Martes, 07 Diciembre 2021 10:46

Tensiones y desconfianza con la Corte detrás del proyecto del Gobierno para reformar la Magistratura - Por Federico Mayol

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La iniciativa que fue al Congreso amplía el número de miembros de 13 a 17. En medio de las diferencias con el tribunal, Martín Soria se reúne por primera vez con los jueces. 

En medio de los trascendidos por la declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema que en Casa Rosada dicen desconocer, el Gobierno envió este lunes al Senado el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que plantea la ampliación de sus miembros de 13 a 17, y que busca evitar la injerencia del máximo tribunal en el organismo encargado de seleccionar, evaluar y sancionar a los jueces. 

"No tenemos razón que algo que no pasó en muchos años vaya a suceder. No gobernamos según trascendidos periodísticos y sería extraño que la Corte anticipe sus fallos a los medios de comunicación", respondió este lunes en conferencia la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en la presentación del proyecto, consultada sobre el eventual fallo de la Corte que, según altas fuentes judiciales, podría declarar inconstitucional la modificación del 2006 impulsada por el kirchnerismo. En particular, por Cristina Kirchner.

Según el texto, que a última hora del lunes era revisado en la Secretaría Legal y Técnica, la composición del consejo aumenta en cuatro miembros: dos en representación de los abogados, uno de los jueces y otro del rubro académico-científico. Había sido una de las propuestas de la comisión convocada el año pasado por Alberto Fernández, que tuvo a Alberto Beraldi, abogado de la vicepresidenta, como una de las caras visibles.

De aprobarse -se introduce además la paridad de género-, el organismo quedaría integrado por cuatro jueces o juezas del Poder Judicial; seis legisladores o legisladoras en representación del Senado y de Diputados; cuatro representantes de los abogados; dos de los ámbitos académico y científico y el delegado del Poder Ejecutivo, un rol que ostenta Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza del ministro Eduardo "Wado" de Pedro, un dirigente de confianza de La Cámpora que habla sin intermediarios con la ex Presidenta.

"Ninguno de los nuevos integrantes que se suman pertenece al estamento político", explicó Cerruti.

El envío del proyecto, anticipado el domingo por Clarín, no solo busca anticiparse a la decisión que la Corte prepara para las próximas semanas. Se da además en medio de un clima de mutua desconfianza entre el Gobierno y la mayoría del máximo tribunal tras la elección de Horacio Rosatti el pasado 23 de septiembre y la renuncia de Elena Highton de Nolasco, dos semanas después, que aún no tiene reemplazo.

En ese contexto, Martín Soria, abiertamente crítico de la mayoría cortesana que integran Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Rosatti, visitará este martes por primera vez el cuarto piso del Palacio de Tribunales: había pedido audiencia, ocho meses después de jurar como ministro de Justicia, hace varios días, a agenda abierta.

En ese sentido, es aún una incógnita la posición de Ricardo Lorenzetti sobre la declaración de inconstitucionalidad que estudian en la Corte.

Pero antes de que Rosatti asumiera como presidente, desde un sector del Gobierno -incluso desde el kirchnerismo- se encargaron de instalar en que veían con buenos ojos que Lorenzetti volviera a tomar las riendas del tribunal. No solo no pasó, si no que el malestar entre la cúpula del Frente de Todos y la nueva conducción de la Corte está lejos de aplacarse.

En el 2006, la ley impulsada por el kirchnerismo había reducido el número de miembros de 20 a 13, y le había otorgado mayor influencia a la política. Hasta esa modificación, de hecho, el organismo estaba bajo control de la Corte Suprema.

"No tiene que ver con la función del consejo la posibilidad de ser presidido por alguien de la Corte", se expidió la portavoz en alusión a las versiones sobre la chance de que el máximo tribunal vuelva a ser presidido por el presidente de la Corte.

Si bien es cierto que el oficialismo trabajaba desde hace tiempo en la iniciativa, se aceleró a medida que se incrementaron los trascendidos sobre la inminencia de la declaración del tribunal.

El Gobierno, en esa línea, podría incluir el proyecto en un temario de sesiones extraordinarias que debe ser estipulado por el Presidente vía decreto.

La oposición, en tanto, aún deberá unificar criterios en torno a la iniciativa en medio de una serie de conflictos internos que tienen su correlato en el Congreso y en el propio Consejo de la Magistratura: en dicho organismo tienen intereses y dirigentes afines desde Mauricio Macri y Daniel Angelici hasta Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta.

"Se debe ampliar la participación de los estamentos no políticos, pero hay que debatirlo. Hay dudas sobre el mecanismo con el que se eligen los representantes de cada estamento y otras cuestiones, como las facultades administrativas o presupuestarias del consejo", subrayó ante este diario Diego Marías, que representa a los abogados y que se referencia en el jefe de Gobierno porteño.

Federico Mayol

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