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Miércoles, 13 Julio 2022 11:24

Otra vergüenza esperable - Por Carlos Mira

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La UIF se presentó a los alegatos del caso vialidad que tiene como imputada a la vicepresidente de la nación en carácter de jefa de una banda criminal dedicada a la comisión de delitos de defraudación pública, para pedir su absolución.

Se trata de una decisión a todas luces alarmante que no deja de llamar la atención aun cuando en el contexto del gobierno hegemónico que tiene la Argentina no cause sorpresa. 

La UIF es la agencia gubernamental que debe defender a la sociedad contra la comisión de delitos defraudatorios de lavado de dinero que sean cometidos por funcionarios públicos con o sin la participación de ciudadanos privados en el tracto de su comisión.

La UIF había reunido prueba más que suficiente para solicitar la condena de los imputados. Es más, todo el equipo de abogados que investigó estos delitos durante el gobierno de Mauricio Macri con Mariano Federici a la cabeza renunció justamente para preservar su nombre profesional y su prestigio en la especialidad dada la indisimulable decisión del nuevo gobierno kirchnerista de encubrir a sus capitostes.

De este mismo proceso, en una posición aún más descarada, la Oficina Anticorrupción (presidida por el comunista Felix Crous) se había directamente retirado de su calidad de querellante en una clara señal de que no pretendía intervenir en la acusación de su jefa.

La UIF se mantuvo en el proceso -estimo que para dar una pátina de “imparcialidad” al involucramiento del gobierno- para tener, también, al final del proceso, esta posibilidad de alegar en favor de los delincuentes.

Recordemos que “Vialidad” ha sido la causa madre de toda la matriz de corrupción kirchnerista (amén, claro está, de otras múltiples bocas de robo que esta banda consumó en sus tres primeros períodos de gobierno) mediante la cual unos 50 mil millones de pesos de aquella época (casi 10 mil millones de dólares en promedio solo por esta operatoria) fueron robados de los fondos del Tesoro Público para desviarlos hacia la Ruta del Dinero K, causa diferente a ésta en la que quedó demostrada la culpabilidad de Lázaro Báez (que fue condenado a prisión por el caso) y en donde se sugirió la conexidad con la causa de Vialidad: de un lado surgían los fondos y en el otro se los lavaba y se los sacaba del país o se los blanqueaba por la vía de adquisición de propiedades (tierras, hoteles, empresas, etcétera).

La UIF viene de avalar el sobreseimiento que le fuera dictado a Kirchner en la causa “Hotesur-Los Sauces” (esa decisión está pendiente de decisión en la Cámara de Casación y los jueces que lo dictaron tienen pedido de juicio político) y de no apelar el que le fuera dictado a la actual vicepresidente en el caso de su enriquecimiento ilícito, en donde el propio juez de la causa (Norberto Oyarbide) declaró que fue “agarrado del cogote” para sobreseerla y en donde aparecía el descomunal testimonio de su propio contador (Víctor Manzanares) que contó cómo fraguaron las declaraciones juradas para que el “blanco” les cerrara a los fines impositivos.

No hay dudas de que los funcionarios de la UIF incurrieron en prevaricato y mal cumplimiento de sus deberes porque renunciaron a su obligación de defender los intereses de la Nación y en contra de la organización criminal que la estafó.

En este contexto es imprescindible recordar que los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 2 -Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, que deberán decidir la condena o absolución de Cristina Fernández de Kirchner- tenían sus legajos de declaraciones juradas en una caja de seguridad de una dependencia del Consejo de la Magistratura y que la misma fue violentada el fin de semana anterior al último. Las declaraciones de esos tres jueces fueron robadas o espiadas en un hecho gravísimo de amedrentamiento que da una idea de la clase de mafia a la que el país se enfrenta.

Recordemos que la Argentina es el mismo lugar donde un fiscal que iba a acusar a la presidente de ese entonces de ser la jefa de una banda de delincuentes cuya finalidad era lograr el encubrimiento e impunidad de los autores del atentado a la mutual judía AMIA, apareció  muerto en el baño de su casa de un tiro en la cabeza la noche anterior a que fuera a presentarse al Congreso para explicar los fundamentos de su denuncia ante los diputados.

Es en ese contexto en el que debe analizarse la violación de las instalaciones del Consejo de la Magistratura y el robo o espionaje de los legajos de los jueces que deben juzgar a la ahora vicepresidente.

La Argentina estuvo (y está) sometida al accionar mafioso de una banda de criminales que lo eran antes de ingresar a la política y que tomaron precisamente su ropaje para tener acceso a botines que son impensables en el ejercicio “privado” de la delincuencia: solo el poder acceder a las cifras que maneja el Estado les permitiría robar las cantidades industriales de dinero que han robado; nunca podrían haber alcanzado esas cifras de haberse mantenido como una banda de delincuentes comunes dedicada, por ejemplo, a robar bancos. Solo disfrazándose de políticos podrían alcanzar los sillones del Estado y, desde allí, tener franqueada la entrada a un tesoro interminable. Si para lograr ese objetivo (tomar el Estado) era preciso hacer literalmente cualquier cosa, pues estarían dispuestos a hacerlo (alianzas con otras bandas delincuentes como por ejemplo las secuelas de las bandas guerrilleras de los ’70, las falsas organizaciones de derechos humanos, las organizaciones fascistas paraestatales que tomaron el formato de fuerzas de choque callejeras, etcétera.) como, de hecho, lo hicieron.

La responsabilidad que recae en el fiscal Diego Luciani es enorme. Todo el mundo reconoce en él a un profesional intachable que no se dejará amedrentar (estuvo trabajando en condiciones de seguridad inéditas) y que pedirá condenas ejemplificadoras para la líder de esta banda de delincuentes y para varios de sus secuaces. Esperemos que luego los jueces del TOF 2 las ratifiquen (más allá de las amenazas que reciban o que hayan recibido) para que quede sellado un capítulo innombrable de la historia argentina en donde se hizo realidad la quimera de que una banda de ladrones se travistiera en “políticos”, ganara el poder y desde allí se enriqueciera, a expensas de la pobreza del pueblo, de una manera que nunca se había visto en un país que, justamente en ese rubro, creía que había visto todo.

Carlos Mira 
https://thepostarg.com/editoriales/otra-verguenza-esperable/#.Ys7hdnbMI2w

Carlos Mira

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