Domingo, 15 Enero 2023 10:23

Coparticipación: Gobernadores del PJ que rechazan la cautelar de la Corte antes habían aceptado pagarle a la CABA - Por Nicolás Wiñazki

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22 provincias firmaron un documento en el Consejo Federal de Inversiones, hace 6 meses, en el que estaban de acuerdo con pagarle 11 mil millones de pesos a la Capital por el traspaso de la Policía Federal. 

Los gobernadores que apoyan al presidente Alberto Fernández en su pelea contra la Corte Suprema para evitar el pago de los fondos que ese tribunal ordenó devolverle a la Ciudad de Buenos Aires respaldan esa “rebeldía” judicial con declaraciones firmes, amenazantes asegurando que sostendrán esa posición, siempre con tono de enjundia. 

“Es imposible pagarle a la Capital Federal”. “Es un fallo político”. “Es de cumplimiento imposible”. Son solos algunos de los conceptos que incluso firmaron catorce de esos mandatarios en un primer comunicado sobre el tema fechado el 22 de diciembre del año que acaba de terminar.

Sin embargo, veintidós ministros y técnicos de Economía de esas mismas provincias oficialistas (son doce más de los actuales “rebeldes” jurídicos) habían avalado en junio del 2022 que la Jefatura Porteña debía recibir, en el marco de la Ley de Coparticipación Federal, más de 11 mil millones de pesos en concepto del traspaso de la Policía Federal desde la Nación a la administración hoy bajo mando de Horacio Rodríguez Larreta.

Si bien ese dinero es menor al que reclaman las autoridades porteñas ante la Corte Suprema, supone un porcentaje mucho mayor al que los gobernadores K hoy rechazan resignar en el reparto del dinero público en disputa.

Clarín accedió al documento firmado por los representantes de las mismas provincias donde aceptaban que las transferencias a la Ciudad por el nuevo control de la fuerza policíaca de seguridad federal sí debían abonarse en el marco de la legislación 23548, artículo 8. Esa Ley lleva el título de “Coparticipación Federal de Recursos Fiscales”.

Es decir, los mismos gobernadores que en la actualidad declaran que el fallo de la Corte Suprema que favoreció a la Ciudad en su queja por los fondos coparticipables no se puede cumplir, estipularon a través de terceros, hace poco más de seis meses, lo contrario. Al menos en una parte del total de los fondos en disputa.

Los mandatarios provinciales que impulsan el no cumplimiento de un fallo del máximo tribunal de la Nación, y que al mismo tiempo apoyan el juicio político a sus cuatro miembros, habían aceptado exacto lo contrario. En parte.

El texto en el que dejaron en claro aquellos principios basados en números analizados con esfuerzo técnico, ahora modificados sin basamentos explicados con argumentación contraria, fue suscripto bajo la tutela de la Comisión Federal de Impuestos (CFI).

Ese documento, de ciento veintiséis páginas, se emitió debido a que la Ley 27.606, redactada por el oficialismo después de que el Gobierno restringiera los fondos coparticipables que Nación le enviaba a la Capital Federal, indica en su artículo 2 que “la Comisión Federal de Impuestos (CFI) tomará intervención en el proceso de acuerdo a los efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2016…”

El CFI remarcó que el convenio que determinó que la Capital Federal recibiría fondos de la Coparticipación por el 3,5 % del total a repartir desde Nación incluidos en ese número los miles de millones de pesos por la transferencia al distrito de la Policía Federal fue acordado solo entre las autoridades subordinadas a Horacio Rodríguez Larreta con apoyo de la Presidencia de Mauricio Macri.

El mismo organismo también explica que su opinión técnica, carece además de la información oficial de la Ciudad, que se negó a aportarla porque ya el tema estaba bajo discusión en la Corte. Es deficiente, se aclara en varios párrafos, la información monetaria sobre cuánto le debe la Nación a la Capital Federal por el traspaso de los bienes antes manejados por la Federal. Esa cantidad de dinero, sin embargo, haría aún más multimillonarias las transferencias que se le deberían hacer a la gestión hoy de Rodríguez Larreta, pero que le corresponde recibir, en rigor, a los contribuyentes porteños.

La contradicción de los catorce gobernadores que firmaron el comunicado inicial del conflicto aun irresuelto por el fallo de la Corte, que fue titulado “Un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento” es singular no solo porque el cambio de opinión de los mandatarios sobre el pago que aseguraron que correspondía transferir hasta que declararon lo contrario. Su particularidad reside, al mismo tiempo, en que la propia Ciudad de Buenos Aires se negó y se niega a aceptar como válido al monto calculado por el CFI respecto a la coparticipación por el traspaso de la Policía Federal que el mismo organismo quería cumplimentar.

Según las autoridades porteñas, esos once mil millones que el CFI analizó como aceptables para incluir dentro de la “copa” para el destino capitalino, es un monto escaso. Su reclamo, que aún espera que sea aceptado por la Corte Suprema, es que el total de lo que le corresponde recibir debe ascender al 3,5 % por ciento de la plata que recibe la Nación y distribuye entre las provincias y el distrito autónomo de la Capital Federal: es el porcentaje que se le recortó en la gestión de Fernández-Kirchner. Los once mil millones del CFI son ajustables por inflación y otros índices que abultarían hoy esa cifra que antes podía pagarse y ahora no, según los mismos dirigentes y hasta el Presidente.

Las idas y vueltas respecto a esta lucha por el dinero público recortado a un distrito “opositor” – siempre de acuerdo al léxico oficialista-, son tantas, que entre el documento del CFI fue votado por la positiva por veintidós gobernadores, rechazado por otro, pero de la oposición (el mandatario de Mendoza, Rodolfo Suárez), y contó con dos abstenciones. Una de ellas es la de la propia Ciudad de Buenos Aires, y la otra es del Gobierno Nacional.

“El costo total estimado de la transferencia de funciones asciende a la suma de $ 11.486 millones, sin prejuicio de la correspondiente deflación que pueda corresponder en los diferentes períodos”, afirma el texto, ahora olvidado por los mandatarios provinciales que de golpe aseguran que la Ciudad no puede recibir más dinero que el 1,4 % del total de la coparticipación federal.

El director ejecutivo del CFI es el dirigente peronista Juan Carlos Chirino, que responde al ministro del Interior, Eduardo De Pedro.

El CFI basó sus argumentos anteriores en información que le entregó, como se refleja en su documento, tras esfuerzo burocrático, tanto la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía como el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Cuando se emitió el informe, la pelea entre Ciudad y el Gobierno la disputa en la Corte Suprema estaba a meses de resolverse.

Si bien el CFI planteó en junio del año pasado que la Ciudad debía recibir vía coparticipación un monto que ahora los gobernadores aseguran que es de imposible pago, los mandatarios ya se adelantaban a lo que sabían podía ser un desastre financiero para la liga peronista de los jefes provinciales de las provincias, aunque no todos acepten la actual rebeldía de cumplir con los ordenado por el máximo supremo, tal cual señala la Constitución Nacional.

“Si el fallo de la Corte Suprema sale a favor de la Jefatura Porteña se va a afectar el federalismo”, adelantó el CFI en su momento, aunque con un matiz multimillonario respecto a la intransigencia de estas semanas.

La Corte Suprema falló en contra del Gobierno Nacional pero no del todo a favor de la Ciudad de Buenos Aires, debido a que las autoridades porteñas reclamaban volver a recibir el 3,5 % de la coparticipación y los magistrados determinaron que ese monto debía bajar hasta llegar al 2,95 %. ¿Por qué los jueces llegaron a ese porcentaje intermedio?

Clarín consultó sobre el documento del CFI a gobernadores, a funcionarios nacionales y porteños.

La Corte Suprema habría tenido en cuenta los cálculos del CFI para determinar la cifra que debe recibir la Capital Federal en concepto de coparticipación, teniendo en cuenta las transferencias obligatorias por el traspaso de la Policía Federal.

La decisión de la Corte, una vez conocida por el Presidente, pero sobre todo por la familia Kirchner, desató un desenlace en contra de ese tribunal. No solo se declara ahora en el oficialismo que se incumplirá esa resolución del máximo tribunal, sino que también sus miembros son objeto de un supuesto juicio político por parte de una comisión de la Cámara de Diputados controlada por los K.

En el Gobierno, y también entre los gobernadores del peronismo que firmaron los comunicados de alzamiento contra la Corte, y también entre los que no, se acepta siempre de modo informal que cumplir con la transferencia de coparticipación que se le quitó a la Ciudad de Buenos Aires no los afectará en sus finanzas porque el dinero en juego se destina solo a la provincia de Buenos Aires.

El miembro más destacado del Gabinete que rechaza que la Casa Rosada no cumpla con la Corte Suprema es Sergio Massa. Aunque, por ahora, no hizo declaraciones públicas sobre el tema. Su contraofensiva solo se sucede en la intimidad del poder. Massa es, nada más, ni nada menos, que Ministro de Economía, Desarrollo Productivo, Agricultura y Ganadería y Pesca.

La pelea entre el PJ oficialista y la Ciudad de Buenos Aires escaló y ahora incluye también una embestida contra la cabeza del Poder Judicial.

Buena parte de los protagonistas de esta historia, como se puede leer en el documento del CFI, aunque con matices; y si se alcanza a tener la confianza suficiente y se garantiza el anonimato de lo que piensan y no lo a lo que declaran a los medios, tanto mandatarios provinciales como ministros, la conclusión es un hecho: muchos de ellos actúan en contrario a lo dicen.

Tienen responsabilidades institucionales y la pelea por el dinero, fondos multimillonarios, está explícitamente vinculada a la campaña electoral.

Los fallos de la Corte Suprema, por otra parte, se cumplen.

Al menos lo dice un texto normativo llamado Constitución Nacional de la Nación Argentina.

Nicolás Wiñazki

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