Vicente Massot

 

El diagnóstico es más importante que el pronóstico. Si acaso la sentencia anterior pecase por excesiva y reduccionista, digamos lo mismo de otra manera: sin un conocimiento serio y cierto acerca de la realidad que nos circunda y condiciona, nunca será posible acertar respecto del futuro que nos espera.

 

 

Era obvio que, una vez transcurridos los meses más duros del encierro obligatorio, sucederían al mismo tiempo tres cosas: 1) el gobierno, prescindiendo de considerar los discursos de barricada, se vería en la obligación de realizar un ajuste del gasto público; 2) ganarían mayor visibilidad las diferencias que, desde el comienzo de la gestión de Alberto Fernández, bullen -apenas soterradas- en el seno del Frente de Todos; y 3) las inquietudes que generan en el seno del oficialismo los comicios legislativos del año próximo pasarían a figurar al tope de su agenda política.

 

 

De pronto, como sea, la brecha entre el tipo de cambio oficial y aquellos que definen a los mercados paralelos o informales -el contado con liqui, el MEP y el blue- se achicó de manera considerable en el curso de las últimas dos semanas.

 

 

Los cuatro ministros de la Corte Suprema que fallaron en el caso de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia confirmaron cuanto era un secreto a voces.

 

 

Tratemos de contestar la pregunta del millón de dólares. La que se hacen buena parte de los argentinos en medio del tembladeral que pisamos desde hace meses. La misma que está al tope de las preocupaciones de los políticos, las tertulias sociales, los operadores de la City, y los analistas más consultados por los medios de difusión.

 

 

Comparado con los actos festivos y multitudinarios a los que nos tenía acostumbrados el peronismo, el del pasado día sábado lució tan distinto y desabrido que cualquiera de sus grandes figuras ya muertas, si hubiera vuelto del más allá, no se habría dado cuenta de que sus sucesores estaban celebrando el día de la Lealtad.

 

 

Como no es exagerado referirse a la presente crisis como la más seria de nuestra historia en términos sociales -más de 50 % de pobres- y también económicos -un piso de 12 % de caída del PBI en el curso del 2020- imaginar que, de resultas de lo que acontezca con los salarios, el desempleo, la deuda interna, la recesión, la inflación, la marginalidad, la pobreza y la inseguridad, ello no va a tener consecuencias de igual magnitud sobre la esfera específicamente política, sería desatinado.


 

El gobierno que -en forma desembozada- motoriza a través del presidente de la Nación, la vicepresidente, el todoterreno Leopoldo Moreau, y la ignota diputada camporista, Vanesa Siley, una campaña de desprestigio y demonización a expensas del titular de la Corte Suprema, en particular, y de ese cuerpo, en general, al mismo tiempo convoca a la Quinta de Olivos a la flor y nata del empresariado industrial y comercial del país para hacerle creer que escucha sus opiniones y que trata de consensuar pareceres en medio de una crisis que no sabe bien cómo desactivar.

 

 

El gobierno recibió un golpe en el mentón que lo puso al borde del knock out.

 

 

En cualquier país medianamente serio una decisión de la Corte Suprema tiene carácter definitivo. Cierra la cuestión disputada por una razón sencilla: resulta la última instancia judicial. Pero, entre nosotros, ello no siempre es así.

 

En un caso, hubiese bastado tener presente la naturaleza del kirchnerismo y no haber echado en saco roto los mensajes inequívocos que, a partir de diciembre del pasado año, hicieron públicos Cristina Fernández y su hijo.

 

La Argentina se ha convertido en una república cantonal en donde cada poder hace lo que le viene en gana.

 

 

Era inevitable que el gobierno escalara el proceso de confrontación y -como natural consecuencia- se radicalizase de cara a los enemigos que ha elegido y demonizado con arreglo a una lógica binaria de buenos y malos.

 

 

Si el presidente de la Nación tuviese más de dos dedos de frente, y pensase antes de hablar con un mínimo de cuidado, no hubiese dicho una mentira de escándalo y una falsedad manifiesta.

 

 

 

La unidad nacional -para los que todavía la consideren asequible- se parece a un arcoíris -o sea, un espejismo engañoso e inalcanzable.

 

 

Poco importa determinar, a esta altura del partido, cuán beneficioso fue el acuerdo al cual se llegó la semana pasada con los bonistas. Analizada la cuestión desde los ámbitos académicos, tiene todo el sentido del mundo entrar y salir en disputas a su respecto.

 

 

Para entender el derrotero del gobierno kirchnerista es necesario prestarle atención a la lógica con la cual se maneja. La empresa no sería difícil si no fuera por el hecho de que, desde el año 2003 en adelante, se ha querido encontrarle a esta particular expresión del peronismo una cara dialoguista y moderada opuesta a otra de coloratura maximalista.

 

 

En cualquier país medianamente civilizado, en donde las instituciones no tuviesen la consistencia del cartón y la Justicia no fuese un hazmerreir, las declaraciones del intendente de José C. Paz, que se conocieron el pasado fin de semana, hubieran generado un revuelo de proporciones, y su responsable habría sido despedido del cargo que ocupa, sin derecho a apelación. Pero estamos en la Argentina, y aquí rigen las leyes de la omertà.

 

 

Aun cuando fuera su deseo más profundo, Cristina Kirchner no podría prescindir del hombre que eligió para encabezar la fórmula electoral del Frente de Todos. Si deseara desalojarlo de Balcarce 50, no lo conseguiría.

 

 

Cecilia Todesca expresó el fin de semana pasado una verdad redonda, contundente. En unas declaraciones que a nadie le pasaron desapercibidas, se sinceró dando de lado las medias tintas y los pronósticos políticamente correctos.

 

 

Si el crimen de Fabián Gutiérrez se analiza dejando de lado todo preconcepto ideológico -lo cual no resulta cosa fácil en un país tan cargado de odios- es menester descartar de cuajo la idea de que los responsables del hecho pudieran ser sicarios contratados por el kirchnerismo.

 

 

No deja de resultar sorprendente -aunque se trate, el nuestro, de un país lleno de charlatanes- cuántas tonterías se han dicho en el transcurso de los 101 días transcurridos de cuarentena, a cuántos improvisados hemos tenido que escuchar, cuántos han sido los pronósticos fallidos y qué tantas teorías se han echado a rodar sin ninguna base científica que las avalara.

 

 

Fabián Lorenzini parecía hasta el viernes de la semana pasada una suerte de convidado de piedra.

 

 

Analizado desde un ángulo -que no es el del gobierno, claro- la decisión de intervenir primero y, acto seguido, con una ley en la mano, proceder a la expropiación de Vicentin, ha sido un resumen y compendio de errores.

 

 

Seamos honestos y digamos las cosas como son. Los fundadores de Vicentin fueron, seguramente, unos tanos trabajadores y visionarios. Sus descendientes, en cambio, un conjunto de incompetentes que podrían terminar presos por el delito de quiebra fraudulenta.

 

 

En el curso de unas pocas semanas pasaron de creerse los mejores del mundo, o poco menos, a entrar en pánico y perder los estribos en punto a sus declaraciones.

 

 

Hace más de medio siglo -cuando en la avenida Corrientes nadie dormía y en las noches del Tabarís brillaba Nélida Roca- a alguien se le ocurrió hacer una encuesta acerca de cuál era la vedette por excelencia del pueblo argentino.

 

 

Hay decisiones de esta administración que no se entienden bien. ¿Qué necesidad tenía el gobierno -desde que asumió sus funciones en diciembre- de pagar U$ 3000 MM en concepto de deuda externa si sabía de antemano que no podría honrarla en su conjunto y, por lo tanto, debería renegociarla en su totalidad en el curso del primer semestre de 2020?

 

 

Es verdad que el Frente de Todos semeja, en punto a sus diferencias ideológicas y estratégicas, una verdadera bolsa de gatos. También lo es que ese mosaico variopinto, comandado a medias por Alberto Fernández y a medias por Cristina Kirchner, llevó al gobierno a muchos improvisados.

 

 

Es comprensible que un gobierno enamorado de la cuarentena -y sin la menor idea de cómo salir de la misma- intente hacerle creer a la ciudadanía en su conjunto que cada quince o veinte días -poco más o menos- toma la decisión de flexibilizarla o extenderla con base en los sesudos consejos del trust de infectólogos que lo asesora y en el parecer de los gobernadores a los cuales convoca cuando le conviene.

 

 

No es tarea fácil -en rigor, nunca lo ha sido- desentrañar que se trae entre manos el kirchnerismo cuando calza el coturno y les adelanta a los organismos de crédito internacional o, como en este caso, a los tenedores de bonos con jurisdicción extranjera su propuesta de pago de la deuda pública argentina.

 

 

La estrategia que eligió el gobierno para enfrentar esta suerte de peste globalizada -para ponerle un nombre- no tiene marcha atrás. El aislamiento estricto llegó para quedarse cuando menos hasta fines de mayo o principios de junio, en el mejor de los casos.

 

 

Hasta finales del pasado mes de marzo para la gran mayoría de los analistas políticos -radiales, televisivos y de la prensa escrita- Alberto Fernández parecía reunir en su persona todas las características de un estadista, o poco menos.

 

 

En los dos primeros meses del año en curso habían muerto 14.641 personas por efecto del Coronavirus; 79.602 debido a resfríos de distinto tipo; 180.584 merced a la malaria; 153.696 se suicidaron; 193.479 en virtud de accidentes de tráfico; 240.950 producto del VIH y 1.777.141 por obra y gracia del cáncer. Las cifras son confiables, como que se originaron en la Universidad de Hamburgo.

 

 

A medida que la pandemia se extiende y la cuarentena se prolonga, surgen interrogantes que -al menos, de momento- carecen de respuesta. Pero no son dudas existenciales ni preguntas acerca del sexo de los ángeles.

 

 

Si la herencia que recibió Alberto Fernández dejaba mucho que desear, y buena parte de las dificultades con las que debía enfrentarse no tenían solución en el corto plazo, el coronavirus ha agravado la situación argentina hasta límites indecibles.

 

 

No hay registros de un gobierno que, apenas comenzada su gestión y en medio de un verdadero berenjenal de problemas, haya decidido -sin razones atendibles a la vista- pelearse al mismo tiempo con el campo, con buena parte de los integrantes de la judicatura y con la mayoría de las iglesias.

 

 

Si del reciente discurso pronunciado por Alberto Fernández con el propósito de abrir las sesiones ordinarias del Congreso Nacional se expurgan las vaguedades harto conocidas -propias de todos los presidentes que alguna vez pasaron por el mismo lugar-, las mentiras disfrazadas para que no se note demasiado el engaño, y los temas que se descontaban que el presidente iba a tratar, lo que queda es un texto del montón, sin miga ni vuelo.

 

 

El comunicado que el miércoles de la semana pasada, tras finalizar su estadía en Buenos Aires, dio a conocer el Fondo Monetario Internacional, llenó de regocijo al presidente de la Nación y a buena parte de sus acólitos.

 

 

A diferencia de lo que hubiera sucedido en el caso de haber sido Mauricio Macri el triunfador en las elecciones presidenciales del pasado mes de octubre, Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada el 10 de diciembre con una certeza a cuestas: habría para él luna de miel, más allá de la desastrosa situación hallable en el país que estaba a punto de gobernar.

 

 

Si no fuera por el hecho de que abundan temas de mucho mayor trascendencia, la polémica estallada en el seno del oficialismo acerca de la existencia de presos políticos en la Argentina gobernada por el kirchnerismo le hubiera costado a más de un ministro o secretario de estado, la cabeza.

 

En general, todos los partidos, coaliciones y frentes que demostraron ser exitosos a la hora de vertebrar una campaña electoral en la Argentina contemporánea, a la vez fueron incapaces de formar equipos y de diseñar planes para no improvisar sobre la marcha cuando hicieran su arribo a Balcarce 50.

 

Es de creer que el ministro de Economía era consciente de la repercusión que tendrían sus declaraciones cuando advirtió, durante el pasado fin de semana, acerca de la inexistencia en su cartera de un plan para auxiliar a la provincia de Buenos Aires, incapacitada con sus solos medios de honrar el compromiso de U$ 277 MM, que vencen el próximo jueves.

 

Aunque suene poco probable, Alberto Nisman pudo haber decidido, en un momento de desesperación, quitarse la vida. Nadie se halla capacitado para determinar, más allá de cualquier duda, si fue asesinado.

 

“No es posible que a los empresarios haya que llevarlos a los latigazos”. La frase, escupida poco antes de que finalizara el año ya pasado, no salió de la boca de Cristina Kirchner o de alguno de los muchos integrantes de su entorno que todavía parecen soñar con una revolución socialista.

 

 

Nada de lo que ocurrió en los últimos días fue sorprendente. Más temprano que tarde -desde el momento en que asumió sus funciones Alberto Fernández- todos sabíamos que Julio De Vido tenía los días contados en la cárcel que lo albergaba desde dos años atrás, poco más o menos.

 

 

Si hubiese que elegir una frase que hiciese las veces de resumen y compendio de la Argentina, no habría dudas al respecto. Por extraño que pudiera parecerle a muchos, la elegida sería aquella que, a principios de la década de los sesenta del pasado siglo, identificaba a la célebre serie televisiva de ciencia ficción denominada “La Dimensión Desconocida”.

 


Sólo el curso ulterior de los acontecimientos pondrá al descubierto quién llevaba razón y quién se equivocaba en la controversia que hoy late en todos los análisis políticos y se reduce, básicamente, a esto: si entre Alberto Fernández y la viuda de Néstor Kirchner existen diferencias -inclusive de bulto- que al final del día no pasan a mayores en razón de que a ninguno de los dos le convendría pelearse a brazo partido, en medio de una crisis como la que deberán enfrentar a partir del próximo 10 de diciembre, o si se hallan destinados a dirimir supremacías desde el inicio de la gestión, aunque ello dinamite la administración de la que forman parte.

La de Alberto Fernández no será una presidencia vicaria, como en su momento resultó la de Héctor Cámpora. La razón estriba en el hecho de que su poder no lo ha recibido en préstamo y, en consecuencia, no deberá devolverlo sin chistar, cuando así lo determine su valedor. Juan Domingo Perón estaba en condiciones de despedir a quién había elegido para encabezar la fórmula presidencial del FREJULI, en marzo de 1973, con un simple gesto.

 

 

Cuanto ha sucedido en Ecuador y Perú, primero, y luego -casi sin solución de continuidad- en Chile y Bolivia, ha suscitado un sinfín de comentarios y dudas no sólo respecto al significado de los hechos que han puesto contra las cuerdas al gobierno del presidente Sebastián Piñera en el país transandino, y obligado a renunciar a Evo Morales en el Altiplano, sino también acerca de si algo similar podría darse en estas playas.

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