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Justicia

Judicialmente, 2016 será recordado como el año en que los tribunales de Comodoro Py se convirtieron en una pasarela para los ex funcionarios kirchneristas que tuvieron que declarar en los múltiples expedientes iniciados en su contra. Y en ese contexto, octubre será el mes en que, de comienzo a fin, hombres clave del gobierno anterior deberán prestar indagatorias en casos que los involucran.

 

Fue por una denuncia que hizo Elisa Carrió en el 2015 por abuso de autoridad.

 

El ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido y la actriz Andrea del Boca fueron denunciados por destinar fondos públicos para la grabación de una telenovela que nunca se exhibió, confirmaron hoy fuentes judiciales.

 

La Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal tomó la medida, que también alcanza a otros exfuncionarios de Santa Cruz. Al parecer se registraron irregularidades en la licitación.

 

La Cornisa presentó una lista de magistrados en la mira por sus fallos abolicionistas. Familiares de víctimas convocaron para el martes a una macha para reclamar seguridad y justicia.

 

Mientras los exfuncionarios Carlos Sanguinetti y Viviana Calegui continúan prófugos en la causa que investiga estafas al Estado, a tres de los nueve imputados les “bajaron” la prisión preventiva. Una asociación ilícita de la era sciolista

 

Báez amplió el hotel de la exPresidenta y como pago recibió contratos de obra pública, de acuerdo a la presentación que hizo la diputada.

 

A la imputación al ex ministro kirchnerista, Julio de Vido y a la emblemática actriz K, Andrea del Boca por irregularidades en la compra de equipamiento de cine sumó un nuevo paso esta tarde, cuando el juez Sebastián Casanello ordenó el allanamiento de la productora de la actriz, el Ministerio del Interior y la Universidad de San Martín (UNSAM), presunta destinataria de los equipos adquiridos.

 

La impulsó la Oficina Anticorrupción y el apuntado es Roberto Baratta. Gastaron más de $53 millones de la caja chica de Planificación. Sospechan que hay facturas "truchas" y gastos injustificados.

 

El juez Casanello investiga pagos por seguros por más de $ 300 millones a una empresa privada

 

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