Jueves, 15 Febrero 2018 21:00

Ordenan allanar la gobernación de Santa Cruz y otras dependencias buscando contratos con Lázaro Báez - Por Lucía Salinas

Escrito por

La Justicia intenta determinar cómo consiguió el empresario detenido negocios por $46.000 millones durante el kirchnerismo.

 

El juez Julián Ercolini libró tres órdenes de allanamiento en Río Gallegos, en el marco de la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. Se trata, tal como contó Clarín, de una ampliación del expediente que se enfoca en las responsabilidades de las autoridades provinciales en la "falta de control y favoritismos" que recibió el empresario K durante las gestiones presidenciales de los Kirchner.

Los allanamientos solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita se realizaron desde la tarde en la casa de Gobierno de Santa Cruz, en el ministerio de Economía y en el Tribunal de Cuentas en la capital santacruceña. La justicia busca la documentación vinculada a los 52 contratos viales que recibió el Grupo Austral por $ 46.000 millones.

Próxima a ser elevada a juicio oral la causa por la que, por primera vez, Cristina Kirchner fue acusada de ser jefa de una asociación ilícita, la instrucción sobre una segunda parte del expediente derivó en una serie de allanamientos simultáneos en Río Gallegos.

En esta causa, Cristina está acusada de favorecer a su socio comercial Lázaro Báez con 52 contratos por $ 46.000 millones. No será la única instancia de la investigación. El fiscal Gerardo Pollicita avanza sobre las responsabilidades de los ex gobernadores de Santa Cruz que estuvieron al frente de la provincia cuando esos contratos quedaron inconclusos y con sobreprecios. Además, se investiga a los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo.

La ex presidenta ya pidió ir a juicio oral en la investigación, en la que junto a los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner, y el empresario Lázaro Báez -todos presos-, fue acusada de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta por el direccionamiento de la obra pública vial a favor del Grupo Austral.

El empresario K obtuvo un “flujo de dineros estatales” a través de la obra pública, que le permitió un incremento de su patrimonio -según la Justicia- del 12.127 % y el de Austral Construcciones, su firma insignia, del 45.313%. Esto fue posible “con la anuencia de funcionarios nacionales como provinciales”, indicaron fuentes judiciales. En la mira están las ex autoridades provinciales: los ex gobernadores Carlos Sancho, Daniel Peralta y no se descarta a Sergio Acevedo.

Para la fiscalía no se cerró la investigación. Por un lado, se investiga la responsabilidad de los ex jefes de Gabinete desde 2005 a 2015 por las disposiciones que permitieron "el flujo de fondos destinado a la obra pública para Santa Cruz que terminó en manos de Báez", indicaron fuentes judiciales. En ese período, el cargo lo ocuparon Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.

Por otro lado, se avanza en las responsabilidades de la administración santacruceños y por ello se ordenaron los tres allanamientos a cargo de las fuerzas federales.

¿Por qué Pollicita avanza en este sentido? Durante las indagatorias que se tomaron en la causa, ex directivos de Vialidad Nacional y otros ex funcionarios señalaron que gran parte de las decisiones sobre los contratos “plagados de irregularidades”, se tomaron en Santa Cruz.

La premisa es que las autoridades provinciales "también permitieron configurar el esquema de beneficios exclusivos diseñado en favor de Báez". La fiscalía apunta a la "connivencia y tráfico de información con Báez" y "falta deliberada de controles" exponiendo "la complicidad de funcionarios", y se concentra ahora en Santa Cruz.

Para avanzar en esta instancia, se digitalizaron y se analizan más de 50 contratos viales con las firmas, el circuito administrativo y los fondos implicados. Asimismo, se determinó el nivel de responsabilidad de quienes iban permitiendo que “la matriz de corrupción se afianzara”.

La principal premisa es que las autoridades provinciales saltearon mecanismos de control con el fin de "favorecer a las empresas de Báez, a quienes le pagaron y certificaron obras que ni siquiera había comenzado", señalaron a Clarín fuentes de la causa.

La empresa fue "beneficiada con trabajos que superaban su capacidad en más de quince veces". Las autoridades santacruceñas tenían "pleno conocimiento de Austral que era incapaz de realizarlas y finalizarlas en tiempo y forma, tal como aconteció", indicaron fuentes de la causa. El 50% de los trabajos quedaron inconclusos.

El período en el que más obras ganó el grupo Austral fue 2007-2010, según indicaron fuentes de la causa. Esto abarca al menos la gestión de dos ex gobernadores: Carlos Sancho, socio de Máximo Kirchner y procesado por asociación ilícita y lavado de dinero por el juez Claudio Bonadio en la causa Los Sauces SA; y a Daniel Peralta, ex aliado kirchnerista. Pero no se descarta un llamado a indagatoria y citar a declaración testimonial a otro ex aliado K: Sergio Acevedo: fue el primero en reconocer que la obra pública en la provincia de los Kirchner estaba “cartelizada”. 

Lucía Salinas

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…