Néstor Scibona

A medida en que se acercan las elecciones legislativas del 14 de noviembre, se está produciendo –por fuera de la ruidosa campaña– una incipiente transmutación de roles frente a la urgente necesidad de que la Argentina encuentre un rumbo previsible cuando en 2022 aún le queden dos años de mandato al Gobierno.

Para el gobierno de Alberto Fernández, los salarios y jubilaciones les ganarán este año la carrera a la inflación y la vacunación récord contra el Covid permitirá que en septiembre la Argentina deje atrás la pandemia. Así como en el primer caso el relato oficial recurre a la desgastada “ilusión monetaria”, en el segundo crea la “ilusión vacunatoria”. Pero la realidad no es tan simplista.

Hace diez años, cuando no era demasiado conocido públicamente, Axel Kicillof lanzó una frase que dejó atónitos a no pocos asistentes a las clásicas Jornadas Monetarias y Bancarias organizadas por el Banco Central. “Es un invento del neoliberalismo que la emisión monetaria y los aumentos salariales generan inflación” sentenció, en medio de los murmullos en el salón.

Algo es siempre mejor que nada. Con este enfoque pragmático, las compañías petroleras que operan en la Argentina aguardan el envío al Congreso del proyecto de nueva ley de Hidrocarburos, que ya acumula tantos borradores que nadie está demasiado seguro de cuál será el definitivo. Esta duda también se extiende a varios despachos ministeriales que participaron de su elaboración colegiada junto con YPF y el Instituto Patria.

Ya no se trata sólo de relato o “fulbito para la tribuna” de cara a las elecciones legislativas de noviembre. A través de una resolución y un decreto, el gobierno de Alberto Fernández comenzó a desmantelar esta semana las concesiones a operadores privados de dos servicios clave para las exportaciones argentinas, que fueron íconos de la década presidencial de Carlos Menem.

A pocos días del arranque de la segunda mitad del año, el horizonte económico no se extiende más allá de las elecciones legislativas del 14 de noviembre, planteadas de manera casi infantil por el oficialismo como una lucha del bien contra el mal y que la oposición retribuye invirtiendo los términos. “Nosotros vacunamos”, es una frase de la Casa Rosada que define ese tono de campaña en medio de las internas, como si los opositores también pudieran hacerlo.

Cada vez que Cristina Kirchner y/o su séquito militante más cercano producen discursos, tuits, cortinas de humo o proyectos de ley destinados a captar votantes indecisos a cualquier costo en las elecciones legislativas de noviembre, se encienden luces de alarma en el sector privado y con más intensidad entre las empresas o sectores afectados.

Todo está inventado en la Argentina con los controles o congelamientos de precios: siempre fracasaron y trajeron más problemas, salvo en las poquísimas veces que fueron el complemento de un plan antiinflacionario y no un sustituto, como vino ocurriendo en los últimos 15 meses.

 

A fuerza de crisis económicas recurrentes, que sumaron millones de pobres, y de relatos oficiales que tergiversan la realidad, buena parte de la sociedad argentina parece haber naturalizado las cosas que están mal y perdido noción de la magnitud de los problemas que enfrenta el país. Es una verdadera desgracia, ya que conspira contra cualquier intención de corregirlos en el futuro.

Las notorias diferencias ideológicas dentro del Gobierno en torno de la renegociación en este año electoral de la deuda con el Club de París y el FMI, cuya postergación deja a la Argentina sin crédito externo, están abriendo paso a una vía paralela: la reactivación de la asociación estratégica con China sellada en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner, ampliada en 2014 por Cristina Kirchner y que en los últimos años se caracterizó por marcados altibajos.

Desde siempre se afirma que con la economía se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias. En la Argentina ni hace falta demostrarlo: es uno de los países que menos creció en varias décadas, su PBI por habitante es similar al de hace 47 años y tiene una inflación crónica de dos dígitos anuales. Pero otro tanto ocurre con la salud y con el recurrente cambio de reglas de juego para los sectores productivos.

Las designaciones “a dedo” en cargos políticos –y/o militantes- de la administración pública nacional (APN) se convirtieron con el correr de los años en un problema institucional, con funciones superpuestas o de dudosa necesidad cuyo costo debe ser solventado por los ciudadanos con más impuestos y más inflación.

En medio de la virulenta segunda ola de contagios y muertes por Covid, el gobierno de Alberto Fernández ingresó de lleno en esas típicas dinámicas de crisis donde cada problema, conflicto o escándalo es tapado por el siguiente, sin que ninguno quede resuelto.

Con el explosivo incremento de los contagios por Covid ocurre lo mismo que con la alarmante escalada de la inflación: el gobierno de Alberto Fernández actúa sobre los efectos sin reconocer causas ni errores propios. Sus divergencias internas de diagnóstico acentúan la mala praxis y lo obligan a correr detrás de los acontecimientos con cambios sobre la marcha.

El régimen de Precios Máximos, prorrogado ahora hasta el 31 de mayo tras haber cumplido 13 meses, se ha convertido en un virtual “corralito” que desvela a la mayoría de las empresas fabricantes de productos de consumo masivo y a las grandes cadenas de supermercados que los comercializan.

Martín Guzmán tenía esta semana el terreno bastante preparado para correr el arco y llevar hasta después de las elecciones de octubre el inevitable acuerdo con el FMI para reprogramar los vencimientos por 40.000 millones de dólares, pero la política metió la cola

Ahora que el Gobierno pasó abiertamente al modo electoral, crece la ofensiva de Cristina Kirchner sobre la Justicia y la asfixia impositiva e intervencionista sobre actividades en blanco, Mauricio Macri vuelve al ruedo con su libro y Martín Guzmán debe explicarle al FMI qué podría ocurrir antes y después de octubre, sólo predominan el cortoplacismo, la incertidumbre económica y la grieta política.

Después de casi dos años de congelamiento, el próximo ajuste de tarifas de gas y electricidad se encamina este mes hacia un punto de ebullición fogoneado por la interna política del Gobierno, donde se cruzan las necesidades electorales del oficialismo con las de evitar que los subsidios estatales provoquen un mayor agujero fiscal.

"En la Argentina de hoy la palabra se ha devaluado peligrosamente. Parte de nuestra política se ha valido de ella para ocultar la verdad o tergiversarla. Muchos creyeron que el discurso es una herramienta idónea para instalar en el imaginario público una realidad que no existe. Nunca midieron el daño que con la mentira le causaban al sistema democrático".

Cristina Kirchner evitó utilizar su cuenta de Twitter cuando el gobierno de Vladimir Putin admitió oficialmente esta semana que la demanda interna y externa de la vacuna Sputnik V excede "sustancialmente" su capacidad de producción. Hace apenas 18 días, con la expresión "Es-pec-ta-cu-lar", había celebrado por esa red la información científica que avaló una alta eficacia -cercana a 92%- contra el Covid-19.         

Había que elegir un chivo expiatorio de la inflación, que en enero trepó al 4% por segundo mes consecutivo y con fuerte incidencia de los precios de alimentos. Nada mejor para el oficialismo que apuntar a los productores agropecuarios. De ahí la amenaza de Alberto Fernández, en el reportaje con Página 12, de subir retenciones o imponer cupos de exportación a la carne vacuna, "si no entienden que no pueden trasladar los precios internacionales" al mercado interno. "No estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos" sentenció, al estilo de Néstor Kirchner.

Sin un programa explícito y con señales confusas, los múltiples problemas macro y microeconómicos agudizados por la pandemia y la escasez de reservas líquidas del Banco Central hacen que cualquier tipo de acuerdo de precios y salarios para contener la inflación tenga pronóstico reservado. Por más que el objetivo del Gobierno para este año electoral sea bajarla a 30%, esta antigua receta se asemeja más a una curación de urgencia en la sala de guardia que a un tratamiento consistente para superar la enfermedad.

Si no pueden resolverse las causas del problema, hay que intervenir sobre sus efectos. Esta parece ser la consigna oficial implícita para enfrentar en 2021 la fuerte aceleración de la inflación en los últimos meses, que solo en diciembre tuvo una suba de 4% mensual (superior a la que registraron en todo 2020 varios países de la región) y en enero podría ser más alta, según estimaciones privadas.

Desde que Cristina Kirchner habló en el estadio único de La Plata -hace poco más de un mes-, las expectativas económicas para 2021 se oscurecieron notoriamente. No sólo por sus embates contra la Justicia en sus causas de corrupción, sino porque dejó en claro que el manejo de la economía estará subordinado hasta octubre a las necesidades políticas de la campaña electoral del heterogéneo Frente de Todos

Como ocurre cada año con inflación de dos dígitos -nada menos que 15 consecutivos en lo que va del siglo XXI, sin ir más lejos-, el debate en la Argentina se concentra sólo en el corto plazo y pierde perspectiva. El cierre de 2020 (36,1% anual) no fue la excepción pese a que, en plena pandemia, haya registrado la segunda inflación más alta de Latinoamérica detrás de Venezuela. Ni que se mantenga dentro del indeseable top ten del ranking (8° puesto) en un mundo con inflaciones muy bajas o incluso negativas.

Todo parece poco -y de menor importancia- después del insólito asalto al Capitolio de Washington fogoneado por el presidente saliente Donald Trump, con su mancha imborrable para la democracia de los Estados Unidos. Pero la lección de este caso de liderazgo político tóxico también debería encender luces de alerta sobre varias movidas que vienen ocurriendo en la Argentina antes y después del arranque del año electoral.

El nuevo año comenzó en medio de la segunda ola de contagios del Covid-19 que agrega más incertidumbre a la economía global e incluye a la Argentina. Pero la gran diferencia con 2020 será el protagonismo de las vacunas, aprobadas de apuro y con resultados parciales, para enfrentar esta nueva fase de la emergencia sanitaria.

La última semana de 2020 se perfila con un clima político, social y mediático más cercano al del tango Cambalache de Discépolo que al espíritu de concordia propio de las fiestas de fin de año, necesario para encarar con alguna dosis de confianza los múltiples desafíos de 2021. En el mismo lodo están no solo casi todos los políticos sino también parte de la sociedad, dividida por tomar partido a favor y en contra de consignas que no buscan puntos de acuerdo.

Aunque faltan casi 11 meses para las elecciones legislativas de 2021, la campaña comenzó prematuramente y tiene impacto sobre las expectativas económicas para 2021, porque aumenta la desconfianza en el plan AguantAR, como bautizaron varios especialistas a la intención oficial de llegar a octubre sin un salto devaluatorio con mayor aceleración de la inflación, después de tres años de caída del PBI, del salario real y aumento de la pobreza que ralentizan la recuperación.

Basta comparar los desbordes del multitudinario velatorio de Diego Maradona en la Casa Rosada con los minuciosos protocolos sanitarios del DISPO en el AMBA (o de las vacaciones en la costa atlántica bonaerense), para corroborar la enorme distancia no obligatoria que existe entre lo que hacen y dicen los funcionarios del Gobierno.

Un acontecimiento tan inesperado y disruptivo como la pandemia de Covid-19, que agravó múltiples problemas crónicos de arrastre, bien podría ser utilizado por el gobierno de Alberto Fernández para presentar un diagnóstico más realista de cara al futuro: la Argentina entró mal y saldrá peor de la actual crisis económica.

Así como los barbijos -bien colocados- tapan la mitad del rostro, el relato oficial oculta buena parte de la realidad económica y sus perspectivas a corto y mediano plazo. Por lo general, con señales difusas, confusas y muchas veces contradictorias, propias de un doble comando político que neutraliza anuncios o decisiones.

Con su carta, Cristina Kirchner reafirmó públicamente su condición de accionista mayoritaria del heterogéneo Frente de Todos

Desde hace algo más de una década, al sector público nacional le faltan cada año unos 30.000 millones de dólares para cubrir su déficit, que se convirtió así en un problema estructural crónico y sigue sin ser resuelto por la dirigencia política argentina.

En medio de la incertidumbre ante los récords diarios de contagios y muertes por el coronavirus con su propagación fuera del AMBA y el clima de confrontación político-institucional que se refleja en una brecha cambiaria superior al 100%, el economista Miguel Ángel Broda acaba de aportar dos datos inquietantes sobre el impacto local de los siete meses de pandemia.

Si no fuera porque ya se aplica a muchos- demasiados- decretos, gran parte de las medidas económicas anunciadas esta semana por el gobierno bien podrían definirse con el acrónimo DNU: dólares de necesidad y urgencia.

Hace muchos años que las proyecciones macroeconómicas de cada presupuesto nacional dejaron de ser un punto de referencia para el sector privado. Más bien se asemejan a una lotería. Los números presentados por el ministro Martín Guzmán esta semana en Diputados no son la excepción.

El endurecimiento extremo del cepo y los controles cambiarios aplicados esta semana agregan un enorme factor de incertidumbre, muy alejado del objetivo oficial de "tranquilizar" la economía.

 

El flamante conflicto por el cambio exprés de la coparticipación de impuestos entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) no tiene su raíz en la precaria situación fiscal de la economía, sino en la grieta política.

Nadie sabe muy bien por qué el ministro de Economía anticipó, en medio del alivio de haber dejado atrás el default de la deuda, un déficit fiscal primario para 2021 equivalente al 4,5% del PBI cuando todavía faltan diez días para el envío al Congreso del proyecto de presupuesto nacional para el año próximo.

Ahora que aparece una lejana luz al final de túnel con la fabricación local de la vacuna Oxford en desarrollo avanzado contra el Covid-19, comienzan a surgir las primeras señales -aún difusas- sobre qué podría ocurrir con la economía argentina en 2021.

El acuerdo preliminar para alivianar la mochila de la deuda externa, alcanzado por el ministro Martín Guzmán con los principales grupos de bonistas privados, es la primera buena noticia económica en lo que va de 2020. No necesariamente debería ser la única; pero eso dependerá de lo que haga -o deje hacer- el gobierno de Alberto Fernández en los próximos meses.

Si en la Argentina hay un consenso bastante extendido para encararla incierta etapa de pospandemia, es que la salida de este shock económico debería basarse en tres ejes: impulso a la inversión privada -local y extranjera-, creación de empleos productivos y mayores exportaciones, apoyados en acuerdos políticos que mejoren la calidad institucional y aseguren previsibilidad de reglas cuando quede atrás la emergencia sanitaria.

 

Hace dos meses esta columna sostuvo que el Gobierno estaba más cerca de llegar a un acuerdo para reestructurar la deuda bajo legislación extranjera, que de alumbrar un plan económico con políticas definidas y coordinadas para salir de la crisis agravada por el shock pandémico del Covid 19 y la extensión de la cuarentena.

 

Después de 120 días de cuarentena, la flexibilización- parcial, selectiva, progresiva, diferenciada y hasta cosmética en algunos casos- anunciada para el AMBA no deja de resultar desconcertante, porque coincide con el fuerte aumento de los últimos días en los números absolutos de contagios y muertes por el coronavirus.

 

Todavía resulta prematuro aventurar qué grado de aceptación tendrá la última de las "ofertas finales" del gobierno de Alberto Fernández para cumplir con su acertada decisión política de evitar otro default de la deuda bajo legislación extranjera (US$66.000 millones); o, al menos, una judicialización excesiva de los bonistas que no ingresen al canje voluntario a cambio de mayores concesiones financieras. Pero sí existen dos certezas.

 

Desde el 20 de marzo la cuarentena por el Covid-19 tuvo su espejo en la feria judicial dispuesta por la Corte Suprema salvo para cuestiones urgentes; y, aunque el final no está a la vista en ambos casos, cada vez son más los especialistas que pronostican una oleada de presentaciones cuando los tribunales de distintos fueros vuelvan a funcionar.

 

Si en los países con economías más o menos ordenadas la pandemia de Covid-19 viene provocando deflación a raíz de la caída simultánea de oferta y demanda, en la Argentina este fenómeno se reflejó al menos durante los últimos tres meses en un retroceso de la inflación minorista a tasas promedio de 1,5% mensual, que permitirán cerrar la primera mitad de 2020 con una suba acumulada inferior a 14%.

 

Si las expectativas económicas ya venían dañadas antes de que se agravara la curva de contagios del coronavirus, los nuevos frentes de conflicto abiertos ahora por el gobierno de Alberto Fernández agregan más incertidumbre al rumbo de corto plazo.

 

A nadie se le ocurriría derribar el techo de una casa para arreglar una gotera; menos aún sin recursos y detrás de una consigna épica. Esta desproporción es semejante a la del DNU que dispuso la intervención estatal de la agroexportadora Vicentin, pasando por arriba al juzgado santafesino que tramitaba su concurso preventivo y como paso previo a la expropiación por ley que deberá tratar el Congreso bajo el discutible argumento de asegurar la "soberanía alimentaria".

 

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