Jueves, 16 Noviembre 2017 21:00

Los sobreprecios en el Fútbol para Todos que complican a Aníbal F. y a Abal Medina - Por Lucía Salinas

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Son al menos US$ 19.000.000 que se pagaron de más por los derechos de partidos y torneos que transmitía el Gobierno. El fiscal Pollicita pidió la indagatoria y que no salgan del país.

 

Las confesiones de Alejandro Burzaco (ex gerente general de Torneos y Competencias) sobre el pago coimas millonarias y en dólares al ex titular de la AFA Julio Grondona y a algunos ex funcionarios K, adelantó los tiempos del fiscal Gerardo Pollicita, que investiga una suerte de pata local del FIFAgate. Tanto, que hoy presentará el pedido de indagatoria de los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina, y también de los responsables de las empresas que manejaban los derechos de transmisión de eventos futbolísticos, por los que el Estado pagó en dos años US$ 33.050.000 a la empresa “TyC International BV” que manejaba Burzaco. El fiscal incluirá en el pedido a Alejandro Burzaco, Pablo Paladino y Gabriel Mariotto, entre otros.

El delito que se les endilga es el de “defraudación al Estado”. Además, el fiscal solicitará al juez Daniel Rafecas que ordene una inhibición general de bienes y prohibición de salida del país sobre todos los imputados. Fernández y Abal Medina son investigado por su rol como ex jefes de Gabinete: de ellos dependía el programa Fútbol Para Todos.

De acuerdo a la acusación judicial, mientras llevaron adelante la gestión del FPT obligaron “al Estado Nacional a adquirir en forma antojadiza los derechos televisivos” de eventos futbolísticos. Además, Pollicita detectó sobreprecios. El monto es de al menos US$ 19.130.000 si se suman los diversos convenios que firmaron los ex jefes de Gabinete.

Según el dictamen del fiscal que hoy le entregará al juez, durante la gestión de Aníbal se detectaron sobreprecios en la contratación de los derechos de algunos partidos de fútbol. En total suman US$ 1.230.000. Uno fue por el contrato que Fernández firmó el 14 de septiembre de 2011 para la adquisición de derechos del “Superclásico de las Américas 2011” a la empresa “TyC International” que dependía de Burzaco. Telefé había adquirido esos derechos por US$ 270.000, pero el Gobierno los pagó US$ 1.200.000. La diferencia es de US$ 930.000. Para el Pollicita queda en evidencia “un claro pago de sobreprecios”.

Una operación similar ocurrió con otro amistoso de la Selección Nacional. Para el fiscal, Aníbal no respetó el método de contratación mediante subasta “que hubiera disminuido el precio” sino que adquirió los derechos a pesar de que otro canal, América TV, ya los tenía y garantizaba la transmisión gratuita en todo el país. Por ese partido, América pagó US$ 300.000 y el Estado US$ 600.000, el doble.

Con la Copa América de Chile 2015 ocurrió una operatoria similar, pero que esta vez involucra a Abal Medina. El ex jefe de Gabinete firmó un convenio por los derechos de televisación que no resultó muy favorable. El Estado pagó US$ 8.000.000, mientras que DirecTV TV desembolsó US$ 3.000.000 y TeleRed US$ 2.000.000, según el dictamen del fiscal. Por el mismo torneo, el Estado pagó ocho millones de dólares y DirecTv, tres millones. La Justicia sospecha que los sobreprecios podían esconder posibles retornos para los funcionarios kirchneristas.

Abal Medina también fue el encargado de firmar el convenio por la Copa Mundial del 2014 que se disputó en Brasil. Por la transmisión de los partidos, incluso si la Selección Nacional no clasificaba, desembolsó US$ 18.000.000. Por la Copa Mundial de 2010 en Sudáfrica se habían pagado US$ 6.100.000.

Otro de los acuerdos que llevó la firma de Abal Medina fue el de los derechos televisivos para transmitir el Sudamericano sub 20 y la Copa del Mundo Sub 20 en 2013. Se pagó US$ 1.000.000 pero el seleccionado juve- nil ni siquiera clasificó para el Mundial. El expediente que investiga Rafecas y Pollicita se inició con una denuncia de la PROCELAC (la procuraduría anti lavado de dinero), que detectó irregularidades administrativas en los contratos firmados para adquirir derechos de ocho torneos futbolísticos. Allí ya se hablaba de sobreprecios y violación de normativas para la elección de la empresa proveedora. Para el fiscal “abusaron del Estado”.

Según Pollicita, los ex jefes de Gabinete obligaron al Estado Nacional “a adquirir en forma antojadiza los derechos en cuestión, excediendo claramente la normativa en la que fundaron su obtención”.

En la totalidad de las contrataciones se “eximió a la empresa contratante de efectuar cualquier pago de impuestos relacionados por la operación”, algo que asumió el Estado pagando la carga impositiva. En total, por los ocho eventos deportivos que el Estado firmó con Torneos se abonaron US$ 33.050.000 a favor de la empresa “TyC International BV”. El dinero se depositó en cuentas de entidades bancarias con sede en los Países Bajos.

Lucía Salinas

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