Domingo, 02 Octubre 2022 04:51

Finalmente llegó el reclamo público de Cristina Kirchner a Economía por la inflación: qué hará Sergio Massa - Por Daniel Fernández Canedo

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Las paritarias al 100% muestran la intensidad de la pelea. El ministro, entre la credibilidad que da el ajuste y el temor al veto político por la disparada de los precios. 

La vicepresidenta fue clara en su demanda pública al ministro de Economía: "Es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva" porque las empresas productoras de alimentos “han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad". 

Transitando un camino conocido (con núcleo en que las empresas son las responsables de la inflación), Cristina Kirchner pidió intervenir para aplacar los aumentos que cobraron vigor después de la renuncia de Martín Guzmán el 3 de julio pasado, que desató un alza de los dólares libres creando las condiciones para que la Argentina ingrese en un nuevo régimen inflacionario.

Ahora la inflación mensual ronda 6/7% cuando a comienzos de año era del 3/4%, ese salto parece irreversible en el corto plazo.

El nuevo régimen inflacionario tomó vigor en la carrera con los salarios: el 4 de mayo pasado Cristina Kirchner felicitaba a Sergio Palazzo por haber conseguido 60% de aumento para los bancarios. Esta semana se anunció que los empleados bancarios tendrán una suba de 94%.

Los bancarios tendrán aumentos de 14% en septiembre, 10% en octubre, 10% en noviembre y 9% en diciembre, además de un bono de $ 185.500 y en diciembre habría una nueva revisión.

Un aumento salarial anual de 94% (después del conflicto los empleados de la industria del neumático consiguieron 100%) muestra la intensidad de la carrera por no perder capacidad de consumo en una economía encaminada a indexar todo lo que se pueda.

Horas antes del reclamo a Sergio Massa, el viceministro de Economía había dicho en el Congreso que los "márgenes brutos empresariales" estaban adelantados respecto de tres años atrás", en lo que resultó una coincidencia con la visión de la vicepresidenta, pero que duró poco.

Gabriel Rubinstein lejos de responsabilizar a los empresarios sostuvo: "La culpa del desorden cambiario, las altísimas brechas, la obligación de financiarse a 180 días para importar, cupos, etc., etc., no la tienen las empresas. Es nuestra responsabilidad (gobierno) que todo esto mejore".

El viceministro mencionó el "desorden cambiario" a horas del fin del dólar soja, que implicó un aumento de 40% en el tipo de cambio para productores y exportadores y le acercó más de US$ 4.000 millones a las reservas del Banco Central.

Ahora bien, la posibilidad de liquidar soja a $ 200 y no a $ 147 del dólar mayorista terminó. ¿Y ahora qué? ¿Habrá dólar tecnológico o se encarecerá el dólar para turismo en el exterior o aparecerá un dólar minero o petrolero o para el litio?

La incertidumbre es tal que hasta crecieron las versiones (llegan a decir que fueron lanzadas por el propio ministro) de que el Gobierno estaría preparando un plan de estabilización ahora que la expectativa de inflación se generaliza en torno al 100% anual.

También fue Rubinstein el que le quitó peso al rumor diciendo: "Unificar el mercado de cambios, sin robusto Superávit Fiscal Primario y casi sin reservas, luce demasiado riesgoso. El norte (¿3 años?) debería ser ese".

Un argumento a favor de que el gobierno no está pensando en un plan de estabilización en base a un salto cambiario lo da la decisión de volver a ofrecer bonos "duales" (lo que más rinda entre la inflación o la variación del dólar oficial) que en la práctica actúan como un seguro de cambio. Pero nada está asegurado en esta materia.

En el informe "las cuatro trampas de la alta inflación", la consultora ABECEB plantea la existencia de cuatro "trampas de inestabilidad": la que generan los $ 600.000 millones emitidos para pagar el dólar soja; el aumento de la tasa de interés para tratar de que la gente se quede en pesos y no vaya al dólar; la discrecionalidad del cepo para autorizar importaciones y -muy relevante- la del uso de la alta inflación como "una herramienta" para el ajuste del gasto público en jubilaciones, AUH, etc.

El informe destaca una de las consecuencias palpables de la inflación elevada: una familia necesita casi $ 120.000 para no ser pobre.

Y concluye: "Eso incrementa la probabilidad de que los conflictos distributivos lleven a que Cristina ejerza el veto y desautorice el ajuste de Massa. ¿La trampa? Para ser creíble, Massa debe ajustar el gasto y la inflación es funcional para eso. Pero más inflación aumenta la probabilidad de veto de la política y, por ende, menor credibilidad respecto de la sostenibilidad de las políticas de ajuste". Otra vez, el perro se muerde la cola.

Daniel Fernández Canedo

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