El próximo domingo, los contrincantes en la pelea por la presidencia se verán las caras y rendirán examen ante el público en el primero de los debates obligatorios que establece la normativa electoral. Cuando resta menos de un mes para la primera vuelta del comicio, este debate en Santiago del Estero y el que una semana más tarde se dirimirá en la Facultad de Derecho de la UBA, son oportunidades y desafíos para los candidatos: en ellos se pueden sumar votos vacilantes pero también se puede perderlos, dependiendo de una réplica desafortunada, de una actitud demasiado fría o demasiado exaltada. La audiencia forma su impresión no sólo (ni principalmente) por las palabras y los discursos, sino por detalles de comportamiento o por actitudes.

La semana en curso se abrió el último domingo con el resonante triunfo del radical Leandro Zdero sobre el kirchnerista Jorge Capitanich en la disputa por la gobernación chaqueña. Con esa victoria Juntos por el Cambio recibió un refuerzo vitamínico indispensable para sostener las esperanzas de su candidata presidencial, Patricia Bullrich.

El proceso electoral en marcha está operando como un acelerador de la reconfiguración del sistema político. Ese cambio ya estaba en marcha, impulsado por la evidente decadencia económica, el empobrecimiento social y la creciente parálisis institucional (leyes que no se producen o que, producidas, no se cumplen; juicios que no se concluyen y a menudo ni siquiera se inician; conflictos de poderes, etc.), pero a partir del resultado de las elecciones primarias de agosto, que produjeron un inesperado cambio de color en el mapa del país, el proceso ha adquirido un ritmo vertiginoso.

Con 30 puntos electorales embolsados en las primarias, Javier Milei, la gran irrupción de esos comicios, se considera en condiciones de convertirse en presidente triunfando en la primera vuelta, dentro de 59 días. ¿Knock out en el primer round?

En las elecciones presidenciales de 2019, la fórmula del Frente de Todos que encabezó Alberto Fernández obtuvo casi 13 millones de votos y la de Juntos por el Cambio, que postulaba la reelección de Mauricio Macri quedó más de 2 millones de votos debajo de ella. En términos porcentuales la distancia se disimulaba un poco: 48 contra 46,3 por ciento. Aquel año votaron 27.525.103 ciudadanos, el 81,3 por ciento de los empadronados. Es muy improbable que en el ciclo de comicios que se inicia el próximo domingo con las PASO se alcancen esas cifras.

El país está a diez días de iniciar la romería electoral con tres estaciones (PASO, primera vuelta de octubre, balotaje en noviembre) que definirá el próximo elenco de gobierno y también reordenamientos y liderazgos de las distintas fuerzas políticas. 

El último domingo hubo en la capital cordobesa una concentración de altos mandos de la coalición opositora: desde gobernadores en funciones hasta candidatos de varias provincias y, hecho excepcional, los dos precandidatos presidenciales, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich que no suelen compartir espacios.

Mientras el país se encamina a las primarias de agosto sobrellevando disputas a menudo tan escandalosas como irrelevantes, el debate político se abstiene de abordar temas de mayor calado. Por ejemplo, los medios revuelven paralelamente el financiamiento estatal de los partidos y la modalidad que adjudican a la fuerza de Javier Milei de reclamarles a quienes aspiran a ser precandidatos que aporten personalmente a sus campañas.

El último sábado el Papa Francisco anunció el nombre de quién en pocas semanas asumirá en Roma la Prefectura para la Doctrina de la Fe, es decir, la titularidad del dicasterio teológicamente más trascendente de la Iglesia Católica (el que ocupó, inmediatamente antes de llegar al papado, el antecesor de Bergoglio, el cardenal Joseph Ratzinger).

El cierre de listas de 2023 superó (y desmintió) expectativas. Entre el jueves 22 y el viernes 23 el oficialismo archivó dos candidaturas presidenciales anunciadas públicamente y con ellas la perspectiva de una auténtica competencia interna en las PASO. En cambio, dio a luz una fórmula única que colocó a la cabeza de la boleta al ministro de Economía, Sergio Massa, quien deberá afrontar al menos una etapa de la campaña sin desprenderse de su sensible cargo actual.

Hoy y mañana serán todavía jornadas electoralmente nerviosas. Ayer, jueves, se develaron los principales misterios del oficialismo. Eduardo Wado De Pedro (un “hijo de la generación diezmada”, como pidió Cristina Kirchner) y el tucumano Juan Manzur integrarán la dupla que encabezará boleta de la Unión por la Patria (UP). Axel Kicillof consiguió quedarse con su postulación a renovar como gobernador bonaerense (probablemente acompañado por Cecilia Moreau, una ex radical que milita en el Frente Renovador de Sergio Massa). El ministro de Economía seguirá en la cartera, pero será candidato a senador por la provincia de Buenos Aires.

En la última semana se fueron definiendo varias situaciones dilemáticas en el escenario político-electoral. Empezando por el oficialismo, se confirmó el cambio de razón social, sin duda motivado por la cuestionada performance del gobierno que se consagró en 2019 con el sello Frente de Todos. Esa marca fue retirada sin demasiadas ceremonias de la marquesina, y en su lugar se enarboló Unión por la Patria –iniciales: UP, quizás una evocación de la alianza que medio siglo atrás encumbró en Chile a Salvador Allende- y el diseño de un símbolo que acaso pretendió recordar a la estrella federal, emblema del nacionalismo, pero se aproximó más a la marquilla de algún comestible, tal vez una golosina.

Decíamos aquí dos meses atrás: “El cuadro actual de fuerzas políticas y coaliciones que todavía está a la vista debería ser considerado una imagen transitoria, apenas una instantánea en medio de la deconstrucción y recomposición de un sistema político que está fatalmente pinchado”. Las pulsiones del cambio ya están a la vista. “Van a ser unas elecciones atípicas, de tercios”, había confirmado Cristina Kirchner en una aparición televisiva, ante la evidencia de la vertiginosa descomposición del sistema político basado en la llamada grieta, que la ha tenido a ella como protagonista. 

La designación de Jorge García Cuerva, hasta hace una semana obispo de Río Gallegos, como nuevo arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, ha ofrecido una nueva oportunidad para que se ponga de manifiesto la lógica de la grieta, en este caso en su expresión más agresiva y exasperada (afortunadamente en proceso de remisión).

A un mes de la fecha límite para la presentación de listas de precandidatos que competirán en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, la turbulencia interna de las principales fuerzas políticas se vuelve frenética. Hasta la pequeña fracción opositora en la que milita Ricardo López Murphy (un dirigente que se distingue por su imperturbable discreción) experimentó un sacudimiento que desalojó al economista de su rol de candidato a jefe de gobierno porteño y consiguió impacientarlo hasta el punto de calificar como “oportunistas y arribistas” a los autores de la maniobra, particularmente al hasta ese momento su compañero de ruta, Roberto “Pampito” García Moritán, empeñado en conseguir la candidatura arrebatada a López.

El proceso de descomposición del sistema político basado en la llamada grieta avanza vertiginosamente. El eje principal de ese sistema era en principio el poder -y luego, la invocada amenaza de restauración- de Cristina Kirchner; la contraparte funcional era la alianza soldada por el ánimo anticristinista, que funcionó como pegamento universal de la coalición opositora. Así se compuso un mecanismo nítidamente polarizado y un empate inmovilizador en el marco de una situación económica y social de paulatino deterioro que desgastó a ambos componentes de la polarización.

Como Mauricio Macri y Alberto Fernández, la señora de Kirchner ha reiterado que no quiere participar en la próxima contienda electoral. Lo hizo precisamente ante quienes el jueves 27 de abril se congregaron en el Teatro Argentino de La Plata, escenificando un “Operativo Clamor” destinado a que ella revisara esa decisión. “No se hagan los rulos -les pidió-. Yo ya di lo que tenía que dar”. 

La renuncia de Alberto Fernández a su sedicente candidatura presidencial sólo sorprendió a los distraídos. Ni siquiera el entorno más incondicional del mandatario creía seriamente en que esa postulación se concretase formalmente y, mucho menos, en que Fernández tuviera chance alguna de ser reelegido.

El último domingo una porción del pueblo argentino votó y eligió sus próximos gobernantes. Las provincias de Neuquén y Río Negro decidieron quiénes serán sus próximos gobernadores y renovaron parcialmente sus legislaturas.

A mitad de la presente semana, las principales figuras del Pro (hasta ahora, la fuerza hegemónica de Juntos por el Cambio) comprendieron que la descarnada exposición pública de las luchas sucesorias disparadas por la abdicación de Mauricio Macri debilitaba tanto a su propia fuerza como a la coalición opositora, justo en medio del proceso que culminará en octubre-noviembre   en elecciones donde todos ellos vaticinan una victoria sobre el oficialismo.

El sábado 25 de marzo, horas después de conferenciar con Horacio Rodríguez Larreta en el Lawn Tennis Club, Mauricio Macri grabó el mensaje en que al día siguiente anunciaría una decisión que el se había propuesto postergar hasta la última quincena de abril. No pudo demorar tanto: la presión para que definiera de una buena vez el rol político que aspira a jugar se tornaba apremiante. ¿Paso atrás o al costado?

La cifra de inflación que difundió el INDEC una semana atrás fue un golpe duro para el gobierno en general y para el ministro de Economía en particular. Sergio Massa había alentado esperanzas en una rápida desescalada inflacionaria y los datos indicaban lo contrario. ¿El error de diagnóstico debe asignarse sólo a los plazos que Massa se impuso o a la idea misma de que el rumbo del fenómeno es el descenso, así sea más lento?

Empeñada en adelantar el final anunciado de la candidatura de Alberto Fernández a la reelección, Cristina Kirchner, con el coro adicto de La Cámpora, le reclama al Presidente que archive de inmediato esa quimera.

Durante los períodos de transición entre un ciclo que se extingue y otro que se insinúa, el cambio del talante político se expresa en la gestación de nuevos consensos, que paulatinamente disuelven y suplantan a los preexistentes.

La apertura de sesiones ordinarias del poder legislativo ocurrida el último miércoles fue seguramente la más desolada en cuatro décadas de democracia.

El jueves se puso en marcha en el Congreso el procedimiento que intenta iniciar un juicio político a los miembros de la Corte Suprema. El oficialismo sabe que ese objetivo de máximo es prácticamente incumplible, porque no cuenta en el plenario de la Cámara de Diputados con el número de votos que se requieren para aprobarlo, pero por ahora sí tiene mayoría suficiente en la Comisión de Juicio Político, que es la primera estación del procedimiento.

Para Andrés `El Cuervo' Larroque, el secretario general de La Cámpora que a menudo actúa como vocero adelantado de la vicepresidenta, "no sería honesto maquillar una situación que es muy compleja. Más allá de la estabilización que estamos transitando y del esfuerzo del ministro de Economía, está claro que estamos presos de la trampa que es el acuerdo con el FMI. Eso hay que resolver". Con honestidad, Larroque culpa al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, si bien se mira, es una viga maestra de la política del ministro, pero -parte esencial del mensaje- absuelve a Massa. 

La chirinada que activaron el último fin de semana en Brasilia algunas centenas de fanáticos bolsonaristas no llegó a ser una explosión porque los conjurados tenían la pólvora mojada, pero mostró los riesgos potenciales que asechan a una sociedad política y socialmente dividida.

En su discurso del último martes, en Avellaneda, la señora de Kirchner se refirió con sorna a "la agrupación política a la que yo llamo amague y recule". Muchos analistas interpretaron la frase como un alfilerazo a Alberto Fernández quien, tras una declaración áspera (pero ambigua) en la que parecía rechazar el cumplimiento del fallo cautelar de la Corte que ordena al gobierno nacional liquidar diariamente 2,9 por ciento de los fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, pasó en pocas horas a asegurar que aceptaría pagar, pero que lo haría en bonos

Proyectando los resultados provisorios del censo de este año, la población de la región metropolitana (la ciudad de Buenos Aires y el amplio cordón del conurbano, con Campana y La Plata como extremos) rondaría los 17 millones de personas. El último martes, entre una cuarta parte y un tercio de ese número (o, si se quiere, una vez y media los habitantes de la Capital) se congregó en unos pocos kilómetros de avenidas, autopistas y calles ubicadas entre el Aeropuerto de Ezeiza y el Obelisco, en un flujo que se inició a la medianoche, con miles de personas marchando por la Avenida Richieri hacia el predio de la Asociación del Fútbol Argentina.

La sentencia dictada el último martes por el Tribunal Oral Federal 2 en el caso conocido como "Vialidad" cerró un capítulo crucial de este extenso y comentado juicio, pero seguramente no le puso punto final a la novela.

Tanto las principales fuerzas políticas como buena parte de los analistas que observan y comentan ese escenario lucen concentrados en lo que ocurrirá con (y a partir de) las elecciones programadas para fines del año próximo.

En el Palacio de Hacienda, Sergio Massa y sus colaboradores admiten resignadamente que las próximas semanas, las últimas del año, representarán una prueba dura. 

Desde hace una semana, Cristina Kirchner ejerce la presidencia de la Nación. Y, aunque a muchos les cueste admitirlo, ha venido haciéndolo con prudencia y cautela.

La puja política que se dirimió el último domingo en Brasil dejó varios rasgos que merecen ser analizados con mirada argentina. El primero es la extrema polarización, que ya había quedado a la vista en la primera vuelta electoral. Jair Bolsonaro y Luiz Inacio Lula Da Silva recaudaron en conjunto nueve de cada diez votos emitidos y quedaron separados por una diferencia que, en términos porcentuales se estrechó en el balotaje. Lula triunfó por menos de dos puntos. La actual grieta brasileña parece mucho más ancha que la que ha atravesado a la Argentina y que está en proceso de cambio.

El presupuesto de Sergio Massa atravesó exitosamente la prueba de la Cámara de Diputados. Cuando era presidente del cuerpo legislativo, Massa sufrió un revés al no obtener la aprobación para el presupuesto 2022 que había diseñado Martín Guzmán.

Según Miguel Pichetto, en las programadas elecciones de 2023 debería haber una opción tan clara como la que se viene dando en Brasil, entre el presidente Jair Bolsonaro y el ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva: "En Brasil jugaron los titulares, los dos líderes, Lula y Bolsonaro -indica Pichetto-; es un buen ejemplo para lo que tiene que pasar en el país, no se puede hacer política con los suplentes".

Mientras el Congreso se adentra en el debate sobre el presupuesto, la perspectiva de una aprobación opositora -que Sergio Massa procura prioritariamente- se enturbia en el segundo plano por el impulso oficialista a proyectos que irritan aquellas negociaciones, como el que quiere suprimir las elecciones primarias, agendadas para agosto del año próximo.

El agobio de la situación económica ha desplazado en los medios a las conjeturas sobre el fallido atentado contra la vicepresidenta y hasta al seguimiento de los juicios que la tienen a ella como figura central.

Este viernes tendrá lugar la tercera jornada de alegatos de la defensa de Cristina de Kirchner en el llamado Juicio de Vialidad y la vicepresidenta se hará cargo de esa pieza. En su condición de abogada tiene la atribución de alegar en su propia defensa.

Que el Indec tuviera que difundir la cifra de inflación de agosto dos días después del retorno de Sergio Massa de su prometedora visita a Estados Unidos hay que adjudicárselo a la mala fortuna. El 7 por ciento de incremento en los precios (un promedio que esconde aumentos considerablemente más altos en varios artículos de primera necesidad) representa un doloroso recordatorio de la materia en la que el Gobierno viene fracasando y a la cual el superministro de Economía, urgido por el vacío de reservas y por las negociaciones con el FMI, no le ha dedicado aún atención prioritaria.

Al desplegarse el decisivo segundo semestre de 2022 la política argentina se organiza en torno a dos problemáticas que se entrecruzan en varios puntos: la pugna de la señora de Kirchner en (y con) la Justicia y la gestión de Sergio Massa por consolidar un rumbo que permita superar la sequía de reservas y encaminar la economía hacia un desarrollo "que convierta los recursos en riqueza".

Con la ayuda inestimable de algunos de sus enemigos, la señora de Kirchner ha conseguido en los últimos días lo que muchos coinciden en llamar una victoria. Ha revalidado su centralidad en el Frente de Todos y ha logrado que buena parte del peronismo -con más resignación que entusiasmo- firmara al pie de sus cuestionamientos a la Justicia en general y a los fiscales que pidieron para ella 12 años de prisión, en particular.

En la última semana el momento político argentino tuvo al menos tres escenarios centrales: Escobar, el Hotel Alvear y las calles.

Sin tiempo para tomar aliento, Sergio Tomás Massa empieza a sentir el juego de pinzas de las expectativas y las rivalidades. Compensa en parte esos inconvenientes el alboroto que reina en la oposición, amplificado por el fuego amigo descargado minuciosamente por Elisa Carrió sobre su propia coalición.

El dólar blue alcanzó una cotización de 338 pesos: el lunes 4 de julio, fecha en que Silvina Batakis tomó la posta arrojada por Martín Guzmán en el ministerio de Economía, la cotización era 93 pesos más baja. En 17 días el incremento fue de 38 por ciento. Ese mercado paralelo (minúsculo por las cifras que opera, pero muy potente por los procesos que desencadena) no ha sido una señal aislada: conjuntamente caía el valor de los bonos emitidos por el país, subía el índice de riesgo y se sumaban malas noticias desde el frente de los precios domésticos. 

La primera semana de Silvina Batakis al frente del Palacio de Hacienda desconcertó tanto a analistas precipitados como a muchos de los actores políticos. Aunque aún no adoptó medidas decisivas, la flamante ministra expuso conceptos que pocos esperaban: se reconoció partidaria de un sano equilibrio fiscal, prometió no gastar por encima de los ingresos; tomó distancia de la idea de un Estado empeñado en ahorrar, pero subrayó la necesidad de garantizar la solvencia estatal; anunció el control desde su cartera del gasto de todo el sector público (no reducido en exclusividad a la administración central, sino incorporando también a organismos descentralizados y funcionalmente autónomos) así como el congelamiento de personal en todo ese universo.

La renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía, disparada el sábado 2 de julio por la tarde a la hora exacta en que Cristina Kirchner desgranaba en Ensenada un nuevo discurso destinado a perfeccionar la corrosión del gobierno de Alberto Fernández, fue una nueva señal apremiante del colapso que sobrelleva no solo la gestión del Presidente, sino el conjunto del sistema de poder que rige desde 2019. El título de esta columna una semana atrás fue: "El cambio como producto de una crisis que eclosiona".

La penuria de gasoil que enerva a los camioneros en todo el territorio del país y complica el abastecimiento, el intercambio y la producción opera estos días como un indicador privilegiado de la crisis que avanza en la Argentina. Invocando esa carencia de combustible, la Mesa de Enlace agropecuaria convoca a un paro del sector para mediados de julio y trata así de recuperar el terreno que perdió ante los productores autoconvocados por su pasividad en la Marcha del Campo de fines de abril.

Las palabras disparadas por la señora de Kirchner contra los movimientos sociales esta semana, desde una tribuna facilitada por la CTA, no sólo subrayaron las diferencias que se despliegan en el seno de la coalición oficialista, sino que iluminaron curiosas coincidencias que atraviesan el abismo de la célebre grieta. "Las políticas sociales no pueden seguir tercerizadas -reclamó la vicepresidenta-, no se puede depender de un dirigente barrial que dé el alta y la baja".