Néstor Scibona

Basta comparar los desbordes del multitudinario velatorio de Diego Maradona en la Casa Rosada con los minuciosos protocolos sanitarios del DISPO en el AMBA (o de las vacaciones en la costa atlántica bonaerense), para corroborar la enorme distancia no obligatoria que existe entre lo que hacen y dicen los funcionarios del Gobierno.

Un acontecimiento tan inesperado y disruptivo como la pandemia de Covid-19, que agravó múltiples problemas crónicos de arrastre, bien podría ser utilizado por el gobierno de Alberto Fernández para presentar un diagnóstico más realista de cara al futuro: la Argentina entró mal y saldrá peor de la actual crisis económica.

Así como los barbijos -bien colocados- tapan la mitad del rostro, el relato oficial oculta buena parte de la realidad económica y sus perspectivas a corto y mediano plazo. Por lo general, con señales difusas, confusas y muchas veces contradictorias, propias de un doble comando político que neutraliza anuncios o decisiones.

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Desde hace algo más de una década, al sector público nacional le faltan cada año unos 30.000 millones de dólares para cubrir su déficit, que se convirtió así en un problema estructural crónico y sigue sin ser resuelto por la dirigencia política argentina.

En medio de la incertidumbre ante los récords diarios de contagios y muertes por el coronavirus con su propagación fuera del AMBA y el clima de confrontación político-institucional que se refleja en una brecha cambiaria superior al 100%, el economista Miguel Ángel Broda acaba de aportar dos datos inquietantes sobre el impacto local de los siete meses de pandemia.

Si no fuera porque ya se aplica a muchos- demasiados- decretos, gran parte de las medidas económicas anunciadas esta semana por el gobierno bien podrían definirse con el acrónimo DNU: dólares de necesidad y urgencia.

Hace muchos años que las proyecciones macroeconómicas de cada presupuesto nacional dejaron de ser un punto de referencia para el sector privado. Más bien se asemejan a una lotería. Los números presentados por el ministro Martín Guzmán esta semana en Diputados no son la excepción.

El endurecimiento extremo del cepo y los controles cambiarios aplicados esta semana agregan un enorme factor de incertidumbre, muy alejado del objetivo oficial de "tranquilizar" la economía.

 

El flamante conflicto por el cambio exprés de la coparticipación de impuestos entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) no tiene su raíz en la precaria situación fiscal de la economía, sino en la grieta política.

Nadie sabe muy bien por qué el ministro de Economía anticipó, en medio del alivio de haber dejado atrás el default de la deuda, un déficit fiscal primario para 2021 equivalente al 4,5% del PBI cuando todavía faltan diez días para el envío al Congreso del proyecto de presupuesto nacional para el año próximo.

Ahora que aparece una lejana luz al final de túnel con la fabricación local de la vacuna Oxford en desarrollo avanzado contra el Covid-19, comienzan a surgir las primeras señales -aún difusas- sobre qué podría ocurrir con la economía argentina en 2021.

El acuerdo preliminar para alivianar la mochila de la deuda externa, alcanzado por el ministro Martín Guzmán con los principales grupos de bonistas privados, es la primera buena noticia económica en lo que va de 2020. No necesariamente debería ser la única; pero eso dependerá de lo que haga -o deje hacer- el gobierno de Alberto Fernández en los próximos meses.

Si en la Argentina hay un consenso bastante extendido para encararla incierta etapa de pospandemia, es que la salida de este shock económico debería basarse en tres ejes: impulso a la inversión privada -local y extranjera-, creación de empleos productivos y mayores exportaciones, apoyados en acuerdos políticos que mejoren la calidad institucional y aseguren previsibilidad de reglas cuando quede atrás la emergencia sanitaria.

 

Hace dos meses esta columna sostuvo que el Gobierno estaba más cerca de llegar a un acuerdo para reestructurar la deuda bajo legislación extranjera, que de alumbrar un plan económico con políticas definidas y coordinadas para salir de la crisis agravada por el shock pandémico del Covid 19 y la extensión de la cuarentena.

 

Después de 120 días de cuarentena, la flexibilización- parcial, selectiva, progresiva, diferenciada y hasta cosmética en algunos casos- anunciada para el AMBA no deja de resultar desconcertante, porque coincide con el fuerte aumento de los últimos días en los números absolutos de contagios y muertes por el coronavirus.

 

Todavía resulta prematuro aventurar qué grado de aceptación tendrá la última de las "ofertas finales" del gobierno de Alberto Fernández para cumplir con su acertada decisión política de evitar otro default de la deuda bajo legislación extranjera (US$66.000 millones); o, al menos, una judicialización excesiva de los bonistas que no ingresen al canje voluntario a cambio de mayores concesiones financieras. Pero sí existen dos certezas.

 

Desde el 20 de marzo la cuarentena por el Covid-19 tuvo su espejo en la feria judicial dispuesta por la Corte Suprema salvo para cuestiones urgentes; y, aunque el final no está a la vista en ambos casos, cada vez son más los especialistas que pronostican una oleada de presentaciones cuando los tribunales de distintos fueros vuelvan a funcionar.

 

Si en los países con economías más o menos ordenadas la pandemia de Covid-19 viene provocando deflación a raíz de la caída simultánea de oferta y demanda, en la Argentina este fenómeno se reflejó al menos durante los últimos tres meses en un retroceso de la inflación minorista a tasas promedio de 1,5% mensual, que permitirán cerrar la primera mitad de 2020 con una suba acumulada inferior a 14%.

 

Si las expectativas económicas ya venían dañadas antes de que se agravara la curva de contagios del coronavirus, los nuevos frentes de conflicto abiertos ahora por el gobierno de Alberto Fernández agregan más incertidumbre al rumbo de corto plazo.

 

A nadie se le ocurriría derribar el techo de una casa para arreglar una gotera; menos aún sin recursos y detrás de una consigna épica. Esta desproporción es semejante a la del DNU que dispuso la intervención estatal de la agroexportadora Vicentin, pasando por arriba al juzgado santafesino que tramitaba su concurso preventivo y como paso previo a la expropiación por ley que deberá tratar el Congreso bajo el discutible argumento de asegurar la "soberanía alimentaria".

 

El "supercepo" que rige desde esta semana, con más controles y restricciones de acceso al dólar oficial para frenar el drenaje de reservas del Banco Central, recuerda la metafórica descripción de un experimentado exfuncionario de la institución en una de las tantas crisis cambiarias de la Argentina. "Es como tratar de tapar con un dedo por vez, varios agujeros de un recipiente para evitar que se escurra el líquido; el problema es cuando llega el agujero número once", graficó años atrás.

 

Después de todo lo que pasó esta semana, el eslogan oficial "Argentina Unida" corre serios riesgos de resquebrajarse.

 

Ahora que quedó atrás la fecha límite y el propio Martín Guzmán admitió cambios en la oferta, van perdiendo sustento sus inciertas proyecciones técnicas sobre la sustentabilidad de la deuda a mediano plazo antes de la pandemia.

 

La Argentina ingresó con varias patologías crónicas a la incertidumbre generada por la pandemia sobre la economía mundial, donde cada semana se van diluyendo las perspectivas de dos "V" (no una "W") en lo que resta de 2020: ni un rebote del PBI con ese formato ni una vacuna que permita desterrar al Covid-19 y ponga fin a las cuarentenas parciales o totales, cuyo doble impacto sobre la oferta y demanda de bienes y servicios ya provocó un derrumbe mucho más acentuado que en los dos peores trimestres de la crisis financiera global de 2008/2009.

 

El vencimiento del plazo autoimpuesto por el ministro de Economía para canjear los bonos de la deuda externa tuvo una respuesta similar a la que ocurría en los vuelos sobrevendidos antes de la pandemia de Covid-19.

 

Muchos empresarios, así como muchísimos más trabajadores en relación de dependencia, autónomos y cuentapropistas paralizados por el shock económico del Covid-19, se sienten como si debieran tramitar un certificado de incendio antes de llamar a los bomberos.

 

Casi no hay actividad que escape totalmente del freno de emergencia forzado por la pandemia de coronavirus, pero en la Argentina varios sectores ya venían golpeados antes de la cuarentena y el nuevo escenario global agravó la situación.

 

La reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera permanecerá como una moneda en el aire durante los próximos 35 días, antes de caer hacia el lado de un incierto acuerdo con los acreedores privados o hacia otro default real, que complicaría seriamente la recuperación de la economía argentina cuando finalice -nadie sabe en cuánto tiempo- la pandemia global del Covid-19.

 

Nadie podría sensatamente reclamarle al gobierno de Alberto Fernández que tuviera todo previsto y calculado al declarar la cuarentena obligatoria para enfrentar la dimensión desconocida de la pandemia global de coronavirus.

 

Hasta algunos de los economistas más ortodoxos recomiendan ahora que el Banco Central emita más pesos para atenuar los efectos de la inevitable cuarentena obligatoria por el coronavirus sobre la actividad económica.

 

Nada es lo que era en la economía argentina ni mundial desde que la pandemia de coronavirus pasó a ocupar el centro de la escena. Todo parece antiguo y transitorio, aunque haya ocurrido hace apenas una semana.

 

Sobre llovido, inundado. Las derivaciones de la pandemia de coronavirus sobre la economía global contagiaron esta semana el pánico a todos los mercados financieros, bursátiles y de commodities, donde la extrema volatilidad agrava la incertidumbre sobre el futuro inmediato y anula cualquier pronóstico de corto plazo.

 

A casi tres meses de la asunción de Alberto Fernández, la actividad económica está funcionando como el GPS de un auto en modo navegación: indica por qué calle o ruta transita, cuáles son los cruces u obstáculos más próximos; pero no el destino, sin el cual tampoco puede trazarse una hoja de ruta a mayor distancia.

 

Como no podía ser de otra manera, la crisis económica y las medidas adoptadas para enfrentarla ocuparon una parte importante del mensaje de Alberto Fernández, aunque los (pocos) anuncios incluyeron buenas intenciones, carecieron de precisiones y apuntaron al mediano plazo.

 

Con su notable ironía para describir cuestiones serias, el politólogo Andrés Malamud tuiteó días atrás por qué "la responsabilidad por las desgracias argentinas está en disputa: la mitad de los argentinos cree que es culpa de los peronistas. La otra mitad cree que es culpa de los antiperonistas. El resto del mundo cree que es culpa de los argentinos".

 

Al más puro estilo argentino, el diario Crónica tituló "Pagadiós" su tapa de la edición de anteayer al informar sobre el comunicado de la misión del Fondo Monetario Internacional, que fue celebrado como un aval por el gobierno de Alberto Fernández y recibido con preocupación por los mercados externos.

 

El gobierno de Alberto Fernández está armando un nuevo relato para encarar la reestructuración de la deuda externa que, al más puro estilo cristinista, apunta exclusivamente al público interno y tiene como ejes la victimización y el voluntarismo.

 

Durante su gira europea el presidente Alberto Fernández sostuvo que "la Argentina está en terapia intensiva", en un diagnóstico que se ajusta más a la realidad que otros formulados antes y después de las elecciones, como la apocalíptica "tierra arrasada" (incluso llevada al cine por el actual ministro de Cultura) o el más reciente "crisis de 2001 por goteo" que presagiaría un final de alto riesgo.

 

Créase o no, hay algunos precios que bajaron -y bastante- a lo largo de enero con respecto a diciembre de 2019. Pero el rasgo distintivo del mes que acaba de concluir no es ese, sino la amplia disparidad entre productos similares de consumo masivo, sin considerar las habituales ofertas por cantidad que ofrecen las grandes cadenas de supermercados.

 

Pese a que se trata de una de sus dos principales prioridades (la otra es reactivar y desindexar la economía para evitar que jubilaciones, salarios, tarifas y precios se ajusten por la alta inflación de 2019), quizás haya sido un exceso de optimismo que el presidente Alberto Fernández estimase que el 31 de marzo próximo podría lograr una rápida reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera heredada de la gestión de Mauricio Macri.

El cepo cambiario hard dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri tras la victoria electoral de Alberto Fernández acaba de cumplir un mes y muestra varias coincidencias con el que había aplicado Cristina Kirchner en 2011, una semana después de haber logrado su reelección con el 54% de los votos.

 

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