Juan Carlos de Pablo

Imaginemos un país dividido en un par de provincias. En una de ellas todos trabajan en el sector público, mientras que en la otra se reparten entre los sectores privado y público. Quienes operan en el sector privado con el pago de sus impuestos mantienen a los empleados públicos de ambas provincias.

El viernes 23 de octubre pasado, quien compró un dólar en el segmento blue del mercado cambiario tuvo que pagar $195. Quien resistió la ansiedad, a comienzos de esta semana logró el mismo propósito ahorrándose $25. ¿Qué pasó? George Bernard Shaw decía que si a un loro le enseñábamos a decir oferta y demanda lo que teníamos era un economista. Para entender, entonces, hay que ir más allá de la oferta y la demanda.

Como consecuencia del coronavirus, el Sistema de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo emiten "a lo pavote" y no pasa nada; mientras que el Banco Central de la República Argentina hace lo mismo y pasa de todo.

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, declaró que no le piensa pedir más ajuste fiscal a la Argentina. Dado esto, quienes hace unos días marcharon delante de las puertas del Banco Central, ¿fueron hasta allí para protestar contra la delegación del Fondo que nos visitó o para felicitarla?

Dada la situación existente en el sector externo, no es difícil explicar el interés que tiene el Poder Ejecutivo en que aumenten las exportaciones de mercaderías y servicios. No dije el deseo, que pertenece al plano de los objetivos, sino el interés, que plantea la cuestión en el plano instrumental.

Había una vez un país cuyo gobierno estaba obsesionado, no solamente por direccionar el crédito bancario, sino también por asegurar el cumplimiento de lo dispuesto.

 

El único aspecto relevante de la afirmación "francamente, no creo en los planes económicos" es que el presidente de la Nación se lo dijo a los periodistas del Financial Times, diario que leen los bonistas. ¿Ayudará esto a la negociación que su gobierno está llevando adelante con estos? Difícil.

 

Un gobierno no puede ordenar la escritura de la obra de William Shakespeare, solo puede ordenar su publicación o su prohibición, dijo Alfred Marshall. Del mismo modo, un gobierno no puede ordenar la invención de la vacuna que neutralice el coronavirus; lo que puede hacer es aportar fondos para facilitar las investigaciones para descubrirla.

 

Estimados diputados y senadores: les adjunto algunas importantes consideraciones que ustedes deberían tener en cuenta, por si prospera la idea de expropiar las empresas que integran el grupo Vicentin. Por razones de ventaja comparativa, circunscribiré las consideraciones al ámbito estrictamente económico.

 

¿Sabía usted que 540.000 adultos mayores reciben mensualmente un "bolso de alimentos"? Yo tampoco.

 

Mil empresas presentaron la documentación requerida para poder volver a fabricar y vender sus productos. El presidente de la Nación decidirá, en cada caso, si otorga la respectiva autorización.

 

Si los gobiernos pudieran determinar la evolución económica de los países, no habría crisis. Cuando los funcionarios creen que, vía decretos, resoluciones, prohibiciones, subsidios, emisión monetaria, etc., lo pueden lograr, y actúan en consecuencia, los habitantes tenemos dos problemas: lo que ocasionó la crisis y el gobierno de turno.

 

Las fábricas y los comercios, mientras están cerrados, tienen ingresos cero, pero igual tienen que pagar salarios, seguros, impuestos, etc. Ergo, no es que ganan menos, sino que pierden. Esta verdad elemental fue ignorada por el presidente Alberto Ángel Fernández, cuando el domingo pasado anunció la prolongación del aislamiento hasta el 13 de abril próximo.

 

Henry Kissinger sostiene que un discurso pertenece al presidente como una encíclica al Papa, independientemente de quién los escribió. La alocución pronunciada por el presidente Fernández, el domingo pasado ante la Asamblea Legislativa, fue particularmente importante porque fue redactada por él mismo, y comenzó enfatizando el valor de la palabra.

 

En abril de 1980, el entonces presidente de Estados Unidos James Carter intentó, por la fuerza, liberar a 52 compatriotas suyos que desde noviembre de 1979 habían sido tomados como rehenes por el gobierno iraní.

 

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