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Jueves, 03 Diciembre 2020 11:55

La toma de la Casa Rosada - Por Vicente Massot

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De todo cuanto sucedió a partir del momento en que fue anunciada la muerte de Diego Armando Maradona, la toma de la Casa Rosada por parte del gentío reunido con el propósito de rendirle un homenaje póstumo es -de lejos- el episodio de mayor importancia.


En medio del inconcebible duelo de tres días que decretó la presidencia de la Nación y de la serie ininterrumpida de hechos -de toda índole- que suscitó el deceso del extraordinario jugador de fútbol que vistió los colores de Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona y Napoli, entre otros clubs del mundo, lo que aconteció en Balcarce 50 no le pasó a nadie desapercibido -es cierto- pero no mereció el análisis que era obligatorio debido a la seriedad del caso. Después de todo, ese día quedó en evidencia el estado de absoluta indefensión en el que nos encontramos. Por las razones que fueran, no hubo ni voluntad ni capacidad en ninguno de los funcionarios de primera línea del gobierno para poner coto a los desmanes -que tuvieron como epicentro el Patio de las Palmeras- y de reinstalar el orden perdido a manos de un conjunto de barras bravas.

El terror de aparecer ante la opinión pública como represores, unido a la irresponsabilidad de la encargada de la seguridad pública -nombrada para desempeñar ese cargo por Alberto Fernández- convirtieron un sepelio público -de por si complicado- en un verdadero pandemonio.

Si Sabina Frederic es una perfecta inútil -algo acerca de lo cual Sergio Berni ha vuelto a insistir en estos días- la confesión del titular del Poder Ejecutivo de que no pensaron en las consecuencias que traería aparejadas el velatorio en la Casa de Gobierno, transparenta también las limitaciones intelectuales y políticas del hombre que -al menos en teoría- debería obrar como piloto de tormentas. Si se le queman los papeles en una palangana, vamos mal.

Podrían haberlo velado en un estadio o paseado el féretro por las principales avenidas de la ciudad, con arreglo a un itinerario previamente anunciado. Pero pudo más la tentación -siempre vigente- de convertir la muerte de un ídolo popular en un instrumento partidario. El peronismo es mandado a hacer en la materia y no pudo con sus genes. Actuó de la manera que le viene impuesta por su ADN y debió pagar el precio de la improvisación y el desatino. Enterado del desbarajuste en el que se había convertido la “fiesta popular”, lo que primero se le ocurrió al kirchnerismo gobernante fue cargarle la culpa a las fuerzas policiales de la Capital Federal. Para que su incompetencia no se notase demasiado o quedase atemperada, se buscó convertir a Horacio Rodríguez Larreta en el malo de la película.

Pero la puesta en escena del plan tendiente a satanizarlo y responsabilizarlo por la represión y los desórdenes de todos conocidos, fracasó. Los argentinos, aunque son proverbialmente mansos, no tienen un pelo de zonzos. La televisión había mostrado hasta el cansancio que el desmadre no había sido causado por la policía de los porteños. El problema radicó en la falta de criterio de quienes se convirtieron en aprendices de brujos: le insuflaron aires a unas masas que luego no pudieron controlar.

La aparición del cada día más devaluado presidente, tratando de ponerle paños fríos al descontrol con un megáfono en la mano, da la pauta del sainete que se vivió. Mientras la situación estaba fuera de quicio, en dos distintos despachos se hallaban -cortado el diálogo entre ellos- Alberto Fernández y su grupo de colaboradores amigos -tan inútiles como intrascendentes- abroquelados de un lado, y Cristina y sus incondicionales, del otro.

Pudo pasar cualquier cosa, y no en razón de que a alguien se le hubiese ocurrido irrumpir donde se guarecían las dos máximas autoridades del país, con el objeto de atentar contra ellos. Lo que dejó al descubierto el espectáculo lamentable que comentamos fue la debilidad del Estado para cumplir con el deber que lo esencializa: reivindicar el ejercicio de la violencia legítima, de manera exitosa. El aparato burocrático, que para funcionar carga sobre las espaldas de la sociedad civil una serie creciente e insoportable de impuestos, a la hora de proteger a la gente se paraliza y mira para otro lado. Mala señal si acaso debiese -alguna vez- hacer frente a una algarada cuyo propósito específico fuese avanzar sobre la Casa Rosada o el Congreso de la Nación por motivos políticos.

Más allá de Maradona -extraordinario futbolista a la vez que ser humano despreciable- el año que toca a su fin no ha colmado, ni mucho menos, los deseos de la jefa natural del Frente de Todos de ponerle una mordaza a la Justicia. Si bien ha logrado controlar las oficinas que más le interesaban en el organigrama gubernamental, su ofensiva en pos de los jueces y fiscales a los cuales les ha declarado la guerra y pretende sacarse de encima, se ha quedado a mitad de camino.

El viernes último, la sala I de la Cámara de Casación Penal, por dos votos contra uno, falló en favor de la constitucionalidad de la ley del arrepentido, sobre la que Alberto Fernández había dicho que era una herramienta de compraventa de testimonios, y que la flor y nata de la corrupción kirchnerista esperaba que fuese dejada sin efecto.

El planteo formulado por los defensores de Julio de Vido, Hernán Gómez y Juan Lascurain quedó desestimado por los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Se descontaba que la tercera integrante de ese alto tribunal, Ana María Figueroa, votaría en disidencia. En otra resolución, de seis folios, los mismos magistrados rechazaron la solicitud de la defensa de Cristina Fernández, Julio de Vido y Roberto Baratta de declarar la nulidad de la declaración de Oscar Centeno.

Si se pasa revista con algún cuidado a todas y cada una de las jugadas que ensayó la vicepresidente en el tablero de ajedrez político para darle el jaque mate a sus opugnadores, es fácil caer en la cuenta de que han sido más los reveses que cosechó, que otra cosa. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ni están en su casa ni han vuelto a ocupar los juzgados de los que fueron trasladados en su momento. La decisión que tomó la Corte Suprema no cerró para siempre el diferendo, y la realización de nuevos concursos puede dilatarse en el tiempo.

Eso no era lo que anhelaba la viuda de Kirchner. Claro que no significó para ella una derrota en toda la línea, pero estuvo bien lejos de constituir un triunfo. En cuanto hace a la reforma judicial que el presidente anunciara con bombos y platillos a poco de sentarse en el sillón de Rivadavia -con el fin de licuar el poder de los tribunales de Comodoro Py y de crear decenas de nuevos juzgados a lo largo y ancho del país- duerme el sueño de los justos en la así llamada cámara baja. Otro tanto parece ser el destino de la ley de modificación del Ministerio Público Fiscal. El kirchnerismo ganó la partida fácilmente en la cámara alta, como había ocurrido con la reforma judicial, si bien el intento de convertirla en ley no parece contar con los votos suficientes en el espacio que ocupan los diputados.

De la ampliación de la Corte Suprema -la aspiración de máxima tanto del presidente como de su vice- nadie quiere hablar a esta altura del partido, y sería literalmente imposible que alguien en su sano juicio ordenase cruzar espadas con el superior tribunal de justicia. Por fin, el juicio político que el oficialismo pensó motorizar en contra del actual procurador general, Eduardo Casal, también ha quedado en veremos. A mitad de año lo cargaron de acusaciones con la clara intención de removerlo del cargo que ocupa. Sin embargo, y pese a todos los esfuerzos realizados, de momento la mayoría de los dos tercios requeridos para mandarlo a su casa no está disponible.

La trascendencia que tiene el freno que le ha sido puesto al proyecto de domesticación de la Justicia, se vincula con el estado de ánimo que -de ordinario- gana a los jueces cuando perciben que el Poder Ejecutivo pasa por encima de las instituciones como alambre caído, sin límite ninguno. Es un secreto a voces que, entre nosotros, la independencia de la Justicia existe sólo a medias.

De modo tal que la idea de que los magistrados federales fueran a hacer valer las leyes frente a un kirchnerismo todopoderoso, si careciesen de algún reaseguro, sería apenas una expresión de deseos. Cuantas más vallas se levanten para impedir que el oficialismo se salga con la suya, mayores serán los gestos de autonomía de parte de la judicatura. Es una ley no escrita de la política argentina que -de más está decirlo- no figura en los manuales de derecho constitucional, no encuentra cabida en las teorías normativas de la política y -por supuesto- sería inútil buscarla en algún código.

Sólo con base en el realismo más puro es posible entender que para que los jueces -al fin y al cabo, hombres de carne y hueso, con sus grandezas y miserias, como todos- no se plieguen a un poder que aspira a la hegemonía, necesitan ser respaldados por fuerzas ajenas a los ámbitos tribunalicios.

Vicente Massot

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