Jueves, 18 Enero 2018 21:00

La Justicia avanza sobre los hoteles K: podrían quedar intervenidos - Por Lucía Salinas

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Los veedores judiciales detectaron irregularidades administrativas y están analizando la medida. El fiscal Pollicita la había solicitado.

 

Con una veeduría judicial por seis meses más, los hoteles de la familia Kirchner podrían terminar intervenidos tal como pidieron el fiscal Gerardo Pollicita y la ex diputada Margarita Stolbizer. Se detectaron irregularidades administrativas y para un "mejor control sobre los movimientos se analiza la intervención", indicaron fuentes judiciales a Clarín. Se trata del hotel Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea de El Chaltén (este último cerrado).

Los emprendimientos hoteleros de Cristina Kirchner y que heredó a sus hijos Florencia y Máximo, están bajo investigación. Fueron fuente de ingresos millonarios garantizados por Lázaro Báez. Así, todos confluyen en dos causas que incluyen tres de los hoteles: Los Sauces SA (donde fueron procesados por lavado de dinero y asociación ilícita) y Hotesur SA (fueron sólo indagados por lavado).


El hotel Los Sauces de los Kirchner permanece cerrado en El Calafate. Maxi Failla.

El control de los mismos es un pedido reiterado del fiscal Gerardo Pollicita que tuvo delegado el expediente de Hotesur SA, la empresa dueña del Alto Calafate. Para el funcionario del Ministerio Público Fiscal, intervenirlos es la medida cautelar "más adecuada" para "desplazar a los titulares que se encuentran sospechado de lavado de dinero" y así, "procurar una efectiva fiscalización de la actividad de las firmas".

Al planteo, se suma otro factor. Según señalaron desde la fiscalía no se debe perder de vista que quien administra hoy los hoteles de la ex Presidenta es Osvaldo Sanfelice, socio de la familia. "No sólo está procesado por lavado de dinero junto a Cristina Kirchner, sino que a su vez, tiene abierta una causa por el mismo delito junto a Cristóbal López". Se trata de la causa Agosto SA (empresa de Sanfelice) que tuvo un único cliente: el Grupo Indalo a quien en poco tiempo le facturó $ 39 millones.


El Hotel Las Dunas, que los Kirchner le alquilaron a una empresa de Lázaro Báez.

Una de las firmas investigadas por maniobras de blanqueo es Idea SA, la misma que desde julio de 2013 -cuando Báez dejó de gerenciar los hoteles K-, se hizo cargo de la administración. Con una intervención judicial se desplazaría a la administración a cargo de Sanfelice y se designa un interventor judicial que informe periódicamente al juzgado y tome las decisiones sobre la empresa.

Otro factor que se analiza en la justicia, son irregularidades administrativas recientemente denunciadas por la asesorada letrada de Stolbizer, Silvina Martínez. Para la denunciante se tomaron medidas por parte de las autoridades de Hotesur que “violan las medidas cautelares expresamente dictadas en la causa”.


La Aldea. Ubicado en la localidad santacruceña de El Chaltén, el hotel está investigado en la causa Hotesur y es de los Kirchner

En el escrito se explica que el 20 de diciembre de 2017, se “simuló la realización de una asamblea general ordinaria y extraordinaria”, de los integrantes en Hotesur SA. Esta información, se desprende según la denuncia, del acta de constatación que realizó el escribano Carlos Augusto Marcovecchio y que “acompañara la IGJ a la causa, se realizó esta pseudo asamblea con graves deficiencias que tornan nula la misma”.

La maniobra denunciada se realizó “en un lugar diferente a la sede social inscripta, tratándose del domicilio de Romina Mercado”, presidenta de Hotesur e hija de Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz y cuñada de la ex presidenta y actual senadora nacional.

Stolbizer sostuvo que desde que comenzó la causa se planteó que Hotesur “no tenia sede real y a lo largo de toda la tramitación de la causa vimos que todos las sedes que se fueron fijando fueron ficticias”.

Por el momento, el juez Ercolini sólo extendió por seis meses más la veeduría sobre los hoteles. Pero se analizar profundizar la medida cautelar yendo a una intervención judicial "que desplazará a la actual administración y las decisiones económicas y administrativas estarán a cargo del interventor", indicaron fuentes judiciales a Clarín.

Con la veeduría ampliada, se busca una "correcta identificación, localización, inventario y valuación de la totalidad de sus bienes", y a su vez, proceder "a la recaudación de las ganancias de la actividad y detener el provecho que Máximo y Florencia Kirchner, como Sanfelice continúan obteniendo".

También, "conocer acabadamente las actividades comerciales que desarrollan y sus pormenores, para que, de resultar pertinente, eventualmente se proceda al embargo o decomiso de los bienes que correspondan". 

Lucía Salinas

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