Vicente Massot

 

A esta altura del trámite gubernamental, comenzado allá por diciembre de 2019, hay razones de peso para poner en tela de juicio la pretendida inteligencia de Cristina Kirchner en el momento que -dando de lado sus prevenciones más íntimas respecto del personaje en cuestión- lo mandó llamar a Alberto Fernández con el propósito de ofrecerle la candidatura presidencial del Frente que comandaba.

 

 

Las elecciones legislativas tienen -si se las compara con las presidenciales- diferencias notables. El fenómeno no resulta, ni mucho menos, propio de nuestro país.

 

Los conceptos de amistad y de simpatía se compadecen mal con los mercados de deuda y con los organismos de crédito internacionales. Lo que si puede existir es una razón política que, prescindiendo de considerar la insolvencia de un país, privilegie la conveniencia estratégica de hacer la vista gorda y otorgarle a una nación -pobre de solemnidad y con una larga lista de defaults en su haber- ayudas de carácter extraordinario.

 


A medida que transcurre el tiempo y tanto los índices que miden la situación social y económica del país como los que dan cuenta de la realidad sanitaria, reflejan un agravamiento que parece no tener solución de continuidad, más queda en evidencia un fenómeno sobre el cual tantas veces hemos insistido y que -a falta de mejor denominación- definimos como mansedumbre proverbial de nuestra sociedad.

 

La lógica más elemental indica que, ante un desafío estratégico que se recorta en el horizonte y que no se puede esquivar ni posponer -en el caso particular de Frente de Todos y Juntos para el Cambio, las elecciones que se substanciaran en los meses, sea de octubre o de noviembre, de acuerdo a como quede establecido el cronograma correspondiente- la consigna de la hora para las dos fuerzas que competirán entre sí es la de cerrar filas, dar de lado con los enfrentamientos internos y ofrecer ante la masa de votantes una imagen de unidad.

 

El domingo pasado, horas antes de abordar el avión que lo trasladaría, junto a la comitiva oficial, a la capital portuguesa -primer destino de la gira que por espacio de cinco días que comprenderá también Madrid, Roma y París-, Alberto Fernández asumió como presidente del Partido Justicialista en una ceremonia minimalista, sin bombos ni militancia ninguna, en la quinta de Olivos.

 

Si las más empinadas autoridades del gobierno se hubiesen puesto de acuerdo para hacer todo mal, seguramente el plan forjado entre ellos habría sido un pálido reflejo de esta verdadera comedia de enredos que protagonizaron, desde el pasado jueves a la fecha, el presidente de la Nación, la jefa indiscutible del Frente de Todos, el titular de la cartera económica, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y un ignoto subsecretario del área energética, de nombre Federico Basualdo.

 

 

 

No hay caso. Si en medio de esta crisis pavorosa, desencadenada por efecto de la pandemia planetaria, la brecha que divide a los argentinos no hace más que ensancharse, las posibilidades de consensuar políticas de estado -cuestión de la que se habla una y otra vez- resultan remotas.

 

 

Daniel Gervini es el nombre de un matemático nacido en estas tierras que reside, desde hace años, en los Estados Unidos. Para la mayoría de nosotros el citado catedrático resultaba, hasta el domingo, un ilustre desconocido y nada lo hubiese sacado de ese anonimato de no haber sido por un análisis, de su autoría, acerca de cómo puede evolucionar entre nosotros, en los próximos 60 días, la segunda ola de la pandemia.

 

 

Lógico sería que, en atención a cuanto significa la nueva ola del COVID, el gobierno acreditase un nivel de coherencia tanto en los dichos como en los hechos. Frente a una crisis de tamaña dimensión era razonable pensar que los funcionarios de mayor jerarquía de la administración kirchnerista darían de lado sus riñas y pondrían paños fríos a sus luchas internas.

 

Al margen del peso específico que tienen determinados temas de la realidad argentina -sociales, políticos, o de naturaleza económica- sin lugar a dudas el hecho de mayor trascendencia del año en curso será el electoral.

 

El presidente uruguayo no fue descomedido respecto de su par argentino ni tampoco de nuestro país. Si Alberto Fernández no estuviese siempre a la defensiva, convencido de que sus socios del Mercosur se hallan empeñados en perjudicarnos, habría medido su respuesta. Pero a esta altura de su vida no va a cambiar ni su temperamento ni su personalidad.

 

Cuando entre nosotros se planteó la discusión acerca de cuál de las vacunas autorizadas era la mejor y, como es usual, hubo legión de expertos indocumentados en la materia, nos permitimos decir que, si había un problema -que ciertamente existía- el mismo tenía menos que ver con la confiabilidad de la Pfizer, la Sputnik o la Johnson -para mencionar tan sólo a tres de las más conocidas- que con la proverbial ineficiencia del Estado argentino.

 

 

Juan Domingo Perón, Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Néstor Kirchner -para nombrar a los presidentes más representativos del último medio siglo- imponían respeto con su sola presencia. Más allá de las simpatías o antipatías que generasen y de los amores u odios que concitasen por efecto de sus decisiones políticas, sabían mandar.

 

Pese a sus pifias y desfallecimientos el frente de Juntos por el Cambio no es un rejuntado de perdedores que hace todo lo posible para mantenerse a flote en medio de un tembladeral. El hecho de que haya sido derrotado en los comicios presidenciales de octubre de 2019 no lo convirtió en un actor de reparto de segunda categoría. Aunque debió abandonar la Casa Rosada y regresar al llano, se mantuvo unido, más allá de las inocultables diferencias que laten en su seno.

 

 

Los discursos de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación representan una formalidad tan sólo. Dejarse llevar por lo que, en semejantes ocasiones, dicen los presidentes es una manera políticamente correcta de perder el tiempo.

 

Dos razones se entrecruzan en el escándalo que suscitara el sistema semi- clandestino de vacunación que había montado el ex–ministro de Salud, Ginés González García. Una explica porque pudo ponerse en marcha y la otra porque tuvo tamaña repercusión. Sería difícil imaginar que algo así sucediese en Suecia o en Norteamérica. Pero en estas playas, lo novedoso habría sido que no ocurriese. La impunidad que existe en nuestro país se halla tan arraigada que una oficina para los amigotes del poder es la cosa más normal del mundo. Si a ello se le suma la experiencia en la materia que acredita el kirchnerismo, el cuadro queda completo.

 

 

A esta altura del año y cuando aún faltan ocho meses para que se substancien los comicios legislativos del próximo mes de octubre, parece estar fuera de duda la estrategia que ha forjado el gobierno de cara a pulseada de tanta trascendencia.

 

Mueven a risa los pronósticos optimistas lanzados a correr por las usinas gubernamentales con base en el alza del precio de la soja, la baja de las tasas de interés internacionales y las oportunidades que volverían a abrirse de que determinados países emergentes -incluido el nuestro- reciban inversiones considerables en el año a punto de comenzar.

 

 

A punto de finalizar un año plagado de dificultades, el gobierno topó con una de esas opciones frente a las cuales resulta imposible jugar a las escondidas. Debía escoger, sin más dilaciones, qué camino seguir de ahora en adelante. Desde marzo y hasta comienzos del mes en curso había tratado de hacer, de la necesidad, virtud, con suerte adversa.

 

 

 

De un tiempo a esta parte, a Cristina Fernández se le ha dado por sentarse a escribir cartas públicas. No importa tanto descubrir el nombre de su ghost writer -porque resulta claro que ella no las redacta- como entender a dónde apunta y saber que el propósito que la anima es, por un lado, marcarle la cancha al presidente de la Nación y, por el otro, hacer ostentación de su poder. Conviene no tomar a la ligera cuanto ha expresado en las sucesivas misivas que nos ha hecho conocer en los últimos meses. Inclusive los disparates que podrían apuntarse en su contra tienen un sentido.

 

 

Hace un año, en medio de la algarabía de sus simpatizantes, Alberto Fernández se sentaba en el sillón de Rivadavia. Nadie podía imaginar entonces que, a las asignaturas pendientes que arrastraba el país y a la desafortunada herencia recibida de la administración anterior, el presidente pronto debería sumarle una preocupación de mayor calado: la pandemia.

 

 

De todo cuanto sucedió a partir del momento en que fue anunciada la muerte de Diego Armando Maradona, la toma de la Casa Rosada por parte del gentío reunido con el propósito de rendirle un homenaje póstumo es -de lejos- el episodio de mayor importancia.


 

El diagnóstico es más importante que el pronóstico. Si acaso la sentencia anterior pecase por excesiva y reduccionista, digamos lo mismo de otra manera: sin un conocimiento serio y cierto acerca de la realidad que nos circunda y condiciona, nunca será posible acertar respecto del futuro que nos espera.

 

 

Era obvio que, una vez transcurridos los meses más duros del encierro obligatorio, sucederían al mismo tiempo tres cosas: 1) el gobierno, prescindiendo de considerar los discursos de barricada, se vería en la obligación de realizar un ajuste del gasto público; 2) ganarían mayor visibilidad las diferencias que, desde el comienzo de la gestión de Alberto Fernández, bullen -apenas soterradas- en el seno del Frente de Todos; y 3) las inquietudes que generan en el seno del oficialismo los comicios legislativos del año próximo pasarían a figurar al tope de su agenda política.

 

 

De pronto, como sea, la brecha entre el tipo de cambio oficial y aquellos que definen a los mercados paralelos o informales -el contado con liqui, el MEP y el blue- se achicó de manera considerable en el curso de las últimas dos semanas.

 

 

Los cuatro ministros de la Corte Suprema que fallaron en el caso de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia confirmaron cuanto era un secreto a voces.

 

 

Tratemos de contestar la pregunta del millón de dólares. La que se hacen buena parte de los argentinos en medio del tembladeral que pisamos desde hace meses. La misma que está al tope de las preocupaciones de los políticos, las tertulias sociales, los operadores de la City, y los analistas más consultados por los medios de difusión.

 

 

Comparado con los actos festivos y multitudinarios a los que nos tenía acostumbrados el peronismo, el del pasado día sábado lució tan distinto y desabrido que cualquiera de sus grandes figuras ya muertas, si hubiera vuelto del más allá, no se habría dado cuenta de que sus sucesores estaban celebrando el día de la Lealtad.

 

 

Como no es exagerado referirse a la presente crisis como la más seria de nuestra historia en términos sociales -más de 50 % de pobres- y también económicos -un piso de 12 % de caída del PBI en el curso del 2020- imaginar que, de resultas de lo que acontezca con los salarios, el desempleo, la deuda interna, la recesión, la inflación, la marginalidad, la pobreza y la inseguridad, ello no va a tener consecuencias de igual magnitud sobre la esfera específicamente política, sería desatinado.


 

El gobierno que -en forma desembozada- motoriza a través del presidente de la Nación, la vicepresidente, el todoterreno Leopoldo Moreau, y la ignota diputada camporista, Vanesa Siley, una campaña de desprestigio y demonización a expensas del titular de la Corte Suprema, en particular, y de ese cuerpo, en general, al mismo tiempo convoca a la Quinta de Olivos a la flor y nata del empresariado industrial y comercial del país para hacerle creer que escucha sus opiniones y que trata de consensuar pareceres en medio de una crisis que no sabe bien cómo desactivar.

 

 

El gobierno recibió un golpe en el mentón que lo puso al borde del knock out.

 

 

En cualquier país medianamente serio una decisión de la Corte Suprema tiene carácter definitivo. Cierra la cuestión disputada por una razón sencilla: resulta la última instancia judicial. Pero, entre nosotros, ello no siempre es así.

 

En un caso, hubiese bastado tener presente la naturaleza del kirchnerismo y no haber echado en saco roto los mensajes inequívocos que, a partir de diciembre del pasado año, hicieron públicos Cristina Fernández y su hijo.

 

La Argentina se ha convertido en una república cantonal en donde cada poder hace lo que le viene en gana.

 

 

Era inevitable que el gobierno escalara el proceso de confrontación y -como natural consecuencia- se radicalizase de cara a los enemigos que ha elegido y demonizado con arreglo a una lógica binaria de buenos y malos.

 

 

Si el presidente de la Nación tuviese más de dos dedos de frente, y pensase antes de hablar con un mínimo de cuidado, no hubiese dicho una mentira de escándalo y una falsedad manifiesta.

 

 

 

La unidad nacional -para los que todavía la consideren asequible- se parece a un arcoíris -o sea, un espejismo engañoso e inalcanzable.

 

 

Poco importa determinar, a esta altura del partido, cuán beneficioso fue el acuerdo al cual se llegó la semana pasada con los bonistas. Analizada la cuestión desde los ámbitos académicos, tiene todo el sentido del mundo entrar y salir en disputas a su respecto.

 

 

Para entender el derrotero del gobierno kirchnerista es necesario prestarle atención a la lógica con la cual se maneja. La empresa no sería difícil si no fuera por el hecho de que, desde el año 2003 en adelante, se ha querido encontrarle a esta particular expresión del peronismo una cara dialoguista y moderada opuesta a otra de coloratura maximalista.

 

 

En cualquier país medianamente civilizado, en donde las instituciones no tuviesen la consistencia del cartón y la Justicia no fuese un hazmerreir, las declaraciones del intendente de José C. Paz, que se conocieron el pasado fin de semana, hubieran generado un revuelo de proporciones, y su responsable habría sido despedido del cargo que ocupa, sin derecho a apelación. Pero estamos en la Argentina, y aquí rigen las leyes de la omertà.

 

 

Aun cuando fuera su deseo más profundo, Cristina Kirchner no podría prescindir del hombre que eligió para encabezar la fórmula electoral del Frente de Todos. Si deseara desalojarlo de Balcarce 50, no lo conseguiría.

 

 

Cecilia Todesca expresó el fin de semana pasado una verdad redonda, contundente. En unas declaraciones que a nadie le pasaron desapercibidas, se sinceró dando de lado las medias tintas y los pronósticos políticamente correctos.

 

 

Si el crimen de Fabián Gutiérrez se analiza dejando de lado todo preconcepto ideológico -lo cual no resulta cosa fácil en un país tan cargado de odios- es menester descartar de cuajo la idea de que los responsables del hecho pudieran ser sicarios contratados por el kirchnerismo.

 

 

No deja de resultar sorprendente -aunque se trate, el nuestro, de un país lleno de charlatanes- cuántas tonterías se han dicho en el transcurso de los 101 días transcurridos de cuarentena, a cuántos improvisados hemos tenido que escuchar, cuántos han sido los pronósticos fallidos y qué tantas teorías se han echado a rodar sin ninguna base científica que las avalara.

 

 

Fabián Lorenzini parecía hasta el viernes de la semana pasada una suerte de convidado de piedra.

 

 

Analizado desde un ángulo -que no es el del gobierno, claro- la decisión de intervenir primero y, acto seguido, con una ley en la mano, proceder a la expropiación de Vicentin, ha sido un resumen y compendio de errores.

 

 

Seamos honestos y digamos las cosas como son. Los fundadores de Vicentin fueron, seguramente, unos tanos trabajadores y visionarios. Sus descendientes, en cambio, un conjunto de incompetentes que podrían terminar presos por el delito de quiebra fraudulenta.

 

 

En el curso de unas pocas semanas pasaron de creerse los mejores del mundo, o poco menos, a entrar en pánico y perder los estribos en punto a sus declaraciones.

 

 

Hace más de medio siglo -cuando en la avenida Corrientes nadie dormía y en las noches del Tabarís brillaba Nélida Roca- a alguien se le ocurrió hacer una encuesta acerca de cuál era la vedette por excelencia del pueblo argentino.

 

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