Jorge Vasconcelos
Un acuerdo con el FMI, que incluya desembolsos del organismo, no alcanzará para mantener las expectativas bajo control; sin reservas y con dificultades para frenar el ritmo de la expansión monetaria, la pregunta es si el resultado electoral dará suficiente respaldo político al proceso.
El impacto de las políticas económicas debe analizarse teniendo en cuenta las respuestas de empresas y familias. La administración que asuma el 10 de diciembre tendrá que ser muy cuidadosa en la secuencia de políticas que permitan desembocar en la unificación cambiaria.
Con la política del “dólar soja” agotada, es posible que el FMI promueva un tipo de cambio más realista para el grueso de operaciones de comercio exterior. El desafío es reforzar las reservas.
Las tribulaciones en el arranque del año hacen que no sorprenda la combinación de una tasa de inflación que se acelera con un severo deterioro en las reservas externas. Es la etapa superior de la estanflación.
La trampa que tejen la recesión y la inflación requiere de mucho más que una paridad cambiaria consistente. Una salida eficaz es pasar de déficit a superávit fiscal, operando sobre los excesos de gasto público.
La segunda mitad del año pasado mostró algunas virtudes, pero sin corregir los desequilibrios macro y dejando una herencia complicada para este año; la cercanía de las elecciones podría hacer más difícil tomar decisiones
El Gobierno presume que tendrá que sobreactuar el frente fiscal para acceder a algún tipo de dispensa del FMI, en caso de que no se acumulen suficientes reservas.
Si bien falta tiempo para diciembre de 2023, cabe preguntarse si una mejora de expectativas de cara a una eventual nueva gestión puede servir de baranda de contención para la economía.
Reglas de juego inadecuadas y expectativas fagocitadas por 10 años de estanflación hacen a la Argentina el laboratorio de las oportunidades desperdiciadas.
Buscar la sustentabilidad de las políticas debería ser un objetivo de primer orden de cada gobierno, al margen de las recetas del FMI.
Que el Gobierno se encolumne detrás de la decisión de negociar con el organismo internacional es una buena noticia. Pero los mercados exigen hechos y no palabras.
Resulta paradójico que a una economía trabada por el exceso en los costos fiscales se la intente resetear con más de lo mismo.
Uno de los secretos para la salida de esta crisis es la reconducción de los ahorros privados para impulsar la inversión y el consumo.
Los precios relativos se seguirán distorsionando, por el ancla sobre las tarifas y dólar oficial; además, no hay demasiadas garantías de lo que puede ocurrir con el gasto público y el déficit fiscal.
El acuerdo con el organismo internacional es el camino más seguro. ¿Hay un plan B razonable para la economía si se ingresara en un cono de sombra en la relación con los acreedores internacionales?
La actual administración podría hacer más para encauzar la suba generalizada en los precios. Pero tendría que comprometerse políticamente en la contención del gasto público. La dimensión de la segunda ola de Covid-19 sobre el consumo abre interrogantes.
Las expectativas son relevantes y, mientras más demore la inflación en converger con la pauta cambiaria, mayor será el riesgo de un salto devaluatorio después de octubre.
La actual intervención del mercado cambiario nada tiene que ver con el “original” de 2011. Intentar “administrar” inflación con caída de la economía es un contrasentido. Sólo puede ser percibido como un plan de cortísimo plazo, hasta las legislativas de octubre.
En el largo ciclo de stop and go de la década de estanflación por la que atraviesa la Argentina, los años impares, en los cuales se realizan comicios presidenciales o de medio término, se habían caracterizado por anotar una inflación inferior a la de cada año previo.
Durante la vigencia del cepo original, entre 2012 y 2015, la brecha cambiaria se había situado en 45 por ciento promedio, la emisión monetaria para financiar al Tesoro había sido de 2,8 puntos del producto interno bruto (PIB) promedio y al final del ciclo, en diciembre de 2015, las reservas de libre disponibilidad del Banco Central llegaron a terreno negativo.
Uno de los críticos más firmes del cepo cambiario que se aplicó entre 2012 y 2015 fue el actual presidente, que lo graficaba como una piedra en la puerta giratoria, que frenaba la salida de capitales, pero, al mismo tiempo, desincentivaba el ingreso de dólares genuinos al país.
La brecha entre el dólar "libre" y el oficial, de más del 70 por ciento, supera con amplitud el registro promedio del cepo de 2012 a 2015, que fue de 45 por ciento.
El segundo trimestre del año arrojaría una contracción del PIB del orden del 18% interanual: demoledor para la supervivencia de empresas y de puestos de trabajo.
Transitamos el noveno año de estanflación. Hay problemas por el lado de la demanda, pero también por el de la oferta. Es imperioso evitar un "default", pero no será condición suficiente
El Gobierno demoró demasiado el inicio de las negociaciones por la deuda. Y en el momento clave, su posición quedó debilitada por la pérdida de reservas, la ampliación de la brecha cambiaria y una propuesta que fue rechazada por más del 80 por ciento de los bonistas.
Una propuesta tan condicionada en lugar de reflejar la potencialidad de un país que evitó el default y de un sector público que se reorganizó, parece estar adelantando que el país seguirá conviviendo con las tribulaciones de una estanflación que está a punto de cumplir una década
La base monetaria se duplicaría este mes en comparación con abril de 2019. Aunque es una herramienta, tiene altos riesgos.
El Gobierno había supeditado su política económica a un eventual resultado exitoso de la reestructuración de la deuda pública, una estrategia que a partir de la pandemia y la crisis internacional ha perdido validez.
Argentina comenzará a renegociar su propuesta de reestructuración en un contexto muy volátil.
El Gobierno necesita convencer a propios y extraños de que la economía podrá dejar atrás nueve años de estanflación.
Considerando el último quinquenio, el año 2020 no será el más dinámico en términos del crecimiento del PBI mundial, pero apunta a ser el de mayor equilibrio entre las variables relevantes del contexto global para un país como la Argentina.
El gasto público fuera de escala, los déficits fiscales recurrentes, los cepos y/o el endeudamiento como instrumento de financiación, constituyen un combo que en la Argentina reconoce un común denominador: la falta de desarrollo sustentable por un tiempo prolongado.
El Gobierno elevó la presión tributaria, y el peso consolidado de Nación y de las provincias pasaría de 28% a 29,6% del PIB.
La suba sostenida de los precios de las materias primas desde 2003 en América Latina generó un beneficio inédito, pero un aprovechamiento cortoplacista en Argentina.
