Lo que ha cambiado es que se ha abierto una puerta a la financiación de grandes proyectos de infraestructura y a inversiones en sectores relevantes. En cualquier caso, esa puerta se franqueará rotundamente cuando  las contrapartes se convenzan plenamente de que Argentina  ha forjado un consenso  consistente sobre su comportamiento a mediano  y largo plazo.

LA MONCLOA  ARGENTINA

Con ánimo electoralista, estimulado sin duda por el breve plazo que resta hasta que se consume el  comicio de medio término, el gobierno interpreta que  ese consenso  tiene una única vía para manifestarse: la victoria oficialista en las urnas de octubre.  Esa mirada esconde una suerte de extorsión tácita: “si la sociedad argentina no nos  elige, los inversores y financistas potenciales  no van a venir”.

No es cierto  que la victoria oficialista sea la única forma posible de consenso. Sí es probable  que una derrota  oficialista volvería  más acuciante la demanda externa de  que ese consenso se  consume y evidencie.

Encuestas y pronósticos parecen coincidir en que el gobierno conseguirá un resultado numéricamente satisfactorio en las urnas.  De todos modos, una elección como la que se producirá en octubre admitirá distintas lecturas pues el escenario estará fragmentado. En la suma  del territorio el  gobierno probablemente saldrá primero pero no conseguirá más votos que la oposición;  aunque  conquistará más bancas que  las que pondrá en juego,  no  conseguirá  todavía un número  de  diputados ni de senadores  que le garantice autonomía de movimientos en el Congreso: seguirá dependiendo de las negociaciones con los bloques  ajenos.

Más allá de encuestas, augurios y deseos, es difícil que en el decisivo  ring de la provincia de Buenos Aires  el oficialismo pierda frente a un peronismo que no consigue todavía  unificar personería alrededor de una conducción y candidatos plausibles. Pero  podría ocurrir: la democracia se caracteriza  por admitir cierto margen de incertidumbre que sólo se disipa cuando se cuentan los votos.

En cualquier caso, el consenso  que se  le pide a la Argentina  es algo diferente que  el resultado favorable que  pretende el gobierno y algo independiente  de su eventual  victoria.

De hecho, eso quedó destacado el jueves último en el Salón Azul  del Senado cuando, ante  muy numeroso público formado por políticos en actividad y en retiro,  un panel formado por primeras figuras del Pro (Federico Pinedo), el radicalismo (Ernesto Sanz) y el peronismo (Miguel Pichetto) analizó los pactos españoles de La Moncloa junto a uno de sus forjadores, el ex senador comunista español Ramón Tamanes.

En ese marco, Sanz insistió en su idea de que se necesita un acuerdo de gobernabilidad que vaya más allá del actual oficialismo, pues “seguirá sin haber una fuerza política mayoritaria" después de la elección de octubre. Pinedo, por su parte, coincidió en  la virtud de una convergencia de esa naturaleza, ante “las dificultades y desafíos que presenta la economía global”.   Casi  traduciendo lo que Macri escucha  en el exterior, Pinedo propugnó el consenso amplio para “dar señales de que la Argentina no va a seguir con sus ciclos de crecimiento y de destrucción de lo conseguido".

Miguel Pichetto, de su lado, recordó que, al inaugurarse el gobierno de Mauricio Macri,  él mismo había  propuesto un “Acuerdo del Bicentenario”. Que no llegara formalizarse no quiere decir que no se pusiera parcialmente en práctica (el gobierno  consiguió  aprobar un centenar de leyes gracias a la colaboración opositora), pero  la falta de una concreción  explícita de ese acuerdo que piden afuera y –como queda claro- también adentro, indica que se ha  perdido  mucho tiempo en avanzar en el amplio consenso posible e indispensable.

EL SALTO SIN RED

Antes de regresar de Asia, el Presidente tomó nota del recalentamiento político-institucional  que sufre el socio mayor de Argentina: Brasil. La perturbación en el vecindario  inevitablemente incrementa la cautela con la que se mueve el mundo en relación con la Argentina.  Más allá de esa dificultad genérica, los problemas de Brasil  afectan directamente al país: tienen consecuencias monetarias, productivas, comerciales. Si se quiere, también tiene consecuencias políticas.

De hecho, las investigaciones judiciales  que destapan escándalos y sacuden al sistema político brasilero  ya han registrado repercusiones locales en Argentina  que han determinado  que grandes compañías cambiaran de mano y que altos funcionarios públicos se encuentren sometidos a sospechas e investigación.

Todo indica que los sacudimientos de nuestro gran vecino  no terminarán de inmediato.  Las investigaciones judiciales amplificadas por los medios  sugieren que  el tejido conjuntivo del sistema político brasilero está contaminado por distintas formas  del financiamiento ilegal, con  su contraprestación  de favores  y protecciones  non sanctas a empresas  y su extensión a tramos de las instituciones (sin excluir la Justicia) y los cuerpos burocráticos.

Que los brasileros descubran ahora que varios de quienes motorizaron el apartamiento de  la Presidente Dilma Rousseff están  involucrados en la misma especie de manejos ilegales que se imputaban a Rousseff y a su partido (el PT de Lula Da Silva), extiende la sospecha y  la deslegitimación  al conjunto del sistema política y hace difícil prever sobre qué  pilares podrá asentar su autoridad, legitimidad y capacidad de gobierno  quien sea llamado a reemplazar al actual Presidente, Michel Temer,  candidato a seguir muy pronto  el desalojo que sufrió Dilma.

Aunque Temer ha  asegurado que no renunciará  (Rousseff también  lo había proclamado antes del juicio político),  parece claro que no cuenta  con capacidad para controlar la situación y sostener su gobierno hasta el final. La Justicia podría, basándose en  el financiamiento ilegal que  facilitó la campaña de la fórmula Rousseff-Temer, declarar nula la elección que los llevó al gobierno, lo que exigiría convocar  a elecciones adelantadas. Las manifestaciones callejeras  de los últimos días pedían justamente eso: “elección directa”.

Es difícil, sin embargo, que el sistema de fuerzas  de lo que podría designarse como _establishment_  de Brasil se resigne a la prueba sin red de dejar  la última palabra en manos  del  cuerpo electoral, con el sistema de mediaciones políticas desarticulado. Más aún: si no avanzan nuevas  causas contra él, podría  ocurrir que  la elección directa devolviera  la presidencia a Lula. En rigor, las encuestas muestran que es el candidato que cuenta con más apoyo, inclusive  en tiempos en que arrecian causas judiciales  y campañas periodísticas en su contra.

Por ese motivo, no  es improbable que  se tolere por un cierto tiempo la continuidad  impotente de  Temer  mientras se genera un consenso para una salida sin elección directa,  basada en  el Congreso, que elegiría  una persona mayor de 35 años para que complete  el mandato que inauguró  Dilma Rousseff, y sea presidente hasta diciembre del año próximo. Ese elegido debería  tener rasgos  muy marcados de credibilidad y autoridad que  le otorguen crédito ante la opinión pública y debería  asentarse en  un  consenso  de gobernabilidad  que vaya más lejos y más profundo que la suma de fuerzas del gobierno.

El espejo brasilero  pone en evidencia  tanto  la virtud de los acuerdos  que garantizan gobernabilidad y sostienen  reformas indispensables para afrontar los desafíos del mundo como la desgracia de perder o destruir esos consensos.

La Argentina, que supo  experimentar esas desgracias, no debería desperdiciar  los acuerdos mientras sean posibles.  La experiencia de Dima y de Temer indica que las elecciones  son  un pilar muy importante de la gobernabilidad.  Pero no el único.

Jorge Raventos
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