales que acusaban al ex gobernador Sergio Urribarri, hoy embajador en Israel, ya en un juicio oral y público, en el que se debe determinar si el actual diplomático desvío de modo irregular 7,5 millones de dólares de fondos públicos para una campaña electoral.

Goyeneche además lideraba la pesquisa sobre otro caso conocido como el de “contratos”, en el que también está involucrado Urribarri, basado en documentos y testimonios que indican que mediante la contratación de empleados “truchos” de la Cámara de Diputado y de Senadores de Entre Ríos el poder político vinculado a Urribarri habría cobrado en nombre de esos trabajadores “fantasmas” alrededor de 53 millones de dólares.

El asedio contra Goyeneche, sin precedentes, fue exitoso, siempre es que se lo puede calificar así.

Fue apartada del juicio oral y público, suspendida de su cargo, y se le aplicó una rebaja en su sueldo del 30 por ciento.

Las denuncias también buscan destituir o remover de su puesto al Procurador General de Entre Ríos, jefe de los fiscales provinciales, Jorge García. Deberá afrontar un juicio político en la legislatura que sus propios subordinados investigan antro de corrupción.

Los investigadores, así, pasan a ser investigados.

El nuevo asedio del peronismo K a la Justicia ya no repara en las formas.

Todo ocurre de modo “pornográfico”.

No es que nunca hayan existido presiones, amenazas, o hasta acontecimientos más graves que afectaron protagonistas de causas judiciales.

Es que estas nuevas acciones se realizan dentro de la supuesta ley, aunque sin respectar en realidad las normas, y de modo brutal, explícito.

Goyeneche fue apartada por un tribunal, algo que la ley no permite. Urribarri se defendió desde Israel argumentando que la fiscal fue denunciada por enemigos suyos.

Rarezas del Litoral: enemigos benefician a a enemigos.

Goyeneche apelará su caso.

Incluso, hasta la Corte Suprema.

Soria se animó a presionar al máximo tribunal en tono más de “compadrito” que de ministro: “No creo que se animen a declarar inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura”.

Ese organismo es el que regula la elección y el trabajo de los jueces, además de tener la potestad para sancionarlos o removerlos de sus puestos. La ley bajo discusión fue ideada por Cristina Fernández y le da mayor poder a la política en el Consejo.

Fuentes judiciales afirman que el ministro se equivoca: antes de fin de año el tribunal podría dejar en claro que el funcionario K se equivocó.

Atención, quizás también Urribarri podría, de acuerdo a fuentes que conocen la trama de expedientes al respecto, recibir noticias no alentadoras de la Corte Suprema respecto a un planteo que hizo sobre una causa de corrupción que investigó Goyeneche.

En Santa Fe, por ejemplo, donde el narcotráfico expandió su tenebrosa influencia, varias casas o ex casas de fiscales y jueces han sido baleadas por el narco. Son hechos jamás vividos en democracia en la Argentina. Y sin resoluciones tranquilizadoras sobre sus autores.

Las autoridades de la Justicia se acostumbraron a trabajar como si no tuvieran estabilidad en sus puestos. Es una de las premisas de una República bajo régimen democrático y con garantías constitucionales funcionando.

Los fiscales de Santa Fe ya tienen otro tipo de advertencias. Cuando se detectó que el poderoso senador peronista Armando Traferri estaría involucrado en una causa de corrupción vinculada al juego clandestino, en especial, en una trama que culminó en un asesinato, se acogió a una nueva legislación. Él denunció penalmente a los fiscales que lo investigan.

La situación de vacantes para diversos cargos ya deja de ser llamativa para pasar a ser intrigante.

El poder político aun no designa a ciento cuarenta y cuatro jueces de tribunales orales federales. Sin ellos, es en vano describir como se trabaja en todos ellos.

Una noticia que alarma, incluso en servicios de seguridad e inteligencia del exterior: la Cámara Federal en lo Penal Económico, que investiga delitos vinculados al contrabando y el lavado de dinero del narcotráfico, por ejemplo, estaba trabajando con la mitad de sus miembros. Los cargos sin ocupar siguen esperando designaciones.

En Santa Fe, en pleno estallido del narco, alrededor del treinta por ciento de las fiscalías y juzgados no tienen ni jueces ni fiscales nombrados para trabajar allí.

En la provincia de Buenos Aires los cargos en la Justicia que están vacantes son el veinte por ciento del total.

Se paralizaron los procesos para elegir nuevos jueces, fiscales y defensores oficiales.

El nuevo presupuesto no prevé el gasto para financiar las vacancias. Los litigios, además, aumentaron a la mitad.

Los salarios de los empleados judiciales, como en todo el país, no le ganaron a la inflación. Más bien lo contrario.

Incluso la Suprema Corte de Buenos Aires, de siete miembros, trabaja hoy con cuatro jueces.

¿Es desidia? ¿O un nuevo sistema impuesto en las sombras para que la Justicia se desborde y se desprestigie?

Elijan su propia aventura.

Las más altas autoridades del Poder Judicial saben que a partir de ahora los operadores K intentarán modificar la sala de la Cámara de Casación que debe definir cómo continúa el rumbo de los juicios Hotesur y Los Sauces.

Y se insistirá como modificar la Corte Suprema de la Nación.

Extraño momento: el Gobierno dejó pasar el tiempo estipulado que tenía para enviar el pliego al Senado de quién reemplazará a la renunciada Elena Highton de Nolasco.

Las matemáticas indican, hasta que se demuestre lo contrario, que es imposible sumar mientras a la vez se resta. O al revés: no se puede restar, sumando.

Nicolás Wiñazki

 

Nicolás Wiñazki

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