Guillermo Kohan
La única batalla decisiva contra la inflación que por estas horas siguen con atención los inversores y el mundo económico en la Argentina, es hasta dónde la disputa política entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner le permitirá o no al Presidente cumplir con el programa acordado con el FMI.
Todavía no están los votos en el Congreso para aprobar el acuerdo con el FMI, un pacto que de una u otra manera la Argentina terminará cerrando, como sea, para evitar el default. Un convenio pasajero, de mala calidad, que puede alcanzar para evitar un desastre si algo de lo firmado se cumple; evitar el precipicio de la inflación y la devaluación descontroladas.
Hay una sola certeza en medio de la profunda incertidumbre que cubre hoy la política y la economía del país al comenzar el año. Será otro verano sin descanso para los argentinos.
No se detiene la devaluación del peso y el dólar se encamina a superar los 200 pesos en los mercados libres. Los economistas alertan que el Banco Central se va quedando sin reservas para frenar la escalada, menos para atender la creciente demanda de importaciones que deberán frenarse cada vez más. Afectará el consumo, al comercio y a la producción que se queda sin insumos.
Los mercados celebraron la derrota del Gobierno en las primarias. Entre otras especulaciones, apuestan a que los resultados más o menos se repitan en noviembre. Significaría entonces menor poder político y sobre todo parlamentario para los sectores duros de la coalición oficialista que promueven la radicalización.
Se adelanta en estos días la batalla interna en el Gobierno por si los resultados electorales en la PASO representan, como adelantan las encuestas, un disgusto para el oficialismo. Albertistas y cristinistas se acusan mutuamente, donde los primeros se preguntan si el Presidente es el único culpable de los tropiezos y fracasos en los primeros dos años de gestión.
El mundo económico está semi paralizado esperando las elecciones. No es poco lo que está en juego. Finalmente se mide cuánto poder mantendrá Cristina y su tropa para seguir interviniendo el gabinete y las principales decisiones del Gobierno en la segunda parte del actual mandato de Alberto Fernández. Qué volumen de poder político tendrá la vicepresidente para imponer su voluntad en temas híper sensibles como el futuro de la división de los poderes, o el avance del Estado sobre las empresas y la propiedad privada. Si va a estar o no disponible el vamos por todo, tanto en el país como en el Congreso.
La definición esta semana de los candidatos que finalmente van a integrar las listas de la oposición y el oficialismo para las PASO en septiembre adquiere en esta oportunidad una relevancia más que significativa.
Prometió Santiago Cafiero al hablar con este diario que no habrá ninguna devaluación, ni antes ni después de las elecciones. Se comprende que un jefe de Gabinete no pueda responder de otra manera esa pregunta; también se sabe que en la Argentina y en todo el mundo generalmente las devaluaciones no se anticipan, menos en un año electoral.
El Gobierno se juega la campaña electoral y su futuro político a dos epopeyas nada sencillas de lograr, casi un milagro a esta altura: la épica de una masiva vacunación militante en el Conurbano y la provincia de Buenos Aires; y la reactivación del consumo con aumentos de salarios, jubilaciones y subsidios sociales.
El Gobierno parece dispuesto a enfrentar la crisis sanitaria y económica que golpea al país con la fe de los conversos. Alberto Fernández, que había sido presentado como la versión moderada del acuerdo entre peronistas y kirchneristas para ganar las elecciones hace dos años; ahora se radicaliza y gira a la izquierda, con mensajes y decisiones que ni siquiera Cristina y mucho menos Néstor Kirchner presentaron durante sus 12 años de su mandato.
El plan del Gobierno para llegar a las elecciones parece cada vez más claro. Ganó Cristina con las recomendaciones de Axel Kicillof: congelar dólar y tarifas, ningún pago a los acreedores, emitir lo que sea necesario y repartir todos los subsidios posibles. Nadie sabe, sin embargo, cómo se va a desatar esa bomba de tiempo una vez que se cuenten los votos ¿Cuáles serán las medidas que recomiende u ordene Cristina Kirchner y su equipo?
La actividad económica frenó su rebote en febrero después de varios meses de recuperación y los datos de marzo confirman esa tendencia. Según la medición del estudio de Orlando Ferreres, la producción industrial el mes pasado no se recuperó contra el mes anterior, si bien fue mucho mayor al año pasado en que ya golpeaba en parte la cuarentena en las fábricas. Previsible que mejorara la foto, preocupante que empeore la película.
Parece cada vez más evidente que la debacle social y sanitaria que desde 2020 golpea a la Argentina por el coronavirus escaló a un nuevo pico de gravedad que presagia el retorno de las cuarentenas extremas. El cierre de actividades podría ahogar la recuperación económica que se esperaba para este año. La explosión de subsidios que reclama la política en el año electoral para congelar dólar y tarifas, y a la vez reponer el IFE y aumentar los planes sociales se hará sentir, tarde o temprano, en la inflación y el mercado de cambios.
No falta tanto tiempo para saber cómo sigue el derrotero político y económico en la Argentina. Fuera de las consecuencias imprevisibles de la dinámica de la pandemia, aparece una certeza bastante cercana: se votará en las primarias de agosto (si hay), y seguro en las parlamentarias de octubre o noviembre (si atrasan las elecciones).
La mayoría de los expertos coincide en que la Argentina no tendrá ni vacunas suficientes este año, ni capacidad para aplicarlas en número relevante para frenar la pandemia. Con lo cual es muy probable que se desate en el país una nueva ola de contagios y complicaciones al sistema sanitario con la llegada del frío, en unos 40 días.
La reciente carta pública de Cristina Kirchner contra la Corte Suprema y la independencia del Poder Judicial, tal como está consagrada en la Constitución argentina desde el siglo XIX, no hizo más que confirmar que uno de los objetivos centrales del espacio político que conduce la vicepresidenta es precisamente modificar con una profunda reforma esas garantías individuales y colectivas establecidas en la Carta Magna.
Atravesar el desierto y la sequía de divisas hasta que lleguen los dólares salvadores del campo es un camino largo. Seis o siete meses, todos los años, entre octubre/noviembre hasta el arranque fuerte de la venta de la soja a partir de fines de abril y mayo.
Como tantas otras veces en la historia de la Argentina, cuando toca corregir los severos desequilibrios económicos que derivan en procesos de vertiginosa aceleración inflacionaria, con peligro de fuertes devaluaciones y corridas, si no se actúa en consecuencia; la solución que se ensaya es lograr un acuerdo que suponga un salvavidas con el FMI.
Mientras se define la dramática elección presidencial en los Estados Unidos; en la Argentina el mundo económico se pregunta en estas horas si el giro más pragmático y capitalista que parece ahora liderar el ministro Martín Guzmán para contener la peligrosa corrida al dólar tiene verdaderas chances de concretarse en medio de la crisis socioeconómica que golpea a la sociedad y que genera cada vez mayores tensiones políticas en la coalición de Gobierno.
No se detiene la devaluación del peso y las medidas que intenta cada semana el Gobierno para contener la suba del dólar claramente no dan resultados.
Se profundiza la preocupación entre empresarios e inversores a la hora de evaluar qué camino podría adoptar el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en caso de que no se detenga la corrida contra el peso y el Banco Central vaya agotando definitivamente sus reservas para responder a la demanda de dólares por parte del público y los importadores.
Agravó el Gobierno la crisis de confianza en los mercados al decidir finalmente extremar el cepo y los controles de cambio como respuesta al agotamiento de las reservas de libre disponibilidad en el Banco Central. Se profundizó la devaluación del peso y se derrumbaron bonos y acciones argentinas, perdiendo todo lo que habían ganado por el canje de la deuda.
Curiosa Argentina. Cuando se presenta cada vez más caótico el panorama político, con el diálogo roto entre el oficialismo y la oposición; en medio de la crisis de inseguridad, las tomas de casas y terrenos, y sobre llovido ahora las asonadas policiales; parecería que en el único lugar donde se encontró una tregua y cierta calma fue debido al alivio que significó el cierre exitoso del canje de la deuda y, lo más importante, en la cotización del dólar.
Es evidente y comprensible que la sorpresiva y extemporánea advertencia del expresidente Eduardo Duhalde sobre un eventual golpe de Estado en la Argentina suene a un verdadero delirio.
Las pérdidas históricas y nunca registradas hasta la fecha en el reciente balance presentado por YPF a las autoridades regulatorias eran previsibles, pero al confirmarse llegan como un verdadero baño de realismo para el sueño intervencionista y regulador del Gobierno que, al menos en el relato, promete ahora la recuperación económica de la Argentina gracias al Estado "presente".
Basta recordar el caso Vicentin, un episodio relevante de las últimas iniciativas truncas del oficialismo conectadas con la ilusión de una Estado "presente" para ilustrar la distancia entre la realidad y la fantasía. Se proponía que YPF, que pierde con la crisis nada menos u$s 13 millones por día (u$s 1200 millones en un trimestre), fuera la que tomara a su cargo el rescate de la empresa concursada.
Está claro que los números de YPF no tienen que ver en este caso mayormente con su management actual recién renovado y obedecen a una situación excepcional de colapso en toda la industria petrolera mundial por la pandemia. Pero también, y tal vez mucho más, al proceso de incumplimiento de contratos del Estado en Vaca Muerta y la pesificación de combustibles que comenzó en el último año de la administración Mauricio Macri, un cuadro que se fue agravando en la era Fernández-Fernández por la disparada de la brecha cambiaria, el riesgo país y el congelamiento de tarifas.
La idea de que un Estado fundido -que con la pandemia y la crisis social se demuestra una vez más que estuvo décadas y décadas ausentes donde realmente se lo necesitaba- se convierta ahora en el que va a motorizar la economía repartiendo subsidios y dinero para obra pública, cuando no alcanza ni para pagar los sueldos, no cierra demasiado. Sobre todo, cuando la crisis fiscal del Estado Argentino anticipa un déficit este año récord, de unos u$s 40.000 o u$s 50.000 millones.
Es cierto y muy alentador que el Presidente y su coalición hayan comprendido la gravedad de la crisis y hayan optado por evitar el default. También es verdad que se reconoce desde el Poder Ejecutivo que existe un problema fiscal. Lo repite el Presidente y el ministro Guzmán en cada entrevista que conceden.
Pero solo describen un problema que es una obviedad para todo el mundo, sin una sola señal en el sentido de corregir esa distorsión. Más bien todo lo contrario. Como si el plan fuera atacar el déficit, la emisión y el gasto con más déficit, más emisión y más gasto. Con la ilusión tantas veces frustrada de que la expansión monetaria y los subsidios en pesos sin respaldo, con cepos al dólar y al comercio, traigan reactivación en la inversión el consumo, y finalmente recuperen la recaudación.
En la cátedra, a la vez, todos los economistas coinciden en que el drama fiscal se agrava en la Argentina porque el país no tiene ahorro ni moneda, y por una verdadera doble Nelson que fractura a la macro economía como nunca por la pandemia y las cuarentenas: explota la necesidad de mayor gasto y emisión de pesos, cuando a la vez se derrumba la recaudación. Es la discusión instalada en la economía hace meses, tal como se ha reflejado en esta columna.
El problema es que nadie dice una palabra sobre cómo evitar que todo esto termine tarde o temprano explotando en un nuevo fogonazo inflacionario como tantas veces ocurrió en el pasado. El reconocido economista Pablo Gerchunoff tuvo la honestidad de responderse a sí mismo en Twitter "no sé" respecto de cómo termina la película. Ya se mencionó en esta columna que Jorge Ingaramo afirma que se puede controlar y evitar la híper, porque el déficit lo financia la gente que por ahora gasta poco y mantiene el dinero de la súper emisión en los bancos: las entidades captan al 20% promedio y colocan al Central al 32% promedio entre pases y Leliq.
En el Gobierno, en tanto, suponen que la puja distributiva se puede administrar con cepos y controles de precios, pactando salarios con una pauta no mayor a 25% para este año, bajando el déficit y la emisión suavemente a medida que se va saliendo de la pandemia.
Carlos Melconian se cansa de repetir que sin un programa integral y con respaldo político para bajar el déficit y la inflación no se sale; en tanto la dupla Giacomini-Milei advierten que la situación es extremadamente inestable, y que ni con el acuerdo de la deuda la Argentina se salva de una inflación probable de tres dígitos en el futuro cercano si no se ajustan urgente los desequilibrios.
Mientras los economistas se ponen de acuerdo, el público y los inversores tienen memoria: la gente se desprende cuanto antes de los pesos. Compra bienes, compra dólares, o ambas cosas el que puede.
A propósito del Estado presente pero fundido, y los proyectos de infraestructura que nadie sabe cómo se van a financiar, la creciente disputa por la administración de las cuarentenas desatada desde el gobierno de Axel Kicillof contra la Ciudad de Buenos Aires reabrió una jugosa disputa empresaria con mucho impacto económico por el futuro de la actividad portuaria en el área metropolitana.
Desde la Provincia se impulsa en estas horas la construcción de un nuevo canal para la navegación del Río de la Plata, el Canal Magdalena, auspiciado por el senador Jorge Taiana y obviamente con el respaldo de Cristina. Las empresas que manejan las terminales del puerto de Buenos Aires temen que la movida sea para beneficiar el crecimiento del Puerto de La Plata. Cuestionan la viabilidad de esta conexión, a pesar de que La Plata opera cada vez más fluido a través de la terminal de los filipinos de Tecplata, que no tienen nada que ver con la pelea política y reclama estar en el sector para recuperar una inversión de u$s 500 millones por una terminal de última generación ya instalada.
Arriba del conflicto se suben los bonaerenses del puerto de Zárate, que suponen que ahora la movida de Taiana con Kicillof podría derivar en un mayor beneficio para toda la logística del comercio de granos a través de los puertos de la provincia.
Reaparecen también los que apuestan a desarrollos inmobiliarios y turísticos multimillonarios en la ribera porteña, el Puerto Madero II, si parte de la actividad del puerto de Buenos Aires pasare a la Provincia. Complicada situación para Horacio Rodríguez Larreta. Logró renovar por dos años las concesiones vencidas para defender al puerto porteño. Pero ahora ya no está Mauricio Macri en el Gobierno nacional para definir. El futuro de los Puertos y la navegabilidad del Río de la Plata dependen del ministerio de Transporte. El futuro de la hidrovía también depende de esta cuestión. Impensados coletazos de la disputa Kicillof vs. Larreta, el clásico del momento.
Guillermo Kohan
La Argentina económica espera en las próximas semanas un resultado final favorable en la negociación del canje de deuda con los bonistas y los fondos internacionales. Ayer avanzó el trámite parlamentario para emitir los u$s 1500 millones en bonos mayormente para el fondo Pimco, al que le prometieron esos títulos para que salieran en orden de sus inversiones en pesos una vez que se cierre el canje de la deuda.
Se discute en estas horas en el mundo económico si existe tal cosa como un Alberto Fernández moderado, que mirando la gravísima crisis económica y social que se avecina, habría decidió finalmente moverse al centro del universo político para alejarse de las ideas radicalizadas que representa Cristina Kirchner, y relanzar su gobierno con nuevas medidas más amigables para los inversores, una impronta más albertista en un imaginario nuevo gabinete; un Alberto no tan condicionado por el Instituto Patria.
El que mejor lo definió fue el ministro de seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni: "No sabemos si vamos a chocar de frente o de costado. Pero estamos en el Titanic y contra el Iceberg tarde o temprano vamos a chocar".
A propósito de La Cámpora, Alberto, Cristina y todo el debate que se agudizó en estas horas sobre quién gobierna y quien tiene el poder en la Argentina, las lecciones de la historia siempre ayudan a entender.
“Esas ideas locas que, dicen…que vamos a estatizar empresas. Nada de eso", dijo días atrás el Presidente. De inmediato aclaró que sí estaba pensando "en un país más justo", y adelantó que trabaja para una reforma impositiva donde las cargas no sean las mismas para ricos o pobres.
La Argentina presentaría en las próximas semanas una nueva oferta para lograr el acuerdo con los acreedores bajo ley extranjera y evitar el default. Si es cierto que la orden política al ministro Martín Guzmán es negociar para no llegar a la cesación de pagos y a los juicios contra el país de los acreedores, Argentina deberá mejorar la oferta a los bonistas y cumplir las reglas que rigen en Wall Street para encaminar las soluciones.
Todo indica que antes de dar un paso al precipicio del default, el presidente Alberto Fernández ordenó explorar alternativas para que no fracase por completo la reestructuración de la deuda, y no caer en cesación de pagos desde el 22 de mayo.
Hasta el momento, la estrategia del ministro Martín Guzmán no ha dado resultado para evitar el default. Intentó evitarlo y no pudo finalmente con la deuda en dólares bajo ley argentina, la deuda en pesos quedó como que a veces se paga y a veces no, y la última etapa, el default con acreedores bajo ley extranjera, se define en las próximas semanas con final incierto.
Después del escandaloso caos estatal en el pago de jubilaciones y planes sociales el viernes pasado, y el no menos escandaloso régimen de compras centralizado de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social destapado en las últimas horas; la ciudadanía perpleja, al menos debería celebrar que por ahora el Gobierno no se disponga, como amagó, a estatizar todo el sistema de salud en el país.
Ante la situación de emergencia que vive el mundo y la Argentina en particular, conviene primero abordar cuestiones prácticas para evitar que se agrave la crisis y evitar perder tiempo en debates filosóficos, en todo caso dejarlos para el final.
Otra vez en febrero, igual que enero, la recaudación de impuestos creció menos que la inflación, síntoma de que la economía, en el mejor de los casos, en general está estancada y no crece. Los ingresos de la AFIP subieron 43% respecto de lo que se recaudó en febrero del año pasado, contra una inflación en torno de 51%, si finalmente febrero da entre 2% y 2,2% como estiman la mayoría de las consultoras privadas.
Reaparece un clima de mayor pesimismo en el mundo económico estas semanas como respuesta a señales contradictorias del Gobierno en la carrera contra el default, y las dificultades para recomponer la confianza que disparen la inversión y el consumo.
Deja varias enseñanzas y mucho terreno para especular en términos políticos y económicos la ruidosa decisión ayer del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de finalmente pagar los u$s 250 millones del bendito bono provincial con ley extranjera vencido el pasado 26 de enero, el mismo que hace dos semanas venía amagando inexplicablemente con defaultear, afectando la relativa tranquilidad financiera que había logrado el equipo económico de Alberto Fernández desde mediados de diciembre hasta la primera quincena de enero.
Empresarios, consultores y hombres del mundo financiero discuten estos días proyecciones económicas y políticas de lo que puede ocurrir hacia fin de año y en la primera parte de la administración Alberto, una vez que asuma el 10 de diciembre.
Cauteloso alivio y mucha ansiedad en los hombres de máxima confianza que rodean al Presidente. Suponen que lo peor se vivió en marzo y abril, y confían que la calma cambiaria de mayo que se mantiene en el arranque de junio consolide una tenue mejora en el humor económico del padrón electoral que, por mínimo que sea, permita a Mauricio Macri dar pelea por la reelección a partir de las PASO en agosto.
Resulta que, en mayo, el mes que termina este viernes, el peso argentino fue la moneda más fuerte de la región, la que menos se devaluó contra el dólar, y la que mostró mayor estabilidad, comparando con lo que ocurrió, por ejemplo, en Brasil con el real, o la deriva que mostraron el peso chileno, el sol peruano o el peso colombiano.
