El piquetero Luis D´ Elía convocó a una marcha contra la Corte Suprema para el martes próximo. Su propósito es que los miembros del alto tribunal renuncien a la noche de ese día. Les concede, magnánimo, unas horas para reflexionar, “y puedan desatar la institucionalidad democrática en la República Argentina en un debate que nos permita ver cómo los reemplazamos”. D´Elía tiene una larga experiencia en putsches. Sus acólitos aún recuerdan con admiración el día en que tomó una comisaría para exigir la liberación de un detenido.

Es probable que nunca sepamos con precisión cómo ocurrió la muerte de Alberto Nisman, pero la hipótesis del suicidio es tan absurda que no merece consideración. Sostener que fue asesinado no implica imputar la autoría a nadie en particular.

La reforma constitucional de 1994 introdujo un nuevo órgano, el Consejo de la Magistratura, con diversas funciones; entre ellas, las de seleccionar los candidatos a jueces mediante concursos que valoraran su idoneidad, y la de intervenir como acusadora en los procedimientos de remoción de estos. Ambas competencias le correspondían antes exclusivamente al poder político.

Hay quienes creen que el contexto del país no se presta a festejos. Coincido, pero el resultado favorable abre una ventana que sí es digna de celebración. Pero las palabras y los gestos deben ser sobrios y moderados. La Argentina vive horas sombrías

Al cumplirse veinticinco años de la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es oportuno reflexionar sobre ese acontecimiento para la vida de los porteños y para el federalismo argentino, cuya importancia no se suele dimensionar cabalmente.

Lejos de favorecer a los necesitados, esta práctica los someten más, les restringe su libertad y los obliga a permanecer en la pobreza

Muchos se sorprendieron por los resultados de las elecciones del domingo. Las encuestas anticipaban un triunfo nacional del oficialismo. Se especulaba acerca de cómo se leerían esas cifras. Si la distancia no superaba los cinco puntos, Juntos por el Cambio podía considerar que había hecho un papel digno.

Hay mucha preocupación en el oficialismo por el resultado de las PASO. Advierte tardíamente lo que el observador menos avisado podía intuir hace tiempo: que la desastrosa gestión del gobierno nacional en todos los campos, pero especialmente en el sanitario, el económico y el social, ha provocado un malhumor social que tendrá su inevitable correlato en las urnas.

La esencia del Estado de Derecho consiste en que los gobernantes se sometan a las reglas que ellos mismos crean

Se ha producido en varios países de Latinoamérica un resurgimiento del autoritarismo. En otros, como Cuba, una dictadura longeva reprime cualquier manifestación que pida libertad y democracia.

El 13 de abril de 2012, el Rey Juan Carlos I de España tropezó en la República de Botswana, se rompió la cadera e inició el camino que conduciría a su abdicación.

Las restricciones a los vuelos internacionales constituyen un nuevo gesto de abuso de poder y de arbitrariedad que se monta sobre el rechazo que el kirchnerismo siente por la clase media

Un proyecto en tratamiento en la Cámara de Diputados busca derogar la ley que creó las sociedades de acciones simplificadas (SAS); desde su sanción en 2017, se registraron 40.000 sociedades

Carlos Zannini, procurador del Tesoro, justificó su vacunación irregular y el vacunatorio vip

El reciente fallo de la Corte Suprema sobre la educación presencial se basa en una interpretación amplia de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires

En un reciente artículo publicado en Perfil.com, el doctor Jorge Rizzo, quien fuera varias veces presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, vuelve sobre una de sus antiguas obsesiones: la lucha contra la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

La pandemia requiere, en todo el mundo, gobiernos eficaces, que adopten medidas idóneas para combatir el flagelo sanitario con las menores restricciones de derechos, pero con transparencia, ejemplaridad y confianza de la sociedad.

El presidente de la Nación dictó un nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU) que, con la justificación de enfrentar a la segunda ola de la pandemia de coronavirus, establece una serie de restricciones a los derechos de circulación y de reunión, entre otros.

El 24 de marzo fue conmemorado por el kirchnerismo con varios episodios que se ajustan al nombre que le pusieron a esa fecha: “Día de la Memoria”. Porque nos permite recordar quiénes son.

¿Por qué importa la reforma de la ley de Ministerio Público? ¿Por qué importa cómo se designa y cuánto dura en el cargo el Procurador General de la Nación?

Las palabras que Alberto Fernández pronunció frente a la Asamblea Legislativa no tuvieron grandeza, generosidad ni espíritu convocante

Desde hace un tiempo el oficialismo viene meneando la suspensión de las PASO. La pandemia, que le sirve al gobierno nacional para justificar cualquier cosa, es la excusa ideal. Se argumenta el riesgo sanitario de aglomerar personas y también el costo económico. Este último motivo fue expuesto recientemente por Sergio Massa, quien planteó una supuesta dicotomía entre boletas y vacunas. A mayor impresión de boletas, habría menos recursos para adquirir vacunas.

El retorno a la presencialidad debe estar acompañado por un estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios

Al igual que en la economía, la respuesta del gobierno nacional a los desafíos de la pandemia en el ámbito educativo fue la más simple y brutal: cerrar completamente las escuelas. Ahora, el tibio e impreciso anuncio del ministro de Educación de un eventual retorno a la presencialidad recibió el contundente rechazo de los gremios docentes.

El 9 de diciembre pasado, la señora de Kirchner publicó una nueva epístola, cuyo propósito principal fue vituperar a los jueces de la Corte Suprema. La repercusión que tuvo tal vez fuera exagerada, ya que no es la primera vez que la vicepresidente de la Nación se expide contra la independencia del Poder Judicial, que de eso se trata este texto, aunque no termine de decirlo de forma explícita.

El Dondagate se podría considerar un episodio de poca monta si se lo compara con los grandes hechos de corrupción del kirchnerismo, fuerza política a la que Victoria Donda antes se oponía con el mismo ímpetu con que ahora lo defiende. Pero, pese a la diferencia de escala, que debe mirar con olímpico desprecio un Julio De Vido, resulta sintomático de una forma de concebir el poder, el Estado, la función pública y el imperio de la ley.

Ese rol secundario del Presidente, tan dañino para la institucionalidad, ya no es un secreto para nadie. Cristina no tiene reparos en fijar la agenda económica y en insistir en sus diatribas contra la independencia judicial.

El gobierno nacional ha lanzado una campaña publicitaria, que se difunde con agobiadora frecuencia en todos los medios, en la que se presenta como el adalid de la reconstrucción argentina. Si un turista desavisado llega a nuestro país y escucha esa narración que realiza con su voz fatigada el presidente Alberto Fernández, puede pensar que en la Argentina se está produciendo uno de esos milagros de renacimiento desde las cenizas que la historia a veces registra, como los de Alemania, Japón e Italia luego de la Segunda Guerra Mundial.

La decisión de Alberto Fernández primero, y de la mayoría kirchnerista en el Congreso después, de quitarle fondos de la coparticipación a la Ciudad es inconstitucional

Hace algunos días la agrupación oficialista Agenda Argentina organizó un pseudo debate (ya que no hay verdadero debate entre quienes piensan lo mismo) sobre “los discursos del odio”, en el que participaron diversos funcionarios públicos e intelectuales de ese sector ideológico.

Mediante el Decreto 735/2020, el Presidente le sustrajo de manera inconstitucional recursos a la Ciudad de Buenos Aires para solucionar un conflicto policial de la provincia de Buenos Aires. Así planteado, parece una broma, pero es la más pura verdad.

El diputado nacional Jorge Enríquez (Juntos por el Cambio) repudió la sorpresiva convocatoria del bloque oficialista a una sesión especial este lunes –último día de sesiones ordinarias– para debatir el proyecto que busca recortarle más fondos a la ciudad de Buenos Aires. 

Los kirchneristas, que son nuevos ricos, detestan la riqueza de los otros. Por eso, el heredero Máximo y el banquero sensible Carlos Heller presentaron un proyecto de creación de un impuesto a la riqueza. 

Hace aproximadamente un mes que los argentinos estamos esperando un fallo de la Corte sobre la cuestión de los traslados de tres jueces, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

Los argentinos estamos viviendo un tiempo de zozobra, de angustia, de hondo pesimismo. Son cada vez más los compatriotas que no vislumbran ningún horizonte en nuestro país y barajan la perspectiva de labrar su destino en otros. Las personas de cierta edad, afincadas pese a todo por sus vínculos familiares, laborales y sociales, lo piensan menos, pero entre los jóvenes crece a pasos agigantados la idea de dejar el país.

Si tan solo diera señales claras de respetarla, ya se habría despejado gran parte del camino

Desde hace un tiempo el kirchnerismo tomó como uno de sus tantos enemigos a la meritocracia. En su rápido despojo de las máscaras que lo disfrazaron con propósitos electorales como moderado, Alberto Fernández se sumó en los últimos días a esa campaña.

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, convocó a sus pares a un acuerdo extraordinario que se celebrará el martes 29 de septiembre para tratar el recurso de per saltum interpuesto por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli con relación al desplazamiento que sufrieron de los tribunales en que actúan.

Fomentar o tolerar la violación de derechos es no solo dejar de lado la Constitución, sino aniquilar la convivencia pacífica entre los argentinos y sepultar cualquier esperanza de desarrollo con equidad

Como una de las piezas del plan de impunidad diseñado por Cristina Kirchner, el oficialismo salió a atacar al procurador general de la Nación, Eduardo Casal.

En medio de una crisis gravísima, que está empujando a la pobreza a la mitad de la población, el gobierno nacional se embarca en una reforma judicial inoportuna, inconsulta, improvisada y sectaria, que no responde a las necesidades sociales sino tan solo a la enfermiza obsesión del oficialismo por utilizar la pandemia como excusa para incrementar su poder.

El kirchnerismo se ha lanzado a copar la Corte Suprema. Ese es el propósito evidente de la "reforma judicial", eufemismo para designar una operación que no puede engañar a nadie que haya vivido en la Argentina durante las últimas décadas.

Una rápida lectura del proyecto permite realizar serias objeciones constitucionales, además de ocultar la finalidad cuyos redactores no se animan a explicitar

Desde el inicio de la pandemia, los legisladores de Juntos por el Cambio hemos presentado muchos proyectos de ley tendientes a paliar la grave situación económica que las cuarentenas están provocando en las familias y en las empresas. Además de esas iniciativas, advertimos que la paralización general de la actividad nos llevaba al abismo y que era necesario conciliar las necesidades sanitarias con las económicas.

La impunidad sigue interpelando la conciencia de los argentinos.

En las últimas semanas el oficialismo se ha dedicado a calificar a sus críticos como “odiadores”, “odiadores seriales” y otras expresiones semejantes. Para el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y otros altos funcionarios, como el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, no se explica la oposición al gobierno nacional sino desde el odio.

Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras: los astros y los hombres vuelven cíclicamente (Jorge Luis Borges, La noche cíclica). El kirchnerismo es el de siempre.

Como buen populista, el cuarto gobierno kirchnerista, ahora con Alberto Fernández como presidente, tiene que construir un enemigo feo, malo y sucio, frente al que todas sus acciones adquieren legitimidad. La división es clara: se está del lado del bien, es decir con el gobierno, o del lado del mal.

Nadie ignora que estamos atravesando una situación de enorme complejidad. Es lo que le sucede, en mayor o menor grado, a todos los países del mundo. Pero en la Argentina la pandemia cayó sobre otra pandemia preexistente, que tiene raíces muy antiguas, pero que el kirchnerismo profundizó: debilidad institucional, corrupción, falta de seguridad jurídica y una cultura populista que nos llevó a no desarrollarnos, tener alta inflación y no crear empleo genuino.

Una vez más un gobierno peronista intenta manipular a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que sea un apéndice del Poder Ejecutivo.