Era inevitable que se  suscitara  un fuerte debate político sobre el caso, que involucra no sólo la preservación del  patrimonio público sino un trasfondo ético  que excede incluso la sospecha sobre beneficios  indebidos.

Elisa Carrió, que basa su capital político en  la distribución  de  condenas y absoluciones morales, tiene que hacer esfuerzos y alejarse del escenario  para  no pronunciarse personalmente sobre el asunto, pero dio luz verde a alguna de sus espadas para que expresaran su desagrado con  los procedimientos aplicados por el gobierno que ella apoya.  Los radicales se muerden la lengua para no criticar en voz alta.

La Casa Rosada sólo reaccionó después de que el escándalo inició en su apogeo. Y lo hizo con una combinación de suficiencia y vacilación. Una conferencia de prensa como la que ofreció ayer el Presidente para explicar el punto de vista oficial  hubiera sido mejor que el silencio de las primeras horas,  la improvisación de las siguientes y las operaciones tendientes a devaluar  a la fiscal que denunció el arreglo o a atribuir los cuestionamientos a “operaciones políticas de un año electoral”.

Aquellos que Macri  calificó como “mis ojos y mi inteligencia” no vieron venir ni entendieron las implicancias políticas de impulsar el controvertido acuerdo sin someterlo previamente al escrutinio de los organismos pertinentes de control, de la oposición y la opinión pública. Expusieron así al Presidente a la obvia objeción de estar beneficiando  a una empresa familiar que  integró, de la que forman parte sus hijos y de la que él mismo es heredero potencial. Finalmente él mismo tuvo que salir al toro, aunque descargó responsabilidades (disculpándolo) sobre el ministro Aguad, al que  exhortó a que dé marcha atrás con los acuerdos (que no están en vigencia-dijo-, aunque en gran medida por mérito de la fiscal que lo denunció)

Habían sido muy débiles los argumentos del segundo nivel de la Casa Rosada.  Uno de esos razonamientos  fue el clásico y autoreferencial “nosotros no somos como ellos; nosotros somos decentes”,  interesada comparación con el gobierno  K.  Fuera de cuestión:  la censura al acuerdo no provino sólo  ni principalmente del  devaluado kirchnerismo, ni –como  intentó ayudar una pluma filooficial-  de “algún fiscal, un juez, un camarista y muchos políticos dispuestos a comerse crudo al gobierno  para sacarlo de la cancha”, sino de analistas independientes y  de políticos de diferentes fuerzas, incluyendo el  Pro y la UCR.

Lo que está en discusión  en el momento no es la “decencia” oficial, ni las virtudes morales de los intervinientes, sino los procedimientos unilaterales e imperfectos que objetivamente sortearon  el control  institucional preventivo. Como decía Perón: “El hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor”. En este caso el  control  recién  llegó después de que se consumó el acuerdo, a través de la fiscal de Cámara. Y el primer reflejo del  sistema oficial fue  atribuirle a ésta “intencionalidad política”.

Recién después de estas reacciones  se  reaccionó llamando a opinar a todo el mundo. Tarde piaste.  El presidente de la Auditoria General de la Nación, Oscar Lamberto, fue tajante: “Tenían una brasa caliente y se la tiraron a la AGN. El Gobierno quiere corregir un error político con otro error político. Es una cosa totalmente descabellada. La SIGEN debería haber intervenido en este proceso, son los auditores internos”.

Sobre llovido mojado, con el expediente del Correo en ardiente litigio, otro acto inconsulto (decreto-resolución) reformó a la baja la actualización de los ingresos  jubilatorios establecidos por ley. Nueva  tormenta. Nuevas  protestas (de propios y ajenos, esta vez con  una furiosa Elisa Carrió incluida).

Hay sectores internos que inducen al gobierno a resbalones graves: actúan con unilateralidad aunque  proclaman la necesidad de diálogo y acuerdos.  Argumentan  con palabras dulces pero actúan amargo. El  propio gurú oficialista, Jaime Durán Barba, enseña que la comunicación “más que palabras, son gestos, sensaciones”. La repetición desgasta.  Y las mañas  se notan. No hay que vender buzones. El gobierno se ve forzado a nuevos  repliegues forzados,  maquillados como sensata autocrítica.

Claro: es mejor corregir cuando se vuelve inevitable. Sería mejor consultar a tiempo.

Jorge Raventos