Al menos, si los tomásemos como datos excluyentes y perdiésemos de vista aquello que no se ve y que no siempre trasciende al pueblo soberano.

A la hora de hablar, los dirigentes oficialistas, tanto como los que campean en las banderías opositoras, no dicen toda la verdad. Sus palabras dirigidas a la sociedad son, las más de las veces, máscaras. No es que resulten mentirosos profesionales. Sencillamente no siempre pueden expresar en público sus propósitos últimos. Si lo hiciesen, pagarían por ello un precio intolerable.

El titular del Partido Justicialista nacional y hombre fuerte de la provincia de San Juan, José Luis Gioja, calificó el domingo pasado a Mauricio Macri de provocador, en respuesta a la carta abierta que el presidente de la Nación había publicado, en un diario de Rosario, respecto del fallido proyecto de ley Antidespidos motorizado por el peronismo. Al margen de que los agravios en la arena política son hechos casi intrascendentes, las declaraciones de Gioja -que en otro contexto preanunciarían una guerra o cosa parecida- en este caso deben ser consideradas como fulbito para la tribuna.

En petit comité, entre bambalinas o en reuniones más o menos secretas -que, por razones obvias, no son dadas a conocer- el peronismo negocia a diario con el gobierno. Si el caudillo cuyano quisiese clausurar toda relación con Balcarce 50, no duraría un día como cabeza visible del PJ. Lo de “provocador” -que fue accidental- no le pasó a nadie desapercibido. En cambio, la reunión del sanjuanino con Rogelio Frigerio del viernes 20 -que fue relevante- apenas si fue recogida por los diarios.

Los seguidores de Juan Domingo Perón tienen la piel curtida y las espaldas anchas. En el llano, donde se encuentran ahora, deben por necesidad moderar sus aspiraciones de máxima. Lo que no quita que -en términos del discurso- carguen como cruzados en contra del gobierno. Es que necesitan revalidar títulos frente a sus tribus y, por lo tanto, ponerse a cubierto de cualquier acusación de debilidad o de condescendencia respecto del oficialismo, resulta para ellos indispensable.

No otra cosa hace por estos días el sindicalismo tradicional, cuyos caciques más relevantes -Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y, en menor medida, Antonio Caló- luego del veto presidencial no han montado en cólera con el propósito de levantar barricadas en las calles, movilizar a su tropa y tratar de hacerle la vida imposible a una administración que -de entrada nomás- ha perdido la calle.

Moyano vocifera pestes a expensas del macrismo e inclusive amenaza pintarse la cara, pero recibe (en rigor reciben todos) suculentos beneficios que ni Cristina Fernández en su mejor momento se permitió extenderles. Pruebas al canto: las tres CGT desistieron del paro nacional para preservar el proceso de unidad.

Ello al margen de que no hubo consenso para vertebrar una medida de fuerza a nivel nacional que sólo fogonean las dos escuálidas CTA.

Hasta el kirchnerismo -con todas sus histerias y complejos a cuestas- no echa en saco roto semejante realidad. Desea que a Macri le vaya mal y se estrelle antes de finalizar su mandato pero, mientras tanto, algunos de sus referentes principales -Máximo Kirchner, Wado de Pedro y Héctor Recalde, más que Andrés Larroque, Juan Cabandié y Axel Kicillof- de tanto en tanto se sientan a negociar con sus pares de Cambiemos a nivel parlamentario.

Transcurrida ya una semana desde el momento en que Mauricio Macri vetó el proyecto salido del Senado y ratificado por una mayoría en la cámara de Diputados, cada cual ha vuelto a su juego. El veto no pasó a mayores y, en realidad, nada sucedió fuera de lo normal. De la ley nonata cada vez se habla menos en razón de que no hay -como aquí habíamos advertido- una ola de despidos a nivel nacional. Si la hubiese, la situación sería mucho más complicada y las supremacías entre el oficialismo y los partidarios opositores no se dirimirían en el Congreso, precisamente.

¿Qué negocian los funcionarios gubernamentales con los jefes territoriales del peronismo, del Frente Renovador y los sindicalistas? De aquellos temas que se recortan en el horizonte y requieren un grado de consenso no menor, el blanqueo -que es un secreto a voces pero cuyos detalles siguen en discusión-, la reforma política y el nombramiento de dos jueces en la Corte Suprema, están en la orden del día.

El proyecto de ley Antidespidos cualquiera sabía que nacía muerto. En cambio, habrá blanqueo de capitales; el año próximo -cuando se substancien los comicios legislativos en todo el país y se renueven los gobernadores de Santiago del Estero y de Corrientes- seguramente regirán otras reglas de juego; y Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz serán los nuevos ministros de la Corte. La cuestión es que de la misma manera que Macri, en uso de sus facultades constitucionales, clausuró la mencionada ley, no puede aprobar por decreto o con el solo concurso de sus bancadas parlamentarias ninguno de los tres proyectos mencionados. Deberá negociar cada uno de manera individual con el massismo y el peronismo ortodoxo, en primera instancia.

En este contexto, en donde la clave resulta el ancestral do ut des -“doy para que me dés”, en traducción libre-, la relación con el Vaticano no podía faltar. El Papa Francisco desconfía de Macri a quien considera -seguramente por su origen social- un presidente que privilegia a los ricos. Macri, a su vez, que conoce los antojadizos prejuicios que, respecto a su persona y administración, carga el Santo Padre, sabe cuán contraproducente sería llevarle la contra. Por lo tanto, intercambian gestos puramente protocolares.

Desde Roma llegó una carta de felicitación, en consonancia con el nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, dirigida al presidente por el sucesor de Pedro. En la Casa Rosada no perdieron un minuto y le respondieron en tono similar. El presidente le transmitió a Francisco su admiración por la tarea que desarrolla. Todo muy lindo, pero nada en la práctica es lo que parece.

Vicente Massot