Lunes, 19 Abril 2021 12:17

La contraofensiva del Gobierno contra Horacio Rodríguez Larreta: dos presentaciones judiciales para frenar la apertura de escuelas - Por Lucía Salinas

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Una la hizo Carla Vizzotti y otra Carlos Zannini. Quieren que la discusión por las clases presenciales pase al fuero federal.

El Gobierno acudió a la Justicia para dejar sin efecto la resolución de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones porteña, que ordenó a la Ciudad a garantizar las clases presenciales. El Ministerio de Salud de la Nación, apenas conocida la noticia, realizó una presentación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, mientras que Carlos Zannini como Procurador del Tesoro, pidió que el caso vuelva a sortearse y se anule la resolución. Su reclamo se hizo en el fuero Federal, que es donde busca radicar la discusión.

El enfrentamiento entre el Gobierno de la Ciudad y la Casa Rosada sumó un nuevo capítulo y una vez más terminó en la justicia. Pasadas las 22 del domingo, Horacio Rodríguez Larreta informó que las clases presenciales continuarán en la CABA, contrario a lo indicado en el artículo 2 del DNU firmado por el presidente Alberto Fernández, que suspendió en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la apertura de los establecimientos educativos por quince días.

El sustento del jefe porteño para avanzar con la decisión fue el fallo de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, integrada por los jueces Marcelo López Alfonsín, Nieves Macchiavelli y Laura Perugini. Macchiavelli es la hermana de Eduardo, secretario de Ambiente porteño y mano derecha de Rodríguez Larreta en el armado político nacional. Fue recusada este domingo, sin éxito.

El fallo de 13 páginas retomó los ejes centrales de la fiscal ante la Cámara, Karina Ciccero, quien temprano había hecho lugar a dos amparos impulsados por un grupo de padres y otra organización de docentes. Le pedían a la Justicia local que le ordene a la Ciudad sostener la autonomía porteña y declarara inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241/21 que suspendió las clases presenciales a partir de este lunes.

Los camaristas, por unanimidad, ordenaron a Rodríguez Larreta que garantice este lunes las clases presenciales en las 2.359 unidades educativas, que nuclean a 600.000 alumnos de todos los niveles.

En la resolución, sostuvieron que el “Estado nacional estaría impidiendo que se garantice el servicio educativo de los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad", ya que a su entender "no hay suficiente evidencia empírica que trace una relación al menos razonable entre la presencialidad escolar y la mayor propagación de la enfermedad" y llegado el caso, de ser contrario "habría sido admitido oportunamente por los actuales Ministros de Educación y Salud de la Nación”.

Conocida la noticia, Alberto Fernández calificó la decisión como un "estrago jurídico" y avaló que el Estado avance en la Justicia para revertir el fallo. El Ministerio de Salud lo hizo el mismo domingo. Y Este lunes fue el procurador Zannini (funcionario de extrema confianza de Cristina Kirchner), quien realizó la última presentación. Los hizo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. Allí pidió una inhibición por parte de la Justicia porteña, entendiendo que debe ser el fuero Federal quien resuelva la discusión. Pero, además, pidió la invalidez del fallo firmado por la Sala IV.

El Gobierno sostiene que la Justicia porteña no tiene competencia para expedirse sobre los alcances de un Decreto de Necesidad y Urgencia. También denuncian que la Cámara que resolvió tiene lazos con Horacio Rodríguez Larreta.

En el escrito, la Procuración sostuvo: "Se solicita el levantamiento de dicha medida, por mediar nulidad por falta de competencia, a más de no encontrarse reunidos los requisitos para su dictado y ser la Resolución, un acto de suma gravedad institucional que pone en riesgo la salud general".

Bajo ese mismo argumento, Zannini expresó que la resolución de la Sala IV que ordenó abrir las escuelas, es de "gravedad institucional y el escándalo jurídico que las presentes actuaciones significan, atento a que, ello implica la suspensión en una jurisdicción local de normas de naturaleza federal, inaudita parte, afectando el poder de policía sanitaria en el marco de una emergencia sanitaria internacional".

Esta presentación se sumó a la ya realizada por la ministra Carla Vizzotti ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña, pidiendo que "se abstenga de seguir interviniendo en las actuaciones" de este caso. Insisten que debe intervenir otro fuero sobre el tema en debate.

El planteo del Ministerio de Salud de la Nación reitera que ante un contexto de "aumento de la transmisión comunitaria, todos los asistentes a establecimientos escolares (estudiantes y personal), al igual que el resto de la población que viven en áreas de riesgo, tienen más probabilidad de enfermar cuanto más circulen, por lo que el bajo mencionado anteriormente, aumenta en áreas de alta transmisión".

El domingo, los camaristas cuestionaron la falta de datos sobre el incremento de casos que produciría usar el transporte público para ir a las escuelas, uno de los argumentos del Gobierno nacional para suspender la presencialidad. “No puede hacerse caso omiso, en esta parte, de la escasa información presentada que supondría la presencialidad escolar, y el consecuente uso de los medios de transporte por los menores y, en su caso, sus acompañantes, en el crecimiento del número de personas infectadas por Covid-19", dijeron.

Además, remarcaron las contradicciones oficiales y remarcaron que los ministerios nacionales de Salud y Educación recomendaban seguir con las clases presenciales, un criterio diferente del que uso el Presidente.

La próxima instancia de la que el jefe de Gobierno de la Ciudad espera una respuesta es la Corte Suprema de Justicia. El amparo que presentó ante el máximo tribunal se basó en tres ejes: la supuesta violación de la autonomía de la Ciudad, -"la decisión adoptada por el Estado Nacional implica una virtual intervención federal"; la violación al principio de razonabilidad -"la suspensión de las clases presenciales no se encuentra justificada en datos empíricos"- y la violación del principio de supremacía federal, según el cual "se declara la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todo el orden jurídico argentino".

Lucía Salinas

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