Domingo, 15 Marzo 2020 21:00

A un mes de los cambios en el Programa de Protección de Testigos, sigue acéfalo y semi paralizado - Por Lucía Salinas

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El Presidente decretó que vuelva a ser controlado por el Poder Ejecutivo. Aún no nombraron nuevas autoridades.

 

Un universo de 397 personas distribuidas por todo el país. Geolocalización, nueva identidad, restricciones en el uso de líneas celulares, trabajos en lugares como remiserías, pizzerías, confiterías, puestos de flores, son sólo algunas de las opciones. El día a día de un testigo e imputado protegido de riesgo, cambió sustancialmente el día que ingresó al Programa de Protección de Testigos. La normativa sostiene que la prioridad es garantizar el resguardo de la “vida o integridad física” de esas personas. Este sistema, pese al reciente anuncio del presidente Alberto Fernández de volver a dejarlo bajo la órbita del Ministerio de Justicia, aún se encuentra acéfalo y semi paralizado. “Nada cambió respecto a la seguridad de las personas”, señalaron fuentes oficiales al confirmar la falta de autoridades nombradas.

Muchos de ellos conviven con nosotros. Realizan las tareas menos pensadas y más cotidianas. Desde atender un teléfono en una remisería, manejar un vehículo del transporte público, administrar un quiosco o atender mesas en un bar. El abanico de relocalización laboral no es muy amplio, pero existe y es el objetivo final del Programa. Son personas que, como testigos o imputados, han colaborado en causas sensibles y por ello sus vidas podrían estar en peligro.

Aunque el sistema de protección contó con casos de mayor conocimiento mediático en casos de corrupción, como Oscar Centeno, el ex funcionario kirchnerista José López, tomó más renombre con personas como Leonardo Fariña, Alejandro Vandenbroele y Víctor Manzanares. Son los únicos tres que por decisión personal decidieron abandonar el régimen al que habían ingresado después de convertirse en imputados colaboradores en casos de corrupción. Algunos incluso denunciaron que lo hacían por temor al cambio de Gobierno. Habían denunciado a los K, que ahora tenían que vigilarlos.

Son los casos de mayor renombre, pero el Programa de Testigos e Imputados brinda protección a un universo más complejo, vulnerado y de mayor riesgo que estos casos. Con sus grupos familiares incluidos se protege a 400 personas.

Desde su creación en 2003 a la fecha, según los cálculos oficiales, se triplicaron los ingresantes y se pasó de 41 a 153 casos al año. En total, cuando Mauricio Macri dejó la Casa Rosada, el Programa contaba con 236 personas y sólo quince eran en causas por corrupción. Ahora en este último grupo sólo quedan doce tras la salida de Manzanares, Fariña y Vandenbroele.

Al 10 de Febrero de 2016 según se desprende de los datos consignados en la base de datos, había un total de 397 testigos incorporados activos al Programa. La gran mayoría de estos testigos son de causas de Lesa Humanidad, seguidos en menor medida por causas de Narcotráfico y Trata de Personas.

Dejando sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que once días antes del cambio de gestión firmó Macri, la actual administración decidió que esa Agencia con participación de la Justicia y del Ministerio Público Fiscal debía quedar sin efecto y que, en consecuencia, el Programa debía volver a la órbita del Ejecutivo con control del Ministerio de Justicia.

Esta decisión se oficializó el 19 de febrero tras la derogación del decreto que había firmado Macri. Desde entonces, el Programa no cuenta con autoridades designadas. Ante la consulta de Clarín, desde el Gobierno señalaron que “pese a ello no deja de funcionar y a las personas que lo integran se les garantiza la misma seguridad”. Entienden en la Casa Rosada que si bien es importante avanzar en el nombramiento de autoridades, el tema es “complejo y trajo mucho ruido respecto a su manejo”.

Aunque con posiciones contrapuestos, en ese punto la gestión de Cambiemos y la actual coinciden: a nadie le conforma el manejo del sistema de protección. La anterior gestión en una auditoría apuntó contra el gobierno de Cristina Kirchner señalando que había una mala administración del Programa. “Ausencia total de registros actualizados relacionados con los testigos e imputados dentro del Programa; se desconocía si se los supervisaba, si estaban vivos, si se habían mudado o si los parámetros de riesgo habían cambiado”, explicó la administración anterior.

Los puntos criticados fueron aún más: inexistencia de un protocolo de actuación para la tramitación de los casos, “en una significativa cantidad testigos ingresados al Programa de Protección se les aplicaron medidas de seguridad y de asistencia económica, que no parecen ser adoptadas siguiendo un criterio objetivo”.

El ministerio de Justicia a cargo de Marcela Losardo avanzó en una auditoría sobre la utilización y manejo del Programa bajo la gestión macrista. “Discrecionalidad en el uso de los recursos” fue uno de los pilares de las conclusiones arribadas, esto incluye el destino de fondos y la poca claridad de los mismos, según pudo saber Clarín de fuentes del Gobierno.

Lucía Salinas

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