Domingo, 15 Mayo 2022 07:34

Leopoldo Moreau usa la comisión de Inteligencia para buscar la impunidad de Cristina Kirchner y sus aliados - Por Nicolás Wiñazki

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El diputado ultra K en lugar de controlar a los servicios de inteligencia utiliza el organismo para meterse en causas que involucran a la vicepresidenta o a los Moyano. Mientras elude citar a Stiuso como testigo o permitir que la interventora de la AFI informe cómo utiliza los gastos reservados. 

La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación (CBI) es un organismo clave, que trabaja para controlar el accionar de los espías argentinos. Su nombre es explícito. Su trabajo debería estar bajo manto férreo del secreto. No pasa. 

Desde que los legisladores K lograron tener la mayoría de los integrantes de la CBI, su presidente, el diputado nacional Leopoldo Moreau, logró hacer virar el verdadero objetivo de ese órgano de auditoría y con capacidad de acción sobre del Sistema Nacional de Inteligencia, hacia nuevas funciones que no están incluidas en las normas que la regulan. LA CBI es el nuevo mecanismo que los dirigentes K utilizan para intentar frenar causas que afecten los intereses de la vicepresidenta Cristina Fernández, la jefa real de los diputados y senadores oficialistas de la CBI. Moreau, expulsado de la Unión Cívica Radical (UCR) por su “manifiesta inconducta ética y moral”, instrumenta argucias legales con el sello de la CBI para involucrarse en diversos expedientes judiciales. O para denunciar a magistrados por fallos que no son del agrado del oficialismo. Para la oposición, es una extralimitación en las funciones de una Comisión clave para garantizar derechos constitucionales de los ciudadanos argentinos.

El caso que expuso de modo más extremo este mecanismo se conoció terminando esta semana. El diputado de la coalición antes conocida como Frente de Todos le exigió a una jueza de San Nicolás que le entregase legajos reservados del caso por el que terminaron presos dos dirigentes del sindicato de camioneros, de Hugo Moyano, después de que se probase que bloquearon con métodos ilegales la entrada de una distribuidora de alimentos de San Pedro. Pedían plata a cambio de liberar el trabajo de esa Pyme. Hay dos detenidos en esa causa.

La acción perpetrada por Moreau, al solicitarle de modo sorpresivo a la titular del Juzgado de Garantías Número 3, María Eugenia Maiztegui, y en nombre de la CBI, que debía acceder a material confidencial para investigar si en esta trama se cometió espionaje ilegal. El accionar de Moreau tuvo efectos concretos. La doctora Maiztegui tomó licencia argumentando que padecía estrés. La magistrada debía decidir si confirmaba la prisión preventiva de los dos camioneros bloqueadores de empresas en un país en el que la Constitución Nacional garantizar el derecho a la libre circulación, el libre comercio, y la libertad sindical. Uno de los presos se llama Maximiliano Cavaleyro. El otro Fernando Espínola. Cavaleyro no solo es dirigente de Camioneros. También se desempañaba como concejal K en San Pedro.

La fiscal que sostiene el caso es María del Valle Viviani. Legisladores de la oposición que integran la CBI, como Cristian Ritondo y Gerardo Millman, rechazaron lo actuado por Moreau. El ex radical, hoy consejero de la vice Cristina, quien asegura que le gusta hablar “con Leopoldo” porque “es radical y no me viene con problemas de las internas del PJ”, es novedoso por las consecuencias que produjo. Pero no es “nuevo”.

El titular de la CBI, apoyado siempre por los legisladores de La Cámpora que forman parte de la CBI, como el denunciador de expediente siempre fallidos, Rodolfo Tailhade, o por el senador también “camporista” Mariano Recalde, expone una práctica repetida. Un mecanismo. La CBI es hoy un centro de operaciones que, aprovechando la mayoría K entre sus catorce miembros, buscar influir en casos que inquietan a los Kirchner. Son varios los expedientes en los que este mecanismo ya fue utilizado siempre impulsado por Moreau. Entre otros, se pueden mencionar el expediente que pesquisa cómo, y por qué, la vice tenía guardadas en su casa de El Calafate a carpetas con material de Inteligencia sobre múltiples enemigos de la vice. Moreau, sin el aval del resto no oficialista de la CBI se presentó como “Amicus Curiae” (amigo del tribunal), en esa causa que quema. El juez que instruye esa investigación, Marcelo Martínez de Giorgi, aceptó esa decisión.

Moreau y su grupo K de la CBI también pidió el juicio político contra los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. La CBI los acusa de mal desempeño por haber determinado que durante la gestión de Mauricio Macri no existió un plan organizado para espiar de modo ilegal a diversos objetivos, entre ellos, afirma la CBI, sobre todo a opositores. Kirchneristas.

Una delegación de la CBI se presentó ante el Consejo de la Magistratura para solicitar el juicio político contra los dos camaristas que votaron en contra de lo deseado por la vice.

¿Puede y debe la CBI manejarse como lo está haciendo en varias causas en trámite, tengan que ver o no con el trabajo de los espías nacionales?

Moreau debió aceptar, debido a una solicitud de los legisladores de la CBI de la oposición, que efectivamente había pedido a la jueza de San Nicolás documentación sobre los camioneros presos. Dijo que actuó de ese modo porque recibió una denuncia de un abogado de la familia Moyano, eternos líderes del sindicato de ese gremio automotor, en la que se alertaba por supuestas acciones ilegales de posibles espías que alteraron adrede los hechos juzgados. Rarezas: Moreau afirmó que actuó de modo urgente, intentando así forzar el reglamento de la CBI. La oposición denunció que nunca fue informada sobre lo que pasaría, aunque en los días urgentes para Moreau el Congreso en pleno estaba sesionando.

Tanto Ritondo, como Millman, igual que la abogada de la familia víctima del bloqueo camionero, Florencia Arrieto, analizan denunciar a Moreau y al resto de los K de la CBI por intromisión en el trabajo de la Justicia.

Mientras tanto, también el Poder Judicial aguarda una nota del resto de los integrantes de la CBI para determinar si apoyaron un juicio político a dos camaristas por su fallo sobre un expediente judicial de posible espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la administración Macri está ajustado a Derecho.

El mecanismo de Moreau en el caso de las carpetas de espionaje encontradas en un allanamiento por el juez Claudio Bonadio, ya fallecido, cuyo material es de evidente manufactura del servicio secreto nacional, oficial o paraestatal, complejizó al propio Moreau.

Por impulso del legislador Cristian Ritondo, se le solicitó a Moreau que permita testimoniar ante la CBI al ex director general de operaciones de la AFI, el histórico agente Antonio Stiuso, entre otros afectados en la causa de las carpetas de la vice, como el ex diputado Miguel Ángel Toma.

Moreau no responde.

Una declaración bajo juramento de Stiuso, conocedor de los secretos del servicio secreto nacional, archienemigo de la vice Cristina, podría abrir puertas hacia caminos complejos para el oficialismo.

Fuentes que dicen conocer lo piensa el enigmático Stiuso afirmaron a Clarín que el ex agente está muy dispuesto a presentarse ante la CBI para responder preguntas. Sobre todo, porque uno de sus integrantes, el diputado Tailhade, lo denunció varias veces en la Justicia. Igual que la propia Fernández.

Moreau retrasa el pedido de Ritondo sobre los testigos que podrían aportar información clave en una causa donde la Inteligencia nacional sí tiene un papel preponderante. Entre las carpetas que se descubrieron en la casa de El Calafate de la vice hay dos que describen el supuesto accionar empresario de Stiuso.

El ex agente quiere aclarar todo ante la CBI.

Moreau prefiere que no.

Del mismo modo, y a pesar de que se trata de una Comisión Fiscalizadora de los Organismos de Inteligencia, Moreau tampoco permitió que se presentase la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño Paz, para que revele, siempre bajo el secreto que deben tener las sesiones de la CBI, cómo se gastó el dinero reservado de su organismo.

El diputado Ritondo también pidió que se cite o se investigue a agentes de Inteligencia del Ejército que fueron descubiertos realizando tareas de espionaje en el shopping Patio Bullrich. Moreau no tiene apuro, más bien lo contrario, para indagar sobre esas actividades que su gobierno afirma que son parte de agentes que integran los llamados “sótanos de la democracia”.

Clarín iba a comunicarse con Moreau para conocer su versión de los hechos.

Pero a las 17:28 de ayer por la tarde, mientras se redactaba este artículo, la agencia oficial de noticias, Télam, emitió un cable en el que se reprodujeron comentarios de Moreau. El titular de la CBI denunció que “en los próximos días” se pondría “en marcha un operativo con denuncias judiciales con complicidad mediática” para “desacreditar” a la CBI.

El texto de Moreau es más extenso y hace alusión a una serie de hechos dispersos pero que para él tienen completa relación lógica.

Involucró a medidas tomadas por el fiscal Carlos Stornelli con el trabajo de la CBI, aunque nada tiene que ver un allanamiento al ministerio de Defensa en el caso de las tierras del Ejército reclamadas con los mapuches con el trabajo de su Comisión.

También da como cierta información donde describe inexistentes contactos del periodista de Clarín Daniel Santoro con la abogada de la distribuidora que impulsó la denuncia contra los camioneros que más que nunca Moreau parece defender.

Son datos que, de ser ciertos, sembrarían dudas sobre cómo fue que el legislador supo toda esa trastienda.

La CBI, por ejemplo, también se involucró con énfasis en el caso de supuesto espionaje ilegal contra el ex preso en varias oportunidades Juan Pablo “Pata” Medina.

La CBI citó a declarar al mismísimo Procurador General de Buenos Aires, Julio Conte Grand, que habría demostrado, sin prisa y sin pausa, en un diálogo caliente, como todas las acusaciones en su contra carecían de fundamento, afirmaron fuentes que supieron qué se habló en ese día en la CBI, de sesiones secretas.

El miembro de la CBI por la oposición, Ritondo, afirmó a Clarín que “Moreau desarrolla actuaciones en varias causas que lindan con el abuso de poder, y se está extralimitando con las funciones, burlándose así del sistema parlamentario nacional”.

El legislador Gerardo Millman, opinó que “la mayoría oficialista de la CBI, que debería controlar a la AFI y al Sistema de Inteligencia, usa su poder para vincularse en distintas causas vinculadas al kirchnerismo o a aliados del kirchnerismo. No es el objetivo de la Ley de Inteligencia de la Argentina”.

El contexto de este escándalo coincide con otra embestida K contra la Justicia.

No solo porque la vice impulsa cambios en la Corte Suprema.

En Entre Ríos, un jury que duró solo una semana intenta remover de su cargo a la principal investigadora de casos de corrupción, la fiscal Cecilia Goyeneche.

Investigadora, investigada.

La Corte Suprema avaló su accionar, pero la clase política y Judicial de su provincia parece encaminarse a su destitución.

Veintiún procuradores de la misma cantidad de provincias viajaron a Entre Ríos a apoyar a Goyeneche. La aun fiscal declaró ante Clarín que el jury en su contra “pasó un límite. Es intolerable que por hacer una investigación como corresponde pongamos en riesgo nuestro trabajo. Buscan la impunidad y generar miedo entre quienes están dispuestos a testimoniar sobre lo qeu saben que pasó con el dinero de la corrupción”.

Goyeneche fue protagonista del juicio que condenó al ex gobernador Urribarri a ocho años de prisión en un caso de corrupción.

Ese proceso tardó en comenzar.

El Poder Judicial de Entre Ríos, entre otros casos, argumentaba que en la sala de audiencias podía haber riesgo de contagiarse Covid.

El juicio se hizo.

Nadie, nunca, contrajo el virus.

Nicolás Wiñazki

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