Daniel Bilotta

El procesamiento de Claudio Scapolán es la primera repercusión del resultado de las PASO en la Justicia. Una medida que Sandra Arroyo Salgado pudo dictar recién el 1° de octubre, nueve meses después de que el fiscal bonaerense declaró en la causa donde lo acusa de liderar una asociación ilícita vinculada al narcotráfico. Scapolán consiguió demorar ese trámite casi un año y medio gracias a una aparente red que lo haría gozar de protección judicial y política. El fallo de la jueza federal de San Isidro sobresale por este antecedente.

Alberto Fernández y Axel Kicillof son señalados como los responsables de la derrota del Frente de Todos (FDT). En el oficialismo se coincide en acusar al Presidente y el gobernador de no haber hecho funcionar el aparato político y electoral del PJ. Un consenso bastante unánime construido sobre un argumento engañoso. Presentar como victimarios a las víctimas.

Juan Manzur y Martín Insaurralde necesitan conseguir que el Frente de Todos mejore el 14 de noviembre el desempeño que tuvo en las PASO. Un requisito indispensable para poder construir en los próximos dos años sus candidaturas a presidente y gobernador bonaerense, respectivamente, con el aparente aval de Cristina Fernández y de su hijo Máximo. El único estímulo real para aceptar la responsabilidad de gobierno que les ofrecieron asumir hace diez días con la prioridad de cumplir con esa compleja tarea.

Juan Manzur es una rectificación al proyecto original del Frente de Todos ideado por Cristina Fernández de Kirchner. Un recambio generacional de dirigentes para moldear un peronismo adecuado a las demandas de la sociedad en el siglo XXI. La derrota en las PASO puso en crisis ese modelo y el protagonismo que les reservaba a Axel Kicillof y a su hijo Máximo al frente de La Cámpora. El gobernador de Tucumán fue designado jefe de Gabinete cuando todo el arco antikirchnerista contenido en el oficialismo y reacio a esa iniciativa preparaba una demostración de fuerza en esa provincia.

La estrategia del sector más duro del kirchnerismo para preservar a Cristina Fernández de Kirchner de otra derrota que ponga en duda su condición de líder del Frente de Todos podría terminar de profundizar la crisis que abrió en esa creencia el resultado de las PASO en todo el país. Pero particularmente en la provincia de Buenos Aires. El bastión electoral de la vicepresidenta, gracias a su preeminencia en el conurbano. El oficialismo se impuso ajustadamente en las zonas Sur y Este de esa región, comprendida en la Tercera Sección.

La Corte prevé elegir nuevo presidente la última semana de este mes. Una decisión adoptada antes que la pandemia forzara al gobierno a trasladar las PASO del 8 de agosto al 12 de septiembre. La idea de mantenerla es demostrar su impermeabilidad a cualquier evento externo. Pero también a la injerencia del sistema político en sus resoluciones. Por eso la mayoría tilda de “la impotencia de los falsos influyentes” al proyecto de ley que intenta facultar al Congreso para hacerlo. Es lo que trasciende por un ácido rumor que circula en Tribunales.

María Eugenia Vidal es un caso extraño. La razón de su traslado a la ciudad desde la provincia Buenos Aires para ser candidata sigue siendo un misterio para la opinión pública, donde provocó una reacción negativa entre los electores más fieles a Pro. A tal punto que a eso se debería la aparición anticipada de Mauricio Macri en la campaña. Es lo que pareció admitir Horacio Rodríguez Larreta. Dijo que la presencia del expresidente “suma”.

Victoria Tolosa Paz y Eduardo Belliboni coinciden en que reabrir fábricas es la única forma de crear puestos de trabajo. No debería sorprender que la candidata del Frente de Todos y el líder de los piqueteros opositores propongan soluciones similares al desempleo. Lo más probable es que sea el resultado de haber partido de la misma premisa.

El festejo del cumpleaños de Fabiola Yánez en la Quinta de Olivos que violó las restricciones impuestas a las reuniones sociales por su pareja, Alberto Fernández, vuelve relevante un hecho anterior a ese escándalo que pudo pasar desapercibido para la mayoría, pero no para el Presidente. El 8 de agosto, Facundo Moyano difundió en las redes su renuncia al cargo de diputado nacional antes de cumplir la segunda mitad de su mandato. Ni la gravedad del escándalo que envuelve al gobierno evitó que Fernández se ocupara de prestarle atención a este asunto.

La necesidad de recuperar el voto joven para el Frente de Todos enfrenta a La Cámpora con los movimientos sociales. Un conflicto que revela la dificultad de la formación conducida por Máximo Kirchner para resolver una contradicción en apariencia insalvable: la imposibilidad de traducir en un caudal significativo de votos la trayectoria ascendente en el Estado para transformarse en una burocracia al comando exclusivo de las cajas del Estado vinculadas a la asistencia social.

El cierre de listas le sirvió a Horacio Rodríguez Larreta para confirmar lo que hasta ese momento era una presunción. La similitud entre los intendentes de Pro y los del PJ. El jefe de gobierno porteño y su candidato en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, recelan de la unidad sellada con el radicalismo para evitar disputas por cargos locales en algunos distritos con la excusa de evitar situaciones que puedan ocasionar complicaciones a sus gobiernos. Tampoco los satisfizo que hayan privilegiado la inclusión de delegados personales en la lista de candidatos a legisladores provinciales.

La lista de candidatos a legisladores en la provincia de Buenos Aires refleja la visión actualizada de Cristina Fernández de Kirchner sobre el Frente de Todos. Esa selección proyecta la principal preocupación de la vicepresidenta.

Horacio Rodríguez Larreta es acosado por el fenómeno con el que Cristina Fernández de Kirchner lidia desde hace más de una década. La influencia de los intendentes para definir candidaturas en la provincia de Buenos Aires. Particularmente los del conurbano. La ley que los limita a ser reelegidos sólo una vez pondría a la vicepresidenta en condiciones de lograrlo. Una contribución de María Eugenia Vidal a esa causa que La Cámpora debería reconocerle.

Una PASO en la provincia de Buenos Aires es por ahora la única salida a la supuesta incompatibilidad de intereses que no consigue superar el Pro y la UCR. Ese desenlace podría constituir otro fracaso de la actividad política en lo que aparentemente le es más propio, el arte de la negociación. Las que desarrollan esas fuerzas terminan estancadas por la falta de acuerdo sobre un punto que aparece como irreconciliable: a cuál de ellas le corresponde el derecho a encabezar la lista de diputados nacionales en el principal distrito electoral.

Juan Manzur propuso a la Legislatura que Gonzalo Azcárate sea juez en el fuero penal de Tucumán. Su pliego fue demorado por la Comisión de Acuerdos cuando trascendieron una serie de chats que lo confirmarían como autor intelectual del sobreseimiento que el juez Gonzalo Pisa dictó a favor del gobernador en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. Azcárate es secretario del juzgado de Pisa y su ascenso debería reflejar el aparente intercambio de favores con Manzur. La decisión de trabar su pliego es parte del enfrentamiento entre el gobernador y su vice, Osvaldo Jaldo.

Oficialismo y oposición experimentan el mismo síndrome. La selección de candidatos está demorando la presentación de las propuestas que harán en las elecciones. Un proceso complicado por la magnitud de la crisis y la insatisfacción de la ciudadanía con la calidad de la respuesta de las dirigencias a una situación en la que se refuerza su característico rasgo conservador.

Cristina Fernández de Kirchner se vio obligada a reaparecer en público para respaldar la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

La paridad electoral entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio recalienta la disputa en esas coaliciones por el control de la selección de candidatos: la etapa más importante de una campaña. El 24 de julio vence el plazo para oficializar a los que competirán en las PASO del 12 de septiembre y los comicios del 14 de noviembre. Lo que vuelve trascendente el rol de quien asuma esa decisión. Especialmente en la provincia de Buenos Aires. El distrito donde se define el resultado de los comicios.

Héctor Daer y Pablo Moyano compiten por seducir al kirchnerismo duro y sumarlo a su favor en la disputa que libran por la conducción de la CGT. El actual secretario general, Daer, intenta ser reelegido y permanecer en el cargo. Moyano se propone sucederlo. Un proceso que se definirá en octubre con el congreso que convocará la CGT, pero que antes tendrá otros capítulos. La proclama del 25 de Mayo, donde los dos aparecen suscribiendo los postulados de Fernanda Vallejos, podría ser el prólogo aparentemente inesperado.

Ángela Merkel le confirmó a Alberto Fernández lo que ya sabía. Sin un plan consistente para corregir sus desequilibrios macroeconómicos, a la Argentina le será difícil que la comunidad internacional sea comprensiva con las dificultades que tiene para cumplir con sus compromisos externos.

El clima social y económico marca un límite de apariencia infranqueable a las iniciativas más controvertidas que el Frente de Todos impulsa en el Congreso. Es lo que esta semana le impidió tratar en la Cámara de Diputados la reforma a la ley del Ministerio Público, rechazada por Juntos por el Cambio. Presionados por una opinión pública adversa a resolver temas fuera de sus prioridades, los bloques minoritarios que ofician de habituales aliados del oficialismo se vieron obligados a poner en pausa esa estrategia.

Kicillof se encamina a establecer una marca difícil de superar por quienes lo sucedan. Ser el primer gobernador desde la recuperación de la democracia en no designar ni un solo funcionario en el Poder Judicial en la primera mitad de su mandato. Un récord construido con el congelamiento de unas 500 vacantes sin cubrir.

 

Las alianzas y partidos que compitan en la provincia de Buenos Aires precisarán por lo menos 60 mil responsables de fiscalizar las PASO y las elecciones generales. El incremento del 50 por ciento sobre las 40 mil mesas que ya estaban habilitadas para votar es la consecuencia más inmediata de las medidas de prevención acordadas anteayer por el Ministerio del Interior y la Cámara Nacional Electoral, como parte del nuevo protocolo sanitario que se aplicará el 12 de septiembre y el 14 de noviembre para evitar la propagación de la segunda ola de la pandemia.

La aparente radicalización de Alberto Fernández irradia un inesperado frenesí entre quienes fantasean con que lidere la resistencia a Cristina Fernández de Kirchner. Sospechan que la vicepresidente y La Cámpora aprovecharán el cierre de listas de candidatos para barrerlos del sistema de poder institucional.

Alberto Lugones sabía que el bloque oficialista en el Consejo de la Magistratura no iba a acompañar en la reunión de ayer su pedido para que la Corte suspenda la actividad del Poder Judicial con la excusa de las nuevas restricciones dispuestas ante el nuevo rebrote del Covid-19. Una novedad que debió sorprenderlo. La nota que el vicepresidente del Consejo presentó el lunes reflejó la estrategia de un sector del kirchnerismo para habilitar una ventana de tiempo que le permita a Cristina Fernández de Kirchner contar con mayor margen de maniobra en las causas más comprometedoras.

El período de aislamiento que cumple por haber sido contacto estrecho de Alberto Fernández le impidió a Máximo Kirchner dialogar esta semana con el sector sindical de los denominados “Gordos”. Algo que podría ocurrir en la próxima si se confirma que el Presidente no lo contagió de Covid-19.

Cristina Fernández de Kirchner tropieza con la dificultad de los gobiernos a mitad de sus mandatos. El agotamiento del tiempo propicio para gestionar reformas estructurales al funcionamiento institucional. Un déficit agravado por la situación en la que el Frente de Todos llega a las elecciones. Hay incertidumbre por el desenlace de la crisis sanitaria. De su evolución positiva depende que no se enfríe la tibia recuperación económica. Y de ella, el resultado que vaya a obtener en los comicios de octubre.

El kirchnerismo se quedó sin el gesto de comunión que intentó forzar desde la semana pasada: la asunción, en simultáneo, de Alberto Fernández en el PJ nacional y la de Máximo Kirchner en el bonaerense. Una sincronía imaginada para disimular el accidentado camino recorrido para llegar a esta instancia con la amenaza latente de apelaciones judiciales.

Marcela Losardo es el caso de vacilación más reciente en el gobierno del Frente de Todos. El kirchnerismo desea desplazarla del Ministerio de Justicia, pero sin quedar involucrado en una acción cuyo efecto podría tener impacto negativo en la opinión pública. Una dimensión de la política que sigue con detenimiento por un hecho simple: la instancia electoral es la única que reivindica para legitimar el ejercicio del poder en democracia. Es el argumento principal al que apeló Cristina en su alegato contra la Justicia y los medios en la causa por el dólar futuro. Pero también la esencia del problema que tiene la vicepresidenta.

El plan de vacunación está provocando el efecto contrario al deseado por el Gobierno. El descubrimiento de irregularidades en la entrega de dosis compromete la posibilidad de obtener un rédito que pueda capitalizar en las elecciones de este año. Pero también amenaza con dañar su salud política.

Las normas que regulan al poder son una dificultad para el kirchnerismo. Es lo que determina su espíritu reformista. Adecuar la ley para que acepte los casos en que actuó evadiéndola. Ese es el nudo del conflicto que mantiene con el Poder Judicial bajo el polémico concepto del lawfare. La idea de una persecución a quienes en apariencias luchan contra un sistema injusto sin detenerse en esas minucias. Podría faltar poco para que Ginés González García adhiera a esa causa. El fiscal Guillermo Marijuan lo investiga por la entrega selectiva de dosis del plan de vacunación.

La Justicia Federal amenaza con volver a distanciar a la familia Moyano de Cristina Fernández de Kirchner. Un mal presagio para la estrecha relación que Alberto Fernández mantiene con el clan camionero a través de su pater familiae, Hugo. 

La crisis está poniendo a prueba la capacidad de adaptación del kirchnerismo a la adversidad. Ingresa en el proceso electoral sin tener resuelto un programa económico que despierte expectativas favorables en el electorado. Ni tampoco entre sus aliados del Frente de Todos, donde se insinúa un debate que comienza a objetar la forma en que se distribuye entre ellos ese bien escaso. En el peronismo, la fragilidad económica suele provocar inestabilidad política y alentar movimientos emancipatorios. Su historia en las elecciones legislativas es rica en ejemplos.

La Cámpora pretende desplazar de sus cargos a un grupo de intendentes del Conurbano que resiste a Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense. El plan será puesto en marcha una vez que el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner sea designado en ese cargo. Algo que debería ocurrir en marzo. Desde allí impulsará a candidatos propios a competir contra una lista de jefes comunales. Si bien sus mandatos concluyen en el 2023, el 2021 podría darse la primera etapa de esa disputa.

Resulta curioso que un intendente kirchnerista sea la dificultad más importante que tiene por delante Cristina para la tregua que se propone pactar con Fernández antes de que comience a correr el calendario electoral. La vicepresidenta quiere llegar a esa instancia con Fernández como nuevo titular del PJ, pero rodeado de dirigentes de su confianza y con la designación de Máximo al frente del peronismo bonaerense.

Alberto Fernández tiene un problema más severo que los deslices de los funcionarios de Salud alrededor de la campaña de vacunación contra el Covid-19 anunciada para este fin de año. El acto del Frente de Todos en La Plata desnudó que carece de un antídoto efectivo para resolverlo. A Cristina Fernández de Kirchner le cuesta reconocer como propio a su gobierno. Un fenómeno similar a la de autoinmunidad en la medicina. La célula madre ataca a las que no identifica como parte del mismo organismo.

Alberto Fernández consiguió lo que parecía imposible. Hacer que Cristina Fernández de Kirchner y algunos de sus detractores coincidan en calificar de negativos los primeros doce meses de su gestión.

Cristina Fernández de Kirchner quiere hacer del Congreso el centro de difusión de la campaña, para convertirse en su gran protagonista. Es la manera que halló de intervenir en ese proceso sin ser candidata y de resolver una falencia inquietante del Frente de Todos, la falta de una figura que sustituya el atractivo que despierta entre sus votantes. Esa estrategia tiene un beneficio adicional. Le permite sortear la inactividad que caracteriza al Poder Legislativo en períodos electorales.

La impericia revelada por el Gobierno en la organización de los funerales de Maradona abre un interrogante entre los intendentes del peronismo bonaerense sobre el grado real de influencia que puede ejercer Alberto Fernández para que sorteen con éxito la inhibición legal de ser reelegidos más de una vez, como les prometió hace un mes en un acto realizado en Avellaneda.

La crisis abierta en el oficialismo por la necesidad de ajustar el gasto público habilita nuevas interpretaciones sobre el alcance de "los funcionarios que no funcionan", la metáfora más inquietante de la carta que Cristina Kirchner dio a conocer hace un mes.

La designación de Ferraresi en el Ministerio de Hábitat marca un cambio en la distribución del poder en el Frente de Todos. Reconoce por primera vez a los intendentes del conurbano dos condiciones que podrían ser imprescindibles para sumarse al Gobierno: inserción territorial y poder de convocatoria.

La suspensión de las PASO y de la cláusula que impide la reelección de intendentes en la provincia de Buenos Aires da forma a la ingeniería con que un sector del oficialismo pretende transformar en energía autosustentable el halo de optimismo que envuelve a la administración de Alberto Fernández desde hace un par de semanas.

Al kirchnerismo le preocupa perder el control de la calle. Un temor expresado en la carta que dio a conocer Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada. Pero esa "versión edulcorada de lo que piensa", según quienes la frecuentan, tiene uno de sus puntos débiles en ese ítem. Les atribuye la responsabilidad de la incertidumbre económica a los efectos globales de la pandemia y al gobierno de Mauricio Macri. Una excusa difícil de admitir a casi un año de gestión.

Cristina Fernández de Kirchner está insatisfecha con las gestiones de Alberto Fernández y Axel Kicillof. Le parece inadmisible que obtengan un resultado que la decepciona después del aval político que les confirió al imponerlos como candidatos a presidente y gobernador.

El kirchnerismo trabaja para que Cristina controle las candidaturas en las elecciones del año que viene con el incremento de la influencia de La Cámpora en las decisiones del Estado.

La pérdida de confianza en el oficialismo coloca a la oposición en un dilema. Podría concentrar la expectativa defraudada por el Gobierno, pero no tendría medios para satisfacerla hasta dentro de tres años.

El acelerado deterioro de la situación económica amenaza al proceso de redistribución de la riqueza que La Cámpora se propone iniciar en la segunda mitad de la presidencia de Fernández.

La Corte es el nuevo fetiche de Cristina. Alcanzó ese estatus sin opinar sobre Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Por eso es difícil que el criterio que adopte hoy con el per saltum de los tres jueces modifique el lugar que ocupa en el imaginario oficialista. La máxima autoridad del único de los tres poderes donde la influencia de la vicepresidente todavía es resistida.

Cristina lleva adelante una nueva concentración de poder que confirme su autoridad política. Procedimiento habitual cuando se necesita superar con rapidez una crisis que, por lo general, también afecta al entorno que rodea a los dirigentes. La vicepresidenta está reorganizando el suyo de acuerdo con el grado de responsabilidad que asigna a sus miembros por no advertir un hecho en apariencias inesperado.

Es natural que el reclamo salarial de la policía haya quedado involucrado en el prolongado conflicto por el control del conurbano entre Cristina Kirchner y los intendentes que conducen el peronismo bonaerense.

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