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Miércoles, 29 Diciembre 2021 11:41

Tarifas: ahora sí, el Gobierno avanza contra "los ricos" - Por Carlos Burgueño

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Se anunció el aumento de 20% para las tarifas de luz y gas para el 2022. Sin embargo, los incrementos no terminarán ahí. Se avanzará en el segundo semestre para el fin de los subsidios "a los ricos". Los problemas para identificarlos 

El Gobierno ya definió que pasará con las tarifas de los servicios públicos en 2022. Los aumentos generales serán del 20% uniformes para todo el país; aplicándose entre febrero y marzo. La mayor parte de los argentinos no tendrán nuevos incrementos en el resto del año; con lo que los contribuyentes deberán subsidiar, aproximadamente, otro tanto porcentual de las tarifas durante el ejercicio que viene. No hay otra salida, salvo que el Gobierno nacional quiera terminar gradualmente con la aplicación de los subsidios. O al menos empatarle a la inflación. Pero como la decisión es otra, y los incrementos pactados para el 2022 no cubrirán la inflación (y quizá no le empate a la mitad), habrá que subir el gasto público. 

Pero las cosas no quedarán ahí. El Gobierno de Alberto Fernández avanzará por primera vez en la segmentación tarifaria o "rebalanceo", para que, ahora sí, "más paguen lo que más tienen". O, dicho de otra manera, para "dejar de subsidiar a los ricos". El problema del caso es identificar a los ricos. Por lo que se sabe, los subsidios se eliminarán (se verá si en todo o parte), a los barrios cerrados y propiedades de valor mayor a 3.400 dólares el metro cuadrado en la región AMBA (Capital Federal y conurbano bonaerense); además de las entidades financieras y el juego, entre otros sectores que se irán sumando. La gran dificultad hacia delante es identificar a los "ricos"; pero no sólo del AMBA sino de todo el país.

Avanza así uno de los capítulos más polémicos de la economía argentina y que mayores problemas generó dentro de la coalición oficial: la segmentación de tarifas de los servicios públicos, un capítulo que el Ministerio de Economía viene tratando con la jefatura de Gabinete desde hace no menos de tres meses. Y que desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) se mira detenidamente con cierta inquietud. Para avanzar en la reducción de los subsidios, y para sostener un marketing más "Nac&Pop", será calificado como uno de los tantos tópicos vinculados con la eterna batalla "contra los poderosos".

El más entusiasmado con la idea es Martín Guzmán. Sabe el ministro de Economía que si quiere pensar en un 2022 con los números ordenados y un Fondo Monetario Internacional (FMI) levemente entusiasmado con el futuro de un Facilidades Extendidas; debe mostrar en Washington un plan creíble en cuanto al manejo de las tarifas de servicios públicos en la electricidad y el gas y en particular lo que se destina a subsidios.

La intención del Gobierno es reducir el abultado monto de dinero que el sector público debe destinar a aplanar el costo a los ciudadanos de las tarifas, y lograr el complicado fin que el Estado sólo subsidie a los consumidores que lo necesiten. O, como mínimo, que el dinero no se destine a los sectores de mayores ingresos. Dicho de otra manera, dejar de aplicarlo "a los ricos". Se debatirá quién lo es y quién no.

Como ya comentó este medio, Guzmán trabajaba en silencio sobre el tema, elaborando un plan de segmentación que debía ser presentado en sociedad luego de las elecciones de noviembre. Ahora es el momento. Y no se puede extender más la decisión oficial. Guzmán y Juan Manzur se pusieron el tema al hombro y lograron que políticamente la coalición gobernante, más específicamente el kirchnerismo, avance en el 20% (algo escueto para las cuentas públicas) y apunte "contra los ricos".

El objetivo de Guzmán es reducir el abultadísimo porcentaje sobre el PBI que tienen los subsidios a las tarifas públicas, dato que inmediatamente se traslada al déficit fiscal. Según los números en los que coinciden tanto el sector público como los privados, este 2021 se deberá destinar un 2% del PBI a atender esta cuenta, incluyendo la importación, generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas. Se suman, además del consumo directo de las familias por el suministro, las garrafas y el transporte automotor, ferroviario y aerocomercial. Según un informe de comienzos de año de la consultora Ecolatina, "los subsidios energéticos representaron tres de cada cuatro pesos gastados en transferencias económicas corrientes a empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado, siendo equivalentes a casi el 2% del PBI”.

Economía sabe que la inflación, la suba de los precios internacionales, el aumento de los costos en las empresas concesionarias involucradas y la alteración del tipo de cambio influyen directamente en el precio final de las tarifas; y que el subsidio es el mecanismo para que el incremento no se traslade de manera plena. Teniendo en cuenta también, por imposiciones de la política, que el incremento de las tarifas en este 2021 será de menos de un dígito porcentual para todos los consumidores; ese porcentaje de 2% total podría incluso incrementarse.

Guzmán quiere cortar con esta tendencia, y que esto figure en el diseño del Presupuesto para 2022. Sabe que no podrá hacer una “revolución” tarifaria y que sólo obtendrá victorias parciales y limitadas por “la política”. La intención es que la segmentación que se aplicará desde algún momento del segundo semestre es que los subsidios "pro rico" termine. Se sabrá si de manera gradual o plana. Si es esto último los aumentos podrían superar el 50% y trepar hasta un 70%. La intención es que ese porcentaje se reduzca gradualmente con los años, llevando a un nivel no mayor a 1% en cuatro ejercicios. No es un cronograma al azar. Desde 2026, un año después, el Gobierno debería comenzar a pagar al FMI un eventual Facilidades Extendidas; y para ese ejercicio el superávit fiscal primario debería ser una realidad.

La pregunta inevitable ante el panorama es, cuál será el criterio para definir al consumidor de mayores recursos y que parámetros porcentuales se aplicarán para la eliminación del subsidio. Por lo que se sabe, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) está trabajando con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); mientras que el Enargas trabaja bajo datos propios.

Carlos Burgueño

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