Daniel Artana

El Gobierno acaba de enviar al Congreso el proyecto del llamado impuesto a la "renta inesperada". Las empresas con ganancias superiores a 1000 millones de pesos deberán pagar un impuesto adicional del 15% sobre el incremento de sus utilidades (ajustado por inflación) si cumplen alguna de las siguientes condiciones: el cociente de utilidad a ingresos es mayor al 10%, o que ese mismo cociente haya aumentado 20% respecto del observado el año anterior. 

Los datos oficiales de actividad económica muestran que, en febrero, el PBI se habría ubicado 7 por ciento por encima del nivel de diciembre de 2019; la industria, 11 por ciento arriba; y la construcción 32 por ciento. Nuestras estimaciones de actividad industrial sugieren que la expansión continuó en el mes de marzo. Sin embargo, una parte importante de la recuperación se explica por la fortuna: en 2021, la suba de precios de exportación resultó casi el doble que la de los precios de importación. Esto permitió que los términos del intercambio alcanzaran un nivel de 144, para una base de 100 en 2004, equivalente al máximo observado en 2012. 

El impacto de la inflación internacional puede explicar a lo sumo el 10% del índice de precios; el 90% restante obedece a factores domésticos ocurridos en 2021 que inciden con algún rezago en los aumentos de la actualidad 

Lejos de resolver la cuestión inflacionaria de fondo, la administración de Fernández lanza medidas de emergencia que pueden tener un impacto negativo 

En la anunciada guerra contra la inflación, el punto de partida es muy malo. El 4.7 por ciento de febrero sería seguido por un registro todavía más alto en marzo. Si bien esta aceleración de la inflación responde a errores del pasado, en particular a la fuerte expansión fiscal y monetaria del segundo semestre de 2021, no deja de complicar hacia el futuro porque afecta la inercia y las expectativas. 

Finalmente, ayer ingresó al Congreso la carta de intención que el gobierno argentino firmó con el FMI para reestructurar la deuda de u$s 45.000 millones con el organismo. A partir de la comunicación del entendimiento alcanzado se puede hacer un análisis preliminar. 

El Gobierno y el FMI han llegado a un "entendimiento" respecto de las metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas que formarían parte del acuerdo entre ambos. Algunos observadores han concluido que el sendero de mejora fiscal es suave y que, en cambio, es más ambiciosa la reducción en el financiamiento monetario del déficit lo cual supone un acceso importante al mercado local de deuda y a dólares adicionales de otros organismos internacionales o de otros países. 

Si no se repite la suerte de 2021, el 2022 será de bajo crecimiento y alta inflación 

Durante el año 2021 el nivel de actividad económica y la inflación volvieron a los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, el déficit fiscal primario, excluyendo ingresos extraordinarios, habría sido varias veces superior al de 2019 a pesar de la mayor presión tributaria legislada. Las reservas netas del Banco Central (BCRA) se han reducido a un tercio de lo que eran a finales de aquel año y la brecha cambiaria es cinco veces más alta. 

Pero el error de pensar que las elecciones se ganan a fuerza de populismo complicó severamente las cosas. Se pisaron tarifas, tipo de cambio 

La actividad económica continuó recuperándose a un buen ritmo. En septiembre de este año, el PIB mensual se ubicó alrededor de 3.5 por ciento por encima del nivel de diciembre de 2019, corrigiendo efectos estacionales. Es probable que, en 2021, la economía recupere 10 por ciento, luego de la caída de 9.9 por ciento observada el año pasado. 

La actividad económica siguió recuperándose a un buen ritmo. En septiembre de este año, el PBI mensual se ubicó alrededor de 3.5% por encima del nivel de diciembre de 2019, corrigiendo efectos estacionales. Es probable que en 2021 la economía recupere 10% luego de la caída de 9.9% observada el año pasado. 

Las declaraciones de altos funcionarios del gobierno argentino luego de las reuniones que mantuvieron en la reunión del G-20 sugieren que los puntos en discusión con el FMI son los cargos extras a los intereses, el control de cambios y el programa fiscal.

Luego de que pasen las elecciones de medio término, el Gobierno tendrá una ventana de cuatro meses para alcanzar un acuerdo con el FMI. Si no se consigue otro financiamiento bilateral para pagarle al Fondo y al Club de París (que parece improbable) las opciones disponibles son dos: o se entra en default o se llega a un acuerdo.

En el contexto actual no debe llamar la atención que el acuerdo con el FMI parezca más lejano.

En el marco de la pandemia el gobierno nacional ha adoptado un esquema primitivo e insostenible de protección contra el desempleo: prohibió despidos y duplicó indemnizaciones para aquellos casos en que, de todas maneras, cese la relación laboral. Pensando en el futuro, han aparecido diversas propuestas que procuran mejorar el sistema argentino que mostraba sobrecostos, altos costos de intermediación y litigiosidad.

En los primeros siete meses del año, el Gobierno logró cerrar las cuentas primarias con un déficit equivalente a 0,7% del PIB, bastante menor al que se podía inferir del presupuesto. El ajuste en jubilaciones y salarios públicos sumado a ingresos extras por retenciones y el aporte solidario más que compensaron las mayores erogaciones en subsidios a la energía y el transporte. Pero las urgencias electorales han impulsado un relajamiento que, ya puede verse, llevará a una mayor emisión monetaria.

Durante las campañas electorales las propuestas de los candidatos tienen un sesgo a decir lo que el votante quiere escuchar, más allá de que sean viables. En las elecciones de medio término de 2021 tenemos algunos ejemplos.

El Gobierno decidió aumentar el desequilibrio de las cuentas públicas y emitir más para tratar de influir en el resultado de los comicios

Los saltos en la brecha cambiaria parecen generar un movimiento hacia la prudencia en las decisiones del Ejecutivo. Por ejemplo, luego de que la brecha alcanzara un récord en octubre de 2020 el gobierno redujo el déficit fiscal y la emisión monetaria.

En el camino a las elecciones de medio término el gobierno esboza una estrategia económica que pretende influir en el resultado electoral: a) bajar la inflación postergando aumentos de tarifas y de tipo de cambio e interviniendo para reducir la brecha cambiaria, aun cuando ello le haga perder las pocas reservas que ganó el BCRA por la mejora en el precio de la soja, b) forzar una mejora transitoria en los ingresos de jubilados y probablemente asalariados aun cuando el Estado y las empresas no tengan los recursos para hacerles frente, c) apretar controles para lograr una baja en el precio de algunos alimentos, aunque sea efímera y contradictoria con el objetivo de aumentar exportaciones, y d) aumentar todavía más el peso del Estado en la economía aún a pesar de la grotesca ineficiencia que ha caracterizado a la gestión pública.

En los Estados Unidos, los macroeconomistas más destacados discuten acerca de la magnitud de los paquetes de estímulo fiscal y monetario y los riesgos que esto pueda desencadenar una aceleración de la tasa de inflación. Es evidente que es un debate muy relevante, máxime cuando se nota que durante los cuatros primeros meses del año el aumento de precios en ese país superó el 2% (6% anualizado).

Los paquetes de estímulo que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos han generado un debate académico importante. En primer lugar, debe notarse la magnitud del déficit fiscal americano que, según las proyecciones del WEO del FMI, sería 15 por ciento del PIB este año, luego de haberse observado un déficit similar en 2020.

Los conductores prudentes ajustan sus decisiones de manejo al estado de la ruta. Si manejan en un camino de cornisa circulan a mucho menor velocidad que cuando conducen en una autopista en línea recta. Ajustan, en definitiva, su comportamiento a las restricciones que visualizan.

El Gobierno actual empezó su gestión con el diagnóstico de que la deuda pública con el sector privado necesitaba ser reestructurada; ahora se suma que la deuda con el FMI también sería impagable. Aunque parecería que a veces se habla de los vencimientos del stand by vigente (el Presidente) y otras se habla de las nuevas condiciones que tendría un acuerdo de facilidades extendidas (la Vicepresidente).

No es novedad para los lectores de este diario que la Argentina ha sufrido una larga decadencia. Entre 1960 y 2019 el PIB creció a una tasa promedio anual de sólo el 50% ó 60% de la observada en Brasil, Chile, Colombia o Perú y sólo el 37% de la de China.

El término voodoo economics fue utilizado por George H. W. Bush para referirse a las propuestas de Ronald Reagan, su rival en la interna republicana de aquel entonces, que proponía soluciones mágicas vía reducciones de impuestos y aumentos del gasto en defensa. Luego esas críticas se diluyeron cuando Bush terminó como vicepresidente de Reagan, pero algunas de sus preocupaciones se materializaron: no hubo mejoras en los ingresos del Estado por las reducciones de impuestos y la deuda pública aumentó.

El bochorno del Vacunagate nos permite reflexionar sobre otros casos donde el accionar del Estado pueda llevar a favores y asignaciones ineficientes de los recursos que son escasos.

Falta algo menos de nueve meses para las elecciones de octubre y se especula con que el Gobierno podría aprovechar la bonanza en los precios de exportación para postergar las correcciones en la economía que tengan alto costo político. Esto plantea varias preguntas: ¿Lo intentará? ¿Si lo intenta, ganará las elecciones? ¿Qué variables incluirá? ¿Qué pasará después de las elecciones?

El Covid 19 ha generado una crisis económica en el mundo entero que puso presión sobre las cuentas fiscales. Los ingresos se resintieron por la recesión y los gastos subieron por la ayuda estatal a familias y empresas. Sin embargo, las creencias de cada gobierno parecen haber afectado el peso relativo de cada una.

El año 2020 estará marcado por la pandemia y sus consecuencias sobre la salud y la actividad económica de la población mundial. Sin embargo, hay notorias diferencias entre países y la Argentina aparece mal posicionada en las variables que se pueden observar.

El presupuesto para 2021 prevé un déficit fiscal primario de algo más de 8% del PIB en 2020 y de 4,2% del PIB en 2021. Al momento de confeccionarlo, se proyectaba que 40% del déficit del año próximo se financiaría con colocación de deuda en el mercado local, en tanto el resto con emisión monetaria.

A pesar de la exitosa reestructuración de la deuda pública y de presentar un presupuesto para 2021 que pretende reducir el déficit primario del gobierno nacional a la mitad del proyectado para este año, la crisis de confianza se agudiza cada semana. Hay razones políticas y económicas que explican este fenómeno.

A pesar de una incipiente recuperación luego del colapso de actividad observado en el segundo trimestre del año, la economía argentina transita días complicados. Hay varios factores a señalar.

El BCRA ha perdido algo más del 20% de las reservas internacionales netas desde fines de noviembre de 2019 aun cuando la cuenta corriente del balance de pagos ha sido superavitaria. La brecha cambiaria elevada alienta a cancelar deuda privada comercial y financiera y a los minoristas a demandar dólar ahorro. Y la tensión cambiaria continúa a pesar de los exitosos canjes de deuda en moneda extranjera.

Al momento de escribirse esta nota había fuertes rumores acerca de que finalmente el Gobierno habría alcanzado un acuerdo con los grupos de acreedores grandes respecto de la negociación de la deuda bajo legislación extranjera.

 

Han empezado a trascender algunos lineamientos de lo que sería el programa económico post pandemia.

 

En un contexto de alta incertidumbre se complica el normal funcionamiento de la economía. Las causas más obvias en la Argentina son la pandemia y el resultado de la negociación por la deuda; pero hay varias más y tan importantes como estas dos.

 

En el segundo semestre de 1979 cursé la materia Moneda, Crédito y Bancos en la Universidad Nacional de La Plata con Mario Teijeiro, que hacía poco había regresado de la Universidad de Chicago. Una de las enseñanzas básicas fue que en una economía cerrada la emisión de dinero, por encima de lo que la demanda de dinero quiere, se traslada a los precios.

 

La respuesta del Gobierno el día después de varios acontecimientos que tenemos por delante empieza a cobrar una relevancia singular.

 

En base a la última información oficial disponible, el Gobierno nacional tenía obligaciones en moneda extranjera con acreedores privados por alrededor de US$90.000 millones.

 

A nivel mundial la pandemia se encamina a generar la peor crisis económica que hayamos vivido. Sabemos que será un shock transitorio pero intenso con efecto sobre la oferta y la demanda agregada, y de duración incierta dependiendo de los avances de la ciencia para desarrollar la vacuna y/o los tratamientos eficaces.

 

Según el cronograma anunciado por el gobierno nacional entramos en la etapa final de la negociación de la deuda pública con escasas novedades y pocas precisiones.

 

La negociación de la deuda nacional no depende de lo que ocurra con la negociación de las deudas provinciales. En otros países hay ejemplos de gobiernos subnacionales en default que conviven con un gobierno nacional solvente y viceversa, aunque esto es menos probable.

 

La economía argentina transita desde inicios de 2018 un proceso recesivo con inflación en ascenso: el corte abrupto de financiamiento externo privado que sólo pudo ser compensado parcialmente por los fondos aportados por organismos multilaterales, impulsó una caída en el nivel de actividad que permitió "generar" dólares comerciales por medio de una caída drástica en importaciones.

 

Antes de las elecciones, la administración Macri no tiene chances de hacer cambios estructurales. La herencia del próximo gobierno.

A raíz del deterioro de la economía argentina durante el 2018 y a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional por mejorar los números fiscales y del acuerdo firmado con el FMI, ha vuelto a aparecer en el debate público la posibilidad de un default del soberano.

 

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