Lunes, 21 Noviembre 2022 07:39

El operativo judicial de Cristina Kirchner para convertir el Estado en su propio estudio jurídico - Por Nicolás Wiñazki

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Nombró jueces afines, impulsó leyes a su favor y tiene a funcionarios que trabajan 24 horas para mejorar su situación en los tribunales. 

Cristina Kirchner ha logrado que buena parte del Estado Nacional se transforme en su estudio jurídico propio. Leyes, acciones gubernamentales y funcionarios nacionales financiados con recursos de los contribuyentes, sirven en coincidencia no asombrosa para sus defensas en juicios por corrupción, presentes y potencialmente futuros. 

En la última sesión del Senado, la vice logró que sus legisladores afines votaran que el oficialismo debe designar tres miembros en el Consejo de la Magistratura, y no dos, como determinó la Corte Suprema de Justicia. No importa lo que haya dictaminado el máximo tribunal de la Nación. Ella insiste con tener más poder en el organismo que regula el trabajo de los jueces, los designa y tiene la potestad de removerlos si cometen irregularidades.

El mismo día, los mismos senadores, votaron una vieja Ley K que crea una Cámara de Apelaciones en la localidad de Luis Piedrabuena, Santa Cruz, un tribunal de alzada que tratará los fallos de los jueces federales de esa provincia y también los de Tierra del Fuego.

Uno de sus flamantes integrantes es Marcelo Bersanelli. Asesor jurídico de la vice. Es ex concuñado de su hijo, Máximo. Ocurre que se casó con Candela García, hermana de Rocío García, la madre de los hijos del primogénito de los Kirchner.

Bersanelli trabajó como funcionario de la gobernación de sus ex parientes. Y la actual mandataria de la provincia austral, Alicia Kirchner, hermana de Néstor Kirchner, tía de Máximo Kirchner, ex pareja de Rocío García, la hermana de la esposa de Bersanelli, Candela, lo designó juez de primera instancia en el distrito. El vínculo entre este nuevo camarista de una nueva cámara de apelaciones en Santa Cruz es tan evidente que hasta senadores ultra oficialistas intentaron evitar votar a favor de su pliego. Intentaron. Ahora debieron cumplir y lo avalaron. Protección judicial para los K en tierra propia, gobernada por ellos.

También por impulso de la política local, Máximo Kirchner había logrado que uno de sus mejores amigos, Fernando Basanta, sea nombrado como juez del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz. Es su amigo, pero no tenía los antecedentes necesarios para ser designado en ese tribunal. Seis años de experiencia como abogado en la provincia, exige la Constitución. No los tiene. Tenía el voto de los legisladores santacruceños leales a los K. Más protección judicial para ellos, siempre gracias a su influencia en el Estado.

La vice trabaja desde hace años usando recursos de los contribuyentes en beneficio judicial propio.

El Senado también le dio media sanción al proyecto K que pretende ampliar de 5 a 15 a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si llegará a tener sanción en Diputados, el máximo tribunal deberá ser completado con once nuevos jueces. El peronismo de la Cámara alta podría tentarse con la posibilidad de usar sus mayorías parlamentarías para evitar cualquier chance de imparcialidad en la conformación de la nueva mayoría de la Corte XXL.

El máximo tribunal es quien decidirá sobre posibles condenas judiciales contra Cristina Kirchner, o tal vez sus hijos, si es que se reabren procesos en su contra hoy suspendidos pero apelados ante la Cámara de Casación.

La vice no deja pasar ninguna posibilidad de actuar contra la Justicia en las últimas sesiones del Senado, ni tampoco dejar de hablar de sus miembros cada vez que toma la palabra, tanto en actos como en discursos difundidos por sus redes.

Todas acciones financiadas por el Estado Nacional, como cuando usó su despacho de titular del Senado para defenderse de las acusaciones en su contra en el juicio de Vialidad Nacional a pesar de que ya había declarado en indagatoria en las audiencias orales y públicas.

Más adelante se enumerarán muchas más decisiones gubernamentales, y leyes con media sanción en el Congreso, todas impulsadas por ella misma, que solo apuntan a debilitar a los magistrados y fiscales que podrían dictar condenas o sobreseimientos en su contra.

El Estado como estudio jurídico propio de los K tuvo en el juicio oral y público de la causa Vialidad a un ejemplo rotundo de lo que puede ocurrir cuando el poder político borra los límites en beneficio de quienes ostentan los cargos más altos del Poder Ejecutivo.

Por orden de la Casa Rosada, y por idea de la vice, tanto en la causa Vialidad como en otros juicios el Estado decidió retirar las querellas que llevaban adelante la Oficina Anticorrupción (OA), la AFIP o la Unidad de Información Financiera (UIF). Los abogados de esos organismos públicos funcionaban hasta que los procesos por corrupción avanzaron como auxiliares de los fiscales, podrían haber impulsado alegatos como los de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, pidiendo condenas en contra de la vice, el camino obvio de los querellantes, el rumbo además que ocupaban los defensores designados por esos entes del Estado en diferentes causas por corrupción en las que la vice está procesada.

LA OA, la UIF o la AFIP trabajaron juntando prueba contra los imputados K en esos casos, presentaron testigos, cumplieron con su deber.

Pero por orden de Kirchner debieron de golpe retirarse de esas labores, un gesto único en la historia de los tribunales, o, peor, pasar de ser querellantes a actuar como si fueran abogados defensores de quienes antes acusaban.

En el caso de Vialidad, el rol de la UIF fue el más escandaloso de todas las querellas que se bajaron de su antigua y real función.

La UIF no solo no presentó un alegato condenatorio contra Kirchner, si no que sus nuevos representantes en el juicio solicitaron que la vice sea absuelta de los delitos que ese mismo ente del Estado antes sostenía como hipótesis con pruebas firmes.

El fiscal Luciani remarcó lo asombroso de ese cambio en una de las partes acusadoras en el proceso oral. Ese accionar provocó la renuncia de la vice de la UIF, Luna Montes, una ex funcionaria coherente. La vice usa al Estado para defenderse en la Justicia de varias maneras y con modos diversos.

El viceministro de Justicia, Juan Martin Mena, militante de La Cámpora, suele visitar a autoridades de la Justicia que llevan adelante investigaciones que involucran a funcionarios K o a la propia Kirchner, admitieron fuentes judiciales que participaron de esos diálogos de intercambio de información y sugerencias desde el Estado de cuál podría ser el mejor camino que siga una causa que molesta al Ejecutivo.

Cuando el fiscal Luciani, y su adjunto Mola, iniciaron su alegato en Vialidad, pidiendo doce años de cárcel contra la vice y buena parte del resto de los imputados, el propio Mena, y el ministro de Justicia, Martin Soria, fueron feroces críticos en público de ese accionar del Ministerio Público Fiscal (MPF). Los funcionarios de jerarquía de un Gobierno, y más del área de Justicia, deberían hacer silencio ante el trabajo de la Justicia.

Mena afirmó en entrevistas con los medios que los fiscales estaban haciendo un trabajo para otras personas con más poder, que no identificó. Es una acusación gravísima que el funcionario no acompañó con ninguna denuncia judicial al respecto: “Estamos asistiendo desde ayer a unos alegatos que no tienen nada que ver con el funcionamiento de un juicio oral y público. No es normal el contenido del alegato que está llevando a cabo el fiscal Luciani. Es un alegato casi cinematográfico, demasiado cocheado y se nota muchísimo…”.

El propio ministro Soria fue aún más rústico: “Los fiscales deberían estar preocupados”, afirmó el ministro, y profundizó: “Podrían ser investigados por el tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal”. Se trató de una amenaza explícita sin prueba alguna de un accionar irregular ni de Luciani ni de Mola.

A eso se sumaron declaraciones del propio presidente Alberto Fernández, quien se sumó a ese coro de voceros estatales que describieron al alegato de Luciani como una “persecución política” contra la vice. Pero él sumó, en una entrevista con A Dos Voces, del canal TN, una comparación temible entre Luciani y Alberto Nisman, el fiscal asesinado del caso AMIA, según determinó la Justicia. El jefe del MPF, el Procurador de la Nación interino, Eduardo Casal, le envió una carta al Jefe de Estado alertándolo sobre lo que consideraba era una clara “perturbación” para los fiscales.

Siempre desde el Senado, la vice intentó reformar la Justicia en el pasado remoto de lo que fue el Frente de Todos; cambió el régimen de jubilaciones del Poder Judicial para forzar renuncias de quienes no querían perder un beneficio adquirido y por el que habían aportado durante años; criticó infinidad de veces a los jueces y fiscales que no son de su agrado; objetó la parcialidad de la Corte Suprema y ahora puso en crisis a dos poderes del Estado al ordenar desobedecer a ese tribunal en el caso del Consejo de la Magistratura; creó una Cámara de Apelaciones a medida en su propia provincia; intentó remover camaristas y magistrados que no fallaron como ella deseaba; y hasta impulsó la renuncia de la anterior ministra del área, Marcela Losardo, porque no la defendía con el ahínco que ella exigía. Se negó a postular al candidato a Procurador de la Nación del Presidente, el actual juez Daniel Rafecas. No le tiene confianza. Su pliego nunca fue tratado.

Esas son solo algunas de las acciones del Estado como estudio jurídico K. Aun así, la vice es consciente de que podría tener un fin de año muy negativo en los tribunales. El 29 de noviembre volverá a tomar la palabra en las audiencias del juicio de Vialidad. Serán sus últimas palabras antes de la sentencia del tribunal.

Ese veredicto se conocería los primeros días de diciembre. Las fuentes de Comodoro Py afirman, aunque los jueces a cargo del tema son totalmente herméticos, que la dinámica del proceso solo puede culminar con una condena para Kirchner. Si ocurre, generá estrépito en la vice y su militancia.

En las últimas semanas, las intrigas dentro del propio oficialismo se replicaron con tono de complot cuando el mismísimo Presidente dijo en el Coloquio empresario de IDEA, y luego repitió en otra alocución pública, que bajo su gobierno no se le pidieron sobornos a los constructores. También agregó: “Ninguna obra pública nuestra fue impugnada por alguna irregularidad”. Entre los Kirchner la frase fue leída como una traición.

A fin de año, no solo la vice podría ser condenada en el caso Vialidad. También podría ser un hecho la reapertura de otro juicio oral y público que ella logró frenar de un modo insólito, en el que es la principal acusada de cometer delitos de corrupción junto a sus hijos, Máximo y Florencia. Se trata del caso Hotesur-Los Sauces. El fiscal de Casación, Mario Villar, ya se pronunció al respecto: jamás nunca se frenó un proceso en la instancia oral y pública por decisión de dos jueces como pasó en ese singular caso.

A pesar de que se dice víctima de un complot de varios poderes estatales y fácticos, no se conoce a otros procesados en la Argentina, en juicios sobre diferentes delitos, que haya sido defendido con tanta vehemencia y con acciones directas desde el Gobierno como le pasa a Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Nación.

Nicolás Wiñazki

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