Jorge Enríquez

 

Los argentinos estamos viviendo un tiempo de zozobra, de angustia, de hondo pesimismo. Son cada vez más los compatriotas que no vislumbran ningún horizonte en nuestro país y barajan la perspectiva de labrar su destino en otros. Las personas de cierta edad, afincadas pese a todo por sus vínculos familiares, laborales y sociales, lo piensan menos, pero entre los jóvenes crece a pasos agigantados la idea de dejar el país.

 

 

Si tan solo diera señales claras de respetarla, ya se habría despejado gran parte del camino

 

 

Desde hace un tiempo el kirchnerismo tomó como uno de sus tantos enemigos a la meritocracia. En su rápido despojo de las máscaras que lo disfrazaron con propósitos electorales como moderado, Alberto Fernández se sumó en los últimos días a esa campaña.

 

 

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, convocó a sus pares a un acuerdo extraordinario que se celebrará el martes 29 de septiembre para tratar el recurso de per saltum interpuesto por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli con relación al desplazamiento que sufrieron de los tribunales en que actúan.

 

 

Fomentar o tolerar la violación de derechos es no solo dejar de lado la Constitución, sino aniquilar la convivencia pacífica entre los argentinos y sepultar cualquier esperanza de desarrollo con equidad

 

Como una de las piezas del plan de impunidad diseñado por Cristina Kirchner, el oficialismo salió a atacar al procurador general de la Nación, Eduardo Casal.

 

 

En medio de una crisis gravísima, que está empujando a la pobreza a la mitad de la población, el gobierno nacional se embarca en una reforma judicial inoportuna, inconsulta, improvisada y sectaria, que no responde a las necesidades sociales sino tan solo a la enfermiza obsesión del oficialismo por utilizar la pandemia como excusa para incrementar su poder.

 

 

El kirchnerismo se ha lanzado a copar la Corte Suprema. Ese es el propósito evidente de la "reforma judicial", eufemismo para designar una operación que no puede engañar a nadie que haya vivido en la Argentina durante las últimas décadas.

 

 

Una rápida lectura del proyecto permite realizar serias objeciones constitucionales, además de ocultar la finalidad cuyos redactores no se animan a explicitar

 

 

Desde el inicio de la pandemia, los legisladores de Juntos por el Cambio hemos presentado muchos proyectos de ley tendientes a paliar la grave situación económica que las cuarentenas están provocando en las familias y en las empresas. Además de esas iniciativas, advertimos que la paralización general de la actividad nos llevaba al abismo y que era necesario conciliar las necesidades sanitarias con las económicas.

 

 

 

La impunidad sigue interpelando la conciencia de los argentinos.

 

 

En las últimas semanas el oficialismo se ha dedicado a calificar a sus críticos como “odiadores”, “odiadores seriales” y otras expresiones semejantes. Para el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y otros altos funcionarios, como el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, no se explica la oposición al gobierno nacional sino desde el odio.

 

 

Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras: los astros y los hombres vuelven cíclicamente (Jorge Luis Borges, La noche cíclica). El kirchnerismo es el de siempre.

 

Como buen populista, el cuarto gobierno kirchnerista, ahora con Alberto Fernández como presidente, tiene que construir un enemigo feo, malo y sucio, frente al que todas sus acciones adquieren legitimidad. La división es clara: se está del lado del bien, es decir con el gobierno, o del lado del mal.

 

 

Nadie ignora que estamos atravesando una situación de enorme complejidad. Es lo que le sucede, en mayor o menor grado, a todos los países del mundo. Pero en la Argentina la pandemia cayó sobre otra pandemia preexistente, que tiene raíces muy antiguas, pero que el kirchnerismo profundizó: debilidad institucional, corrupción, falta de seguridad jurídica y una cultura populista que nos llevó a no desarrollarnos, tener alta inflación y no crear empleo genuino.

 

 

Una vez más un gobierno peronista intenta manipular a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que sea un apéndice del Poder Ejecutivo.

 

 

Una de las principales atribuciones del Congreso es la aprobación del presupuesto. Tan importante ha sido considerada siempre que es habitual referirse a la ley de presupuesto como la ley de leyes. Y así debería ser en una república robusta, ya que se trata de una norma que, al formular una estimación de los recursos públicos de que dispondrá el Estado y ordenar la asignación de los gastos, tiene un carácter fundamentalmente político.

 

 

La pandemia del coronavirus enfrenta al mundo a un escenario inédito. Hubo muchas otras pestes, desde luego, y algunas de un poder letal muy superior a la que nos afecta ahora.

 

 

Se trata de un impuesto que produce fuertes desincentivos a la inversión. Literalmente, espanta a los capitales y sin ellos es muy difícil imaginar una recuperación cuando las arcas del Tesoro están anémicas y las personas están perdiendo sus trabajos.

 

 

El coronavirus Covid-19 está trayendo innumerables problemas. Por cierto, las muertes y las enfermedades son los más graves, que justifican medidas excepcionales como las severas restricciones a la libertad ambulatoria que padecemos. Pero hay otros inconvenientes menos visibles.

 

 

El gobierno nacional comenzó subestimando la gravedad de la pandemia. Con absoluta irresponsabilidad, el ministro de Salud, Ginés González García, sostenía en febrero que el coronavirus no llegaría a la Argentina. Cuando era evidente que el pronóstico del principal responsable de las políticas sanitarias de nuestro país estaba sepultado por la realidad, el presidente Alberto Fernández, sensatamente, advirtió que debía hacer algo.

 

 

Un grupo de senadoras kirchneristas presentó un proyecto destinado a intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy. El objetivo es claro: sustituir a los actuales jueces por otros que sean militantes kirchneristas para que, vía la anulación de todas las causas sustanciadas en los últimos cuatro años por la justicia jujeña, logren la absolución de Milagro Sala en las diversas actuaciones judiciales en las que está siendo procesada.

 

 

El proyecto del Poder Ejecutivo de reforma al régimen jubilatorio de los magistrados judiciales no debería ser aprobado tal cual fue remitido.

 

 

Se ha originado en estos días una fuerte polémica entre el Presidente de la República, su Jefe de Gabinete, otras altas autoridades nacionales, sectores sociales y algunos condenados por la justicia en torno a si hay o no presos políticos en nuestro país.

 

La tragedia de Villa Gesell ha conmovido profundamente a la sociedad argentina. En los últimos días, los canales de noticias casi se dedican en exclusividad a este tema. Abundan las explicaciones y se adjudican con gran velocidad culpabilidades.

 

La coparticipación que recibe la Ciudad es injusta e inequitativa, pero en su perjuicio. Todo lo contrario, a lo que considera el gobierno nacional.

 

En la Argentina, la excepción es la regla. Una nueva ley de emergencia acaba de ser sancionada, en el mes de diciembre pasado por el Congreso de la Nación. Una ley que contiene en verdad varias emergencias. Hasta de emergencia fue su trámite, que pese a la importancia de la norma que se consideraba, pasó con la velocidad del rayo por ambas cámaras, sin la posibilidad de que los legisladores la pudieran discutir con seriedad.

 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego de su discurso de asunción en diciembre pasado, en el que les pidió a sus funcionarios que fueran militantes, designó a dos funcionarios procesados: el ministro de Salud, Daniel Gollán, y el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Girard.

 

Se cumple este viernes el primer mes del mandato presidencial de Alberto Fernández. Un lapso corto como para extraer conclusiones categóricas sobre su gobierno, pero que permite señalar algunas características preliminares.

 

“Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras: los astros y los hombres vuelven cíclicamente”.

 

 

El discurso del presidente Fernández planteó en su inicio la necesidad de superar las grietas entre los argentinos y de apuntar a una unidad sin uniformidad, en lo que no puedo estar más de acuerdo.

 

 

Uno de los grandes males de la Argentina ha sido la dificultad para concederle legitimidad al adversario. En particular, este defecto se intensifica en los gobiernos populistas. Como se consideran a sí mismos la encarnación del pueblo, la patria o la Nación, es natural que estimen que quienes se les oponen son el antipueblo, apátridas, cipayos, para usar solo algunos de los calificativos con que suelen denostarlos.

 

 

¿Es admisible que un político condenado por delitos de corrupción sea candidato a un cargo electivo? Para cualquier persona con sentido común esa idea sería absurda. Sin embargo, actualmente nuestras leyes tienen una laguna en este aspecto y los tribunales carecen, por lo tanto, de referencias claras para fallar.

 

 

En medio de una América Latina convulsionada -en la que la Argentina, pese a sus dificultades económicas, atraviesa afortunadamente una transición pacífica y encarrilada por las vías institucionales-, los sucesos de Bolivia son muy preocupantes.

 

 

Aún con un formato que los transforma más en una serie de exposiciones individuales que en un intercambio de ideas y propuestas, los debates presidenciales han revelado que son útiles para la ciudadanía.

 

 

En su filosofía esencialmente liberal, la Constitución Nacional previó en su artículo 18 una serie de garantías que pertenecen a todos los habitantes de la Nación. Entre ellas aparece una que se relaciona directamente con los procesos que se siguen contra ellos: "Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo.".

 

 

El kirchnerismo apostó a una imagen moderada para sumar muchos votos en las primarias. Escondió a su jefa política y nos presentó a un Alberto Fernández que rechaza las posiciones extremas. El relato exigía algunos retoques a la verdad histórica, pero como no se trataba de un líder político que la mayoría de la sociedad tuviera presente, pudo pasar como un dirigente nuevo, destinado a refrescar la política.

 

 

En su reciente viaje a Europa, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, y sugirió que le interesaba aplicar un modelo como el que le permitió a ese país superar la severa crisis económica que padeció hace unos años.

 

 

La deliberación no debería ser, en el siglo XXI, una mera posibilidad de la democracia, sino uno de sus elementos esenciales.

 

 

Para quienes somos demócratas, cuando el pueblo se pronuncia el deber es no solo respetarlo sino también escucharlo muy atentamente.

 

 

El kirchnerismo fue tan entusiasta en difundir que ganaría ampliamente en las PASO que, a medida que se acerca la fecha y todo indica que ello no va a ocurrir, entró en pánico.

 

 

Se cumplieron 25 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires el 18 de julio de 1994, mediante un coche bomba. Se trató del mayor ataque terrorista ocurrido en la Argentina, con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas.

 

 

De ambos lados de la grieta se predica que debe terminar la grieta. Un observador neutral, que recién llegara a la Argentina, podría conjeturar entonces que no hay tal grieta o que esta es artificial, o solo un recurso publicitario de campaña para polarizar la elección.

 

 

La decisión de Mauricio Macri de invitar a Miguel Ángel Pichetto a ser su compañero de fórmula lo vuelve a exhibir como un estadista que sabe leer las grandes tendencias de la Argentina y el mundo.

 

 

El Gobierno nacional está planteando un acuerdo con las agrupaciones políticas y los diversos sectores de la vida económica y social en torno a diez puntos.

 

 

De nuevo, la cantilena de todos los años: el paro, las marchas, las consignas vacías.

 

 

El presidente Mauricio Macri dictó hace pocos días el decreto 259/19, que impide a las agrupaciones políticas el uso de las boletas colectoras, aquellas en las que uno o varios candidatos de un partido político, además de serlo por dicho partido, también lo son por otras agrupaciones políticas, de modo que su candidatura aparece promovida por boletas de diversas fuerzas políticas.

 

 

Se puede discutir cuáles son las características que debe tener un juez.

 

 

El Gobierno nacional presentó el proyecto de régimen penal juvenil, que fue elaborado en el ámbito del Ministerio de Justicia. Expusieron los lineamientos fundamentales de la iniciativa el ministro del área, Germán Garavano, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

 

 

El tema de la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los argentinos. Los gobiernos kirchneristas se pasaron más de diez años subestimando esa demanda social, negando la gravedad del asunto o suponiendo que se trataba de inquietudes de la derecha.

 

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