En efecto, a cada paso uno nota ese velo que el gobierno no termina de sacarse de encima por haber producido el sacrilegio de vencer al populismo en elecciones libres: ellos mismos no terminan de convencerse que eso no es nada malo, al contrario.

Uno de los campos más significativos en donde desde el comienzo se apreció esa carga culposa es en los medios de comunicación que dependen de la Nación. Así, por ejemplo Canal 7 y Radio Nacional ha sido sembrada con gente que defiende en gran medida mucho más el proceso que la Argentina vivió entre 2003 y 2015 que el nuevo rumbo que la sociedad eligió en las elecciones de Noviembre.

Está bien: es correcto que los medios que son bancados con los dineros de todos los argentinos, de todas las ideas, reflejen ese pluralismo y que nadie los tome como propios por el hecho de haber ganado el derecho a gobernar, tal como justamente ocurría hasta el 10 de diciembre.

Lo que las elecciones dirimen es, justamente, quien se alza con el derecho a administrar el país por cuatro años; no se firma allí una escritura de propiedad del Estado a favor de quien ganó.

Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El complejo de culpa del gobierno en esa área se manifestó a través de negarle espacios a gente profesional, preparada y más en sintonía con el rumbo que la gente había votado, para dárselos a profesionales ideologizados que siguen defendiendo un modelo perimido y corrupto. Y eso se sigue haciendo con el dinero de todos.

En el caso de Michetti no cabe duda de que lo que la vicepresidente aplicó fue una sanción. ¡Y vaya sanción: dejó sin trabajo a una persona!

El punto aquí es que los dichos de esa persona fueron expresados en 2012, hace cuatro años cuando no era funcionario y cuando las circunstancias del país y las suyas propias en completamente diferentes.

Uno no puede estar seguro si Zicarelli hubiera hecho lo que hizo si hubiera sabido que en el futuro podían echarlo de su trabajo. Esta situación es la que en Derecho Penal se estudia bajo el nombre de “principio de irretroactividad del derecho penal”. En efecto, las puniciones que el derecho contempla no pueden ser aplicadas hacia atrás cuando las circunstancias y las personas no coincidían con el tipo penal.

Está claro que lo que la vicepresidente hizo no fue aplicar una sanción del Código porque eso lo hacen los jueces, pero no cabe duda que la naturaleza jurídica del acto administrativo emitido tiene características punitivas, y son esas características, precisamente, las que lo hacen parecido –si no igual- a la aplicación del Derecho Penal.

En otras palabras, Zicarelli no podría haber visto afectada su situación actual por dichos que el en 2012 no constituían causa suficiente para que él fuera despedido. Las penalidades aplicables a Zicarelli deberían haber estado vigentes en 2012 cuando el incurrió en el hecho que se le imputa. Y esas penalidades no podrían estar nunca vigentes respecto de él porque él no era funcionario.

Aun cuando existiera en aquel momento y ahora una norma que estableciera que un funcionario a sueldo de la sociedad no puede insultar deliberadamente a otro, Zicarelli no reúne las circunstancias de “insultador” y “funcionario” al mismo tiempo, con lo cual, técnicamente, no puede despedírselo o tomarse contra él ninguna medida dentro del orden jurídico positivo.

Lo que Michetti hizo entonces es tomar una medida basada no sé en qué, pero claramente no en la ley. Y es allí donde tengo todo el derecho de suponer que la base de esa decisión es la culpa por haberle ganado al populismo, cuya máxima figura de los últimos ocho años, era la insultada.

Si Michetti o el gobierno creen que el populismo y sus personajes actuarán “en réplica” por tener este tipo de condescendencias, pues que se olviden: el populismo no te reconoce nada; no hará nada “a tu favor” porque vos hiciste algo “a favor de ellos”. ¿Se valdrá de esto último? Sí. ¿Actuará en el futuro recíprocamente? No. Es así de sencillo, Michetti. Es así de sencillo, Cambiemos.

Carlos Mira