Alejandra Gils Carbó ya no está al frente de la Procuración General de la Nación. Antes de su renuncia había sido procesada por el juez Julián Ercolini por las irregularidades cometidas en la operación de compra del edificio de la calle Perón al 600 donde funcionan las principales oficinas del Ministerio Público Fiscal. (El pedido de procesamiento lo hizo el fiscal Eduardo Taiano, quien condujo la investigación del hecho).

La Procuración había pagado en julio del 2013 $43.850.000 por el llamado "Edifico Cangallo" propiedad del Grupo Bemberg. Le había pagado ese monto a la firma Arfinsa, integrante del Grupo Bemberg. En abril del 2017 Infobae reveló que Arfinsa le había pagado de comisión 7,7 millones de pesos a la inmobiliaria de Bárbara Jaureguiberry. Esta a su vez le había pagado 3 millones de pesos de comisión a un ignoto productor de seguros de La Plata sin relación con el negocio inmobiliario: Juan Carlos Thill. Thill resultó ser hermano del subdirector de la Procuración Guillermo Bellingi, quien por orden de Gils Carbó había manejado los pormenores de la licitación.

Gils Carbó fue indagada y negó los hechos. Lo mismo que los directivos de Arfinsa y Jaureguiberry. En cambio Bellingi y Thill se negaron a declarar a la espera de los resultados de un peritaje informático que desde hace meses realiza la Policía de la Ciudad.

Según pudo confirmar Infobae a través de fuentes de la investigación, un informe parcial de los técnicos informáticos ya está en manos de Taiano. Y según las mismas fuentes, en los mails analizados por los investigadores judiciales, se corrobora que la licitación fue direccionada desde la Procuración para que la ganara Arfinsa.

Explican las fuentes que hay mails de Bellingi, enviados a Thill y Jaureguiberry- que reenvió a los directivos de Arfinsa- en los que el funcionario de la Procuración a cargo de la licitación, daba indicaciones de cómo iba a ser el pliego definitivo y qué cuestiones se iban a incluir o sacar para favorecer a la empresa que finalmente fue adjudicataria del negocio. Esos intercambios datan de febrero de 2013, cuando faltaba más de un mes para que la licitación se hiciera pública y casi al mismo tiempo que Gils Carbó había visitado el edificio.

En abril pasado Infobae había revelado la existencia de mails fechados en marzo de 2013 en el que se demostraba que Arfinsa había recibido información confidencial sobre el pliego y el proceso licitatorio.

Los mails que datan de febrero muestran que la operación-que terminó con un pago de una comisión millonaria al hermano de Bellingi- había comenzado mucho antes.

A partir del informe parcial del peritaje también se detectaron mails de Bellingi en los que mantenía al tanto de todo lo sucedido con la licitación a Gils Carbó. El funcionario-que aún trabaja en la Procuración- reportaba directamente a la ex procuradora quien le había encomendado como primera tarea al ingresar a la función pública, el manejo de la licitación.

En abril de 2017-cuando Infobae reveló el pago de la comisión a Thill y su parentesco con Bellingi- el ex subdirector General de la Procuración fue suspendido. Y Gils Carbó ordenó que se le iniciara un sumario administrativo. A cargo del fiscal de Investigaciones Administrativas, ese sumario aún no fue concluido (por apelaciones de Bellingi y pasos propios del trámite) y el funcionario aún mantiene su puesto de trabajo. Ya no está más en el estratégica Procuraduría Antilavado (PROCELAC) a donde fue transferido luego de cerrar la operación de compra del edificio. Desde julio de 2017 revista en la Biblioteca de la Procuración.

Mientras llega la versión final del peritaje informático el caso está bajo análisis de la Sala I de la Cámara Federal porteña. Serán los camaristas Jorge Luis Ballestero y Leopoldo Bruglia quienes decidan si el procesamiento dictado por Ercolini contra Gils Carbó y otros imputados debe ser confirmado o no.

Omar Lavieri  
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